julio 27, 2026

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Deportaciones desde SLP bajaron a más de la mitad

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En enero y febrero de 2019, 205 extranjeros fueron devueltos a sus países; en 2018 el número había sido de 569 

Por: El Saxofón

Las deportaciones de centroamericanos desde San Luis Potosí cayeron a menos de la mitad en el primer bimestre del año. De acuerdo con el Boletín Estadístico Mensual de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), -en su apartado extranjeros presentados y devueltos-, en enero y febrero de 2019, han sido devueltos a sus países de origen, 205 extranjeros, mientras que en el mismo periodo de 2018, fueron retornados 569.

De los 205 extranjeros devueltos, 203 son procedentes de países centroamericanos y dos de América del Sur, más específicamente de Colombia. Entre los centroamericanos deportados, destacan 151 hondureños, 33 guatemaltecos, 18 salvadoreños y uno procedente de Nicaragua. De esta cifra, al menos 35 de los migrantes son menores de edad.

También resalta que en el caso de los centroamericanos devueltos a sus países, no se trató de deportaciones, sino de eventos de retorno asistido: 168 de los casos fueron en ese supuesto, 35 de los cuales fueron Retorno asistido de menores.

La Segob aclara que los “Eventos de retorno asistido: Se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen, según lo previsto los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento, previo proceso administrativo de presentación según lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley”.

En cuanto a los “Eventos de retorno asistido de menores: Se refiere a devoluciones de menores de 18 años devueltos a su país de origen, según los previsto en los artículos 111, 112, 115 y 120 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento.

La baja en el número de deportaciones de migrantes procedentes de la región de Centroamérica, coincide con el paso de una caravana de migrantes, que a principios del mes de febrero pasó por territorio potosino con el fin de llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia el país del norte.

Sin embargo, también destaca que la cifra más baja se registró en enero, cuando solo 50 migrantes fueron apoyados para regresar a sus países, mientras que en febrero, el mes en el que pasó la caravana, la cifra se elevó a 155.

Del total de centroamericanos que fueron sujetos de retorno asistido, fueron 147 hombres y 20 mujeres.

Aunado a ello, entre enero y febrero 64 menores fueron presentados ante la autoridad migratoria en San Luis Potosí; 23 eran adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, de los cuales 12 viajaban acompañados y 11 viajaban solos.

También fueron presentados 41 menores de cero hasta 11 años, los cuales todos viajaban en compañía de un adulto.

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A nivel nacional, en el primer bimestre del año, fueron devueltos a sus países 13 mil 643 extranjeros. En enero la cifra fue de 5 mil 596, y en febrero ascendió a 8 mil 407.

Este volumen de extranjeros retornados también es inferior al registrado en el mismo periodo del 2018, cuando se repatriaron 16 mil 954 extranjeros, la mayoría procedentes de países de Centroamérica.

Recientemente, las políticas migratorias de México se han visto envueltas en la polémica, pues hay quien considera que el gobierno federal está fungiendo como una contención al flujo migratorio que se dirige hacia los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha entregado miles de visas humanitarias a migrantes, con el fin de regular su paso por el territorio nacional y ofrecerles mayor seguridad en la travesía.

Entidades del centro del país, como San Luis Potosí, siguen fungiendo como zonas de tránsito, a las cuales los migrantes llegan y permanecen por unos días antes de continuar en la ruta.

En octubre de 2018, a raíz de las expresiones xenófobas del presidente Donald Trump, en Estados Unidos, miles de centroamericanos se organizaron en caravanas para llegar a México y avanzar hacia la frontera norte del país con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos, mientras esperan respuesta se asientan en ciudades fronterizas mexicanas, y algunos incluso se entregan a las autoridades migratorias estadounidenses, sobre todo familias, con la esperanza de obtener la estancia legal en aquel país.

El fenómeno se hace eco a nivel mundial. Recientemente, la fotografía ganadora del prestigioso World Press Photo 2019, correspondió a la escena en la cual una mujer es cateada por agentes de la policía migratoria de Estados Unidos, mientras su pequeña hija rompe en llanto.

Lo cierto es que mientras el gobierno mexicano plantea soluciones de fondo mediante la búsqueda de empleos para los migrantes, el presidente Donald Trump ha optado por la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, como la manera de frenar el desplazamiento de migrantes hacia la región.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado al de Donald Trump que Estados Unidos ayude a estimular el desarrollo económico en la región de Centroamérica a fin de ofrecer mayores oportunidades a las miles de personas que huyen de la violencia y sobre todo, de la pobreza.

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También de Estados Unidos a SLP

– 211 niños potosinos fueron deportados en 2018

En 2018, las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 211 menores potosinos, según el Boletín Estadístico de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. De los menores deportados 199 fueron varones y 12 mujeres.

De acuerdo con estas cifras, el año pasado fueron repatriados 205 adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 17 años, (197 hombres y 8 mujeres), así como 6 niños de once años o menos (2 niños y 4 niñas).

Nueve de cada diez adolescentes potosinos que emprenden el viaje hacia el sueño americano, lo hacen sin la compañía de un adulto. Según los datos de Menores Deportados 2018 de la Segob, el 95.12 por ciento de los adolescentes viajaban solos, y solo 10 de ellos lo hacían acompañados por un adulto.

En el caso de los 6 niños repatriados, 5 viajaban acompañados y solo 1 menor del sexo masculino emprendió la travesía en solitario.

La cifra de menores deportados en 2018, representa un aumento de 3.9 por ciento, con respecto al 2017, cuando se reportaron 203 repatriaciones.

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Trump planea enviar a migrantes a ciudades santuario

– La oposición consideró el plan como “irrespetuoso”

El presidente Donald Trump tuiteó el pasado 12 de abril que está teniendo “fuertes consideraciones” para colocar a “migrantes ilegales en ciudades santuario solamente”. El mandatario publicó su tuit horas después de que la Casa Blanca dijera que la idea ya no estaba siendo estimada.

Señaló que esta decisión “debería hacer felices” a los demócratas que defienden la política de “Fronteras Abiertas”, la Casa Blanca informó horas antes que había contemplado un plan para liberar a los migrantes detenidos en las llamadas ciudades santuario, pero que el plan fue desestimado rápidamente por los abogados y abandonado.

Las ciudades santuario son lugares donde las autoridades locales se han abstenido de cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) al momento de detener a quienes residen ilegalmente en el país.

El plan fue criticado por opositores, que lo ven como un intento de utilizar a los migrantes como peones para castigar a los opositores políticos de Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el plan es “irrespetuoso”.

Niño guatemalteco murió en centro de detención en EUA por influenza

 

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Violencia e influyentismo: el caso que persigue al alcalde de Cerro de San Pedro

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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito

Por: Redacción

A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.

A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.

La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.

De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.

Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.

Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.

No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.

De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.

La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.

Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.

El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.

Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.

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Seis de cada diez potosinos consideran insegura la capital

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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado

Por: Ana G Silva

La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.

Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.

Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.

La comparación anual muestra un panorama distinto

Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.

En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento

, es decir, 12.3 puntos porcentuales menos, una reducción que el propio INEGI identifica como estadísticamente significativa.

Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.

A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.

A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.

Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.

La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.

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Operativo interinstitucional asegura a un presunto agresor de elementos de la GCE

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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.

El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones

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La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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