Un grupo de activistas, en conjunto con diputados de Morena, buscan que en San Luis Potosí se reconozca el derecho a abortar de las mujeres

Un grupo de ciudadanas, en conjunto con los diputados Pedro César Carrizales Becerra y Marité Hernández Correa, presentarán este jueves una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para agregar el derecho a la interrupción del embarazo, así como el derecho de los niños a ser adoptados.

En el documento, tanto las activistas como los legisladores especifican que la reforma “adiciona dos párrafos al artículo 12 y reforma el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con la finalidad de reconocer el Derecho a la Interrupción Libre e Informada del Embarazo; así como el Derecho de los Niños y Niñas a ser Adoptados bajo la procuración del Estado”.

Sobre el primer tópico, el grupo plantea que las mujeres puedan interrumpir el período de gestación hasta la semana doce y, además, que el personal encargado de practicarlo no podrá anteponer la objeción de conciencia en los casos en que se trate de una emergencia que ponga en riesgo la vida de la mujer.

Como fundamento legal, plantean que “la interrupción legal del embarazo puede definirse como la decisión libre, consiente e informada de una mujer para finalizar su embarazo antes de las 12 semanas posteriores a la concepción. Significa el derecho a decidir sobre su cuerpo con voluntad plena, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 4º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señ ala que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

Debemos de tener claro, y asentar como base, que el derecho a interrumpir el embarazo es constitucionalmente válido, ya que si toda persona tiene el derecho a decidir sobre el número de sus hijos, a contrario sensu las mujeres estarían autorizadas por nuestra carta magna para decidir no tener ninguno, incluso a pesar de estar en situación de gravidez”.

Los promoventes de la iniciativa también aportan datos científicos e indican que “la ciencia en su área de la neurobiología, al estudiar el desarrollo anatómico y funcional del sistema nervioso, ha determinado que un embrión de 12 semanas no puede ser considerado un individuo biológico ni mucho menos una persona cuya existencia implica tener vida humana”.

Por ello, el proyecto de decreto propone que al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí se agregue lo siguiente:

“Esta Constitución reconoce a las mujeres el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo en un término máximo de doce semanas de gestación. El Estado garantizará el acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer de forma responsable y segura sus derechos sexuales y reproductivos”.

Además, se propone derogar el párrafo del artículo 16 en el que se establece la punibilidad para el aborto de acuerdo con diversas causales: “cuando sea consecuencia de
una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte”.

Acerca del derecho a la adopción, el documento señala que “existen más de 30 mil personas como ocupantes de casas hogar, orfanatorios y casas cuna” y que “derivado de ello, se puede concluir que no existen políticas públicas que fomenten la adopción y garanticen el derecho de los niños y niñas a tener una familia”.

Por lo anterior, proponen que al artículo 12 se adicione el siguiente párrafo:

“Los niños y las niñas tienen derecho a ser adoptados cuando carezcan de familia o de personas aptas para su crianza y cuidado, el Estado procurara que los niños y niñas en
situación de orfandad gocen de una familia mediante la figura de adopción, siempre conforme al principio del interés superior de la niñez”.

Van por despenalizar aborto y su práctica en todas las clínicas de SLP