julio 5, 2022

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De un cañonazo, AMLO gana la Sierra de San Miguelito | Columna de Jorge Saldaña

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TERCERA LLAMADA.

 

Y retiemble en sus centros la tierra. Andrés Manuel López Obrador hizo sonoro el rugir de su mandato en 111 mil hectáreas de tierra potosina.

Ayer lo adelantaba en mis apuntes, hoy cumplo con mi “crónica de guerra”: El comandante en jefe de la Cuatro Te, ganó la primer batalla de forma contundente con el cañonazo que ordenó a la generala Albores en San Luis al presentar el plan de manejo del Área Natural Protegida (ojo, presentar apenas… que lo acepten y adopten 35 núcleos agrarios será otro cantar) en la Sierra de San Miguelito.

Se consumó y rapidito, por parte del gobierno federal, y se blindó por parte del gobierno del estado el acuerdo que protege una porción tan enorme de territorio potosino que la ciudad cabría dos veces en el mismo.

¡Bravo! Lo celebro sin ser socarrón y sin sarcasmo. La Sierra tenía que ser protegida, fue una promesa presidencial y un compromiso del gobierno de Ricardo Gallardo que ambos cumplieron.

Se destacó que se dejaron fuera a los “intereses inmobiliarios” y hasta se hizo comparativa la declaratoria de territorio potosino con la protección al Lago de Texcoco, justo “donde el águila paró”, lugar donde los neoliberales querían poner un aeropuerto… que romántico, en serio, que bonito.

El tema se celebra a nivel nacional y con justicia, no hay duda. Que era absolutamente necesario e inaplazable, por supuesto que sí.

Ganó la justicia contra la avaricia, parece ser el mensaje enviado a todo el país ayer desde la capital potosina y lo festejo.

Hasta aquí vamos muy bien y los voceros, activistas y periodistas empapados del asunto (que en su envoltorio es bastante popular, pero en su contenido es algo más que denso) se palmean unos a otros por una declaratoria que parece (repito, parece) ya inapelable.

Sin embargo, quien esto escribe, asumiendo y siendo consciente del riesgo de ser bastante impopular, ser tachado de imprudente, Ecoloco, odia la naturaleza, vendido, fifí, chayotero, neoliberal, y cuanto quieran agregar, se permite enlistar algunas posturas, preguntas y reflexiones que ni la declaratoria general ni el acuerdo ayer signado me responden y que con su permiso comparto:

1) Dejemos fuera, porque ya lo están, a los inversionistas específicamente del proyecto Cañadas, al casi centenar de empresarios encabezados por el Chato López que se convirtió a momentos en la figura visible tras apellidos como Tamayo, Mahbub, Valladares, Del Valle y docenas y docenas más de familias adineradas que tuvieron el interés de urbanizar una franja de la Sierra. Ese negocio ya se les acabó, ni modo, apostaron y perdieron. No podrán urbanizar un solo metro cuadrado de las 2 mil hectáreas que pretendían convertir en oro.

2) El amparo 1364/2021-VIII interpuesto en el juzgado cuarto de distrito existe y no debe ser minimizado. Personalmente me ofende la opinión ligera de un activista que desdeñó el instrumento porque, según dijo, lo interpusieron “unos comuneros muy pobres” y yo me pregunto: señor Hernández, ¿desde cuándo un juicio de amparo solo puede ser promovido por señores “ricos”? No jodan. Lo mismo vale un amparo interpuesto por el más paupérrimo que por el más adinerado, hasta donde yo entiendo…

3) El recurso del amparo fue reconocido, aunque socarronamente, por la propia secretaria Albores ayer cuando ofreció su rueda de prensa en Palacio de Gobierno y salió a flote con la clásica de “me enteré por medios, pero no hemos sido notificados”.

4) El amparo, si bien no “tumba” la declaratoria ni el acuerdo, si mete una vez más el asunto en litigio, uno que no se resolverá de la noche a la mañana ni de un mes a otro, quizás ni de un sexenio a otro, es decir, el asunto va para largo en el terreno jurídico y mientras tanto, aunque parece que el compromiso está cumplido, el “prietito en el arroz” del amparo no puede ser desacreditado ni suprimido.

