noviembre 19, 2026

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Deportaciones desde SLP bajaron a más de la mitad

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En enero y febrero de 2019, 205 extranjeros fueron devueltos a sus países; en 2018 el número había sido de 569 

Por: El Saxofón

Las deportaciones de centroamericanos desde San Luis Potosí cayeron a menos de la mitad en el primer bimestre del año. De acuerdo con el Boletín Estadístico Mensual de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), -en su apartado extranjeros presentados y devueltos-, en enero y febrero de 2019, han sido devueltos a sus países de origen, 205 extranjeros, mientras que en el mismo periodo de 2018, fueron retornados 569.

De los 205 extranjeros devueltos, 203 son procedentes de países centroamericanos y dos de América del Sur, más específicamente de Colombia. Entre los centroamericanos deportados, destacan 151 hondureños, 33 guatemaltecos, 18 salvadoreños y uno procedente de Nicaragua. De esta cifra, al menos 35 de los migrantes son menores de edad.

También resalta que en el caso de los centroamericanos devueltos a sus países, no se trató de deportaciones, sino de eventos de retorno asistido: 168 de los casos fueron en ese supuesto, 35 de los cuales fueron Retorno asistido de menores.

La Segob aclara que los “Eventos de retorno asistido: Se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen, según lo previsto los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento, previo proceso administrativo de presentación según lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley”.

En cuanto a los “Eventos de retorno asistido de menores: Se refiere a devoluciones de menores de 18 años devueltos a su país de origen, según los previsto en los artículos 111, 112, 115 y 120 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento.

La baja en el número de deportaciones de migrantes procedentes de la región de Centroamérica, coincide con el paso de una caravana de migrantes, que a principios del mes de febrero pasó por territorio potosino con el fin de llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia el país del norte.

Sin embargo, también destaca que la cifra más baja se registró en enero, cuando solo 50 migrantes fueron apoyados para regresar a sus países, mientras que en febrero, el mes en el que pasó la caravana, la cifra se elevó a 155.

Del total de centroamericanos que fueron sujetos de retorno asistido, fueron 147 hombres y 20 mujeres.

Aunado a ello, entre enero y febrero 64 menores fueron presentados ante la autoridad migratoria en San Luis Potosí; 23 eran adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, de los cuales 12 viajaban acompañados y 11 viajaban solos.

También fueron presentados 41 menores de cero hasta 11 años, los cuales todos viajaban en compañía de un adulto.

***

A nivel nacional, en el primer bimestre del año, fueron devueltos a sus países 13 mil 643 extranjeros. En enero la cifra fue de 5 mil 596, y en febrero ascendió a 8 mil 407.

Este volumen de extranjeros retornados también es inferior al registrado en el mismo periodo del 2018, cuando se repatriaron 16 mil 954 extranjeros, la mayoría procedentes de países de Centroamérica.

Recientemente, las políticas migratorias de México se han visto envueltas en la polémica, pues hay quien considera que el gobierno federal está fungiendo como una contención al flujo migratorio que se dirige hacia los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha entregado miles de visas humanitarias a migrantes, con el fin de regular su paso por el territorio nacional y ofrecerles mayor seguridad en la travesía.

Entidades del centro del país, como San Luis Potosí, siguen fungiendo como zonas de tránsito, a las cuales los migrantes llegan y permanecen por unos días antes de continuar en la ruta.

En octubre de 2018, a raíz de las expresiones xenófobas del presidente Donald Trump, en Estados Unidos, miles de centroamericanos se organizaron en caravanas para llegar a México y avanzar hacia la frontera norte del país con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos, mientras esperan respuesta se asientan en ciudades fronterizas mexicanas, y algunos incluso se entregan a las autoridades migratorias estadounidenses, sobre todo familias, con la esperanza de obtener la estancia legal en aquel país.

El fenómeno se hace eco a nivel mundial. Recientemente, la fotografía ganadora del prestigioso World Press Photo 2019, correspondió a la escena en la cual una mujer es cateada por agentes de la policía migratoria de Estados Unidos, mientras su pequeña hija rompe en llanto.

Lo cierto es que mientras el gobierno mexicano plantea soluciones de fondo mediante la búsqueda de empleos para los migrantes, el presidente Donald Trump ha optado por la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, como la manera de frenar el desplazamiento de migrantes hacia la región.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado al de Donald Trump que Estados Unidos ayude a estimular el desarrollo económico en la región de Centroamérica a fin de ofrecer mayores oportunidades a las miles de personas que huyen de la violencia y sobre todo, de la pobreza.

Entonado

También de Estados Unidos a SLP

– 211 niños potosinos fueron deportados en 2018

En 2018, las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 211 menores potosinos, según el Boletín Estadístico de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. De los menores deportados 199 fueron varones y 12 mujeres.

De acuerdo con estas cifras, el año pasado fueron repatriados 205 adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 17 años, (197 hombres y 8 mujeres), así como 6 niños de once años o menos (2 niños y 4 niñas).

Nueve de cada diez adolescentes potosinos que emprenden el viaje hacia el sueño americano, lo hacen sin la compañía de un adulto. Según los datos de Menores Deportados 2018 de la Segob, el 95.12 por ciento de los adolescentes viajaban solos, y solo 10 de ellos lo hacían acompañados por un adulto.

En el caso de los 6 niños repatriados, 5 viajaban acompañados y solo 1 menor del sexo masculino emprendió la travesía en solitario.

La cifra de menores deportados en 2018, representa un aumento de 3.9 por ciento, con respecto al 2017, cuando se reportaron 203 repatriaciones.

Entonado

Trump planea enviar a migrantes a ciudades santuario

– La oposición consideró el plan como “irrespetuoso”

El presidente Donald Trump tuiteó el pasado 12 de abril que está teniendo “fuertes consideraciones” para colocar a “migrantes ilegales en ciudades santuario solamente”. El mandatario publicó su tuit horas después de que la Casa Blanca dijera que la idea ya no estaba siendo estimada.

Señaló que esta decisión “debería hacer felices” a los demócratas que defienden la política de “Fronteras Abiertas”, la Casa Blanca informó horas antes que había contemplado un plan para liberar a los migrantes detenidos en las llamadas ciudades santuario, pero que el plan fue desestimado rápidamente por los abogados y abandonado.

Las ciudades santuario son lugares donde las autoridades locales se han abstenido de cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) al momento de detener a quienes residen ilegalmente en el país.

El plan fue criticado por opositores, que lo ven como un intento de utilizar a los migrantes como peones para castigar a los opositores políticos de Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el plan es “irrespetuoso”.

Niño guatemalteco murió en centro de detención en EUA por influenza

 

Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa

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Opinión

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