Por la pandemia, la administración Carreras solicitó reestructurar la deuda, para aplazar hasta 2039 los pagos de las obligaciones financieras del estado

Por: Redacción

El gobierno de Juan Manuel Carreras López entregó ayer al Congreso del Estado la solicitud de reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública estatal para los próximos 18 años, debido a las afectaciones económicas que ha ocasionado el covid-19 en la entidad.

De aprobarse esta solicitud, tanto el gobierno de Juan Manuel Carreras como las siguientes tres administraciones estatales resentirían los estragos de la pandemia de coronavirus, al ampliarse hasta el año 2039 el pago de las obligaciones financieras contraídas por la entidad hasta el momento, que suman más de 3 mil 686 millones de pesos.

Fuera de un periodo máximo de 18 años para pagar esta reestructuración y un periodo de gracia de hasta 15 meses para comenzar el pago de esas obligaciones financieras, la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal al Congreso de San Luis Potosí no muestra muchos más detalles acerca de las condiciones de la contratación, pues el artículo cuarto señala “se autoriza al Ejecutivo del Estado para que pacte todas las bases, términos, condiciones y modalidades crediticias o financieras que estime necesarias o convenientes en los contratos, convenios o demás documentos relativos a la operación”.

Hasta el momento de la presentación de la iniciativa, tampoco existe una propuesta de banco con el que se contrataría esta reestructuración.

En rueda de prensa desarrollada la tarde de ayer, el secretario de Finanzas estatal, Daniel Pedroza Gaitán, afirmó que el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí aún no ha decidido si se adquirirá o no un crédito extraordinario para paliar la crisis del Covid-19.

El secretario de Finanzas aseguró que en el plazo de 18 años para pagar esta reestructuración no se considera un aumento en la tasa de interés y que, de hecho, “se buscará que no haya un incremento de la deuda bancaria, igualmente se buscará evitar el deterioro de la evaluación crediticia del estado, reduciendo el impacto de la disminución de los ingresos”.

“La emergencia sanitaria nos ha obligado a replantearnos las finanzas”, dijo Daniel Pedroza, quien comentó que, si se llegara a solicitar un crédito en el futuro, este se pagaría en primer término a través de las participaciones federales o con los activos derivados de desincorporar el terreno que se tenía destinado para la planta Ford en la capital.

Por otro lado, Pedroza Gaitán comentó que no se tienen estimaciones claras de cuánto podrían verse afectadas las finanzas públicas de San Luis Potosí durante el siguiente año, sin embargo, aseguró estas podrían seguirse resintiendo hasta el 2021 y comentó que por ello se aplicarán acciones al interior del gobierno como ajustes al gasto corriente para reducir los costos de operación gubernamentales.

Hasta la fecha, el estado de San Luis Potosí tiene tres distintos créditos contratados, todos con Banorte: uno contratado en marzo de 2008, por 2 mil 678 millones de pesos, por el que hasta la fecha se deben 2 mil 87 millones de pesos.

Un segundo crédito fue contratado en diciembre de 2014 por 750 millones de pesos, del que aún se deben 243 millones.

El último crédito, contratado en diciembre de 2015 por mil 430 millones de pesos, tiene un saldo hasta el momento de mil 356 millones.

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