diciembre 3, 2025

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Congreso y Poder Judicial de San Luis Potosí no tienen RFC

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Congreso de San Luis Potosí

Diputados y jueces potosinos violan el Código Fiscal, poniendo en riesgo las finanzas públicas y la transparencia al facturar a nombre de un tercer: el gobierno del estado

Por: Redacción

En San Luis Potosí ni el Congreso local ni el Poder Judicial cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Así lo expuso la página Redes Quinto Poder en una investigación sobre la desigualdad fiscal entre los ciudadanos y los ministros o diputados.

En la lista de incumplimiento fiscal, el Poder Judicial de nuestro estado acompaña a otras entidades como Baja California, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, que en total obtuvieron 31 mil 87 millones de pesos en conjunto, durante los últimos cinco años.

Por su parte, el Congreso del Estado comparte el mismo grupo con el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, cuyos legislativos manejaron un presupuesto total de 21 mil 797 millones pesos en los últimos cinco años.

La investigación de Redes Quinto Poder explica que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial del estado facturan a nombre de un tercero, en este caso, el gobierno d el estado de San Luis Potosí

.

Esta omisión de las autoridades ante sus obligaciones fiscales, tiene consecuencias evidentes como la falta de transparencia y otras profundas como la desigualdad entre el ciudadano que incurre en un delito si declara con facturas ajenas, en contraposición con el funcionario que ya lo hace, pero no se le sanciona, explica la investigación.

Ambos poderes de San Luis Potosí han evadido con esta falta el artículo 27 del Código Fiscal, el cual obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades en las que se desempeñen y solicitar un RFC para lo mismo.

Los organismos públicos también se rigen por estos códigos, pero su carencia de RFC propio genera sospechas respecto a cómo manejan sus recursos

Las consecuencias directas de no tener el registro fiscal necesario se reflejarían en las sanciones administrativas por parte de un organismo fiscalizador que logre detectar irregularidades no subsanadas, entonces los auditores se darían cuenta de que los entes no tienen las facturas a su nombre, señala la investigación de Redes Quinto Poder.

Especialistas contactados por esa plataforma mencionaron que dichas prácticas vulneran la transparencia y afectan el gasto público. 

Confirma Fiscalía el hallazgo de una mujer sin vida en Soledad

Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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