Estado
Diputado propone que abuelos que cuidan niños sean vacunados contra el covid
Cándido Ochoa dijo que los abuelos que sean tutores de menores de edad deben ser reconocidos como primera línea
Por: Redacción
El diputado Cándido Ochoa Rojas propuso una iniciativa de reforma al artículo 368, en su segundo párrafo, del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con el fin de que los abuelos tanto paternos como maternos, puedan ser reconocidos en primera línea como responsables de tutela de menores, en los casos de falta de padres.
Señala en su exposición de motivos, que la protección de los menores, a través del ejercicio de la patria potestad, es considerada como organismo protector de la persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipado que, en principio, tiene su origen en la filiación.
Donde los padres tienen la obligación de velar por los derechos e intereses de sus hijos menores, y a falta de estos, los abuelos, tanto maternos como paternos, se les debería de considerar para ser la primera línea con la posibilidad de cuidar de sus nietos, siempre que estén en posibilidad, para que así se llegue al beneficio de satisfacer las necesidades del menor.
Actualmente, la ley no considera a los abuelos para desempeñar la tutela, sino en primera línea a los hermanos de la persona incapaz y los demás parientes colaterales.
Indica que la persona idónea para cuidar de los menores de edad a falta de sus padres, debe ser quien satisfaga idóneamente sus necesidades.
El interés superior de la niñez, implica que las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño
o niña a quien va dirigida.
La iniciativa se encuentra en análisis al interior de la Comisión de Justicia.
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Marco Gama pide demostrar que la reforma al STJE mejora la justicia, tras advertencia sobre ampliación de plazos para dictar sentencias
Por: Angel Bravo
Según información de Quadratín, en estos últimos dos años solamente el 19 por ciento de los casos de violacion que llegan al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), terminan en sentencia.
Con estos datos, Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, pidió al Poder Judicial demostrar que la reforma estructural no fue solo administrativa, sino un cambio capaz de mejorar la respuesta institucional en delitos de alto impacto.
Gama subrayó que la advertencia de la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, sobre la ampliación de plazos para dictar sentencias, debe tomarse como una llamada de atención interna para revisar procesos y cerrar brechas.
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Los cuerpos se contaban con signos de violencia y disparos de arma de fuego
Por: Angel Bravo
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que se ha llevado a cabo la investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el fallecimiento de cinco personas que fueron localizadas cerca de la entrada a la comunidad de Paso Blanco, en el municipio de Ahualulco.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar la mañana d el
Hasta el momento no hay información oficial
La FGESLP mantiene abiertas diversas líneas de investigación y continúa con las diligencias para llegar a los responsables y el esclarecimiento total del caso.
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Esta reforma tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda
Por: Redacción
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presentó una iniciativa de reforma a LA Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí.
Busca complementar el proyecto presentado y elaborado en base a los planteamientos de asociaciones civiles que han manifestado su interés en la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los d elitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sumando los aspectos que mandata la citada reforma a la Ley General.
Tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General en la materia, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda y fortaleciendo la capacidad institucional para enfrentar este flagelo social.
El diputado Gámez Macías dijo que “la desaparición de personas es una problemática lacerante y prioritaria para nuestro Estado, no podemos quedarnos atrás en la protección de los derechos humanos y pasaremos de una unidad con capacidades limitadas a una institución robusta, con personal calificado y unidades mínimas que nos permitirán investigar y perseguir estos delitos con el enfoque de derechos humanos que las víctimas y sus familias merecen”.
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