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Congreso y Poder Judicial de San Luis Potosí no tienen RFC
Diputados y jueces potosinos violan el Código Fiscal, poniendo en riesgo las finanzas públicas y la transparencia al facturar a nombre de un tercer: el gobierno del estado
Por: Redacción
En San Luis Potosí ni el Congreso local ni el Poder Judicial cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Así lo expuso la página Redes Quinto Poder en una investigación sobre la desigualdad fiscal entre los ciudadanos y los ministros o diputados.
En la lista de incumplimiento fiscal, el Poder Judicial de nuestro estado acompaña a otras entidades como Baja California, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, que en total obtuvieron 31 mil 87 millones de pesos en conjunto, durante los últimos cinco años.
Por su parte, el Congreso del Estado comparte el mismo grupo con el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, cuyos legislativos manejaron un presupuesto total de 21 mil 797 millones pesos en los últimos cinco años.
La investigación de Redes Quinto Poder explica que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial del estado facturan a nombre de un tercero, en este caso, el gobierno d el estado de San Luis Potosí 
Esta omisión de las autoridades ante sus obligaciones fiscales, tiene consecuencias evidentes como la falta de transparencia y otras profundas como la desigualdad entre el ciudadano que incurre en un delito si declara con facturas ajenas, en contraposición con el funcionario que ya lo hace, pero no se le sanciona, explica la investigación.
Ambos poderes de San Luis Potosí han evadido con esta falta el artículo 27 del Código Fiscal, el cual obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades en las que se desempeñen y solicitar un RFC para lo mismo.
Los organismos públicos también se rigen por estos códigos, pero su carencia de RFC propio genera sospechas respecto a cómo manejan sus recursos.
Las consecuencias directas de no tener el registro fiscal necesario se reflejarían en las sanciones administrativas por parte de un organismo fiscalizador que logre detectar irregularidades no subsanadas, entonces los auditores se darían cuenta de que los entes no tienen las facturas a su nombre, señala la investigación de Redes Quinto Poder.
Especialistas contactados por esa plataforma mencionaron que dichas prácticas vulneran la transparencia y afectan el gasto público.
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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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