Seguridad
Fiscalía de Michoacán será la encargada de analizar prueba de voz de Iván Estrada
Ruiz Contreras explicó que no hay un tiempo determinado para que se entregue la valoración de los audios
Por: Redacción
José Luis Ruíz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Michoacán será la que se encargará de analizar la muestra de voz de Iván Noé Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala, con los presuntos narco audios en el que el edil admite formar parte del cartel.
El titular de la Fiscalía General del Estado declaró que no hay un tiempo definido para que el ente de Michoacán presente la valoración técnica del análisis de los audios.
Ruiz Contreras informó que fue posible la orden de presentación, debido a que un Tribunal Colegiado revocó el amparo concedido por un Juzgado de Distrito al edil de Matehuala, es decir, que se dejó sin efecto la suspensión provisional y posteriormente también la definitiva.
El fiscal general del estado explicó que el alcalde de Matehuala leyó un texto en una cabina especial, en la que el espacio está sellado para que la muestra no tenga sonidos externos.
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Seguridad
Sara Rocha pide no politizar caso del hijo de Leticia Vázquez
La dirigente estatal del PRI afirmó que la investigación por el accidente fatal en Cerritos debe seguir su curso en la Fiscalía y rechazó adelantar juicios sobre presunto tráfico de influencias
Por: Redacción
Tras la imputación de Raúl N., hijo de la diputada local Leticia Vázquez, por el accidente ocurrido el 2 de agosto en la carretera libre Cerritos–Villa Juárez, la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha, pidió que el caso no se convierta en un tema político y que la investigación continúe conforme a la ley.
La Fiscalía General del Estado confirmó que Raúl N. tiene el carácter de imputado dentro de la carpeta de investigación iniciada por el percance en el que una joven perdió la vida y otras personas resultaron lesionadas. La institución mantiene abiertas las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Cuestionada sobre las exigencias de los familiares de la víctima, quienes han denunciado presuntas irregularidades y posible tráfico de influencias por tratarse del hijo de una diputada local y de un regidor, Rocha sostuvo que el proceso debe resolverse por la vía legal.
“Primero nuestra solidaridad con la familia. Yo creo que estos temas no nada más son tristes, son delicados de cómo se toquen”, afirmó.
La dirigente priista consideró que, con la información que conoce, el hecho corresponde a un accidente y señaló que corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones. “Yo creo que el tema debe llevarse conforme a la ley.
No creo que haya tema de tráfico de influencias; si ese fuera el caso, es importante que prevalezca la ley”, dijo.Rocha también rechazó respaldar las peticiones para destituir al regidor involucrado por parentesco con el imputado o para retirar del cargo a la presidenta municipal de Cerritos. Afirmó que no encuentra una relación directa entre el accidente y la administración municipal.
“No quisiera meter a un ayuntamiento en este tema que es un accidente”, declaró.
La dirigente insistió en que el fallecimiento de una joven obliga a que la Fiscalía actúe con rigor y transparencia, pero advirtió que el caso debe tratarse con sensibilidad hacia todas las familias afectadas.
El accidente ocurrió cuando un vehículo en el que viajaban varios jóvenes salió del camino sobre la carretera libre Cerritos–Villa Juárez. En el percance falleció una joven identificada como Liz, mientras que Raúl N. y otros ocupantes resultaron lesionados. Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación.
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Seguridad
¿Cómo colabora la Fiscalía de SLP con Interpol en extradiciones?
La fiscal María Manuela García precisa que la Fiscalía solo ejecuta la orden de aprehensión en casos de extradición y que el trámite corresponde al país que la solicita
Por: Redacción
María Manuela García Cázares explicó que la colaboración de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) con Interpol en casos de extradición se limita a ejecutar la orden de aprehensión, mientras que el trámite de extradición corresponde a las autoridades del país que la solicita.
La fiscal se refería a la detención de Arturo “N”, ocurrida días antes en el Centro Histórico de la capital potosina, por un homicidio calificado cometido en 2021 en Tennessee, Estados Unidos. “Nosotros recibimos una colaboración para el efecto de apoyar a los agentes a ejecutar una orden de aprehensión”, señaló García Cázares.
Cuestionada sobre si ese procedimiento equivale a una extradición, la fiscal respondió que no directamente: “Ellos tienen que hacer todo un trámite y nosotros nada más lo que les apoyamos es el cumplimiento de la orden”, afirmó. Es decir, el trámite formal de extradición corre a cargo de las autoridades del país que solicita al detenido, mientras que la Fiscalía potosina participa únicamente en la localización y captura de la persona señalada.
García Cázares indicó que, en lo que va de su administración, la Fiscalía ha colaborado con Interpol en apenas dos casos de este tipo. El más reciente es el de Arturo “N”; el primero, dijo, ocurrió el año antepasado.
La detención de Arturo “N” se dio en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y con agentes de Interpol México, luego de labores de inteligencia que ubicaron al señalado en la entidad. El detenido quedó a disposición de la autoridad competente para su posterior traslado a Estados Unidos.
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Seguridad
Fiscalía confirma que hijo de diputada potosina es imputado por muerte de Lizbeth Saraí
La joven murió el 2 de agosto luego de que una Toyota Tacoma saliera del camino en la carretera Villa Juárez–Cerritos
Por: Redacción
Raúl Reyes, hijo de la diputada local Leticia Vázquez Hernández, tiene el carácter de imputado dentro de la investigación por la muerte de Lizbeth Saraí Castro González, ocurrida el pasado 2 de agosto en la carretera Villa Juárez–Cerritos, confirmó María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado de San Luis Potosí.
En entrevista, la fiscal señaló que la investigación se encuentra en curso y que Reyes forma parte de la carpeta como imputado. El caso, explicó, todavía permanece en etapa de investigación y no ha sido presentado ante un juzgado.
Lizbeth Saraí Castro González, de 23 años, murió la noche del domingo 2 de agosto luego de que una camioneta Toyota Tacoma, en la que viajaba junto con otras cuatro personas, saliera del camino en la carretera libre estatal Villa Juárez–Cerritos.
De acuerdo con familiares de la víctima, el vehículo era conducido por Raúl Reyes, hijo de la diputada local Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo, y del regidor de Cerritos, Raúl Reyes Tapia. La Fiscalía confirmó el carácter de imputado del joven, aunque la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
El padre de la víctima, Edgar Israel Castro Dávalos, ha denunciado presuntas irregularidades en la atención del caso. Entre ellas, señaló que policías municipales de Villa Juárez habrían retirado al conductor del hospital sin practicarle un examen toxicológico y que su nombre no habría sido incluido en el reporte pericial, pese a que, según su versión, los agentes conocían a quién pertenecía el vehículo por las placas.
A raíz de estos señalamientos, familiares y amigos de Lizbeth Saraí han realizado bloqueos en la caseta de cobro de la supercarretera en Cerritos para exigir que la investigación se desarrolle sin privilegios y con transparencia.
García Cázares también confirmó que el pasado domingo fue localizada una camioneta incendiada relacionada con la investigación. La Fiscalía analiza videograbaciones de cámaras de seguridad para identificar a la persona que habría abandonado la unidad.
La fiscal no precisó si la camioneta incendiada corresponde al mismo vehículo involucrado en el accidente del 2 de agosto.
Por ahora, el expediente continúa en investigación y no ha sido judicializado, por lo que corresponderá a la Fiscalía reunir los elementos necesarios para determinar si existen responsabilidades penales y, en su caso, llevar el asunto ante un juez.
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