Destacadas
Desastre electoral en San Luis | Un texto Observatorio Indígena Mesoamericano
«El Ceepac decidió brincarse las trancas y a sabiendas de los riesgos que implicaba la aprobación de los lineamientos electorales sin ser consultados»
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en su lugar a las y los Diputados integrantes del Congreso del Estado de San Luis Potosí, cuando, el 5 de octubre, invalidó la nueva Ley Electoral emitida el pasado 30 de junio, a partir de la acción de inconstitucionalidad 164/2020 presentada por un partido político.
¿Por qué? Por lo que se les dijo hasta el cansancio, por no haber realizado la Consulta previa, libre, informada y adecuada culturalmente hacia Pueblos y Comunidades indígenas del Estado.
Primero. Recordemos que al Poder Legislativo del Estado, se le hizo fácil intentar simular un proceso de consulta indígena totalmente imposible de atender por las comunidades y emitió una convocatoria sin haber considerado a las comunidades en el proceso de planeación y programación de la consulta, imponiendo sedes de eventos a su antojo y conveniencia.
Segundo. Al saturar dicha consulta con 21 iniciativas que nadie en su sano juicio podría haber analizado en menos de 30 días, menos aún lo podrían haber hecho las asambleas comunitarias.
Tercero. A estos hechos que fueron cuestionados al Congreso repetidas ocasiones y que los legisladores y en particular la Comisión de Asuntos indígenas no hicieron caso; se sumó como “anillo al dedo” de la incapacidad legislativa, la irrupción de la pandemia del COVID-19, con lo que “olímpicamente” los legisladores prefirieron hacerse de la vista gorda y decidieron “suspender” dicha consulta aduciendo las medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud para evitar la propagación de la pandemia. Al respecto se les olvidó por completo que tales medidas no significan la suspensión de derechos y que tuvieron que haber hecho el máximo esfuerzo para desarrollar el proceso consultivo de conformidad a las circunstancias y de buena fe. Esto último jamás existió en la mente de los diputados. Pues todo ha sido un maquiavélico juego de poder para continuar usurpando el voto indígena.
Cuarto. Aunado a esta omisión de no consultar, el Congreso decidió no legislar nada en materia indígena y aprobó una Ley electoral a contentillo y con el reloj fuera de tiempo, dejándole la “papa caliente” al CEEPAC, pues en su muy desventurado artículo 4º transitorio, el Congreso le dejó la ardua tarea de elaborar los lineamiento electorales hacia pueblos y comunidades indígenas. El CEEPAC, que ya venía trabajando dichos lineamientos, recurrió a los “sabios” que conforman la aristocracia académica del COLSAN y a los “expertos” zánganos del INDEPI que sólo trabajan a favor de las empresas constructoras, para que le asesoraran con sus investigaciones y puntadas. Resultado: unos leoninos lineamientos electorales que a nadie dejaban contentos, menos a las comunidades indígenas; pues de nueva cuenta, dichos lineamientos tampoco fueron consultados. Cuestión que hasta el cansancio se le insistió al CEEPAC y simplemente le valió… (perdón, no les importó).
Quinto. El CEEPAC decidió brincarse las trancas y a sabiendas de los riesgos que implicaba la aprobación de los lineamientos electorales sin ser consultados, los aprobó haciendo oídos sordos a los reclamos. Por ello las diversas expresiones reprobando tales lineamientos no se hicieron esperar, aún así el 29 de septiembre el Consejo del CEEPAC decidió continuar con su fiesta de omisiones y mentiras, aprobando dichos lineamientos.
Sexto. Enseguida, el día 2 de octubre, en Ciudad Valles; el CEEPAC en contubernio con INDEPI, intentó usar al Consejo Consultivo del INDEPI para buscar legitimar sus apócrifos lineamientos, como si dicha instancia consultiva pudiera hacer eso, lo cual legalmente no puede, pues no tiene atribuciones de sustituir un proceso de consulta a la que el CEEPAC está obligado. Por fortuna la mayoría de consejeros mandó prácticamente al averno dichos lineamientos y la protesta de diversos representantes indígenas se le enfrentó a la propia señora presidenta del CEEPAC a la que no le valió arroparse, incluso con la fuerza pública para no ser cuestionada. Un indígena en dicho reclamo frente a medios de comunicación, citó una frase lapidaria en ese encuentro; “usted presidenta por sus actos será juzgada por la historia”. No se equivocó.
