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“Gallardo debe tener gabinete paritario y acercarse a ONGs”: activistas
Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA y Red Diversificadores sociales hablaron sobre los temas urgentes en materia de derechos humanos que el gobernador electo deberá atender
Por: Ana G Silva
Hace unos días Ricardo Gallardo Cardona recibió su constancia de mayoría como gobernador electo de San Luis Potosí, ante esto Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, y Paul Ibarra, dirigente de la organización civil Red Diversificadores Sociales, dieron su opinión de las expectativas que tienen con la nueva administración del Ejecutivo Estatal para el periodo 2021-2027.
Andrés Costilla reiteró que una de las acciones que es urgente que Gallardo realice es “articularse con los diferentes sectores de base comunitaria, con los líderes de organizaciones civiles”, pues en conjunto con el poder ejecutivo del estado pueden generar acciones dentro de su plan de gobierno.
“Qué pasa con el gobierno, tiene un sistema burocrático que si bien beneficia a un sector de la población, no alcanza a llegar a esas poblaciones de difícil alcance; sin embargo las asociaciones civiles somos una pieza fundamental para llegar a esas poblaciones”.
Por su parte, Paul Ibarra comentó que la acción más importante es la estructura de su gabinete en la que haya paridad de género y una verdadera transversalización de la perspectiva de género:
“Que haya políticas de no discriminación, que haya lenguaje inclusivo en los postulados, en las acciones y los manifiestos en la institución, desde ahí vamos a empezar a ver si empieza a incorporar, que ya la tenemos arrastrando que los gobiernos por más que se les dice, por más que se les señala no las han podido incorporar de manera institucional ni progresiva”.
El dirigente de Red Diversificadores Potosinos comentó que espera que haya mayor apertura por parte del gobierno del estado que en coordinación con los municipios, la federación y el Congreso se instalen mayores políticas públicas para prevenir y erradicar la discriminación.
“Es uno de los problemas que todavía presentamos de manera muy alarmante en el estado porque no hay un órgano rector que dirija la política pública que prevenga y erradique la discriminación, en este momento la lleva la CEDH, pero no es su una de sus funciones generalizadas, no están del todo especializado, y necesitamos que haya este organismo que busque atender estas problemáticas de la discriminación en el estado”.
Andrés Costilla señaló que a Ricardo Gallardo le faltó reunirse con organizaciones civiles para trabajar en el tema de inclusión durante su campaña, aunque consideró que no es tarde para generar un programa y líneas de acción para que tenga un gobierno incluyente: “tiene una oportunidad para hacer un buen trabajo con este sector de la población”.
Mientras que Paul dijo que a Gallardo le faltó difusión en sus propuestas de inclusión: “Es necesario que en este proceso de transición tenga mayor claridad con sus propuestas de políticas de inclusión de los diferentes movimientos, como las personas con discapacidad, pueblos originarios, mujeres, etcétera”. Paul agregó que como colectivo se tienen expectativas amplias por las campañas, causas y movimientos que ha abanderado desde su campaña “uno de ellos tiene que ver con la comunidad LGBT”.
Finalmente, el dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, consideró que Gallardo tendrá una buena apertura con las organizaciones civiles para que pueda fortalecer el trabajo comunitario que estos organismos autónomos han venido haciendo desde hace tiempo.
“Gallardo viene siendo el gobernador más joven de San Luis Potosí y puede tener una visión más amplia, más progresista en los temas en donde sociedad civil trabaja, nosotros vamos a establecer un vínculo de comunicación con nuestro próximo gobernador y ver qué acciones podemos articular”.
Lee también: Congreso analizará otra solicitud de juicio político contra Xavier Nava
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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