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Empresarios, autoridades o asistentes… ¿Quién es el culpable de la tragedia en Rich?
Un abogado penalista nos aclara qué delitos se pueden imputar a los responsables; uno de esos podría ser el de homicidio por omisión
Por: Ana G Silva
Durante la noche del 7 de junio, un barandal del antro Rich, ubicado en la plaza Alttus al poniente de la capital colapsó debido al sobrecupo que se presentaba en el exterior del inmueble y que resultó en el fallecimiento de dos jóvenes, de 22 y 17 años de edad, además de 10 lesionados.
Tras estos hechos, La Orquesta consultó con Rafael Aguilar Hernández, abogado penalista, para conocer quiénes podrían ser los responsables de la tragedia, qué delitos se les pueden imputar y qué sanciones habrá.
El abogado explicó que, de acuerdo a la información que ha aparecido en los medios de comunicación, se conoce que el o los dueños no contaban con permiso para celebrar un evento de dicha magnitud, por parte de la Dirección de Comercio y por Protección Civil, tanto municipal como estatal; debido a ello, tanto a funcionarios como empresarios se les puede imputar por la falta administrativa y homicidio por omisión.
Aguilar Hernández resaltó que las responsabilidades pueden ser administrativas, responsabilidades civiles (por pago de reparación del daño) y responsabilidades penales, en las que se le atribuyen los delitos de homicidio y lesiones. No obstante, al tratarse de delitos en comisión por omisión, las penas son más atenuadas que un homicidio normal y por tanto una pena más baja.
Sin embargo, detalló que al menos para el dueño del establecimiento sí habría una pena de cárcel.
“Habría que ver el trabajo que está haciendo la Fiscalía General del Estado y cómo están integrando la o las carpetas de investigación correspondientes. Hasta entonces, se podría determinar la pena de acuerdo al delito que les vaya imputar”.
El experto en temas penales comentó que hasta el momento el dueño de la plaza Alttus no tiene ninguna responsabilidad. No obstante, es necesario revisar el contrato de arrendamiento que tuvieron con el dueño de Rich y verificar el tipo de eventos o el objeto por el que se rentó el establecimiento. 
Apuntó que se debieron tomar las siguientes medidas: Primero, contar con los permisos correspondientes; mientras que las autoridades tenían la responsabilidad de tomar medidas contundentes y clausurar el lugar para que se evitara la celebración de un evento masivo como el del pasado viernes, pues era evidente que tenían conocimiento de él, ya que fue viral en redes sociales la presentación de Kevin Moreno.
“Todas las omisiones que hemos mencionado, como es la omisión de no contar con licencia de funcionamiento que eso le corresponde a la Dirección de Comercio del Ayuntamiento, como la omisión de no haber verificado Protección Civil, tanto municipal como estatal, de que existiera espacio suficiente para las personas que iban a acudir, después que hubiera salidas de emergencia y hubiera extinguidores. Todas esas omisiones en que encubrió la autoridad nos llevan como consecuencia la comisión del delito que nos ocupa que es un homicidio culposo y lesiones. Entonces, todos ellos al haber omitido cumplir con las funciones que los reglamentos y la ley contemplan, son partícipes en el evento que sucedió”.
Sobre los videos en los que se puede ver a los asistentes afuera del antro empujando, se le cuestionó si esto fuera la causa por la cual ocurrió el desprendimiento del barandal y los jóvenes cayeran al vacío, puede culpárseles a las personas que estuvieron formadas; al respecto, respondió que es imposible atribuir a los jóvenes alguna conducta ilícita, más bien fue otra omisión de las autoridades correspondientes para haber evitado esta aglomeración.
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SLP se mantiene con buen manejo de los recursos y buena transparencia de cuentas
Por: Cristian Betancourt
San Luis Potosí obtuvo resultados favorables en las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASF), aseguró Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Controlaría General del Estado quién destacó que cerrará el año con finanzas sanas y avance positivo en materia de fiscalización.
Aguiñaga Muñiz subrayó que San Luis Potosí tiene cuentas sanas lo que permitirá recibir un informe positivo de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo destacó que en la actual administración existe una política de transparencia obligación que recae en todas las dependencias y organismos públicos. “Siempre ha existido transparencia. Toda la transparencia pública estatal tiene la obligación de transparentar todo lo que se realiza y todo lo que se ejerce con recursos públicos”, afirmó.
Insistió en que estos resultados reflejan una buena coordinación entre las instancias estatales y federales encargadas de vigilar el uso de los recursos.
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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