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Desastre electoral en San Luis | Un texto Observatorio Indígena Mesoamericano
«El Ceepac decidió brincarse las trancas y a sabiendas de los riesgos que implicaba la aprobación de los lineamientos electorales sin ser consultados»
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en su lugar a las y los Diputados integrantes del Congreso del Estado de San Luis Potosí, cuando, el 5 de octubre, invalidó la nueva Ley Electoral emitida el pasado 30 de junio, a partir de la acción de inconstitucionalidad 164/2020 presentada por un partido político.
¿Por qué? Por lo que se les dijo hasta el cansancio, por no haber realizado la Consulta previa, libre, informada y adecuada culturalmente hacia Pueblos y Comunidades indígenas del Estado.
Primero. Recordemos que al Poder Legislativo del Estado, se le hizo fácil intentar simular un proceso de consulta indígena totalmente imposible de atender por las comunidades y emitió una convocatoria sin haber considerado a las comunidades en el proceso de planeación y programación de la consulta, imponiendo sedes de eventos a su antojo y conveniencia.
Segundo. Al saturar dicha consulta con 21 iniciativas que nadie en su sano juicio podría haber analizado en menos de 30 días, menos aún lo podrían haber hecho las asambleas comunitarias.
Tercero. A estos hechos que fueron cuestionados al Congreso repetidas ocasiones y que los legisladores y en particular la Comisión de Asuntos indígenas no hicieron caso; se sumó como “anillo al dedo” de la incapacidad legislativa, la irrupción de la pandemia del COVID-19, con lo que “olímpicamente” los legisladores prefirieron hacerse de la vista gorda y decidieron “suspender” dicha consulta aduciendo las medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud para evitar la propagación de la pandemia. Al respecto se les olvidó por completo que tales medidas no significan la suspensión de derechos y que tuvieron que haber hecho el máximo esfuerzo para desarrollar el proceso consultivo de conformidad a las circunstancias y de buena fe. Esto último jamás existió en la mente de los diputados. Pues todo ha sido un maquiavélico juego de poder para continuar usurpando el voto indígena.
Cuarto. Aunado a esta omisión de no consultar, el Congreso decidió no legislar nada en materia indígena y aprobó una Ley electoral a contentillo y con el reloj fuera de tiempo, dejándole la “papa caliente” al CEEPAC, pues en su muy desventurado artículo 4º transitorio, el Congreso le dejó la ardua tarea de elaborar los lineamiento electorales hacia pueblos y comunidades indígenas. El CEEPAC, que ya venía trabajando dichos lineamientos, recurrió a los “sabios” que conforman la aristocracia académica del COLSAN y a los “expertos” zánganos del INDEPI que sólo trabajan a favor de las empresas constructoras, para que le asesoraran con sus investigaciones y puntadas. Resultado: unos leoninos lineamientos electorales que a nadie dejaban contentos, menos a las comunidades indígenas; pues de nueva cuenta, dichos lineamientos tampoco fueron consultados. Cuestión que hasta el cansancio se le insistió al CEEPAC y simplemente le valió… (perdón, no les importó).
Quinto. El CEEPAC decidió brincarse las trancas y a sabiendas de los riesgos que implicaba la aprobación de los lineamientos electorales sin ser consultados, los aprobó haciendo oídos sordos a los reclamos. Por ello las diversas expresiones reprobando tales lineamientos no se hicieron esperar, aún así el 29 de septiembre el Consejo del CEEPAC decidió continuar con su fiesta de omisiones y mentiras, aprobando dichos lineamientos.
Sexto. Enseguida, el día 2 de octubre, en Ciudad Valles; el CEEPAC en contubernio con INDEPI, intentó usar al Consejo Consultivo del INDEPI para buscar legitimar sus apócrifos lineamientos, como si dicha instancia consultiva pudiera hacer eso, lo cual legalmente no puede, pues no tiene atribuciones de sustituir un proceso de consulta a la que el CEEPAC está obligado. Por fortuna la mayoría de consejeros mandó prácticamente al averno dichos lineamientos y la protesta de diversos representantes indígenas se le enfrentó a la propia señora presidenta del CEEPAC a la que no le valió arroparse, incluso con la fuerza pública para no ser cuestionada. Un indígena en dicho reclamo frente a medios de comunicación, citó una frase lapidaria en ese encuentro; “usted presidenta por sus actos será juzgada por la historia”. No se equivocó.
Séptimo. Pero en este cúmulo de irresponsabilidades hay claramente identificadas instancias y personas. Para empezar el H. Congreso del Estado y al respecto no escapa ningún legislador, menos aún la raquítica Comisión de Asuntos Indígenas, donde por cierto no hay ningún indígena y cuya presidenta, con todo respeto, no le pega a una piñata ni con los ojos abiertos. Peor están el sinnúmero de asesores que no cobran mal, pero nada hacen bien.
