Diputados y jueces potosinos violan el Código Fiscal, poniendo en riesgo las finanzas públicas y la transparencia al facturar a nombre de un tercer: el gobierno del estado

Por: Redacción

En San Luis Potosí ni el Congreso local ni el Poder Judicial cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Así lo expuso la página Redes Quinto Poder en una investigación sobre la desigualdad fiscal entre los ciudadanos y los ministros o diputados.

En la lista de incumplimiento fiscal, el Poder Judicial de nuestro estado acompaña a otras entidades como Baja California, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, que en total obtuvieron 31 mil 87 millones de pesos en conjunto, durante los últimos cinco años.

Por su parte, el Congreso del Estado comparte el mismo grupo con el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, cuyos legislativos manejaron un presupuesto total de 21 mil 797 millones pesos en los últimos cinco años.

La investigación de Redes Quinto Poder explica que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial del estado facturan a nombre de un tercero, en este caso, el gobierno d el estado de San Luis Potosí

Esta omisión de las autoridades ante sus obligaciones fiscales, tiene consecuencias evidentes como la falta de transparencia y otras profundas como la desigualdad entre el ciudadano que incurre en un delito si declara con facturas ajenas, en contraposición con el funcionario que ya lo hace, pero no se le sanciona, explica la investigación.

Ambos poderes de San Luis Potosí han evadido con esta falta el artículo 27 del Código Fiscal, el cual obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades en las que se desempeñen y solicitar un RFC para lo mismo.

Los organismos públicos también se rigen por estos códigos, pero su carencia de RFC propio genera sospechas respecto a cómo manejan sus recursos. 

Las consecuencias directas de no tener el registro fiscal necesario se reflejarían en las sanciones administrativas por parte de un organismo fiscalizador que logre detectar irregularidades no subsanadas, entonces los auditores se darían cuenta de que los entes no tienen las facturas a su nombre, señala la investigación de Redes Quinto Poder.

Especialistas contactados por esa plataforma mencionaron que dichas prácticas vulneran la transparencia y afectan el gasto público. 

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