El doctor León García Lam y el analista Oswaldo Ríos calificaron de una ocurrencia la propuesta de Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Por: Bernardo Vera

La propuesta de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para modificar la ley de armas de fuego, que facilitaría el acceso de la población general a esos instrumentos, ha sido cuestionada desde diferentes perspectivas, calificándola desde una cortina de humo, hasta una aceptación del fracaso en el esquema de combate a la delincuencia.

Leon García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, comentó que el país no está en condiciones de aprobar una reforma de tal magnitud, ya que aún existe el estigma de que portar un arma de fuego vincula al sujeto directamente a la delincuencia: “se desdibuja la sociedad misma, no reconoceríamos la diferencia entre el ciudadano legal y el delincuente. Además de que esta propuesta es una admisión abierta de la deficiente estrategia de seguridad”.

“La discusión a dónde nos quiere llevar el dirigente del PRI no es a si el ciudadano tiene o no derecho a armas de mayor calibre, sino a si el Estado es capaz de cuidar a sus ciudadanos, pues lo que está detrás de la discusión de la ley de armas es el reconocimiento tácito a un estado fallido.”

Garcia Lam agregó que, a pesar de que Estados Unidos mantiene un control sobre la política de portación de armas de fuego, hoy en día, la base social pide detener el mercado de armas, debido al alto costo de vidas perdidas.

Osw aldo Ríos Medrano

, an alista político, mencionó que dicha propuesta solo pretende distraer la atención de las polémicas vinculadas al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ante su destitución como dirigente de este partido, además de ganar simpatía entre quienes han sido víctimas de la delincuencia organizada. Además, de que la prioridad de las políticas en materia de seguridad, deben ir enfocadas a garantizar la paz a la ciudadanía desde el propio estado y no mediante particulares, como dicta la Constitución.

“Lo prioritario es que el estado mexicano recupere control territorial y gobernabilidad en aquellos lugares donde la delincuencia ha sentado sus reales. Y esta obligación de proveer de seguridad a las familias mexicanas, no lo olvidemos, en la constitución es muy claro, le corresponde al estado mexicano, no a los particulares. Por lo que armar a los particulares -además en un contexto de total impunidad y absoluto dominio de los grupos delictivos- me parece mandarlos al matadero de una manera muy irresponsable” señaló Ríos Medrano.

El analista político afirmó que esta iniciativa no sería la solución a los problemas de seguridad del país. Dicha propuesta estaría muerta, ya que parece más una ocurrencia electoral, y no originada de un análisis más profundo. Además, de que el discurso presidencial está a favor de los “abrazos, no balazos” y no de “balazos indiscriminados”.

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