octubre 15, 2026

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El crimen organizado cobró 23 vidas el último mes en SLP

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Los ataques armados y las ejecuciones a cargo de células del crimen organizado regresaron a tierras potosinas; sin la guerra contra el narco habría una reducción significativa en la tasa de homicidios

Por: El Saxofón

Luego de un breve periodo de tregua, los ataques armados y las ejecuciones han vuelto a San Luis Potosí. En el último mes, del 20 de abril al 18 de mayo se han registrado al menos cinco balaceras en la capital del estado y una en la zona Huasteca, en el municipio de Ébano; en suma, balaceras y presuntos ajustes de cuentas han dejado un saldo de 23 muertos y al menos 5 lesionados en menos de 30 días.

La noche del pasado 20 de abril, en un terreno baldío de la Colonia Los Magueyes, ubicado en la esquina de Tacamba y Josefa Ortiz de Domínguez, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 22 años, el cual presentaba un disparo en la cabeza.

El 21 de abril, alrededor de la una y media de la tarde, un motociclista disparó contra un joven en la calle Pánfilo Natera, de El Sauzalito, en la capital potosina. El presunto homicida huyó a bordo de una motocicleta, la víctima, de 28 años de edad, falleció horas más tarde.

Tres días después, la noche del 24 de abril, un ataque armado cobró la vida de cuatro personas en la Colonia General I. Martínez de la capital potosina. Los asesinos, al parecer dos sujetos, se acercaron caminando hasta las víctimas y descargaron sobre ellos proyectiles calibre .9mm.

El viernes 26 por la tarde, también en la General I. Martínez, un hombre fue baleado, cerca de la zona donde fueron ejecutadas la cuatro personas el miércoles. El atacante fue supuestamente un hombre al que le falta una mano e iba a acompañado de otros cuatro sujetos.

Horas más tarde fue ejecutado un joven, en la Quinta Privada de Rumanía, esquina con Simón Díaz, en la colonia Satélite. El ataque dejó además una persona lesionada.

Testigos de los hechos relataron que las víctimas viajaban en su automóvil, cuando fueron interceptados por dos hombres que se trasladaban en una camioneta, quienes descendieron y abrieron fuego en contra de dos jóvenes que tripulaban un auto Platina color arena.

El 3 de mayo, un festejo del Día del Albañil se convirtió en tragedia, cuando sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que departían en un salón de fiestas en Soledad de Graciano Sánchez.

El ataque dejó tres lesionados y una joven de 28 años perdió la vida en el hospital debido a la gravedad de las heridas.

Apenas cuatro días después, la mañana del 7 de mayo, un policía municipal de San Luis Potosí capital fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta, una Buick Enclave por calles de la colonia Wenceslao Victoria.

El 16 de mayo, otro ataque a balazos dejó un muerto y dos heridos en la colonia Mártires de la Revolución.

En el interior del estado

Sin embargo, las agresiones con armas de fuego y las ejecuciones no ocurren solo en la Zona Metropolitana, sino que también se extienden a los municipios del interior del estado.

El 20 de abril, en Guadalcázar, se encontró el cadáver de un hombre al interior de una camioneta, con evidentes huellas de violencia en el cuerpo. Alrededor de la camioneta se encontraron varios vasquillos percutidos. El hombre fue identificado como Rito ‘N’, con domicilio en Monterrey, Nuevo León.

El 21 de abril se informó que después de discutir con el chofer de una camioneta, un joven fue asesinado a balazos, el homicida se dio a la fuga a bordo de la camioneta, mientras la víctima era trasladada por un familiar suyo a un hospital, pero ya había fallecido. Los hechos sucedieron en un ejido de Tamasopo.

El 25 de abril, tres hombres fueron hallados muertos en un domicilio de la colonia Lindavista, en Ébano. La noche del 24 de abril, vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego, sin embargo, por temor prefirieron no indagar lo que había pasado. Fue hasta el día siguiente cuando se realizó el hallazgo.

A esa misma hora, en Rioverde, era localizado el cadáver de un hombre en un taller de motobombas en la calle Nicolás Bravo, del municipio de Rioverde. El cuerpo estaba atado a una cama, con una estopa en la boca.

Ya en mayo, el día 9, un hombre de 31 años fue ejecutado a balazos en Ciudad Valles. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en la calle Morelos, entre bulevar México-Laredo e Ignacio Allende, en la colonia Francisco I. Madero

, el ahora occiso fue identificado como Marco Antonio N, quien contara con 31 años de edad.

El cadáver presentaba dos orificios producidos por proyectiles de arma de fuego, uno en el rostro, con entrada en la mejilla izquierda, con salida en la región de la base occipital del cráneo, en el lado derecho, el otro con entrada debajo del pectoral izquierdo, con salida en región lumbar del mismo lado.

El día 10, una pareja fue encontrada calcinada en un camino de terracería que conecta al ejido Las Crucitas con Los Otates, en Ciudad Valles.

El 12 de mayo se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, con el rostro cubierto, maniatado y con huellas de tortura. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 71 de la Supercarretera Estatal No. 75 Rioverde.

