abril 24, 2024

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#4 Tiempos

El desprecio a la Suprema Corte | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

Finalmente, el pasado 14 de junio Arturo Zaldívar emitió un pronunciamiento sobre la suerte que tendrá el artículo transitorio décimo tercero de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) que prevé ampliar por dos años su mandato como presidente del Consejo de la Judicatura, así como el del resto de las y los consejeros actuales. Es decir, se trata de un vil intento —pobremente justificado— de López Obrador de tomar por asalto al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la Suprema Corte y minar su autonomía de gestión, con lo que podrían, por ejemplo, iniciar procedimientos sancionatorios en contra de jueces y juezas. El transitorio es a todas luces contrario a lo dispuesto en los artículos 97 y 100 de la Constitución, que prevén cuestiones como la duración de dichos cargos y su independencia.

Desde la aprobación del citado transitorio, el Ministro Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal se ha encontrado en la posición incómoda de decidir qué tratamiento darle al regalo envenenado que le envió López Obrador a través de sus serviles mayorías legislativas, que con cada voto dejan en claro que no comprenden el peso del mandato constitucional que reviste a su puesto como integrantes del Congreso de la Unión.

En dicho pronunciamiento anunciado en su cuenta de Twitter, Arturo Zaldívar afirma que solicitará la integración de un expediente que sea turnado a algún ministro o ministra para que proponga al Pleno de la Suprema Corte un proyecto, sea para ratificar el contenido del transitorio décimo tercero o para declararlo inconstitucional. El procedimiento propuesto por Arturo Zaldívar encuentra su fundamento en el artículo 11, fracción XVII de la LOPJF, que indica que, para velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial, son atribuciones del Pleno de la Corte «[c]onocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución […]».

Lo anterior quiere decir que, por tratarse de una cuestión que afecta a la vida interna y autonomía del Poder Judicial, las y los once ministros que integran el Pleno están facultados para dirimir controversias de esta naturaleza con una mayoría simple de seis ministros. Con este procedimiento, Arturo Zaldívar no tendría impedimento alguno y sí podrá participar en la votación del futuro proyecto.

Una vía alterna para invalidar el transitorio décimo tercero sería a través de una acción de inconstitucionalidad presentada por una minoría de al menos 33% de las y los integrantes de la Cámara de Senadores y Senadoras. Dicha acción de inconstitucionalidad tendría que votarse mínimo por una mayoría de ocho ministros y ministras para que se pueda retirar del ordenamiento jurídico al transitorio décimo tercero. Sin embargo, Arturo Zaldívar ha señalado que, de ser el caso, tendría que excusarse de la votación por ser un tema que le beneficia/perjudica directamente. Por tanto, la votación requerida sería aún más ajustada (al menos ocho votos de diez posibles). Una porción significativa de las críticas a Zaldívar sostienen que esta representa la mejor vía para la invalidez del transitorio, pues ya no sería el ministro presidente el protagonista del asunto.

Considero que la vía más adecuada para invalidar al transitorio décimo tercero es con la consulta propuesta por Zaldívar en los términos del artículo 11, fracción XVII de la LOPJF. Por una parte, sostengo que la Corte saldrá mejor librada de este entuerto si es el propio Zaldívar quien impulse su invalidez

y que, muy importante, vote en contra de la constitucionalidad del transitorio. Lo anterior enviaría un mensaje institucional muy claro de rechazo a la extensión de su periodo. Por otra parte, si la vía fuese a través de la acción de inconstitucionalidad, el procedimiento vendría impulsado por una minoría legislativa y con Zaldívar teniéndose que excusar de la votación, lo cual dejaría un silencio institucional por parte de Arturo Zaldívar mucho más significativo que cualquier posicionamiento que pueda realizar en medios de comunicación. No obstante, considero que las minorías legislativas deben de presentar las acciones de inconstitucionalidad para que, aunque eventualmente se resuelva el asunto con la consulta propuesta por Zaldívar, quede registrado también el rechazo del Legislativo a los embates que buscan concentrar el poder en manos del Ejecutivo.

La solicitud de Zaldívar ya fue turnada al Ministro José Fernando Franco González-Salas para la elaboración del respectivo proyecto. Hay que destacar que fue el ministro Franco González-Salas quien redactó el sólido y robusto proyecto que propuso invalidar la extensión del periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corte. A su vez, hay que resaltar que Franco González-Salas terminará en diciembre próximo sus 15 años como ministro, por lo que tendrá en este proyecto la oportunidad de figurar una última vez como un ministro discreto pero confiable a la hora de hacer guardar la Constitución. 

