Estado
Corrige Valdés: autos para operar con Uber en SLP deberán costar ¿3 mil pesos?
Por Abelardo Medellín
La diputada presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Alejandra Valdés Martínez, aseguró que es falso que la reforma a la Ley de Transporte Público busque que quienes operan a través de plataformas digitales, como Uber, solo puedan utilizar automóviles con costos superiores a los 300 mil pesos.
La diputada acotó que “en la Ley decía que deben costar 35 UMAs, no 350 mil pesos”, declaró pese a que cada UMA, según el Inegi, equivale a 84 pesos con 50 centavos; es decir que, al realizar la operación, se trataría de vehículos con un costo de 2 mil 957 pesos.
La diputada declaró lo anterior después de haberse reunido con los gremios de taxistas y aprobar la mayoría de las exigencias de ese grupo de trabajadores de transporte, entre ellas: solicitar que los trabajadores de plataformas digitales se identifiquen de manera visible en el vehículo, que sean los dueños de sus carros y no lo puedan rentar a otros trabajadores y que los coches en circulación que estén registrados en una plataforma digital sean de cierto precio y modelo.
La diputada Valdez puntualizó que las personas que ya cuenten con coches registrados en la plataforma, aunque no cuenten con estos nuevos requisitos, podrán seguir laborando normalmente sin tener que cambiar sus vehículos, lo que significa que el nuevo ajuste a la ley no será retroactivo.
Valdez Martínez declaró que, a pesar de lo que opinen diputados como Mario Lárraga, esta no es una Ley que se haga para eliminar la competencia de los taxistas, sino para emparejar las oportunidades de trabajo que tengan los trabajadores de esa modalidad transporte.
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Estado
Denuncian ecocidio en presa de Cárdenas
Un evento de vehículos todo terreno provocó derrames de aceite automotriz y combustible sobre el cuerpo de agua
Por: Redacción
Habitantes de la comunidad La Presa, en el municipio de Cárdenas, denunciaron públicamente un grave daño ecológico ocasionado por conductores de vehículos todo terreno tipo Razer que participaron en un evento automovilístico realizado el pasado fin de semana.
Lo que inicialmente fue presentado como una actividad recreativa con potencial de generar derrama económica para la región, terminó convirtiéndose en una contingencia ambiental, luego de que varios participantes abandonaran las rutas turísticas autorizadas e ingresaran directamente al embalse.
De acuerdo con los pobladores, la incursión de las unidades provocó derrames de aceite automotriz y combustible sobre el cuerpo de agua, generando contaminación y afectaciones inmediatas en el ecosistema. La zona, señalaron, se encuentra regulada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que consideran que pudieron haberse violado diversos lineamientos ambientales y disposiciones de la Ley de Aguas N acionales
.Entre las consecuencias más visibles se reporta la muerte de decenas de peces presuntamente a causa de la toxicidad de los hidrocarburos vertidos en la presa
.Productores y ejidatarios de la región también manifestaron preocupación debido a que el ganado acude regularmente a este sitio para beber agua, lo que podría representar un riesgo para los animales.
Ante esta situación, habitantes de Cárdenas hicieron un llamado urgente a autoridades federales como la Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que intervengan y realicen las investigaciones correspondientes.
Los afectados solicitan un peritaje ambiental, la aplicación de sanciones contra quienes resulten responsables y la prohibición definitiva del ingreso de vehículos motorizados a zonas naturales y cuerpos de agua de la localidad, con el objetivo de prevenir futuros daños ecológicos.
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Estado
Gobierno estatal refuerza vigilancia sanitaria en El Realito
La supervisión permanente en la planta potabilizadora fortalece el suministro de agua segura para las familias potosinas y el cumplimiento de las normas sanitarias
Por: Redacción
Cumpliendo con el compromiso del fobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar agua de calidad para las y los potosinos, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y los Servicios de Salud, a través de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), realizaron un recorrido de supervisión en la planta potabilizadora de la presa El Realito para verificar las condiciones sanitarias del proceso de abastecimiento.
El titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, detalló que, durante la visita, personal especializado revisó el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-230-SSA1 y NOM-179-SSA1, relacionadas con los requisitos sanitarios para el manejo, muestreo, evaluación y control de la calidad del agua potable distribuida a través de las redes de abastecimiento, como parte de un trabajo sin límites para brindar mayor certeza a la población.
La supervisión contó con el acompañamiento del personal operativo de la planta y consolida el cambio que se vive y se siente al fortalecer acciones preventivas que priorizan la salud pública y un servicio más confiable para las familias potosinas.
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Estado
Gobierno Estatal fortalecerá búsqueda de personas con espacio de resguardo forense
La nueva infraestructura complementará las labores de identificación humana y reforzará la atención integral a familias de personas desaparecidas o no localizadas
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) contará próximamente con un espacio de resguardo forense que complementará las tareas de búsqueda e identificación, además de fortalecer el trabajo científico y especializado en favor del derecho humano de ser buscado.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, detalló que, a la par, la Comisión continúa consolidando sus capacidades técnicas y operativas con más de 250 millones de pesos destinados desde 2021 para ampliar personal, equipamiento y herramientas de búsqueda.
La nueva infraestructura permitirá contar con un espacio digno para el resguardo digno de restos humanos no identificados y continuar los procesos científicos para su eventual identificación, bajo estrictos lineamientos nacionales en materia de derechos humanos y salubridad.
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