El recuento anterior pone en evidencia que el uso sistemático de la violencia homicida por parte de grupos del crimen organizado no cesa en San Luis Potosí, y que la calma no está garantizada.

Sin guerra contra el narco, SLP tendría 75% menos homicidios

Si no se hubiera realizado la guerra contra el narcotráfico, la fallida estrategia del gobierno federal de Felipe Calderón, con la que intentó restar poder al crimen organizado, los homicidios dolosos en San Luis Potosí se hubieran reducido en un 75 por ciento, de acuerdo a una proyección realizada por la organización Semáforo Delictivo.

El fundador de esa organización, Santiago Roel, dijo en octubre de 2017, que una solución para reducir la violencia en el país es terminar con el Plan Mérida, al que la asociación reconoce como el origen de la guerra contra el narcotráfico.

El Plan Mérida es un acuerdo de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas entre México, Estados Unidos y algunos países centroamericanos, con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas, según menciona un documento de la Embajada de Estados Unidos en México.

La firma del Plan Mérida, en diciembre de 2008 entre los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, trabaja en cuatro pilares fundamentales: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado, Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de derecho, Crear la estructura fronteriza del siglo XXI y Construir comunidades fuertes y resilientes; según dice el documento de la Embajada de Estados Unidos.

En cambio, para Semáforo Delictivo, el Plan Mérida ha causado un efecto negativo, que después llevó a nuevas etapas de la violencia en México.

El primero de ellos fue la guerra contra el narco, que, al lograr detener o abatir a importantes líderes de cárteles, causó a su vez la atomización de esos grupos delictivos.

El efecto es el siguiente: al haber sacado de circulación a los líderes de los cárteles, las personas que les seguían en la organización buscaban tomar ese liderazgo, por lo que había conflictos por heredar el puesto principal de los grupos delictivos.

La atomización de los cárteles después causó guerra entre los grupos mafiosos, a lo que, según Semáforo Delictivo, le siguió el colapso de la autoridad.

En una editorial llamada “Es tiempo de pensar el futuro de México”, Semáforo Delictivo también culpa al Plan Mérida.

“Llevamos 10 años de estrategia fallida. Desde 2008, Estados Unidos nos metió en una guerra sin nombre, sin sentido y sin efectividad que ha incrementado la violencia de alto impacto a niveles nunca vistos en el país”.

Semáforo Delictivo identifica “tres causas de violencia: Desequilibrios sociales, mal gobierno y mercado negro de drogas. No podrán atenderse los dos primeros, si antes México no disminuye el poder económico, social y bélico de las mafias. Eso se logra con regulación de drogas. Un tema que ningún candidato o partido ha querido hacer propio, por temor a los prejuicios nacionales y a la DEA”.

17 personas detenidas por fiscalía durante la tercer semana de mayo

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La casual visita de Mario Delgado | Apuntes de Jorge Saldaña

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Culto Público, hijos de la escasez de Gomina:

Las casualidades en política son como cuando el cumpleañero se hace el que no sabía de la fiesta sorpresa y aplica alguna variante del “cómo creen… no se hubieran molestado”.

Este jueves para la hora en que me despierte, ya llevará un buen rato en San Luis Potosí el secretario de Educación, Mario Delgado.

La fiesta sorpresa a la que vino (perdón, quise decir “la agenda oficial que lo trae al territorio potosino”) es la de encabezar un foro sobre el uso de los celulares en las escuelas.

El tema es relevante, necesario, polémico y multiarístico para que quede claro. No se demerita en absoluto el ejercicio de escucha plural de un asunto al que por cierto ya vamos tarde.

La cosa es que, paralelamente habrá otro foco de atención que no tiene que ver precisamente con los celulares, sino más bien con los contactos guardados y le explico si me lo permite:

¿En dónde está el “sorpreeeesaaaa” y el lanzamiento de serpentinas predecibles?

En que este mismo día, el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno -y de Morena- rendirá su segundo informe legislativo. Fíjate qué coincidencia y “qué sorpresas da la vida encontrarte en plena calle” escribió inspirado Hernáldo Zúñiga.

La presencia de Mario Delgado está calculada y para Badillo Moreno es un mensaje muy claro. Hay que recordar que el diputado es, no de ahora, la apuesta del secretario de educación para la alcaldía capitalina.

No sé cuánta gente lo sepa, pero el exdirigente de Morena tiene comunicación constante y multitemática con el diputado responsable de la escasez de Gomina de la extrafuerte en SLP.

Además, Delgado no es cualquier visitante: también es amigo cercano del gobernador y funge, ha fungido y fungirá, como uno de los puentes de comunicación más sólidos entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo…Nada más.

Por lo tanto, en ese tablero, Cuauhtli no es que aspire a una boleta, está mejor dicho que aspira a que los acuerdos sean firmes como el gel de su peinado, y por lo tanto juega a que el amigo de su mentor ubicado en la pista nacional, lo considere seriamente para ir junto al Verde por nuestra ajardinada capital, cuna de las crónicas del padre Montejano.

Para ser directos: Ricardo Gallardo tendrá que negociar si concede o no a su amigo e interlocutor presidencial esa posición y apoyarlo con el Verde.