El rechazo al transitorio décimo tercero debe de contar con el apoyo de las y los once ministros, incluyendo a Zaldívar, y quedar registrado como un acontecimiento simbólico de resistencia del derecho frente a la política. Si alguno de los o las ministras vota en favor de su constitucionalidad, la legitimidad y credibilidad de la Corte —y muy particularmente la de ese ministro o ministra— se verá reducida a su mínima expresión.

La necesidad de que la Corte rechace este transitorio de manera unánime se vuelve aún más clara cuando López Obrador no muestra recato alguno en afirmar desde Palacio Nacional que los otros diez ministros y ministras son incapaces de llevar a cabo la reforma. «Son conservadores», les dice. ¿Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, propuestas por López Obrador, son inútiles? ¿Para qué los propuso para la Corte, entonces?

Decir que solamente Zaldívar puede llevar a buen puerto la reforma significa un completo desprecio a la Suprema Corte y a sus integrantes. La naturaleza misma de las instituciones radica en que estas prevalecen y funcionan sin importar quién esté al frente de ellas. Es inadmisible para la vida de nuestro Estado democrático y de derecho pensar que instituciones de una sola persona son lo que se necesita para transformar al país.

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#4 Tiempos

La primera mujer en la Academia Mexicana de la Lengua | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Estudiosa de la literatura mexicana María del Carmen Millán Acebedo destacó en el mundo de las letras y en la difusión de escritores y principalmente escritoras mexicanas y latinoamericanas, contribuyendo a su vez en la formación de recursos humanos. Sus libros de antologías de cuentos tuvieron una importante circulación despertando la inquietud de nuevos lectores.

Recién obtuviera su grado de Maestra en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras con la tesis “El paisaje de la poesía mexicana” en 1954, participó en las actividades de la Academia Potosina de Ciencias y Artes dictando conferencias y cursos en el programa Cursos de Invierno que organizaba la Academia en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la década de los cincuenta.

Como consecuencia de esta colaboración fue catedrática de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la modalidad de cursos intensivos que se ofrecían en verano y en invierno, dictando cursos correspondientes al área de Letras Clásicas y Letras Españolas. Su colaboración con la UASLP fue fructífera, aunque es poco conocida. Se doctoró en Letras después de que fuera cerrada la Facultad de Humanidades de la UASLP con una tesis que se convierte en referente en el estudio de la literatura mexicana, que llevó como título justo ese “Literatura Mexicana”, y que fuera publicado por el sello Esfinge.

María del Carmen Millán fue la primera mujer en formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua, al ocupar la silla número XII que llegó a ser ocupada anteriormente por Rafael Delgado, José Rubén Romero, Julio Torri y Rafael F. Muñoz, al ser designada como Miembro de Número. Su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua fue el 28 de junio de 1974.

Varios potosinos fueron sus alumnos de letras en su estancia en San Luis Potosí, como el caso de Josefina de Ávila que llegó a ser secretaria académica de la extinta Facultad de Humanidades de la UASLP, en una época donde Carmen Millán ya era una importante académica y que aún estaba en proceso de formación; para entonces había publicado varios ensayos sobre escritores mexicanos como el caso de Agustín Yañez, y participando en revistas como Rueca

, de la que se convirtió en editora. Después de su estancia en San Luis publicaría en 1967 el que se considera uno de los más destacados aportes a la literatura mexicana, el Diccionario de Escritores Mexicanos, el cual coordinó y prologó, y fue profesora visitante en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Colaboró en varias revistas culturales potosinas como la Revista de Humanidades de la UASLP, Cuadrante y Letras Potosinas.

Entre las diferentes actividades que realizó como catedrática en la Facultad de Humanidades de la UASLP, participó en la organización conjunta con el Comité Organizador del Primer Centenario del Natalicio del poeta Manuel José Othón, y en actividades culturales como los ciclos de conferencias de la Facultad de Humanidades. Con las universidades alemanas tendría intensa colaboración dictando conferencias en las Universidades de Berlín, Bonn, Hamburgo, Colonia y Heidelberg.

Mientras se daba el golpe a la Facultad de Humanidades en San Luis con su cierre, desperdiciando trabajos como el de María del Carmen Millán, el gobierno francés le otorgaba el Premio Palmas Académicas en 1962. En 1973, fue titular de la Dirección General de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública, al tiempo que fue nombrada directora general de Radio Educación, cargos que desempeñó hasta 1976.

