Para el colectivo Huella Amiga, dejar libre a una persona acusada de ejercer violencia extrema contra animales envía un mensaje de impunidad y minimiza la gravedad del maltrato animal en SLP

Por: Redacción

La decisión judicial que permitió al hombre acusado de matar a balazos a dos perros en Soledad de Graciano Sánchez continuar su proceso penal en libertad reavivó las críticas de colectivos animalistas hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), a la que señalan de no haber defendido con suficiente contundencia la ejecución de la orden de aprehensión.

De acuerdo con Pulso, la organización Huella Amiga emitió un posicionamiento público en el que manifestó su preocupación por el alcance del amparo promovido por la defensa del imputado y cuestionó el papel desempeñado por la autoridad ministerial durante el procedimiento.

El colectivo consideró que la Fiscalía debió sostener con mayor firmeza los argumentos relacionados con la peligrosidad de las conductas atribuidas al acusado, al advertir que hechos de esta naturaleza trascienden el daño causado a los animales y generan inquietud sobre el riesgo que podría representar una persona capaz de ejercer violencia extrema contra seres indefensos.

Para la agrupación, permitir que el imputado enfrente el proceso fuera de prisión envía un mensaje de permisividad frente al maltrato animal y contribuye a minimizar el impacto social de este tipo de agresiones.

Huella Amiga también sostuvo que el caso involucra dos hechos distintos de violencia, cometidos en perjuicio de dos perros diferentes, por lo que cada conducta debería ser analizada y sancionada de manera individual conforme a su gravedad.

Asimismo, rechazó que factores como la edad del señalado o posibles problemas de salud mental puedan utilizarse para atenuar su responsabilidad sin que existan dictámenes periciales que acrediten dichas condiciones.

El colectivo advirtió que el asunto podría convertirse en un precedente desfavorable para la procuración de justicia en materia de protección animal en San Luis Potosí si las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos no asumen una postura más estricta.

En ese sentido, exigió a la Fiscalía fortalecer las investigaciones con respaldo científico y técnico, al Poder Judicial valorar el nivel de violencia ejercido en este tipo de casos y al Congreso del Estado avanzar en reformas orientadas a endurecer las medidas de protección animal, entre ellas la denominada Ley Hope.

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En un solo mes se registraron 178 reportes, 85 relacionados con tanques deteriorados

Por: Redacción

Los cilindros de gas LP en mal estado se han convertido en uno de los principales focos de riesgo en viviendas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, al grado de que las fugas de combustible encabezan actualmente los servicios de emergencia atendidos por el Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos.

Así lo advirtió el comandante Adolfo Benavente Duque, quien señaló que el incremento de reportes está relacionado, en buena medida, con el uso prolongado de recipientes deteriorados que continúan operando pese a presentar corrosión, golpes, válvulas dañadas o conexiones desgastadas.

El mando explicó que una práctica cada vez más común entre los usuarios es acudir directamente a estaciones de carburación o centros de llenado para recargar sus cilindros, lo que impide que las empresas distribuidoras realicen inspecciones periódicas y retiren de circulación aquellos tanques que representan un riesgo.

“Ese tipo de revisiones permitía detectar recipientes en malas condiciones y sustituirlos oportunamente. Hoy muchos continúan utilizándose durante años sin mantenimiento”, indicó.

Tan solo durante el mes pasado, la corporación atendió 178 reportes relacionados con fugas de gas, de los cuales 85 estuvieron asociados con cilindros que presentaban algún grado de deterioro.

Benavente Duque advirtió que las consecuencias no se limitan a pérdidas materiales. Cada mes, entre cuatro y cinco personas resultan lesionadas por explosiones, flamazos o escapes de gas derivados de fallas en instalaciones domésticas o recipientes en malas condiciones.

Ante este panorama, exhortó a la población a revisar periódicamente el estado físico de sus cilindros, verificar mangueras, reguladores y válvulas, y reemplazar cualquier tanque que presente señales visibles de desgaste, con el objetivo de evitar accidentes que pongan en peligro la integridad de las familias.

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Durante años, un hombre habría vivido de reproducir perros sin poder ofrecerles ni agua, ni comida, ni una muerte digna. No eran perros, eran mercancias hasta que dejaron de existir

Por: La Orquesta

La crueldad humana no puede justificarse en nuestra condición de seres humanos complejos e imperfectos, es un porqué pero no una justificación.

Lo ocurrido en Milpillas es difícil de procesar. No por falta de información, sino porque mientras más se sabe, más insoportable resulta imaginar el sufrimiento que soportaron esos animales.

Es constante el intentar entender a las personas crueles. Decimos que tuvieron una infancia complicada, que padecen enfermedades mentales, que son producto de la pobreza, de la ignorancia, del abandono institucional o de una sociedad enferma. Todo eso puede ayudarnos a entender de dónde viene la violencia. Es un porqué, pero jamás puede convertirse en una justificación.