Séptimo. Pero en este cúmulo de irresponsabilidades hay claramente identificadas instancias y personas. Para empezar el H. Congreso del Estado y al respecto no escapa ningún legislador, menos aún la raquítica Comisión de Asuntos Indígenas, donde por cierto no hay ningún indígena y cuya presidenta, con todo respeto, no le pega a una piñata ni con los ojos abiertos. Peor están el sinnúmero de asesores que no cobran mal, pero nada hacen bien.
Podríamos continuar con la entidad normativa del quehacer indigenista del Estado, como lo es el INDEPI, cuyo titular ha brillado más por su ineptitud y por su profundo y único interés por manipular y no consultar, dando brillantes ideas para eludir responsabilidad y lavarse las manos.
No puede faltar el doctor, maestro, licenciado, académico del COLSAN que todo lo sabe, pero que su actitud pusilánime y cortesana, simplemente lo vuelve un mercenario de la pluma.
La señora Presidenta del CEEPAC, me imagino ha de estar arrepentida de haber escuchado a todo este conjunto de personajes, y no haber escuchado al sujeto de derecho.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su “flamante” Consejo, que simplemente no quisieron entrarle al toro por los cuernos para interponer la acción de inconstitucional que le solicitaron en tiempo y forma los consejeros, directores y líderes indígenas. Alineándose a los designios de los diputados y eludiendo su responsabilidad de garantizar los derechos humanos y colectivos de los indígenas. No sea que se fuesen a enojar los patrones de sus conciencias. ¿lamentable no?
Octavo. Así es que la máxima autoridad judicial del país les leyó la plana de manera directa e indirecta al conjunto de estos incompetentes, ahora que la Suprema Corte de Justicia decretó que el proceso electoral que el CEEPAC dio banderazo el 30 de septiembre, sea con la legislación del 2014 con adecuaciones efectuadas en el 2018. Pareciera que nos quedamos atascados en el tiempo.
Por ello se convocó de manera urgente al Pleno del CEEPAC para resucitar los viejos y anacrónicos lineamientos electorales y así tener nueva elecciones con viejos esquemas de participación. El CEEPAC deberá tener cuidado de no entrar en desacato, pues sería un suicidio intentar brincarse la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos cómo el próximo sábado 10 de octubre, el CEEPAC y buena parte de los consejeros que lo integran reiteran su compromiso con los partidos políticos, antes que con la ciudadanía, que les ha conferido el encargo de vigilar los procesos electorales. Pues a ellos no les preocupa el devenir electoral y menos garantizarlo, ellos sólo están viendo cómo se colocan en lo que suponen es su “carrera” de funcionarios oportunistas.
Noveno. Ahora el Horroroso Congreso tendrá que iniciar la Consulta desde cero, pues si la emprende montándose en su viciado trabajo, será condenar de nueva cuenta la consulta a un fracaso.
Décimo. La pregunta clave ahora es: ¿Los indígenas y sus comunidades seguirán esperando que el CEEPAC o el Congreso les cumplan? Creo que no. La población indígena está harta de los partidos políticos y de sus simulaciones.
Es probable que el abstencionismo reine en la elección y se incremente la demanda indígena para reclamar sus derechos político electorales por la vía de usos y costumbres. Nada mal para una población que está presente en distintas proporciones en el territorio estatal y con mayor peso en la región Huasteca; región cuyo atractivo turístico, cultural, social y económico, continúa siendo ambicionado por extraños y protegido por las comunidades indígenas.