María del Carmen Millán nació el 3 de octubre de 1914 en Teziutlán, Puebla, en 1937 se trasladó a la a México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria. Tres años después logró ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); al término de su carrera se adhirió a la lista de profesores de la casa de estudios, impartiendo cátedra de Literatura Mexicana y Lengua y Literatura Española. Falleció el 1 de septiembre de 1982 en la Ciudad de México, dejando una serie de obras y publicaciones de gran valor para el patrimonio cultural del país.

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Un ‘buenos días’ te salvará el trabajo | Columna de Carlos López Medrano

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Mejor dormir

 

Cada vez es más frecuente ver cajas de autocobro en distintos tipos de negocio. En locales de comida rápida, en supermercados, en el cine. Las evito a toda cosa. En cuanto veo una, me dirijo a donde haya un empleado dispuesto a atender. Preferiré siempre el contacto humano antes que dar tumbos frente a una pantalla. Suficiente tiene uno ya con lidiar con la computadora y el celular la mayor parte del día, como para encima privarse de un cruce de miradas, de la convivencia con un desconocido, de un cómplice momentáneo.

Las máquinas son desolación. Qué espantosa es su perfección frente a la candidez de quien apenas aprende su oficio y te atiende con un dejo de angustia o, mejor, de cinismo. Alguien que sonríe y hace un comentario del clima para romper el silencio. El infrarrojo de un dispositivo jamás competirá con el brillo en la mirada de esa muchacha que odia su trabajo, y que aun así te cobra con la mejor de las actitudes porque sabe que está ahí de manera temporal, que ya cumplirá con sus anhelos artísticos apenas junte unos ahorros.

Deberíamos ponernos todos acuerdo y replantear nuestra relación con la automatización desmedida. Evitar ser tan pragmáticos, unos insensibles ajenos al valor de la interacción humana, gruñones que no quieren ver a nadie y se ponen tiquismiquis con la eficiencia. Sigamos apostando por la gente. Y al tiempo, si nos toca estar del otro lado, seamos amables. Tiremos alguna broma, un piropo. Un ‘buenos días’ te salvará el trabajo en el largo plazo. Mientras la gente reciba gentileza preferirá ir contigo antes que con una máquina que exhibirá su impericia ante un menú interactivo.

Qué maravilla es un rostro.

Observar por unos segundos a un dependiente e imaginar de dónde viene, lo que ocupa su cabeza. Una madre de familia se sabe de memoria todos los códigos de las frutas. La vieja promesa del futbol de la colonia que acabó lastrado por las lesiones. El anciano que trabaja hasta tarde porque ya no recibe visitas de sus hijos
. Más de una historia ha salido de ahí.

Deja de pasar tiempo en la miseria. Las cajas con humanos dan incluso la posibilidad de enamorarte. Puede que la chica de tus sueños esté al final de una fila de McDonald’s. Lucha por la posibilidad remota: aunque sea una entre mil, será mayor a la que tendrás si optas por la fría certeza de una banda magnética.

Casi todos seremos reemplazables en el mercado laboral que tiende premiar la productividad. Las cajas de autocobro son apenas un preludio de una dinámica que llegará a más y más rincones de la interacción con los servicios. Más vale forjar alianzas desde ya. Intenta un poco de ternura, como diría Otis Redding: pasa de largo cuando veas un armatoste y ve con el señor simpático que es un poco lento para cobrar, pero que dice cómo ha estado, mi amigo, ya no había venido, o con la joven que atiende de diez a nueve para pagarse sus estudios.

 

Contacto:

Twitter: @Bigmaud

Correo: [email protected]

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#4 Tiempos

Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad | Columna de Germán Bautista

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HABLEMOS DE DERECHOS

 

Advertencia para nuestras lectoras y nuestros lectores:

Dudé mucho en escribir sobre este tema, pese a que es uno de los tópicos más trascendentes previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, representa el lugar número 1 en la agenda del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que fue la primera Observación General publicada por éste, hace más o menos diez años.

Mi duda reside en el hecho de que en primer lugar, es un tema complejo, porque implica tener cierto conocimiento jurídico; en segundo lugar, requiere también conocer los alcances de la convención en nuestro país, y; en tercer lugar, requiere que conozcamos de algunos órganos creados por la convención. Sin embargo, me esforzaré por hacerlo claro para quienes tengan interés por este tema.

Tradicionalmente, en el estudio de la licenciatura en derecho, aprendimos que hay dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera , se adquiere al nacer y se extingue con la muerte, y significa que como personas, somos titulares de derechos y obligaciones. De manera muy básica, la capacidad de ejercicio se reconoce al cumplir la mayoría de edad y se relaciona con la posibilidad de crear obligaciones, iniciar procedimientos legales y obligarnos también para cumplir con lo que otra persona jurídicamente espera de nosotros.