Podríamos continuar con la entidad normativa del quehacer indigenista del Estado, como lo es el INDEPI, cuyo titular ha brillado más por su ineptitud y por su profundo y único interés por manipular y no consultar, dando brillantes ideas para eludir responsabilidad y lavarse las manos.
No puede faltar el doctor, maestro, licenciado, académico del COLSAN que todo lo sabe, pero que su actitud pusilánime y cortesana, simplemente lo vuelve un mercenario de la pluma.
La señora Presidenta del CEEPAC, me imagino ha de estar arrepentida de haber escuchado a todo este conjunto de personajes, y no haber escuchado al sujeto de derecho.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su “flamante” Consejo, que simplemente no quisieron entrarle al toro por los cuernos para interponer la acción de inconstitucional que le solicitaron en tiempo y forma los consejeros, directores y líderes indígenas. Alineándose a los designios de los diputados y eludiendo su responsabilidad de garantizar los derechos humanos y colectivos de los indígenas. No sea que se fuesen a enojar los patrones de sus conciencias. ¿lamentable no?
Octavo. Así es que la máxima autoridad judicial del país les leyó la plana de manera directa e indirecta al conjunto de estos incompetentes, ahora que la Suprema Corte de Justicia decretó que el proceso electoral que el CEEPAC dio banderazo el 30 de septiembre, sea con la legislación del 2014 con adecuaciones efectuadas en el 2018. Pareciera que nos quedamos atascados en el tiempo.
Por ello se convocó de manera urgente al Pleno del CEEPAC para resucitar los viejos y anacrónicos lineamientos electorales y así tener nueva elecciones con viejos esquemas de participación. El CEEPAC deberá tener cuidado de no entrar en desacato, pues sería un suicidio intentar brincarse la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos cómo el próximo sábado 10 de octubre, el CEEPAC y buena parte de los consejeros que lo integran reiteran su compromiso con los partidos políticos, antes que con la ciudadanía, que les ha conferido el encargo de vigilar los procesos electorales. Pues a ellos no les preocupa el devenir electoral y menos garantizarlo, ellos sólo están viendo cómo se colocan en lo que suponen es su “carrera” de funcionarios oportunistas.
Noveno. Ahora el Horroroso Congreso tendrá que iniciar la Consulta desde cero, pues si la emprende montándose en su viciado trabajo, será condenar de nueva cuenta la consulta a un fracaso.
Décimo. La pregunta clave ahora es: ¿Los indígenas y sus comunidades seguirán esperando que el CEEPAC o el Congreso les cumplan? Creo que no. La población indígena está harta de los partidos políticos y de sus simulaciones.
Es probable que el abstencionismo reine en la elección y se incremente la demanda indígena para reclamar sus derechos político electorales por la vía de usos y costumbres. Nada mal para una población que está presente en distintas proporciones en el territorio estatal y con mayor peso en la región Huasteca; región cuyo atractivo turístico, cultural, social y económico, continúa siendo ambicionado por extraños y protegido por las comunidades indígenas.
Para buena parte de la población indígena los partidos políticos son un modelo obsoleto y agotado que no ha garantizado el acceso a recursos y menos su propio desarrollo. Las comunidades están cansadas de la pobreza y la violencia que generan los pésimos gobiernos surgidos del sistema de partidos. Ni el Congreso y menos el CEEPAC han podido brindar garantía de equilibrar la balanza electoral para lograr la inclusión, la no discriminación y menos evitar el racismo hacia las comunidades indígenas.
Las comunidades han expresado que estas instancias y actores, ya han tenido su oportunidad de gobernar e imponer su visión y los resultados son catastróficos. Seguir privilegiando a un sistema de partidos que sólo vulnera derechos y empobrece a la población, es una necedad cuyos costos económicos, políticos, sociales y culturales es enorme. Ante tanto insulto, omisión y agravios; no resultará extraño que las comunidades indígenas no sólo sigan cuestionando, sino también se inicien acciones que vayan configurando la instalación de gobiernos indígenas, lo cual no debería espantar a nadie, pues para ellas el gobierno es una faena y no un negocio.
Juan Felipe Cisneros Sánchez
Observatorio Indígena Mesoamericano.
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La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.
Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.
En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.
Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.
Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas
A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.
Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.
En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.
Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.
En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.
Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.
Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.
Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.
Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.
Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.
El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.
Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.
Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.
El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.
Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.
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En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente
Por: Haniel Valdés
Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.
La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.
Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.
El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.
Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.
Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.
El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.
Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”
En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.
Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.
Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.
Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.
Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.
Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.
También lee: Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans
Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.
El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.
De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.
Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.
El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.
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