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Funcionarios que no paguen laudos laborales serían sancionados en SLP
Actualmente los funcionarios de administraciones tanto municipales como estatales retrasan los pagos de laudos laborales, causando un daño al erario público al dejar que se incremente la cantidad de demandas
Por: Redacción
El diputado Edgardo Hernández Contreras propuso una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de sancionar a los servidores públicos que no cumplan con el pago de un laudo laboral declarado por una autoridad durante su periodo de gestión.
Dijo que los laudos laborales lastiman las finanzas públicas de cualquier ente fiscalizable o institución pública, y las instituciones públicas con laudo condenatorio tienen la opción de presupuestar los pasivos laborales a través de pagos en parcialidades o en un solo acto y así evitar que estos laudos sigan incrementándose.
“En la actualidad, existen administraciones, sea estatal o municipal, que al iniciar su gestión, no llevan a cabo actos tendientes a liquidar esos laudos laborales, sino que, los van heredando de administración en administración, y con esto se va generando un incremento considerable a pagar con daño al erario público”, puntualizó.
En lo que se refiere al Capítulo II de las Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos, en su Artículo 62, se establecerá que cometerá desacato el servidor público que,
tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales, laborales, o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 
El diputado Hernández Contreras advirtió que “igualmente cometerá desacato los servidores públicos que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades laborales, retrasen deliberadamente y sin justificación el pago de un laudo laboral declarado firme y que no hayan hecho gestiones tendientes para su pago durante su administración”.
Por último, dijo que, de igual forma, las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas, deudas por laudos laborales y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no podrá incrementarse.
La iniciativa del legislador fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.
Cuatro víctimas —incluidas las familias de los jóvenes fallecidos— mantienen su postura de seguir en juicio
Por: Redacción
La audiencia intermedia del caso Rich continúa prolongándose, luego de que ocho de las 12 víctimas han otorgado el perdón legal a los imputados, a cambio de una reparación del daño, informó la autoridad judicial.
De acuerdo con El Sol de San Luis, el pasado viernes 23 de enero se llevó a cabo una nueva audiencia relacionada con el caso ocurrido el 7 de junio de 2024, cuando la ruptura de un barandal de vidrio templado provocó la caída de una docena de jóvenes desde el segundo piso de la plaza Alttus, en la zona poniente de la capital potosina. El hecho dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y al menos diez personas lesionadas.
Durante la diligencia más reciente, tres víctimas que sufrieron lesiones de diversa consideración otorgaron el perdón a Nancy, Francisco y Ulises, quienes permanecen detenidos como presuntos responsables del accidente. Con ello, suman ocho víctimas que han accedido a un acuerdo reparatorio.
De acuerdo con la información presentada en audiencia, los acuerdos de reparación del daño alcanzados hasta el momento superan un millón 600 mil pesos
Sin embargo, cuatro víctimas mantienen su postura de continuar con el proceso judicial. Se trata de dos personas que resultaron gravemente lesionadas y que presentan secuelas permanentes, así como de las familias de Manuel Alejandro y Rodrigo, los dos jóvenes que perdieron la vida en el incidente.
Estas víctimas, además, sostienen una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra funcionarios municipales y estatales, a quienes consideran corresponsables del accidente, al señalar que el establecimiento operaba de manera irregular.
Tras la suspensión derivada del otorgamiento de nuevos perdones, se determinó que la audiencia intermedia continuará el próximo 20 de febrero, mientras las partes analizan posibles acuerdos y la situación jurídica de los imputados sigue en revisión.
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El incidente ya fue atendido por personal de Protección Civil Municipal, y no se registraron personas lesionadas
Por: Redacción
Elementos del Área Operativa de la Dirección Municipal de Protección Civil atendieron la caída de un árbol registrada en la calle de Uresti, en el Centro Histórico de la ciudad, derivada de las ráfagas de viento provocadas por el paso del frente frío número 30.
El incidente ocasionó daños materiales a un vehículo estacionado; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Las labores de atención y retiro se realizaron de manera oportuna, permitiendo restablecer las condiciones de seguridad en el primer cuadro de la ciudad.
Protección Civil lanzó un llamado a la población a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades y evitar exponerse a los fuertes vientos, priorizando en todo momento la prevención.
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La nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 formaliza la intervención armada contra grupos narcoterroristas en territorio internacional
Por: Roberto Mendoza
El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó su Estrategia de Defensa Nacional (NDS), la cual faculta el despliegue de fuerzas armadas para combatir organizaciones criminales transnacionales en el extranjero.
Esta disposición técnica responde a la orden ejecutiva del 5 de septiembre de 2025 que restituyó la denominación de “Guerra” a la dependencia, un término utilizado originalmente entre 1789 y 1947.
El documento establece que la seguridad nacional ahora incluye la neutralización de amenazas externas que afecten la integridad fronteriza y la estabilidad regional.
La operatividad de este plan se sustenta en la clasificación oficial de los cárteles de la droga como entidades narcoterroristas
La estrategia proyecta un gasto de 1.5 billones de dólares para el ciclo fiscal 2027, destinados al desarrollo del sistema antimisiles “Domo Dorado” y la modernización de la base industrial de defensa.
Los lineamientos operativos transfieren funciones de vigilancia fronteriza, anteriormente civiles, al mando militar para asegurar el sellado de los límites territoriales bajo criterios de defensa propia.
La versión oficial de la entidad justifica estas medidas como una transición hacia una postura de victoria ofensiva frente a riesgos no convencionales y la influencia de potencias extracontinentales en el hemisferio.
El marco legal se basa en el denominado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, el cual prioriza el interés nacional sobre los acuerdos multilaterales previos.
La consecuencia administrativa inmediata es la integración de la inteligencia militar en la persecución de delitos transfronterizos, lo que permite la intervención en cualquier nación donde se identifique la presencia de los grupos designados como terroristas.
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