Los ataques armados y las ejecuciones a cargo de células del crimen organizado regresaron a tierras potosinas; sin la guerra contra el narco habría una reducción significativa en la tasa de homicidios

Por: El Saxofón

Luego de un breve periodo de tregua, los ataques armados y las ejecuciones han vuelto a San Luis Potosí. En el último mes, del 20 de abril al 18 de mayo se han registrado al menos cinco balaceras en la capital del estado y una en la zona Huasteca, en el municipio de Ébano; en suma, balaceras y presuntos ajustes de cuentas han dejado un saldo de 23 muertos y al menos 5 lesionados en menos de 30 días.

La noche del pasado 20 de abril, en un terreno baldío de la Colonia Los Magueyes, ubicado en la esquina de Tacamba y Josefa Ortiz de Domínguez, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 22 años, el cual presentaba un disparo en la cabeza.

El 21 de abril, alrededor de la una y media de la tarde, un motociclista disparó contra un joven en la calle Pánfilo Natera, de El Sauzalito, en la capital potosina. El presunto homicida huyó a bordo de una motocicleta, la víctima, de 28 años de edad, falleció horas más tarde.

Tres días después, la noche del 24 de abril, un ataque armado cobró la vida de cuatro personas en la Colonia General I. Martínez de la capital potosina. Los asesinos, al parecer dos sujetos, se acercaron caminando hasta las víctimas y descargaron sobre ellos proyectiles calibre .9mm.

El viernes 26 por la tarde, también en la General I. Martínez, un hombre fue baleado, cerca de la zona donde fueron ejecutadas la cuatro personas el miércoles. El atacante fue supuestamente un hombre al que le falta una mano e iba a acompañado de otros cuatro sujetos.

Horas más tarde fue ejecutado un joven, en la Quinta Privada de Rumanía, esquina con Simón Díaz, en la colonia Satélite. El ataque dejó además una persona lesionada.

Testigos de los hechos relataron que las víctimas viajaban en su automóvil, cuando fueron interceptados por dos hombres que se trasladaban en una camioneta, quienes descendieron y abrieron fuego en contra de dos jóvenes que tripulaban un auto Platina color arena.

El 3 de mayo, un festejo del Día del Albañil se convirtió en tragedia, cuando sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que departían en un salón de fiestas en Soledad de Graciano Sánchez.

El ataque dejó tres lesionados y una joven de 28 años perdió la vida en el hospital debido a la gravedad de las heridas.

Apenas cuatro días después, la mañana del 7 de mayo, un policía municipal de San Luis Potosí capital fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta, una Buick Enclave por calles de la colonia Wenceslao Victoria.

El 16 de mayo, otro ataque a balazos dejó un muerto y dos heridos en la colonia Mártires de la Revolución.

En el interior del estado

Sin embargo, las agresiones con armas de fuego y las ejecuciones no ocurren solo en la Zona Metropolitana, sino que también se extienden a los municipios del interior del estado.

El 20 de abril, en Guadalcázar, se encontró el cadáver de un hombre al interior de una camioneta, con evidentes huellas de violencia en el cuerpo. Alrededor de la camioneta se encontraron varios vasquillos percutidos. El hombre fue identificado como Rito ‘N’, con domicilio en Monterrey, Nuevo León.

El 21 de abril se informó que después de discutir con el chofer de una camioneta, un joven fue asesinado a balazos, el homicida se dio a la fuga a bordo de la camioneta, mientras la víctima era trasladada por un familiar suyo a un hospital, pero ya había fallecido. Los hechos sucedieron en un ejido de Tamasopo.

El 25 de abril, tres hombres fueron hallados muertos en un domicilio de la colonia Lindavista, en Ébano. La noche del 24 de abril, vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego, sin embargo, por temor prefirieron no indagar lo que había pasado. Fue hasta el día siguiente cuando se realizó el hallazgo.

