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“El Chato” López, fuera de la ley para urbanizar San Miguelito
La Procuraduría Agraria no contempla a las empresas inmobiliarias para asociarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe
Por: Redacción
La Procuraduría Agraria considera que la sociedad inmobiliaria Espacios en el Horizonte, de Carlos “El Chato” López Medina, está fuera de la Ley Agraria y sus reglamentos, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de opinión que realizaron representantes de comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas, Tierra Blanca y San Miguelito.
López Medina y Espacios en el Horizonte, empresa de su propiedad, pretenden generar en la Sierra de San Miguelito el proyecto inmobiliario Las Cañadas, que abarca 2 mil 69 hectáreas de esa zona.
La Procuraduría Agraria, sin embargo, señaló que las sociedades civiles o mercantiles a las que se les permite asociarse con comunidades o ejidos, deben “limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios, requisitos que no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas”.
La petición de opinión a la Procuraduría Agraria fue hecha por Carlos Covarrubias Rendón y Jesús Galván Pozos, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Frente Amplio Opositor. Según Covarrubias, esta opinión es histórica, determinante y le corta a los desarrolladores inmobiliarios cualquier intento de formar esta asociación.
Según la opinión, firmada por la directora jurídica y de protección agraria de la Procuraduría Agraria, Alejandra Gámez Rey, La Ley Agraria prevé la conservación y continuidad de la propiedad social que constituyen los ejidos y comunidades del país. En cambio, una sociedad inmobiliaria pone en evidente riesgo la tierra “ya que, lejos de dedicarla a la producción, se estarían cambiando los destinos y su inminente desincorporación del núcleo de manera arbitraria”.
El documento de la Procuraduría Agraria además asegura que la construcción en las tierras de San Juan de Guadalupe, “modificaría el uso y calidad de los terrenos, quedando inservibles para su cultivo y en su lugar, edificaciones de concreto a favor de terceros ajenos al núcleo de población”.
De hecho, la opinión de la Procuraduría Agraria explica que no puede considerarse que existe una laguna legal al no considerar a las empresas inmobiliarias entre las sociedades civiles o mercantiles, pues “por sus características especiales y por ser una forma de sustraer la propiedad social con esa figura”, la legislación tendría que contemplarlas adecuadamente, “con un capítulo o apartado específico de la Ley Agraria y sus Leyes Reglamentarias”.
“Hoy después de 25 años nos dan la razón. Esto nos dará la victoria en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, dijo Carlos Covarrubias Rendón: “El proyecto inmobiliario del “Chato” López es una farsa, un fraude”.
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Ceepac analiza dos denuncias por actos anticipados de campaña
La consejera presidenta Paloma Blanco confirmó que ambos expedientes ya se encuentran en revisión jurídica; uno corresponde a la Huasteca Potosina
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene en análisis dos denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña e infracciones a la legislación electoral, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.
La funcionaria explicó que ambos asuntos ya fueron turnados al área jurídica para su revisión, aunque evitó adelantar posibles resoluciones debido a que los expedientes aún se encuentran en etapa de análisis.
Uno de los procedimientos corresponde a un caso registrado en la Huasteca Potosina, mientras que el segundo se refiere a un asunto de carácter local, detalló la presidenta del organismo electoral.
Blanco López precisó que las eventuales sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de si se acredita alguna infracción a la normatividad vigente.
La consejera recordó que actualmente San Luis Potosí no se encuentra en periodo electoral formal, por lo que las consecuencias jurídicas varían según la naturaleza de los hechos denunciados y el momento en que ocurran.
Explicó que la legislación contempla desde sanciones administrativas hasta restricciones para participar en futuros procesos electorales, particularmente en casos relacionados con violencia política en razón de género, además de posibles conductas que pudieran constituir delitos electorales y ser investigadas por la fiscalía especializada.
Las declaraciones fueron realizadas al término de una reunión entre autoridades electorales, legislativas y representantes del Poder Ejecutivo para analizar propuestas de reforma electoral, encuentro en el que, según Blanco López, no se abordaron temas presupuestales ni de financiamiento para futuros procesos comiciales.
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Ciudad
Centro de Salud Mental atiende hasta 35 personas al día
El DIF Municipal reportó una alta demanda de servicios psicológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos en el Centro Histórico
Por: Redacción
El Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí atiende diariamente entre 25 y 35 personas en sus turnos matutino y vespertino, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.
La funcionaria explicó que la creación del centro respondió a la necesidad detectada por el área de Psicología y Prevención del DIF, que identificó una creciente demanda de atención especializada no solo psicológica, sino también psiquiátrica.
Arriaga reconoció que existe una fuerte demanda de estos servicios en la capital potosina y consideró que sería positivo ampliar la cobertura con más espacios de atención en salud mental.
Actualmente, el centro brinda consultas psicológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas a usuarios que acuden en busca de atención especializada.
Además del Centro de Salud Mental, el DIF Municipal mantiene servicios médicos a través de cinco centros de salud ubicados en distintos centros comunitarios y mediante la Ruta de la Salud, programa itinerante que visita colonias de la ciudad para acercar consultas y estudios médicos a la población.
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Paridad y representación indígena, los retos electorales para 2027: TEESLP
La presidenta del TEESLP, Dennise Porras, recordó que solo 15 de los 59 municipios del estado son gobernados por mujeres
Por: Redacción
Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), consideró que uno de los principales desafíos rumbo al proceso electoral de 2027 será garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales.
Al realizar un balance de las enseñanzas que dejó la reciente elección judicial y los retos que enfrentará el sistema electoral en los próximos años, la magistrada señaló que aún existe una deuda importante en materia de representación política de las mujeres.
Porras Guerrero recordó que actualmente solo 15 de los 59 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, por lo que consideró necesario fortalecer no solo las reglas de paridad en las postulaciones, sino también los mecanismos que permitan que las mujeres accedan y permanezcan en estos cargos.
“Todavía tenemos una deuda pendiente sobre todo en lo que tiene que ver con municipios”, expresó.
La presidenta del Tribunal Electoral también destacó el avance registrado a nivel nacional, donde actualmente 14 entidades federativas son gobernadas por mujeres, una cifra que calificó como inédita. En ese sentido, consideró que para el próximo proceso electoral debe mantenerse, al menos, el nivel de representación femenina que actualmente existe en las gubernaturas del país.
Además de la paridad, señaló que otros temas prioritarios serán la inclusión y representación de grupos históricamente vulnerables, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y los casos relacionados con usurpación de identidad de género en candidaturas.
La magistrada indicó que algunas de estas cuestiones podrían incorporarse dentro de las reformas político-electorales que actualmente se analizan, aunque advirtió que, de no concretarse por la vía legislativa, podrían ser abordadas mediante criterios administrativos o resoluciones jurisdiccionales.
Finalmente, Porras Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral y reforzar la información dirigida a la ciudadanía ante la complejidad que representarán las próximas elecciones, donde coexistirán distintos cargos locales y federales.
“Tenemos una corresponsabilidad institucional para que la ciudadanía llegue informada a votar”, concluyó.
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