Beatriz Benavente desconoció que se haya girado un oficio para incrementar el salario a los asesores de los congresistas; luego de que Alejandra Valdés fuera acusada de pedirle moche a su exasesor Paul Ibarra

Por: Ana Dora

Después de los señalamientos que hizo el activista Paul Ibarra, quien fuera ex asesor de la diputada Alejandra Valdés, el tema ha provocado diversas reacciones; sin embargo, el resto de los diputados ha evadido implicarse en el tema pese a que también ejercen recursos para la contratación de asesores.

Cabe recordar que Paul Ibarra denunció que la diputada de Morena le quitaba parte de su sueldo. Según dio a conocer la organización Ciudadanos Observando, el exasesor tuvo que depositar 8 mil pesos a la cuenta bancaria de Valdés Martínez el 16 de abril; el 2 de mayo se depositaron 7 mil pesos; el 13 de mayo 3 mil pesos y el 16 de mayo 5 mil pesos. 

Así, en dos meses la diputada de Morena le quitó 23 mil pesos de su sueldo.

La diputada Beatriz Benavente dijo en un principio no querer ahondar en el tema; sin embargo, ante la insistencia de reporteros habló y contradijo lo dicho por Alejandra Valdés respecto a la forma en que se autorizan los aumentos a los asesores: “la declaración no la comparto no es así el proceso”.

Dijo, además, desconocer algún documento que informe sobre el aumento al presupuesto destinado para la contratación de los asesores: “no he revisado todas las actas, a mis manos no ha llegado nada”.

Añadió que es necesario revisar la normatividad laboral para dichos contratos: “tiene que haber una lógica clara que aplique de manera concreta las remuneraciones para las personas”, dijo y agregó que cualquier acuerdo debe ser a través de la Junta de Coordinación Política

La legisladora dijo tener dos asesores que perciben veinte mil pesos cada uno, en un esquema de contrato asimilable a salarios, por lo que no cuentan con seguridad social y se dedican, entre otras cosas, al manejo de agenda, traslados, atención al público, apoyo para iniciativas legislativas y logística.

Finalmente, indicó que la razón por la que los asesores trabajan bajo ese esquema es para que no obtengan derechos y dijo además que no están impedidos para tener o recibir otras percepciones públicas, esto por el hecho de que Paul Ibarra, quien acusa a la diputada Alejandra Valdés, también es el presidente de una organización no
gubernamental, la cual recibió subsidios estatales.

“No hay limitante por ser de honorarios. Diferente sería si fuera basificado, si su asociación civil está trabajando eso, ya depende de la diputada que lo contrató”, justificó.

Por su parte, el diputado Cándido Ochoa, sobre el mismo tema, indicó lo contrario a Beatriz Benavente, pues aseguró que hay una prohibición de obtener recursos públicos a la par: “aquí en San Luis Potosí hay una exclusión de obtener dos sueldos”.

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