Diputado Héctor Serrano advierte que la ley impide solicitar ampliaciones presupuestales y buscarán a la Suprema Corte para encontrar una salida

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí enfrenta un obstáculo financiero y legal para cumplir con la realización de consultas, al no contar con el presupuesto necesario ni la posibilidad de solicitar una ampliación, informó el diputado Héctor Serrano Cortés.

El legislador explicó que este proceso, obligatorio por ley, implica una serie de etapas y requerimientos técnicos que elevan significativamente su costo, el cual se estima entre 18 y 20 millones de pesos.

“Se tiene que contratar traductores, un secretario técnico, realizar consultas en las comunidades, elaborar el marco lógico, calendario y presupuesto. Es un procedimiento que establece la ley y no se puede modificar”, señaló.

Serrano Cortés recordó que en ejercicios anteriores, como la consulta realizada en 2022, el costo superó los ocho millones de pesos. Sin embargo, al considerar la inflación acumulada y la actualización de los servicios requeridos, el monto actual se ha incrementado considerablemente.

El principal problema, explicó, radica en que el Congreso está impedido legalmente de incrementar su presupuesto. De acuerdo con la normativa vigente, aquellas legislaturas que se encuentran por debajo de cierto porcentaje del presupuesto estatal —como es el caso de San Luis Potosí— no pueden autorizar aumentos en su gasto.

“Está prohibida cualquier solicitud de ampliación presupuestaria. Nos vamos a quedar como estamos”, advirtió.

Detalló que el Congreso potosino se encuentra por debajo del 0.7 por ciento del presupuesto estatal, lo que lo ubica dentro del supuesto que restringe cualquier incremento, incluso si se trata de cumplir con una obligación legal.

Ante este escenario, el área jurídica del Congreso sostendrá comunicación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación

“Lo que vamos a decirle a la Corte es que no tenemos el recurso para continuar con ello. Hemos cumplido con los tiempos, ya constituimos el ente consultante, pero necesitamos una salida jurídica”, indicó.

El diputado señaló que no es viable modificar el procedimiento ni delegarlo a otras instancias, ya que la propia Corte ha establecido con claridad los lineamientos que deben seguirse en materia de consulta indígena.

Serrano Cortés advirtió que la falta de recursos podría frenar el desarrollo de este proceso, que implica no solo la organización logística, sino también el respeto a usos y costumbres de las comunidades, lo que incrementa la complejidad y los costos.

“El entramado es complejo, implica traslados, personal especializado y trabajo directo en comunidades. Si solicitamos menos recursos, existe el riesgo de no completar el proceso”, explicó.

Finalmente, reconoció que el problema no es de voluntad política, sino de condiciones presupuestales que limitan la capacidad del Congreso para cumplir con una obligación legal.

“No contamos con el dinero. Tenemos que encontrar una figura jurídica que nos permita atender lo que marca la ley”, concluyó.

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