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Funcionarios que no paguen laudos laborales serían sancionados en SLP
Actualmente los funcionarios de administraciones tanto municipales como estatales retrasan los pagos de laudos laborales, causando un daño al erario público al dejar que se incremente la cantidad de demandas
Por: Redacción
El diputado Edgardo Hernández Contreras propuso una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de sancionar a los servidores públicos que no cumplan con el pago de un laudo laboral declarado por una autoridad durante su periodo de gestión.
Dijo que los laudos laborales lastiman las finanzas públicas de cualquier ente fiscalizable o institución pública, y las instituciones públicas con laudo condenatorio tienen la opción de presupuestar los pasivos laborales a través de pagos en parcialidades o en un solo acto y así evitar que estos laudos sigan incrementándose.
“En la actualidad, existen administraciones, sea estatal o municipal, que al iniciar su gestión, no llevan a cabo actos tendientes a liquidar esos laudos laborales, sino que, los van heredando de administración en administración, y con esto se va generando un incremento considerable a pagar con daño al erario público”, puntualizó.
En lo que se refiere al Capítulo II de las Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos, en su Artículo 62, se establecerá que cometerá desacato el servidor público que,
tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales, laborales, o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 
El diputado Hernández Contreras advirtió que “igualmente cometerá desacato los servidores públicos que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades laborales, retrasen deliberadamente y sin justificación el pago de un laudo laboral declarado firme y que no hayan hecho gestiones tendientes para su pago durante su administración”.
Por último, dijo que, de igual forma, las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas, deudas por laudos laborales y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no podrá incrementarse.
La iniciativa del legislador fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.
El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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