No obstante, en casi todo el mundo la capacidad de ejercicio no les era reconocida a las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial, pero ello no excluía que quienes legislan, pudieran ampliar estas restricciones a otras personas con discapacidad, como las personas Sordas, a quienes denominaban sordomudos, o personas ciegas que no supiesen leer o escribir.

La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2008, supuso una importante confrontación entre la tradición jurídica en México y lo que se debía modificar, en consonancia con su artículo 12, para que a todas las personas con discapacidad les fuera reconocida su capacidad de ejercicio, lo que significaba reformar los códigos civiles y los códigos de procedimientos civiles que establecían limitaciones legales a la capacidad de ejercicio. De hecho, nuestro país fue ampliamente criticado y cuestionado por expertas y expertos en el mundo, debido a que al decretar el reconocimiento y aprobación de la Convención el 24 de octubre de 2007, opuso una declaración interpretativa al artículo 12 sobre cómo éste se comprendería en México, que afortunadamente retiró cuatro años después, previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011.

Si desean saber más, visitar: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5004433&fecha=24/10/2007#gsc.tab=0

A pesar del retiro de la declaración interpretativa, así como de la referida reforma constitucional, fue necesario emprender algunos litigios de carácter estratégico para que México comenzara a reflexionar sobre la necesidad de retirar las barreras jurídicas que de hecho y de derecho, niegan la igualdad a las personas con discapacidad.

Vamos a ver si logramos trasmitirlo adecuadamente sin demasiada terminología jurídica complicada:

Muchos códigos civiles a la fecha, prevén la figura de la interdicción, lo que en términos muy sencillos es un juicio en el que basta con sospechar que la persona ya no puede gobernarse por sí misma, para que de manera temporal, la persona juzgadora ordene como aparente medida de protección de dicha persona, su interdicción provisional, en lo que se determina, mediante la intervención de peritos en salud mental, si en efecto la persona ya ha dejado de ser “capaz”.

Se trata de peritos psiquiatras, comúnmente tres, cuyo costo los asume quien promueve el juicio de interdicción y si dichos peritos determinan que la salud mental de la persona se encuentra comprometida, entonces como “medida de protección” la persona juzgadora declara interdicta a la persona y le asigna una persona tutora, que a partir de entonces, se hará cargo de todas las obligaciones y decisiones legales en nombre y representación de dicha persona durante toda su vida.

Automáticamente, la persona tutora entra a sustituir la voluntad de la persona declarada interdicta para la mayoría de los trámites legales, lo que a menudo suele ocurrir con las personas mayores cuando se sospecha que ya no pueden hacerse cargo de sus decisiones.

Se le ha llamado también “juicio injusto”, porque la interdicción se declara sin escuchar a la persona que se busca declarar interdicta, lo que significa que es vencida sin que le sea garantizado su derecho de audiencia.

A partir de la declaratoria legal de incapacidad, la única forma de acudir a la justicia que tiene la persona con discapacidad, es a través de la persona tutora, que puede ser algún familiar y que también se ha documentado, puede ser quien perpetre abusos con garantía de impunidad porque también se convierte en el único medio para que la persona con discapacidad pueda quejarse o denunciar.

Por ello la Convención reconoce la igualdad y la voluntad de todas las personas con discapacidad y su derecho a manifestar esta voluntad por todos los medios disponibles, incluso la asistencia humana para tomar decisiones. Desde este paradigma, la Convención representa un parteaguas en relación al modelo médico que evalúa el grado de discapacidad o limitación, mientras que el modelo social reconoce a la persona, su voluntad, su libertad, su autonomía y sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas dotándole de todos los apoyos para que se respete su independencia.

Al 2024, esta fórmula jurídica que nulifica la voluntad de las personas con discapacidad, sigue impactando en la realidad de algunos grupos de personas con discapacidad, por ejemplo y como ya lo habíamos comentado, al momento de abrir una cuenta bancaria, en procesos de índole testamentario, de compraventa o incluso en la escrituración de bienes inmuebles. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado en el diario Oficial de la Federación el pasado mes de junio de 2023, en sus artículos 445 a 455, reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad para tomar decisiones y obligarse en razón de ellas con los apoyos necesarios para lograrlo, lo que implica la necesidad de contar con ajustes razonables y ajustes de procedimiento, de los que hablaremos próximamente.

Representa un reto importante estructurar formal e institucionalmente un sistema de apoyos y salvaguardias para garantizar la libre toma de decisiones de las personas con discapacidad, así como cambiar costumbres y procedimientos en los que por tradición, en actos de naturaleza civil, notarial o financiera, todavía se sigue discriminando a las personas con discapacidad.

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