5) ¿Por qué se amparan las comunidades, ejidos y demás núcleos agrarios? ¿No se supone que serían los primeros interesados en estar protegidos? Pues no, evidentemente no están de acuerdo en el tamaño de la declaratoria federal por una sencilla razón: con el terreno público, la nación puede ordenar lo que le venga en gana, pero de todo ese territorio, resulta que una buena porción tiene dueños, mismos que se sienten (porque así lo manifestaron ayer) agraviados y desprotegidos por no ser tomados en cuenta en el destino que se le dará a SU propiedad y con el siguiente ejemplo espero pueda ser más explicativo:

6) Usted es dueño de su casa, no obstante, el gobierno federal decreta que su casa por ser tan bonita y tener características específicas, tendrá que ser museo. No le van a quitar su casa, seguirá siendo suya, sin embargo no la podrá usted usar como su hogar porque pues a partir de un decreto presidencial, pasará a ser muse

o. Eso sí, a usted le ofrecen, para mantenerse, imprimir y vender los boletos para entrar y ganarse el pan, pero ningún otro uso que usted quiera dar a su hogar estará permitido. Algo así le pasa a comuneros y ejidatarios de Escalerillas, San Juan de Guadalupe, Villa de Reyes, San José de Buenavista y otros 30 núcleos agrarios que sería ocioso transcribir.

7) ¿Estaría usted de acuerdo en que su propiedad tenga limitaciones, regulaciones y condicionantes impuestas por alguien más?

8) Las opciones para los inconformes son pocas: continuar interponiendo amparos y alargar así las certezas. Comenzar con marchas y manifestaciones rumbo a la Ciudad de México (a ver cuándo llegan), delimitar sus comunidades y no permitir acceso de ningún tipo a sus tierras (aunque sociales, son muy sus tierras); en una asamblea repartirse parcelas, lotes o lo que sea, dividir a como Dios les dé a entender y tener a tiro de piedra de la ciudad, un territorio de nadie, desordenado, sin servicios, sin certezas jurídicas, e inaugurar un cinturón de miseria en forma de gallineros, establos, vulcanizadoras, casas, lotes abandonados, porquerizas o residencias sin luz ni drenaje. En otras palabras, poner la primera piedra para un problema social enfermizo y exponencial.

9) ¿Dónde quedó entonces el Plan de Desarrollo Urbano que llevó años en elaborarse, consultar y publicar?

10) Quizás el punto más importante. ¿Para dónde va a crecer la ciudad? Aquí le dejo el mapa que en exclusiva pude obtener de la delimitación de la Área Natural Protegida. De acuerdo al mismo hay dos opciones: desarrollar rumbo al norponiente del aeropuerto (con sus asegunes de acuerdo a los usos de suelo) o hacia Soledad. No hay más y si acaso como alternativa construir privadas en parcelas en Villa de Zaragoza, Jassos y anexas. Ah… se me olvidaba, si hay una opción más: comprar el desarrollo libre de protección ambiental del Grupo México. Mire qué casualidad.

11) Las alternativas se agotan, por eso en la capital no hay más de unos 2 mil lotes disponibles en 25 desarrollos, casi todos a las orillas de la ciudad con precios que van desde los 4 mil 100 el más barato metro cuadrado, hasta de 12 mil 500 el más caro, con una ciudad que suma 20 mil autos nuevos al año y una Vía alterna que inicia y regresa a la misma carretera 57 a la que alivia en solo un tramo.

12) ¿Fue buena la declaratoria? Por supuesto, fue espléndida. El gobierno ya cumplió y como lo dijo la secretaria ayer, los comuneros tendrán acceso a recursos de la Conafor, de la Conagua y de la Semarnat… lo que no dijo es que esos recursos… pues son muy pocos, son de los que se recortaron y casi “ya no hay”, pero de que se cumplió, ni quién lo dude. El problema que venga, pues que lo resuelva la capital y el gobierno del estado. ¿Qué fácil no?

