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“El Chato” López, fuera de la ley para urbanizar San Miguelito
La Procuraduría Agraria no contempla a las empresas inmobiliarias para asociarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe
Por: Redacción
La Procuraduría Agraria considera que la sociedad inmobiliaria Espacios en el Horizonte, de Carlos “El Chato” López Medina, está fuera de la Ley Agraria y sus reglamentos, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de opinión que realizaron representantes de comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas, Tierra Blanca y San Miguelito.
López Medina y Espacios en el Horizonte, empresa de su propiedad, pretenden generar en la Sierra de San Miguelito el proyecto inmobiliario Las Cañadas, que abarca 2 mil 69 hectáreas de esa zona.
La Procuraduría Agraria, sin embargo, señaló que las sociedades civiles o mercantiles a las que se les permite asociarse con comunidades o ejidos, deben “limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios, requisitos que no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas”.
La petición de opinión a la Procuraduría Agraria fue hecha por Carlos Covarrubias Rendón y Jesús Galván Pozos, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Frente Amplio Opositor. Según Covarrubias, esta opinión es histórica, determinante y le corta a los desarrolladores inmobiliarios cualquier intento de formar esta asociación.
Según la opinión, firmada por la directora jurídica y de protección agraria de la Procuraduría Agraria, Alejandra Gámez Rey, La Ley Agraria prevé la conservación y continuidad de la propiedad social que constituyen los ejidos y comunidades del país. En cambio, una sociedad inmobiliaria pone en evidente riesgo la tierra “ya que, lejos de dedicarla a la producción, se estarían cambiando los destinos y su inminente desincorporación del núcleo de manera arbitraria”.
El documento de la Procuraduría Agraria además asegura que la construcción en las tierras de San Juan de Guadalupe, “modificaría el uso y calidad de los terrenos, quedando inservibles para su cultivo y en su lugar, edificaciones de concreto a favor de terceros ajenos al núcleo de población”.
De hecho, la opinión de la Procuraduría Agraria explica que no puede considerarse que existe una laguna legal al no considerar a las empresas inmobiliarias entre las sociedades civiles o mercantiles, pues “por sus características especiales y por ser una forma de sustraer la propiedad social con esa figura”, la legislación tendría que contemplarlas adecuadamente, “con un capítulo o apartado específico de la Ley Agraria y sus Leyes Reglamentarias”.
“Hoy después de 25 años nos dan la razón. Esto nos dará la victoria en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, dijo Carlos Covarrubias Rendón: “El proyecto inmobiliario del “Chato” López es una farsa, un fraude”.
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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