A esa misma hora, en Rioverde, era localizado el cadáver de un hombre en un taller de motobombas en la calle Nicolás Bravo, del municipio d e Rioverde. El cuerpo estaba atado a una cama, con una estopa en la boca.

Ya en mayo, el día 9, un hombre de 31 años fue ejecutado a balazos en Ciudad Valles. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en la calle Morelos, entre bulevar México-Laredo e Ignacio Allende, en la colonia Francisco I. Madero

, el ahora occiso fue identificado como Marco Antonio N, quien contara con 31 años de edad.

El cadáver presentaba dos orificios producidos por proyectiles de arma de fuego, uno en el rostro, con entrada en la mejilla izquierda, con salida en la región de la base occipital del cráneo, en el lado derecho, el otro con entrada debajo del pectoral izquierdo, con salida en región lumbar del mismo lado.

El día 10, una pareja fue encontrada calcinada en un camino de terracería que conecta al ejido Las Crucitas con Los Otates, en Ciudad Valles.

El 12 de mayo se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, con el rostro cubierto, maniatado y con huellas de tortura. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 71 de la Supercarretera Estatal No. 75 Rioverde.

El recuento anterior pone en evidencia que el uso sistemático de la violencia homicida por parte de grupos del crimen organizado no cesa en San Luis Potosí, y que la calma no está garantizada.

Sin guerra contra el narco, SLP tendría 75% menos homicidios

Si no se hubiera realizado la guerra contra el narcotráfico, la fallida estrategia del gobierno federal de Felipe Calderón, con la que intentó restar poder al crimen organizado, los homicidios dolosos en San Luis Potosí se hubieran reducido en un 75 por ciento, de acuerdo a una proyección realizada por la organización Semáforo Delictivo.

El fundador de esa organización, Santiago Roel, dijo en octubre de 2017, que una solución para reducir la violencia en el país es terminar con el Plan Mérida, al que la asociación reconoce como el origen de la guerra contra el narcotráfico.

El Plan Mérida es un acuerdo de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas entre México, Estados Unidos y algunos países centroamericanos, con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas, según menciona un documento de la Embajada de Estados Unidos en México.

La firma del Plan Mérida, en diciembre de 2008 entre los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, trabaja en cuatro pilares fundamentales: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado, Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de derecho, Crear la estructura fronteriza del siglo XXI y Construir comunidades fuertes y resilientes; según dice el documento de la Embajada de Estados Unidos.

En cambio, para Semáforo Delictivo, el Plan Mérida ha causado un efecto negativo, que después llevó a nuevas etapas de la violencia en México.

El primero de ellos fue la guerra contra el narco, que, al lograr detener o abatir a importantes líderes de cárteles, causó a su vez la atomización de esos grupos delictivos.

El efecto es el siguiente: al haber sacado de circulación a los líderes de los cárteles, las personas que les seguían en la organización buscaban tomar ese liderazgo, por lo que había conflictos por heredar el puesto principal de los grupos delictivos.

La atomización de los cárteles después causó guerra entre los grupos mafiosos, a lo que, según Semáforo Delictivo, le siguió el colapso de la autoridad.

En una editorial llamada “Es tiempo de pensar el futuro de México”, Semáforo Delictivo también culpa al Plan Mérida.

“Llevamos 10 años de estrategia fallida. Desde 2008, Estados Unidos nos metió en una guerra sin nombre, sin sentido y sin efectividad que ha incrementado la violencia de alto impacto a niveles nunca vistos en el país”.

Semáforo Delictivo identifica “tres causas de violencia: Desequilibrios sociales, mal gobierno y mercado negro de drogas. No podrán atenderse los dos primeros, si antes México no disminuye el poder económico, social y bélico de las mafias. Eso se logra con regulación de drogas. Un tema que ningún candidato o partido ha querido hacer propio, por temor a los prejuicios nacionales y a la DEA”.

17 personas detenidas por fiscalía durante la tercer semana de mayo