octubre 14, 2026

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Estado

Corrige Valdés: autos para operar con Uber en SLP deberán costar ¿3 mil pesos?

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Por Abelardo Medellín

La diputada presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Alejandra Valdés Martínez, aseguró que es falso que la reforma a la Ley de Transporte Público busque que quienes operan a través de plataformas digitales, como Uber, solo puedan utilizar automóviles con costos superiores a los 300 mil pesos.

La diputada acotó que “en la Ley decía que deben costar 35 UMAs, no 350 mil pesos”, declaró pese a que cada UMA, según el Inegi, equivale a 84 pesos con 50 centavos; es decir que, al realizar la operación, se trataría de vehículos con un costo de 2 mil 957 pesos.

La diputada declaró lo anterior después de haberse reunido con los gremios de taxistas y aprobar la mayoría de las exigencias de ese grupo de trabajadores de transporte, entre ellas: solicitar que los trabajadores de plataformas digitales se identifiquen de manera visible en el vehículo, que sean los dueños de sus carros y no lo puedan rentar a otros trabajadores y que los coches en circulación que estén registrados en una plataforma digital sean de cierto precio y modelo.

La diputada Valdez puntualizó que las personas que ya cuenten con coches registrados en la plataforma, aunque no cuenten con estos nuevos requisitos, podrán seguir laborando normalmente sin tener que cambiar sus vehículos, lo que significa que el nuevo ajuste a la ley no será retroactivo.

Valdez Martínez declaró que, a pesar de lo que opinen diputados como Mario Lárraga, esta no es una Ley que se haga para eliminar la competencia de los taxistas, sino para emparejar las oportunidades de trabajo que tengan los trabajadores de esa modalidad transporte.

También lee: Taxistas exigen permisos para evitar ser presas de la Ley antiUber en SLP

Destacadas

Rosas Montiel busca que los municipios presupuesten dinero para bomberos

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El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos

Por: Haniel Valdés

El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.

Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.

Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.

Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.

El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.

El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.

Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.

También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan

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Congreso del Estado

Congreso trabajará con alcaldes para que los policías municipales se certifiquen

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Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo

Por: Redacción

Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.

El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.

Los plazos ya vencieron

La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.

Sin certificado

Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.

“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.

Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.

También lee: Unos 10 alcaldes podrían ser inhabilitados por sueldos de policías: Gallardo

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Estado

Vero Rodríguez pide investigar posible uso político del reparto de agua

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Exigió al INE y al CEEPAC indagar los señalamientos de presuntos condicionamientos políticos en el programa de pipas del Gobierno del Estado

Por: Redacción

La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, exigió desde la tribuna del Senado que se investigue el posible uso de recursos públicos en beneficio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, a partir de señalamientos sobre presuntos condicionamientos políticos en el programa de reparto de agua del Gobierno del Estado.

La legisladora citó una investigación periodística de N+ con testimonios que, dijo, apuntan a una posible intervención de estructuras partidistas en la distribución del recurso, mientras numerosas familias de la zona metropolitana enfrentan problemas de abastecimiento y dependen de las pipas.

“El agua es un derecho humano, no una moneda de cambio para mantener el poder”, afirmó.

Rodríguez Hernández pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen el caso y determinen responsabilidades. También exigió que se apliquen sanciones a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que ocupen.

La senadora demandó al Gobierno del Estado una explicación sobre los criterios con los que se reparte el agua, quiénes intervienen en la distribución y quiénes autorizan las entregas, además de que se garantice el suministro sin intermediarios partidistas y se proteja a quienes hayan denunciado irregularidades.

“El agua no pertenece a un padrón electoral ni a las coordinadoras de un partido”, concluyó.

El comunicado no incluye la respuesta del Gobierno del Estado ni del PVEM a estos señalamientos.

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Opinión

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