mayo 18, 2026

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Estado

Corrige Valdés: autos para operar con Uber en SLP deberán costar ¿3 mil pesos?

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Por Abelardo Medellín

La diputada presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Alejandra Valdés Martínez, aseguró que es falso que la reforma a la Ley de Transporte Público busque que quienes operan a través de plataformas digitales, como Uber, solo puedan utilizar automóviles con costos superiores a los 300 mil pesos.

La diputada acotó que “en la Ley decía que deben costar 35 UMAs, no 350 mil pesos”, declaró pese a que cada UMA, según el Inegi, equivale a 84 pesos con 50 centavos; es decir que, al realizar la operación, se trataría de vehículos con un costo de 2 mil 957 pesos.

La diputada declaró lo anterior después de haberse reunido con los gremios de taxistas y aprobar la mayoría de las exigencias de ese grupo de trabajadores de transporte, entre ellas: solicitar que los trabajadores de plataformas digitales se identifiquen de manera visible en el vehículo, que sean los dueños de sus carros y no lo puedan rentar a otros trabajadores y que los coches en circulación que estén registrados en una plataforma digital sean de cierto precio y modelo.

La diputada Valdez puntualizó que las personas que ya cuenten con coches registrados en la plataforma, aunque no cuenten con estos nuevos requisitos, podrán seguir laborando normalmente sin tener que cambiar sus vehículos, lo que significa que el nuevo ajuste a la ley no será retroactivo.

Valdez Martínez declaró que, a pesar de lo que opinen diputados como Mario Lárraga, esta no es una Ley que se haga para eliminar la competencia de los taxistas, sino para emparejar las oportunidades de trabajo que tengan los trabajadores de esa modalidad transporte.

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Estado

Acuerdo político-electoral fortalece la gobernabilidad en San Luis

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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana reconoció la apertura al diálogo entre autoridades, actores políticos y sociedad civil

Por: Redacción

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, reconoció la importancia de construir un acuerdo político-electoral rumbo a los comicios de 2027, al considerar que este mecanismo favorece la gobernabilidad y permite generar condiciones de civilidad, respeto y confianza entre instituciones, partidos políticos y ciudadanía.

La titular del organismo electoral informó que recientemente sostuvo un encuentro con el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, para iniciar trabajos de coordinación orientados a fortalecer el diálogo y los consensos necesarios para el desarrollo del próximo proceso electoral

, destacando que este tipo de acuerdos ha mostrado resultados positivos en ejercicios anteriores.

De acuerdo con la experiencia del proceso electoral de 2024, señaló que la firma de un acuerdo similar permitió mantener un ambiente de estabilidad, sin incidentes graves y con una coordinación efectiva entre autoridades e instituciones. Consideró que este antecedente representa una base favorable para repetir condiciones de orden y confianza durante las elecciones ordinarias de 2027.

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Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones

Por: Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.

Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.

“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.

Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.

“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.

Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.

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Podrían estar involucrados en delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o uso indebido de recursos públicos

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) anunció que continúa el proceso de auditorías a las Cuentas Públicas 2025, donde se encargan de evaluar resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de objetivos, dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas no graves y promover denuncias e imposición de sanciones administrativas y penales en caso de faltas graves

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del Estado, detalló que los auditores siguen en los municipios y dependencias del estado, ejecutando el primer momento de los procedimientos de auditoría de campo a la obra pública, confrontando la información que proporcionan los entes públicos, con la que se requiere a terceros y proveedores, para verificar que todo coincida conforme a las leyes. 

El procedimiento también integra la revisión por pares con cruce de datos, para la ejecución de las auditorías 2026. En este sentido, el titular del IFSE señaló que los auditores tienen la facultad de requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, para realizar las investigaciones que se estimen necesarias. 

Al respecto, Rodrigo Lecourtois puntualizó que es la autoridad judicial la responsable de imponer las sanciones correspondientes. “Las penas pueden ser económicas, pero también abarcan castigos como inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios al patrimonio público; suspensión de actividades; y disolución de la sociedad en caso de tratarse de personas morales”.

Finalmente, el titular del IFSE llamó a los funcionarios públicos y particulares relacionados contractualmente con los entes obligados, a brindar las facilidades y accesos necesarios al personal del organismo fiscalizador para que efectúen las inspecciones en el lugar, recolecten evidencias y verifiquen el cumplimiento puntual de procesos y normas.

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