Porque el hombre que operaba este criadero vivía de los perros. Su trabajo consistía, básicamente, en encerrar a un macho con una hembra dentro de una jaula para que se reprodujeran, vender las crías y repetir el proceso una y otra vez. Nada más. Explotaba animales para obtener un ingreso económico y aun así no pudo ofrecerles lo más elemental: agua accesible, alimento suficiente, atención veterinaria, un espacio limpio o una muerte digna.

La normalización de estos actos de personas así es profundamente preocupante. Vecinos cuentan que llevaba años funcionando de esta manera. Durante años, al parecer, para él fue insignificante que los perros sufrieran. Era irrelevante que estuvieran en los huesos. Era irrelevante que agonizaran. Era irrelevante que compartieran espacio con cadáveres de otros perros, que respiraran el olor de cuerpos en descomposición, que algunos nunca hubieran recibido una caricia, un paseo, una manta durante el frío o un tratamiento para enfermedades.

Y entonces aparece la pregunta más dolorosa: ¿cuántos perros murieron ahí? ¿Cuántos nacieron solo para ser vendidos? ¿Cuántos pasaron toda su vida dentro de una jaula? ¿Cuántos agonizaron durante días antes de morir? ¿Cuántos soportaron el hedor de otros muertos porque ni siquiera eran retirados de las instalaciones? ¿Cuántos más existen en otros patios, bodegas o periferias de este país y nunca los conoceremos porque nadie denuncia, porque las autoridades no van o porque aprendimos a convivir con el horror?

El causar dolor a un ser vivo indefenso habla mucho más de quien infringe ese dolor que de quien lo recibe. No hablamos únicamente de perros. Las personas hieren personas. Torturan personas. Matan personas. Las razones pueden ser políticas, económicas, sociales, familiares o personales, pero muchas veces tienen un hilo conductor: herir a otros desde las propias heridas no resueltas.

A quienes observamos desde fuera nos conmueve el sufrimiento, especialmente cuando se trata de seres incapaces de defenderse. Un perro no es una persona. Nunca lo será. Pero reconocer esa diferencia tampoco justifica minimizar el dolor que sentimos al imaginar la crueldad que soportaron estos animales. Deprimirnos ante ello no nos hace exagerados; probablemente nos hace una sociedad un poco menos enferma.

También debemos aceptar algo incómodo: la cárcel por si sola no cura a quien necesita infligir dolor. El castigo punitivo no repara la empatía rota de una persona. Sin embargo, sí debe existir un castigo ejemplar. Y en México, particularmente en San Luis Potosí, los castigos por maltrato animal suelen ser una burla. Hemos visto agresores salir prácticamente ilesos tras entregar costales de croquetas, cumplir medidas mínimas o evitar condenas efectivas, a pesar de que la legislación contempla penas de hasta cinco años de prisión en casos graves.

Quizá la prisión no transforme a un maltratador, pero las sanciones económicas severas sí pueden convertirse en un mecanismo disuasorio. A muchos les duele más perder dinero que saber que otro ser vivo sufrió bajo su responsabilidad.

La omisión institucional también es parte del problema. Resulta frustrante que cuando alguien roba un vehículo existan operativos, seguimiento y reacción inmediata, pero que cuando un policía observa a un animal siendo golpeado, encadenado, abandonado o muriendo lentamente, pocas veces intervenga. El maltrato animal debería asumirse con mayor seriedad y atenderse como un indicador de violencia social, no como una falta menor.

Hay otro componente incómodo: la periferia. En muchas comunidades alejadas de los centros de poder parece existir un mensaje tácito de impunidad. Ahí la gente construye sin permisos, quema basura, tira escombros, abandona animales y, a veces, opera criaderos clandestinos durante años sin consecuencias. Es un abandono institucional que termina normalizando cualquier cosa.

Finalmente, hay una responsabilidad colectiva que rara vez queremos asumir. Mientras siga existiendo un mercado dispuesto a pagar miles de pesos por un cachorro de determinada raza, seguirá habiendo personas dispuestas a reproducirlos en serie. Tal vez deberíamos dejar de decir “me encantan los perros, pero solo de tal raza”, porque ese supuesto amor muchas veces alimenta la industria que los convierte en mercancía.

El caso de Milpillas es indignante. Pero sería aún más indignante descubrir que dentro de unos meses volvemos a compartir fotografías de otro criadero, de otro perro en los huesos, de otro cadáver cubierto con cal, y reaccionamos con sorpresa, como si no supiéramos que el problema nunca fueron solamente los animales abandonados.

El problema es la facilidad con la que aprendimos a convivir con la crueldad.

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