julio 9, 2026

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El nido del crimen en Carranza

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La que un día fue una de las casas más bellas de San Luis Potosí, hoy es foco de asaltos, invasiones a propiedades, acoso, violencia y hasta un suicidio sin que las autoridades hagan algo

Por: Karina González

El número 905 de la avenida Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, se ubica una casa que anteriormente fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que el 22 de enero del 2021 cambió de sede; ahora este inmueble, debido a que el predio se encuentra en un litigio entre el dueño y el gobierno del estado, la propiedad está abandonada y es habitada por al menos 15 personas de manera fija y decenas más que buscan refugio, la que convertido a la colonia La Moderna en un sitio inseguro para vivir, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y consumo de drogas, y destrucción de la propiedad privada se han incrementado y, de acuerdo con pruebas recolectadas por vecinos y vecinas, están relacionadas con el nido de delincuencia que se ha formado alrededor de ese espacio que en otro tiempo fue una de las casas más bellas de la ciudad.

En exclusiva para La Orquesta, un comité de vecinos manifestó la problemática que enfrentan desde enero del 2021, cuando la casa quedó abandonada: a los pocos meses de que el sitio estaba en desuso, personas en situación de calle comenzaron a entrar al lugar; sin embargo, lejos de buscar un refugio para las inclemencias del clima, vieron en la casa un lugar para drogarse, vandalizar y además desmantelarla para vender todo lo que pudieran del sitio.

El 4 de noviembre del 2021, a las afueras de la casa, fue encontrado el cuerpo de un joven de 17 años, quien se suicidó al colgarse de un árbol. El menor había desaparecido ese día.

“Primero rompieron los cristales, después la reja de protección que está sobre la calle Carranza; siguieron las puertas, las chapas, el cableado, la tubería, incluso se han llevado partes del piso”, fue parte del testimonio de los vecinos, quienes además de ver cómo la zona se llena invasores, sufren porque sus viviendas dejaron de ser sitios seguros y han sido víctimas de decenas de delitos cometidos por los ocupante ocasionales.

El desmantelamiento de la casa es tanto, que los vecinos temen que se provoque alguna fuga de gas porque rompen paredes para extraer tuberías, incluso, comenzaron a perforar también las bardas de los vecinos. Tanto el interior como el exterior de la propiedad es usado para hacer fogatas y esto ha debilitado el piso, al grado de que los bomberos recomendaron no ingresar al área con construcción porque podría colapsar, ya que debajo hay un sótano.

La parte trasera del inmueble colinda con las azoteas del resto de los vecinos

y así los invasores tienen acceso a las viviendas para robarlas e incluso para vivir en ellas: entre los testimonios de los afectados, destacan que en algunos consultorios y departamentos no habitados, las personas en situación de calle entran por los techos y las ventanas gracias que rompen los cristales o violan las cerraduras para habitar durante meses dentro de ellos; han llegado al grado de amueblarlos con objetos robados de otras viviendas.

El grado de la invasión ha llegado a tal punto que en esta casa tomada cuentan con todos los servicios, pues se cuelgan del cableado eléctrico y roban agua de los tinacos con conexiones clandestinas:

“Se roban hasta la ropa que tenemos en el tendedero”, dijo una de las vecinas. El hurto de vehículos y autopartes se ha disparado en la zona, así como el número de cristalazos, coches rayados, robo a comercios y acoso.

Cerca de la zona existe una academia de danza a la que estas personas acuden para acosar a las estudiantes que salen por las tardes y noches, el mismo caso con otras mujeres que pasan cerca; lo que ha desatado el temor de quienes deben transitar cerca, ya que la mayor parte del tiempo estos sujetos están visiblemente alterados y cargan consigo tubos y palos.

Pese a que se han interpuesto denuncias sobre el desmantelamiento de la casa, los cientos de robos y daños a viviendas, oficinas y vehículos ante la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal y la Guardia Civil, nadie ha hecho nada; únicamente se incrementó el patrullaje en la colonia La Moderna en algunos horarios, pero la presencia de estos cuerpos policiales no ha reducido la incidencia delictiva.

“A ellos no les importa que se los lleve la policía, porque hasta bromean con que después los dejan libres; incluso a veces ya ni los reciben, de tanto que los arrestan. Sobre el desmantelamiento de la casa nos dicen que nada se puede hacer, porque tiene que denunciar el dueño; sobre los robos a nuestras viviendas, solo a veces vienen patrullas, pero realmente en uno o dos días vuelven a vagar, ya los tenemos identificados y lamentablemente ellos nos tienen identificados a nosotros”, relataron.

Los afectados explicaron que en más de una ocasión, decenas de vecinos se han cooperado para poner protecciones y rejas a la casa del 905 como una forma de ahuyentar a los invasores, sin embargo, vuelven a romper la herrería para apropiarse del sitio.

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TEESLP advierte: las campañas de 2027 llegarán sin reglas para el uso de IA

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Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas

Por: Redacción

La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).

“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.

Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.

Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión

, pero sí evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías. Ignorar el fenómeno, subrayó, “no es una opción”, dado el crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.

El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.

Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación. 

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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”

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Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios

Por: Redacción

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.

Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.

No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.

Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.

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Sedarh confirma primer cierre de un invernadero en SLP por aranceles de EE.UU.

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El titular de Sedarh reconoció que la incertidumbre ha llevado a productores a dejar de apostar por el mercado estadounidense

Por: Redacción

Los aranceles impuestos por Estados Unidos ya comienzan a impactar al sector agropecuario de San Luis Potosí, al generar incertidumbre entre los productores y provocar el cierre de al menos un invernadero en el municipio de Rioverde, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

El funcionario explicó que, aunque la exportación de becerros en pie continúa restringida, la venta de carne no enfrenta actualmente obstáculos para ingresar al mercado estadounidense.

“Lo que sí estamos exportando es la carne; la carne pasa y no tiene ningún problema”, señaló.

Respecto a productos agrícolas como jitomate, chile y otros cultivos de exportación, Díaz Salinas indicó que aún no existe c laridad sobre el impacto que podrían tener las revisiones anuales al T-MEC anunciadas recientemente.

“Hasta ahorita no tenemos cómo vaya a afectar al jitomate, a los chiles o a otros productos que exportamos a Estados Unidos”, comentó.

Sin embargo, reconoció que la política arancelaria aplicada por el gobierno estadounidense ya ha provocado pérdidas económicas al sector.

“Con los aranceles sí se han perdido muchos, sobre todo porque no hay la certidumbre de que puedan vender bien sus productos para allá; entonces mucha gente ya no le está apostando”, afirmó.

El secretario explicó que quienes más resienten esta situación son los propietarios de invernaderos de alta tecnología, ya que dependen en gran medida del mercado estadounidense y ajustan sus exportaciones conforme a los contratos que mantienen con compradores internacionales.

Como ejemplo, confirmó que un invernadero ubicado en Rioverde dejó de operar debido a la disminución en la rentabilidad del negocio.

“Ya se cerró un invernadero en Rioverde por los mismos temas de que ya no es tanto negocio, y no es tanto negocio por los aranceles que está poniendo Trump”, sostuvo.

Aunque la Sedarh no cuenta con una estimación sobre el monto de las pérdidas económicas ni el número de productores afectados, el funcionario reconoció que la incertidumbre comercial ha comenzado a modificar las decisiones de inversión dentro del sector agrícola potosino.

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