Para buena parte de la población indígena los partidos políticos son un modelo obsoleto y agotado que no ha garantizado el acceso a recursos y menos su propio desarrollo. Las comunidades están cansadas de la pobreza y la violencia que generan los pésimos gobiernos surgidos del sistema de partidos. Ni el Congreso y menos el CEEPAC han podido brindar garantía de equilibrar la balanza electoral para lograr la inclusión, la no discriminación y menos evitar el racismo hacia las comunidades indígenas.
Las comunidades han expresado que estas instancias y actores, ya han tenido su oportunidad de gobernar e imponer su visión y los resultados son catastróficos. Seguir privilegiando a un sistema de partidos que sólo vulnera derechos y empobrece a la población, es una necedad cuyos costos económicos, políticos, sociales y culturales es enorme. Ante tanto insulto, omisión y agravios; no resultará extraño que las comunidades indígenas no sólo sigan cuestionando, sino también se inicien acciones que vayan configurando la instalación de gobiernos indígenas, lo cual no debería espantar a nadie, pues para ellas el gobierno es una faena y no un negocio.
Juan Felipe Cisneros Sánchez
Observatorio Indígena Mesoamericano.
También lee: El alfiler que rompe al Globo. No-va-Na-va | Apuntes de Jorge Saldaña
Portadas locales
San Luis Hoy: Víctimas demandan justicia. Familias afectadas por hechos violentos exigen resultados a la Fiscalía General del Estado. Destacan también el costo de la CEGAIP (2 mdp mensuales) y el rezago en vialidades.
Plano Informativo: Contaminación pone en riesgo a los potosinos. Altos niveles de PM2.5, PM10 y ozono generados por vehículos, industria, quema y actividades clandestinas.
Pulso SLP: Policías estatales bajos en certificación. Oculta CEDH datos sobre recomendaciones. Marcha de familias de víctimas a la FGE. Bulevar descuidado.
Columnas locales
La Bitácora – San Luis Hoy: La transparencia sale muy cara. La CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios mantienen sueldos elevados: José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesos mensuales, Ana Cristina García Nales 78 mil y la directora administrativa Gabriela López Fraga 25 mil. Solo la nómina ronda los 888 mil pesos al mes.
De Todos – Pulso SLP: Alcaldía: otra hackeada. Ignoran al gobernador. La columna señala un nuevo incidente de vulneración digital en el Ayuntamiento capitalino y critica la falta de coordinación y reconocimiento hacia el gobierno del estado en los temas de obras y seguridad informática.
El Gato Filósofo (Elucubraciones) – Código San Luis: El juego sucio del PAN. El columnista analiza las maniobras internas y las prácticas de imposición dentro de Acción Nacional en San Luis Potosí, particularmente en la definición de coordinadores y posibles candidaturas de cara a 2027.
El Radar – Antena San Luis (Jesús Aguilar): Mil 413 policías sin certificar: ¿quién responde? En dos años la certificación de policías municipales cayó 40.7 por ciento (de 95.9 a 55.2 por ciento). Casi mil 413 elementos carecen de Certificado Único Policial. Se exige rendición de cuentas a quienes los contratan, evalúan y envían a las calles.
El Sótano – El Mañana SLP: Las investigaciones por el millonario desfalco al fondo estatal de pensiones avanzan. Luis Arturo Coronado Puente confirma colaboración abierta con la FGE y advierte nuevas carpetas. Ricardo Gallardo relevó a Isabel Leticia Vargas Tinajero en Seduvop; entra Jorge Grimaldo Limón con la instrucción de acelerar obras de movilidad. San Luis Potosí se consolida como la segunda entidad con mayor reducción de homicidios dolosos (tasa de 0.9 por cada 100 mil habitantes frente a 6.7 nacional, según México Evalúa) y como segunda mejor opción de inversión extranjera.
