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Covid seguirá afectando a este y otros tres gobiernos del estado de SLP
Por la pandemia, la administración Carreras solicitó reestructurar la deuda, para aplazar hasta 2039 los pagos de las obligaciones financieras del estado
Por: Redacción
El gobierno de Juan Manuel Carreras López entregó ayer al Congreso del Estado la solicitud de reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública estatal para los próximos 18 años, debido a las afectaciones económicas que ha ocasionado el covid-19 en la entidad.
De aprobarse esta solicitud, tanto el gobierno de Juan Manuel Carreras como las siguientes tres administraciones estatales resentirían los estragos de la pandemia de coronavirus, al ampliarse hasta el año 2039 el pago de las obligaciones financieras contraídas por la entidad hasta el momento, que suman más de 3 mil 686 millones de pesos.
Fuera de un periodo máximo de 18 años para pagar esta reestructuración y un periodo de gracia de hasta 15 meses para comenzar el pago de esas obligaciones financieras, la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal al Congreso de San Luis Potosí no muestra muchos más detalles acerca de las condiciones de la contratación, pues el artículo cuarto señala “se autoriza al Ejecutivo del Estado para que pacte todas las bases, términos, condiciones y modalidades crediticias o financieras que estime necesarias o convenientes en los contratos, convenios o demás documentos relativos a la operación”.
Hasta el momento de la presentación de la iniciativa, tampoco existe una propuesta de banco con el que se contrataría esta reestructuración.
En rueda de prensa desarrollada la tarde de ayer, el secretario de Finanzas estatal, Daniel Pedroza Gaitán, afirmó que el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí aún no ha decidido si se adquirirá o no un crédito extraordinario para paliar la crisis del Covid-19.
El secretario de Finanzas aseguró que en el plazo de 18 años para pagar esta reestructuración no se considera un aumento en la tasa de interés y que, de hecho, “se buscará que no haya un incremento de la deuda bancaria, igualmente se buscará evitar el deterioro de la evaluación crediticia del estado, reduciendo el impacto de la disminución de los ingresos”. 
“La emergencia sanitaria nos ha obligado a replantearnos las finanzas”, dijo Daniel Pedroza, quien comentó que, si se llegara a solicitar un crédito en el futuro, este se pagaría en primer término a través de las participaciones federales o con los activos derivados de desincorporar el terreno que se tenía destinado para la planta Ford en la capital.
Por otro lado, Pedroza Gaitán comentó que no se tienen estimaciones claras de cuánto podrían verse afectadas las finanzas públicas de San Luis Potosí durante el siguiente año, sin embargo, aseguró estas podrían seguirse resintiendo hasta el 2021 y comentó que por ello se aplicarán acciones al interior del gobierno como ajustes al gasto corriente para reducir los costos de operación gubernamentales.
Hasta la fecha, el estado de San Luis Potosí tiene tres distintos créditos contratados, todos con Banorte: uno contratado en marzo de 2008, por 2 mil 678 millones de pesos, por el que hasta la fecha se deben 2 mil 87 millones de pesos.
Un segundo crédito fue contratado en diciembre de 2014 por 750 millones de pesos, del que aún se deben 243 millones.
El último crédito, contratado en diciembre de 2015 por mil 430 millones de pesos, tiene un saldo hasta el momento de mil 356 millones.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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