noviembre 3, 2026

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Deportaciones desde SLP bajaron a más de la mitad

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En enero y febrero de 2019, 205 extranjeros fueron devueltos a sus países; en 2018 el número había sido de 569 

Por: El Saxofón

Las deportaciones de centroamericanos desde San Luis Potosí cayeron a menos de la mitad en el primer bimestre del año. De acuerdo con el Boletín Estadístico Mensual de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), -en su apartado extranjeros presentados y devueltos-, en enero y febrero de 2019, han sido devueltos a sus países de origen, 205 extranjeros, mientras que en el mismo periodo de 2018, fueron retornados 569.

De los 205 extranjeros devueltos, 203 son procedentes de países centroamericanos y dos de América del Sur, más específicamente de Colombia. Entre los centroamericanos deportados, destacan 151 hondureños, 33 guatemaltecos, 18 salvadoreños y uno procedente de Nicaragua. De esta cifra, al menos 35 de los migrantes son menores de edad.

También resalta que en el caso de los centroamericanos devueltos a sus países, no se trató de deportaciones, sino de eventos de retorno asistido: 168 de los casos fueron en ese supuesto, 35 de los cuales fueron Retorno asistido de menores.

La Segob aclara que los “Eventos de retorno asistido: Se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen, según lo previsto los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento, previo proceso administrativo de presentación según lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley”.

En cuanto a los “Eventos de retorno asistido de menores: Se refiere a devoluciones de menores de 18 años devueltos a su país de origen, según los previsto en los artículos 111, 112, 115 y 120 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento.

La baja en el número de deportaciones de migrantes procedentes de la región de Centroamérica, coincide con el paso de una caravana de migrantes, que a principios del mes de febrero pasó por territorio potosino con el fin de llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia el país del norte.

Sin embargo, también destaca que la cifra más baja se registró en enero, cuando solo 50 migrantes fueron apoyados para regresar a sus países, mientras que en febrero, el mes en el que pasó la caravana, la cifra se elevó a 155.

Del total de centroamericanos que fueron sujetos de retorno asistido, fueron 147 hombres y 20 mujeres.

Aunado a ello, entre enero y febrero 64 menores fueron presentados ante la autoridad migratoria en San Luis Potosí; 23 eran adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, de los cuales 12 viajaban acompañados y 11 viajaban solos.

También fueron presentados 41 menores de cero hasta 11 años, los cuales todos viajaban en compañía de un adulto.

***

A nivel nacional, en el primer bimestre del año, fueron devueltos a sus países 13 mil 643 extranjeros. En enero la cifra fue de 5 mil 596, y en febrero ascendió a 8 mil 407.

Este volumen de extranjeros retornados también es inferior al registrado en el mismo periodo del 2018, cuando se repatriaron 16 mil 954 extranjeros, la mayoría procedentes de países de Centroamérica.

Recientemente, las políticas migratorias de México se han visto envueltas en la polémica, pues hay quien considera que el gobierno federal está fungiendo como una contención al flujo migratorio que se dirige hacia los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha entregado miles de visas humanitarias a migrantes, con el fin de regular su paso por el territorio nacional y ofrecerles mayor seguridad en la travesía.

Entidades del centro del país, como San Luis Potosí, siguen fungiendo como zonas de tránsito, a las cuales los migrantes llegan y permanecen por unos días antes de continuar en la ruta.

En octubre de 2018, a raíz de las expresiones xenófobas del presidente Donald Trump, en Estados Unidos, miles de centroamericanos se organizaron en caravanas para llegar a México y avanzar hacia la frontera norte del país con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos, mientras esperan respuesta se asientan en ciudades fronterizas mexicanas, y algunos incluso se entregan a las autoridades migratorias estadounidenses, sobre todo familias, con la esperanza de obtener la estancia legal en aquel país.

El fenómeno se hace eco a nivel mundial. Recientemente, la fotografía ganadora del prestigioso World Press Photo 2019, correspondió a la escena en la cual una mujer es cateada por agentes de la policía migratoria de Estados Unidos, mientras su pequeña hija rompe en llanto.

Lo cierto es que mientras el gobierno mexicano plantea soluciones de fondo mediante la búsqueda de empleos para los migrantes, el presidente Donald Trump ha optado por la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, como la manera de frenar el desplazamiento de migrantes hacia la región.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado al de Donald Trump que Estados Unidos ayude a estimular el desarrollo económico en la región de Centroamérica a fin de ofrecer mayores oportunidades a las miles de personas que huyen de la violencia y sobre todo, de la pobreza.

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También de Estados Unidos a SLP

– 211 niños potosinos fueron deportados en 2018

En 2018, las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 211 menores potosinos, según el Boletín Estadístico de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. De los menores deportados 199 fueron varones y 12 mujeres.

De acuerdo con estas cifras, el año pasado fueron repatriados 205 adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 17 años, (197 hombres y 8 mujeres), así como 6 niños de once años o menos (2 niños y 4 niñas).

Nueve de cada diez adolescentes potosinos que emprenden el viaje hacia el sueño americano, lo hacen sin la compañía de un adulto. Según los datos de Menores Deportados 2018 de la Segob, el 95.12 por ciento de los adolescentes viajaban solos, y solo 10 de ellos lo hacían acompañados por un adulto.

En el caso de los 6 niños repatriados, 5 viajaban acompañados y solo 1 menor del sexo masculino emprendió la travesía en solitario.

La cifra de menores deportados en 2018, representa un aumento de 3.9 por ciento, con respecto al 2017, cuando se reportaron 203 repatriaciones.

Entonado

Trump planea enviar a migrantes a ciudades santuario

– La oposición consideró el plan como “irrespetuoso”

El presidente Donald Trump tuiteó el pasado 12 de abril que está teniendo “fuertes consideraciones” para colocar a “migrantes ilegales en ciudades santuario solamente”. El mandatario publicó su tuit horas después de que la Casa Blanca dijera que la idea ya no estaba siendo estimada.

Señaló que esta decisión “debería hacer felices” a los demócratas que defienden la política de “Fronteras Abiertas”, la Casa Blanca informó horas antes que había contemplado un plan para liberar a los migrantes detenidos en las llamadas ciudades santuario, pero que el plan fue desestimado rápidamente por los abogados y abandonado.

Las ciudades santuario son lugares donde las autoridades locales se han abstenido de cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) al momento de detener a quienes residen ilegalmente en el país.

El plan fue criticado por opositores, que lo ven como un intento de utilizar a los migrantes como peones para castigar a los opositores políticos de Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el plan es “irrespetuoso”.

Niño guatemalteco murió en centro de detención en EUA por influenza

 

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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire

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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública

Por: Redacción

Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.

En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.

El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros

con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.

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Ciudad

Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo

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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.

Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.

Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.

Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.

Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.

Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.

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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP

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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna

Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)

Por: Ana G Silva

Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.

Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.

Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.

Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.

Más caro por solicitud en otros estados

La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.

En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.

Lo que el censo no mide

El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.

A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.

Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.

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Opinión

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