13) Mención aparte lleva el municipio de Villa de Reyes. Prácticamente no tiene un metro para dónde crecer. Todo es ANP. ¿Se convertirá entonces en un municipio exclusivo de sembrar piñones? Mire usted el mapa…

14) Solo como aclaración pertinente para los mal pensados: No, no estoy ni nunca estuve a favor de la urbanización de la Sierra, si un medio de comunicación fue crítico al proyecto Cañadas fue La Orquesta y hasta una demanda millonaria fue interpuesta en contra de quien esto escribe y contra de esta empresa por dar seguimiento al tema, no obstante eso no me limita a pensar en las consecuencias, daños o bondades colaterales así como reflexionar, acertada o equivocadamente, lo que, con permiso suyo, aquí he expresado.

Por supuesto que igual que la mayoría de los potosinos, deseo un futuro verde, una ciudad con agua, una capital con recursos, proteger al ambiente, su flora y su fauna, pero también quiero desarrollo, conectiviAdad, movilidad, prosperidad y orden en la ciudad, y eso nada más, porque 111 mil hectáreas fue un exceso y creo que vale la pena darle una pensada, ¿usted?

Hasta la próxima, Culto Público.

Atentamente,

Jorge Saldaña, el senderista en potencia.

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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP

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Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión

Por: Ana G Silva

En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.

De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.

La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.

En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado,

pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.

En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.

Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.

A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.

La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.

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Casa de Gobernadores de SLP: el monumento a la corrupción política

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Construida durante el sexenio de Carlos Jonguitud, la mansión de Montañas Rocallosas siempre estuvo rodeada de la crítica contra los excesos de los gobernadores potosinos

Por: Bernardo Vera

La Casa de Gobernadores, que por décadas fue destinada para los mandatarios de la entidad, será convertida en una estancia para albergar a niñas, niños y personas de la tercera edad en situación vulnerable. Luego del paso de once jefes del ejecutivo estatal, y tras la decisión de Ricardo Gallardo Cardona, ayer comenzaron las obras para la transición del inmueble ubicado en avenida Montañas Rocallosas 123, de la colonia Loma Alta.

Gallardo Cardona denunció ayer que la casa le costaba al erario cinco millones de pesos entre su mantenimiento y el pago de nómina de 150 trabajadores entre escoltas, jardineros, meseros, asistentes, etcétera. Ahora al final de su remodelación tendrá mil 873 metros cuadrados para que se atienda a 63 niños y niñas, además de contar con enfermería, dos aulas, comedor, cocina, dos áreas de estar, salón de juegos, usos múltiples, dos dormitorios para cuidadores, servicios sanitarios y generales.

La estancia para adultos mayores tendrá una superficie de 5 mil 488 metros cuadrados, con la capacidad de atender a 88 personas y contará con sala de fisioterapia, consultorios, enfermería, dos salas de televisión, salas de visita, cuatro salas de terapia y una terraza.

Esta casa fue construida durante la gestión del ex gobernador Carlos Jonguitud Barrios (1979 – 1985), bajo la justificación de que resultaba complejo atender a los ciudadanos que acudían a su domicilio particular para manifestarse. Sin embargo, la obra desató reclamos de la sociedad potosina al considerarla “un exceso” por parte del gobernador, quien prometió no utilizarla con fines personales. A pesar de ello, existe la idea entre la población de que pretendía hacerla su domicilio permanente.

El paso de los años y las diferentes administraciones, volvieron el espacio una extensión del Palacio de Gobierno, ya que se efectuaban reuniones de gabinete y se solía recibir a políticos invitados; de esa manera recibió la denominación de “Casa de Gobierno”, como otras residencias que existen en diferentes estados del país, con uso similar.

El caso más polémico fue durante la administración de Leopoldino Ortiz Santos (1987-1991) quien realizó distintas reuniones y fiestas en la casa junto a su familia, y al terminar su sexenio, esta terminó en pésimas condiciones.

