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El Gobierno de SLP aplica tortura alimentaria contra reclusos, acusa diputado
El diputado Rubén Guajardo calificó esto de preocupante y dijo que es una “tortura alimentaria que se comete contra quienes son privados de su libertad”
Por: Redacción
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, denunció que “aunque no se conoce cuál es la dieta que reciben los internos de los centros de reclusión de San Luis Potosí, se sabe que el gobierno estatal gasta 57.49 pesos diariamente en la alimentación de los internos, cifra que es muy lejana a la media nacional que se encuentra en los 149.71 pesos”.
El presidente de la Comisión de Justicia calificó esto de preocupante y dijo que es una “tortura alimentaria que se comete contra quienes son privados de su libertad”.
Indicó que en el documento de estadísticas sobre el Sistema Penitenciario Estatal en México, Documentos de Análisis y Estadísticas, 2017, que emitió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), da cuenta que se comete maltrato contra la población recluida, “ya que es muy poco el presupuesto que se destina para esta actividad del sistema penitenciario. En los hechos, este sector sigue alejado de las preocupaciones presupuestales del estado, queremos hacer notar esto, porque se trata de una situación indignante y alejada de toda garantía individual”.
“Cabe añadir que mientras hay entidades como Yucatán que invierten 449.46 pesos diarios, Guanajuato 421.50 pesos, Zacatecas 
Dijo que: “Estaría bien revisar la manera en que pudiera atenderse este fenómeno, indagar la calidad y clase de alimentos que se les proporcionan, pues está comprobado que aparte de ser escasa, por lo general los alimentos para esta población son mal procesados, tanto que les provocan constantes enfermedades gastrointestinales”.
Por último, consideró que éste es un asunto serio, toda vez que la tasa de internos en la entidad es de 93 personas, por cada 100 mil habitantes “encontramos este tema como fundamental, ya que las cárceles son un foco de violación de los derechos humanos y no seremos cómplices de esta escasez de políticas públicas en defensa de quienes aún presos tienen que ser tratados humanamente y con respeto a su dignidad”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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