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Deportaciones desde SLP bajaron a más de la mitad
En enero y febrero de 2019, 205 extranjeros fueron devueltos a sus países; en 2018 el número había sido de 569
Por: El Saxofón
Las deportaciones de centroamericanos desde San Luis Potosí cayeron a menos de la mitad en el primer bimestre del año. De acuerdo con el Boletín Estadístico Mensual de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), -en su apartado extranjeros presentados y devueltos-, en enero y febrero de 2019, han sido devueltos a sus países de origen, 205 extranjeros, mientras que en el mismo periodo de 2018, fueron retornados 569.
De los 205 extranjeros devueltos, 203 son procedentes de países centroamericanos y dos de América del Sur, más específicamente de Colombia. Entre los centroamericanos deportados, destacan 151 hondureños, 33 guatemaltecos, 18 salvadoreños y uno procedente de Nicaragua. De esta cifra, al menos 35 de los migrantes son menores de edad.
También resalta que en el caso de los centroamericanos devueltos a sus países, no se trató de deportaciones, sino de eventos de retorno asistido: 168 de los casos fueron en ese supuesto, 35 de los cuales fueron Retorno asistido de menores.
La Segob aclara que los “Eventos de retorno asistido: Se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen, según lo previsto los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento, previo proceso administrativo de presentación según lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley”.
En cuanto a los “Eventos de retorno asistido de menores: Se refiere a devoluciones de menores de 18 años devueltos a su país de origen, según los previsto en los artículos 111, 112, 115 y 120 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento.
La baja en el número de deportaciones de migrantes procedentes de la región de Centroamérica, coincide con el paso de una caravana de migrantes, que a principios del mes de febrero pasó por territorio potosino con el fin de llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia el país del norte.
Sin embargo, también destaca que la cifra más baja se registró en enero, cuando solo 50 migrantes fueron apoyados para regresar a sus países, mientras que en febrero, el mes en el que pasó la caravana, la cifra se elevó a 155.
Del total de centroamericanos que fueron sujetos de retorno asistido, fueron 147 hombres y 20 mujeres.
Aunado a ello, entre enero y febrero 64 menores fueron presentados ante la autoridad migratoria en San Luis Potosí; 23 eran adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, de los cuales 12 viajaban acompañados y 11 viajaban solos.
También fueron presentados 41 menores de cero hasta 11 años, los cuales todos viajaban en compañía de un adulto.
***
A nivel nacional, en el primer bimestre del año, fueron devueltos a sus países 13 mil 643 extranjeros. En enero la cifra fue de 5 mil 596, y en febrero ascendió a 8 mil 407.
Este volumen de extranjeros retornados también es inferior al registrado en el mismo periodo del 2018, cuando se repatriaron 16 mil 954 extranjeros, la mayoría procedentes de países de Centroamérica.
Recientemente, las políticas migratorias de México se han visto envueltas en la polémica, pues hay quien considera que el gobierno federal está fungiendo como una contención al flujo migratorio que se dirige hacia los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha entregado miles de visas humanitarias a migrantes, con el fin de regular su paso por el territorio nacional y ofrecerles mayor seguridad en la travesía.
Entidades del centro del país, como San Luis Potosí, siguen fungiendo como zonas de tránsito, a las cuales los migrantes llegan y permanecen por unos días antes de continuar en la ruta.
En octubre de 2018, a raíz de las expresiones xenófobas del presidente Donald Trump, en Estados Unidos, miles de centroamericanos se organizaron en caravanas para llegar a México y avanzar hacia la frontera norte del país con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos, mientras esperan respuesta se asientan en ciudades fronterizas mexicanas, y algunos incluso se entregan a las autoridades migratorias estadounidenses, sobre todo familias, con la esperanza de obtener la estancia legal en aquel país.
El fenómeno se hace eco a nivel mundial. Recientemente, la fotografía ganadora del prestigioso World Press Photo 2019, correspondió a la escena en la cual una mujer es cateada por agentes de la policía migratoria de Estados Unidos, mientras su pequeña hija rompe en llanto.
Lo cierto es que mientras el gobierno mexicano plantea soluciones de fondo mediante la búsqueda de empleos para los migrantes, el presidente Donald Trump ha optado por la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, como la manera de frenar el desplazamiento de migrantes hacia la región.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado al de Donald Trump que Estados Unidos ayude a estimular el desarrollo económico en la región de Centroamérica a fin de ofrecer mayores oportunidades a las miles de personas que huyen de la violencia y sobre todo, de la pobreza.
Entonado
También de Estados Unidos a SLP
– 211 niños potosinos fueron deportados en 2018
En 2018, las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 211 menores potosinos, según el Boletín Estadístico de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. De los menores deportados 199 fueron varones y 12 mujeres.
De acuerdo con estas cifras, el año pasado fueron repatriados 205 adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 17 años, (197 hombres y 8 mujeres), así como 6 niños de once años o menos (2 niños y 4 niñas).
Nueve de cada diez adolescentes potosinos que emprenden el viaje hacia el sueño americano, lo hacen sin la compañía de un adulto. Según los datos de Menores Deportados 2018 de la Segob, el 95.12 por ciento de los adolescentes viajaban solos, y solo 10 de ellos lo hacían acompañados por un adulto.
En el caso de los 6 niños repatriados, 5 viajaban acompañados y solo 1 menor del sexo masculino emprendió la travesía en solitario.
La cifra de menores deportados en 2018, representa un aumento de 3.9 por ciento, con respecto al 2017, cuando se reportaron 203 repatriaciones.
Entonado
Trump planea enviar a migrantes a ciudades santuario
– La oposición consideró el plan como “irrespetuoso”
El presidente Donald Trump tuiteó el pasado 12 de abril que está teniendo “fuertes consideraciones” para colocar a “migrantes ilegales en ciudades santuario solamente”. El mandatario publicó su tuit horas después de que la Casa Blanca dijera que la idea ya no estaba siendo estimada.
Señaló que esta decisión “debería hacer felices” a los demócratas que defienden la política de “Fronteras Abiertas”, la Casa Blanca informó horas antes que había contemplado un plan para liberar a los migrantes detenidos en las llamadas ciudades santuario, pero que el plan fue desestimado rápidamente por los abogados y abandonado.
Las ciudades santuario son lugares donde las autoridades locales se han abstenido de cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) al momento de detener a quienes residen ilegalmente en el país.
El plan fue criticado por opositores, que lo ven como un intento de utilizar a los migrantes como peones para castigar a los opositores políticos de Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el plan es “irrespetuoso”.
Niño guatemalteco murió en centro de detención en EUA por influenza
La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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