Notas prioritarias de la Alcaldía Capital:
Ciudadanos salen a tapar baches mientras el alcalde reconoce rezago en las calles (Astrolabio). Adoquines dañados afectan la circulación en el Centro Histórico (El Sol de San Luis). Cierre de Bulevar Españita por trabajos del “puentecito La Tripita” genera críticas por el espectáculo mediático (redes ciudadanas). Fallas y enojo ciudadano por el puente peatonal de Cordillera de los Alpes (Última Hora SLP). Interapas deja obras a medias en el Centro Histórico; el “100 por ciento” anunciado no se concreta (OCnoticias). El Ayuntamiento sigue posponiendo la peatonalización del Centro Histórico (OCnoticias). Asalto a plena luz del día en Himalaya y robo de batería en General I. Martínez (redes ciudadanas). Interapas surte agua con drenaje incluido en la General I. Martínez (Tiradero San Luis). Regreso de “mordelones” a la zona universitaria con el inicio de clases (redes ciudadanas). Hundimiento en la estructura del puente de Pánfilo Natera (redes ciudadanas). Fuga de agua termal sin reparar en el Centro (Chikilín). El alcalde puso en marcha la renovación de la calle Oro en Fracción Morales (Antena San Luis).
Notas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona:
Gallardo mantiene 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional, el mejor evaluado entre los gobernadores de la Cuarta Transformación (Código San Luis / Polls.Mx). Relevo en Seduvop: Jorge Grimaldo Limón sustituye a Isabel Leticia Vargas Tinajero con la instrucción de acelerar obras de movilidad y conectividad. Giras de trabajo en Huehuetlán, Santa María del Río y Matlapa para reforzar programas sociales de SEDESORE. Presencia activa en la FENAPO: entrega de boletos para Grupo Firme y recepción a Sin Bandera. San Luis Potosí se mantiene como segunda entidad con mayor baja de homicidios dolosos y segunda mejor opción de inversión extranjera. Tras reunión con el alcalde Enrique Galindo, la Contraloría liberó 19 obras para la capital, incluido el paso a desnivel de El Saucito.
Columnas y temas nacionales:
Templo Mayor (Reforma): La extradición desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna (huachicol fiscal) coincidió con la visita de Omar García Harfuch a Buenos Aires. Operativos federales fallidos: se escapó el alcalde de Paraíso, Tabasco, y no detuvieron a “El Tío Lako” del CJNG en Michoacán, lo que provocó narcobloqueos. Queda abierto quién llevará el proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
Jaque Mate (Sergio Sarmiento – Reforma): García Harfuch construyó puentes con la DEA en Buenos Aires pese a la resistencia inicial de la presidenta Sheinbaum. Terry Cole lo llamó “socio de confianza”. Sheinbaum habló de “doble discurso” de la agencia estadounidense.
Bajo Reserva (El Universal): Gerardo Fernández Noroña exhibió una “visa dorada” que no correspondía al formato oficial. La Auditoría Superior de la Federación investiga el fallido examen de admisión de la UNAM. El gobernador de Hidalgo llevó buenas noticias de inversión a Palacio Nacional.
Carlos Loret de Mola (El Universal): Detención en Mérida de Justo Rivera Parrazales, operador del Clan de Andy López Beltrán, acusado de ser operador financiero del Cártel del Noreste. Se aseguraron 15 vehículos de lujo, dólares, joyas y armas. También hay presión del Partido Verde por liberar a Raúl Piña Horta, exsecretario particular de Jorge Emilio González Martínez.
Héctor de Mauleón (El Universal): Operativo federal en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” (CJNG). Se halló un arsenal enorme (64 vehículos, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, drones y explosivos), pero el objetivo principal no estaba. Se registraron 25 narcobloqueos. “Alborotaron el avispero y no avisaron”.
También lee: Plan carretero busca renovar todas las vías entre 15 municipios del Altiplano
El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción
Por: Ana G Silva
Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.
Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.
El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.
Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.
“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.
Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.
Tratar la adicción, parte de la reinserción
López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.
Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.
Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.
Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.
La medida judicial puede ayudar al tratamiento
Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.
Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.
La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.
Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.
López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.
“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.
Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.
También lee: Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi
José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles
Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar
La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat
González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.
No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.
También lee: Marchan por Salvita y Zahid; exigen a Fiscalía avances en ambos casos
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad4 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos4 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
