La Procuraduría Agraria no contempla a las empresas inmobiliarias para asociarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe

Por: Redacción

La Procuraduría Agraria considera que la sociedad inmobiliaria Espacios en el Horizonte, de Carlos “El Chato” López Medina, está fuera de la Ley Agraria y sus reglamentos, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de opinión que realizaron representantes de comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas, Tierra Blanca y San Miguelito.

López Medina y Espacios en el Horizonte, empresa de su propiedad, pretenden generar en la Sierra de San Miguelito el proyecto inmobiliario Las Cañadas, que abarca 2 mil 69 hectáreas de esa zona.

La Procuraduría Agraria, sin embargo, señaló que las sociedades civiles o mercantiles a las que se les permite asociarse con comunidades o ejidos, deben “limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios, requisitos que no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas”.

La petición de opinión a la Procuraduría Agraria fue hecha por Carlos Covarrubias Rendón y Jesús Galván Pozos, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Frente Amplio Opositor. Según Covarrubias, esta opinión es histórica, determinante y le corta a los desarrolladores inmobiliarios cualquier intento de formar esta asociación.

Según la opinión, firmada por la directora jurídica y de protección agraria de la Procuraduría Agraria, Alejandra Gámez Rey, La Ley Agraria prevé la conservación y continuidad de la propiedad social que constituyen los ejidos y comunidades del país. En cambio, una sociedad inmobiliaria pone en evidente riesgo la tierra “ya que, lejos de dedicarla a la producción, se estarían cambiando los destinos y su inminente desincorporación del núcleo

El documento de la Procuraduría Agraria además asegura que la construcción en las tierras de San Juan de Guadalupe, “modificaría el uso y calidad de los terrenos, quedando inservibles para su cultivo y en su lugar, edificaciones de concreto a favor de terceros ajenos al núcleo de población”.

De hecho, la opinión de la Procuraduría Agraria explica que no puede considerarse que existe una laguna legal al no considerar a las empresas inmobiliarias entre las sociedades civiles o mercantiles, pues “por sus características especiales y por ser una forma de sustraer la propiedad social con esa figura”, la legislación tendría que contemplarlas adecuadamente, “con un capítulo o apartado específico de la Ley Agraria y sus Leyes Reglamentarias”.

“Hoy después de 25 años nos dan la razón. Esto nos dará la victoria en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, dijo Carlos Covarrubias Rendón: “El proyecto inmobiliario del “Chato” López es una farsa, un fraude”.

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