Nada fácil la decisión, pero es clave. Existen muchos factores alrededor tan delicados en esa postulación, que el caso se tiene que hilvanar tan fino como neurólogo pediátrico de neonatos para no dejar cicatrices abiertas y asegurarse -sobre todo- que no se caigan las puntadas.

Solo imagine, Culto Público, el aprieto del candidato jugando en la capital por Morena y Verde mientras a la gubernatura van por separado. ¿A cuál de las dos candidatas al gobierno deberá apoyar y reunir votos el candidato a alcalde?

Es bien sabido que lo que más les gusta hacer a los escenarios es cambiar, pero si así se dieran las cosas en este momento, me encantará ver la forma en que se apoye a una, a otra, o a las dos candidatas al poder ejecutivo:

-A la bio

-A la bao

-A la bim-bom-ba

“ERRE, ERRE” RA, RA, RA…

Me carcajeo de antemano. Ya veremos.

Antes del punto final, le comparto que de acuerdo a personas que siguieron el proceso personalmente, Rita Ozalia ya estaba elegida como coordinadora por SLP, sin embargo una llamada le hizo ver que dejar la dirección del partido antes de que vencieran las fechas fatales para convenios de coalición y definición de candidaturas, no era conveniente.

Prevista la circunstancia, seguía en orden al nombramiento Carlos Arreola, que lo tuvo a milímetros.

Sabemos todos que de último momento el boleto terminó en manos de César Elí Cervantes, que ni enterado estaba de que lo subirían al carrusel como “pieza útil” (le dicen más feo pero yo sí respeto) de contención, al grado que unos lo ven hasta como guardalugares.

Arreola buscaba la posición más que por ambición por estrategia, la coordinación, aun siendo temporal, le permite a cualquiera fortalecer estructura, sin embargo, a Carlos le pasaron factura sus lances y banderillas bien puestas al rector de la UASLP y un par de gracejadas públicas.

Premio no tiene (en realidad nadie) pero sí lo quiere, con o sin nombramiento, puede buscar que las cuentas le alcancen para levantar la mano a una diputación federal, o después del despacho de las candidaturas, ir a resguardar el partido.

Por todo eso viene Mario. Porque esas cosas no se tratan por el celular, y de aquí en adelante no se vale el “me equivoqué de chat”.

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

Lee también: No voy a escribir de la caída del Huasteco…pero podría

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Ciudad

Interapas propone al Congreso siete estímulos fiscales para 2027

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La propuesta de la Junta de Gobierno llega al Congreso para la Ley de Ingresos 2027 y busca regularizar tomas clandestinas

Por: Haniel Valdés

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), informó que el organismo propondrá al Congreso del Estado siete estímulos fiscales para 2027: cuatro planteados por él y tres por la dirección de Interapas.

El primero elimina de manera definitiva el cobro por contratar el servicio doméstico, que hoy cuesta entre 16 mil y 18 mil pesos. Galindo explicó que el esquema funcionó seis meses el año pasado y ayudó a regularizar a usuarios con tomas clandestinas. «Yo prefiero tener un cliente seguro que un ingreso extraordinario por el contrato», dijo.

Para pequeños comercios, la propuesta crea un rango intermedio: los de hasta 60 metros cuadrados pagarían 9 mil pesos por contratar, los de entre 60 y 90 tendrían una tarifa nueva y a partir de 90 metros cuadrados seguiría la tarifa vigente.

Otro estímulo compensará a los usuarios por los días sin agua cuando falla El Realito. Galindo dijo que de 2021 a 2026 se han registrado 76 fallas, que suman 295 días sin servicio. El ajuste se calculará según los días sin agua. Por propuesta del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, también aplicará en pozos cuando la reparación supere cinco días

; Galindo citó el caso de Jacarandas 2, que tardó entre 60 y 70 días.

Las escuelas públicas de educación básica (kínder, primarias y secundarias) tendrían un estímulo de 100% en 2027. Galindo calculó unas dos mil escuelas en los cuatro municipios y explicó que directores y padres de familia deberán solicitarlo y conocer la deuda del plantel.

Los tres estímulos de la dirección de Interapas son: 100% para adultos mayores de 60 años; cobrar la tarifa doméstica solo por los metros cuadrados de la vivienda, sin contar estacionamientos; y descuentos con tabla para vivienda de interés social, no solo la del programa federal Bienestar.

El de adultos mayores retoma la propuesta que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha planteado públicamente. Galindo dijo que no la ven mal, sino bien, pero que debe acomodarse desde la Junta de Gobierno. Interapas tiene contabilizadas 35 mil cuentas en ese universo, que hoy cuentan con un descuento de 50%.

Eso representa unos siete millones de pesos bimestrales, cerca de 45 millones al año. Galindo explicó que es un subsidio, no solo un estímulo, y que la iniciativa del gobernador deberá definir el mecanismo.

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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez

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El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo

Por: Haniel Valdés

El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.

El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.

El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.

“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.

En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.

Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales

, y señaló que, si no ha renunciado, “eso sí es un delito”.

La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.

Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.

Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.

Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.

La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.

En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.

También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva

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