Seis administraciones después, durante la gubernatura de Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), la casa fue remodelada,

se mejoraron sus condiciones y se adecuó a manera de una elegante oficina. El ex gobernador y su familia sí vivieron en ella por seis años.

Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), denunció en 2015, que la casa fue utilizada como domicilio particular de David Toranzo, hijo del entonces gobernador, Fernando Toranzo, en donde habitaba junto a su esposa y “sus tres perros”. Además, durante cinco años y nueve meses de la administración torancista, se erogaron 19 millones, 541 mil 371 pesos con 55 centavos en el mantenimiento de la Casa de Gobernadores, por conceptos como alimentación, limpieza, alberca y otros gastos.

En 2018, la asociación “Ciudadanos Observando” colocó carteles de venta a manera de protesta simbólica, luego de darse a conocer que su mantenimiento representaba casi 8 millones de pesos anuales. Además, se sugería a la administración de Juan Manuel Carreras, la venta de este espacio y recaudar fondos para infraestructura social, o que se destine el inmueble para brindar servicio a la población.

Juan Manuel Carreras López determinó que no habitaría la Casa de Gobierno, como parte de la política de austeridad que se había implementado, pues se buscaba obtener un ahorro en los gastos que representa para el erario. Sin embargo, funcionó para reuniones con delegados federales y otros funcionarios.

El 27 de septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Cardona, como gobernador recién electo, publicó un video en sus redes sociales, en el que mostró el interior de la Casa de Gobierno. En el material se mostró un despacho con decorado de lujo, habitaciones con baño completo, además de una cancha de tenis, una alberca vacía, una palapa, entre otras cosas.

Durante la grabación de este video, anunció que la administración a su cargo convertiría la casa en un albergue para personas en condiciones vulnerables, principalmente menores de edad y adultos mayores.

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Gallardo anunció inversión de 100 millones de pesos para el Hospital Central

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El gobernador aseguró que para diciembre estarán en funcionamiento y equipadas 120 nuevas camas

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, confirmó la ampliación de los servicios médicos del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en la capital y una inversión de 100 millones de pesos en equipamiento, a partir de esta misma semana.

El gobernador del estado anunció que el área de urgencias del actual nosocomio se mudará a las instalaciones del nuevo edificio que se ubica a un costado y que hasta la fecha se encuentra sin funcionar, con el objetivo de hacer uso del inmueble, extender y ofrecer una mejora en la atención médica que se brinda a las y los potosinos en la actualidad.

Recordó que la construcción de este edificio nuevo inició en el sexenio del exgobernador Fernando Toranzo Fernández y culminó en la pasada administración de Juan Manuel Carreras López, y aunque es de correspondencia del Gobierno Federal su equipamiento y activación, el actual Gobierno potosino asumirá las acciones para “echarlo a andar” y no esperar más la llegada de aparatos médicos especializados.

“El Hospital Central viejo se va a cambiar al nuevo ya, no vamos a esperar más, si después nos mandan equipos nuevos, que bueno, los iremos reemplazando como vayan llegando. Esto, será otro logro más del actual Gobierno”, anunció Gallardo Cardona, y prometió que antes de diciembre todas las 120 camas de hospitalización que se encuentran sin utilidad

, puedan estar equipadas y albergar a pacientes.

Así mismo, el jefe del ejecutivo local puntualizó que la zona que será desocupada en el actual nosocomio será reconvertida en dignas salas de espera y áreas de descanso para las cientos de personas que diariamente duermen en la calle en espera de información de sus familiares hospitalizados, lo cual resulta inhumano y las expone a ser víctimas de la inseguridad y accidentes.

Por último, detalló que la inversión estatal de 100 millones de pesos, a través de la Secretaría de Salud, se utilizará en la compra de camas hospitalarias, insumos médicos y equipamiento necesario para completar la infraestructura de salud en el nuevo Hospital, de manera que cuando la Federación decida intervenir encuentre un centro médico funcionando correctamente.

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