septiembre 10, 2026

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Estado

Corrige Valdés: autos para operar con Uber en SLP deberán costar ¿3 mil pesos?

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Por Abelardo Medellín

La diputada presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Alejandra Valdés Martínez, aseguró que es falso que la reforma a la Ley de Transporte Público busque que quienes operan a través de plataformas digitales, como Uber, solo puedan utilizar automóviles con costos superiores a los 300 mil pesos.

La diputada acotó que “en la Ley decía que deben costar 35 UMAs, no 350 mil pesos”, declaró pese a que cada UMA, según el Inegi, equivale a 84 pesos con 50 centavos; es decir que, al realizar la operación, se trataría de vehículos con un costo de 2 mil 957 pesos.

La diputada declaró lo anterior después de haberse reunido con los gremios de taxistas y aprobar la mayoría de las exigencias de ese grupo de trabajadores de transporte, entre ellas: solicitar que los trabajadores de plataformas digitales se identifiquen de manera visible en el vehículo, que sean los dueños de sus carros y no lo puedan rentar a otros trabajadores y que los coches en circulación que estén registrados en una plataforma digital sean de cierto precio y modelo.

La diputada Valdez puntualizó que las personas que ya cuenten con coches registrados en la plataforma, aunque no cuenten con estos nuevos requisitos, podrán seguir laborando normalmente sin tener que cambiar sus vehículos, lo que significa que el nuevo ajuste a la ley no será retroactivo.

Valdez Martínez declaró que, a pesar de lo que opinen diputados como Mario Lárraga, esta no es una Ley que se haga para eliminar la competencia de los taxistas, sino para emparejar las oportunidades de trabajo que tengan los trabajadores de esa modalidad transporte.

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Estado

Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico

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La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.

La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.

La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.

Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.

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Ciudad

Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental

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Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas

Por: Redacción

Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.

La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.

Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.

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Estado

Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto

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La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios

Por: Redacción

Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.

Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.

El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.

Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.

La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.

El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.

Menos gasto en telefonía y oficinas

La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.

Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.

Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.

En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.

También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano

se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.

La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.

Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas

La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.

De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.

Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.

Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.

Analizan concentrar oficinas para reducir rentas

La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.

El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.

La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.

De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.

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Opinión

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