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Expertos rechazan la posibilidad de abrir la portación de armas en SLP
El doctor León García Lam y el analista Oswaldo Ríos calificaron de una ocurrencia la propuesta de Alejandro Moreno, dirigente del PRI
Por: Bernardo Vera
La propuesta de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para modificar la ley de armas de fuego, que facilitaría el acceso de la población general a esos instrumentos, ha sido cuestionada desde diferentes perspectivas, calificándola desde una cortina de humo, hasta una aceptación del fracaso en el esquema de combate a la delincuencia.
Leon García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, comentó que el país no está en condiciones de aprobar una reforma de tal magnitud, ya que aún existe el estigma de que portar un arma de fuego vincula al sujeto directamente a la delincuencia: “se desdibuja la sociedad misma, no reconoceríamos la diferencia entre el ciudadano legal y el delincuente. Además de que esta propuesta es una admisión abierta de la deficiente estrategia de seguridad”.
“La discusión a dónde nos quiere llevar el dirigente del PRI no es a si el ciudadano tiene o no derecho a armas de mayor calibre, sino a si el Estado es capaz de cuidar a sus ciudadanos, pues lo que está detrás de la discusión de la ley de armas es el reconocimiento tácito a un estado fallido.”
Garcia Lam agregó que, a pesar de que Estados Unidos mantiene un control sobre la política de portación de armas de fuego, hoy en día, la base social pide detener el mercado de armas, debido al alto costo de vidas perdidas.
Osw aldo Ríos Medrano 
“Lo prioritario es que el estado mexicano recupere control territorial y gobernabilidad en aquellos lugares donde la delincuencia ha sentado sus reales. Y esta obligación de proveer de seguridad a las familias mexicanas, no lo olvidemos, en la constitución es muy claro, le corresponde al estado mexicano, no a los particulares. Por lo que armar a los particulares -además en un contexto de total impunidad y absoluto dominio de los grupos delictivos- me parece mandarlos al matadero de una manera muy irresponsable” señaló Ríos Medrano.
El analista político afirmó que esta iniciativa no sería la solución a los problemas de seguridad del país. Dicha propuesta estaría muerta, ya que parece más una ocurrencia electoral, y no originada de un análisis más profundo. Además, de que el discurso presidencial está a favor de los “abrazos, no balazos” y no de “balazos indiscriminados”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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