El abogado Juan Frías señaló que Ramón Farías Ortega, director de Administración y Finanzas de Interapas, no cuenta con título ni cédula profesional, por lo que no podría desempeñar este cargo

Por: Redacción

Juan Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., denunció que Ricardo Fermín Purata Espinoza, director general de Interapas, incurrió en irregularidades al contratar a Ramón Farías Ortega como director de Administración y Finanzas, pues no cuenta con diversos requisitos de ley para desempeñar dicho cargo.

“No cabe duda que en este caso, siguen solapando la impunidad, pues ahora nos encontramos con que el director general del Interapas, hasta la promueve, al expedir un nombramiento ilegal al encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de dicho organismo, Ramón Farías Ortega, quien no cuenta con título, ni cédula profesional, que le permita ocupar dicho puesto; aunado a que el puesto de encargado no existe, ni en la ley, organigrama o el manual de operación”, detalló.

Además, La Orquesta constantó que Farías Ortega no cuenta con título ni cédula profesional, tras hacer una revisión en el Registro Nacional de Profesionistas.

Frías Aguilera explicó que, tras esta contratación, existe el delito de corrupción, contemplado en el Código Pen al del Estado.

Además, denunció que se permite a María Isabel Cantú Sánchez, subdirectora de Contabilidad, de la misma área de Administración y Finanzas, que cometa el delito de usurpación de funciones, al firmar documentos oficiales, tales como los informes financieros que dicha área debe rendir al Director del Interapas, a la junta de gobierno, así como a la ASE, hecho que, de acuerdo con la norma legal, no le corresponde y no es delegable, porque se trata de una función única y exclusiva del director del área.

Dicho lo anterior, el abogado dijo que se formuló una denuncia ciudadana ante las instancias internas del organismo, el contralor interno de la Junta de Gobierno y el contralor interno de la unidad, para que inicien los procedimientos administrativos correspondientes.

“Lo hacemos con la intención de que se deslinden las responsabilidades y se apliquen las sanciones de Ley, por los delitos cometidos y cobro de lo indebido, exigiéndose la devolución y el resarcimiento de los emolumentos mensuales, ordinarios y extraordinarios recibidos por los pseudo servidores públicos denunciados. No cabe duda que los funcionarios responsables de las contralorías internas del organismo han sido omisos, y la ASE ha solapado estas anomalías, siendo cómplices por encubrimiento”, finalizó Frías Aguilera.

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