febrero 12, 2026

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Diputados contradicen a Alejandra Valdés sobre el pago de asesores

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Alejandra Valdés

Beatriz Benavente desconoció que se haya girado un oficio para incrementar el salario a los asesores de los congresistas; luego de que Alejandra Valdés fuera acusada de pedirle moche a su exasesor Paul Ibarra

Por: Ana Dora

Después de los señalamientos que hizo el activista Paul Ibarra, quien fuera ex asesor de la diputada Alejandra Valdés, el tema ha provocado diversas reacciones; sin embargo, el resto de los diputados ha evadido implicarse en el tema pese a que también ejercen recursos para la contratación de asesores.

Cabe recordar que Paul Ibarra denunció que la diputada de Morena le quitaba parte de su sueldo. Según dio a conocer la organización Ciudadanos Observando, el exasesor tuvo que depositar 8 mil pesos a la cuenta bancaria de Valdés Martínez el 16 de abril; el 2 de mayo se depositaron 7 mil pesos; el 13 de mayo 3 mil pesos y el 16 de mayo 5 mil pesos. 

Así, en dos meses la diputada de Morena le quitó 23 mil pesos de su sueldo.

La diputada Beatriz Benavente dijo en un principio no querer ahondar en el tema; sin embargo, ante la insistencia de reporteros habló y contradijo lo dicho por Alejandra Valdés respecto a la forma en que se autorizan los aumentos a los asesores: “la declaración no la comparto no es así el proceso”.

Dijo, además, desconocer algún documento que informe sobre el aumento al presupuesto destinado para la contratación de los asesores: “no he revisado todas las actas, a mis manos no ha llegado nada”.

Añadió que es necesario revisar la normatividad laboral para dichos contratos: “tiene que haber una lógica clara que aplique de manera concreta las remuneraciones para las personas”, dijo y agregó que cualquier acuerdo debe ser a través de la Junta de Coordinación Política

: “tenemos que bajarlo de la Jucopo, tiene que prevalecer la legalidad no podemos especular”.

La legisladora dijo tener dos asesores que perciben veinte mil pesos cada uno, en un esquema de contrato asimilable a salarios, por lo que no cuentan con seguridad social y se dedican, entre otras cosas, al manejo de agenda, traslados, atención al público, apoyo para iniciativas legislativas y logística.

Finalmente, indicó que la razón por la que los asesores trabajan bajo ese esquema es para que no obtengan derechos y dijo además que no están impedidos para tener o recibir otras percepciones públicas, esto por el hecho de que Paul Ibarra, quien acusa a la diputada Alejandra Valdés, también es el presidente de una organización no
gubernamental, la cual recibió subsidios estatales.

“No hay limitante por ser de honorarios. Diferente sería si fuera basificado, si su asociación civil está trabajando eso, ya depende de la diputada que lo contrató”, justificó.

Por su parte, el diputado Cándido Ochoa, sobre el mismo tema, indicó lo contrario a Beatriz Benavente, pues aseguró que hay una prohibición de obtener recursos públicos a la par: “aquí en San Luis Potosí hay una exclusión de obtener dos sueldos”.

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Ladrilleras, un problema social sin solución integral en SLP

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La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos

Por: Haniel Valdés

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.

La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.

El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.

Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.

La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.

En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.

Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.

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Incendios en febrero, un fenómeno atípico en SLP: SGG

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El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.

“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.

Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.

Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.

Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,

resultado del despliegue coordinado entre los tres órdenes de Gobierno.

Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.

En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.

Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.

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Senado avala reducción de la jornada laboral a 40 horas

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La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra

Por: Roberto Mendoza

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.

Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad

, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo manifestaron su respaldo al dictamen.

En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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