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Congreso y Poder Judicial de San Luis Potosí no tienen RFC
Diputados y jueces potosinos violan el Código Fiscal, poniendo en riesgo las finanzas públicas y la transparencia al facturar a nombre de un tercer: el gobierno del estado
Por: Redacción
En San Luis Potosí ni el Congreso local ni el Poder Judicial cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Así lo expuso la página Redes Quinto Poder en una investigación sobre la desigualdad fiscal entre los ciudadanos y los ministros o diputados.
En la lista de incumplimiento fiscal, el Poder Judicial de nuestro estado acompaña a otras entidades como Baja California, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, que en total obtuvieron 31 mil 87 millones de pesos en conjunto, durante los últimos cinco años.
Por su parte, el Congreso del Estado comparte el mismo grupo con el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, cuyos legislativos manejaron un presupuesto total de 21 mil 797 millones pesos en los últimos cinco años.
La investigación de Redes Quinto Poder explica que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial del estado facturan a nombre de un tercero, en este caso, el gobierno d el estado de San Luis Potosí .
Esta omisión de las autoridades ante sus obligaciones fiscales, tiene consecuencias evidentes como la falta de transparencia y otras profundas como la desigualdad entre el ciudadano que incurre en un delito si declara con facturas ajenas, en contraposición con el funcionario que ya lo hace, pero no se le sanciona, explica la investigación.
Ambos poderes de San Luis Potosí han evadido con esta falta el artículo 27 del Código Fiscal, el cual obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades en las que se desempeñen y solicitar un RFC para lo mismo.
Los organismos públicos también se rigen por estos códigos, pero su carencia de RFC propio genera sospechas respecto a cómo manejan sus recursos.
Las consecuencias directas de no tener el registro fiscal necesario se reflejarían en las sanciones administrativas por parte de un organismo fiscalizador que logre detectar irregularidades no subsanadas, entonces los auditores se darían cuenta de que los entes no tienen las facturas a su nombre, señala la investigación de Redes Quinto Poder.
Especialistas contactados por esa plataforma mencionaron que dichas prácticas vulneran la transparencia y afectan el gasto público.
Confirma Fiscalía el hallazgo de una mujer sin vida en Soledad
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Caso del perrito Hachi en Valles: lo sometieron de forma violenta y entregaron el cuerpo degollado
El alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar del personal de Protección Civil, aseguró que “la intervención se realizó conforme a protocolo”
Por: Redacción
La muerte de “Hachi”, un perro de raza labrador, ha generado indignación en Ciudad Valles, luego de que su familia denunciara un sometimiento violento por parte de elementos de Protección Civil municipal, así como la entrega del cuerpo degollado, lo que que calificaron como indignantes.
De acuerdo con los testimonios difundidos, el animal se encontraba bajo el cuidado de un tercero cuando, durante un paseo, reaccionó tras presunta agresión por parte de menores, lo que derivó en el reporte a autoridades.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes procedieron a asegurar al perro. Sin embargo, testigos y familiares señalan que el procedimiento incluyó uso excesivo de la fuerza, con inmovilización del animal mediante sujeción física que le impidió moverse, lo que —afirman— le provocó lesiones.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro sujeto contra una estructura, con el cuerpo restringido y sin posibilidad de movimiento, mientras era ahorcado por varios elementos con cuerdas y sogas.
Horas después, de acuerdo a información de C4 Jiménez, la familia denunció que el cuerpo de Hachi fue devuelto sin vida, dentro de una bolsa plástica y en condiciones que evidenciaban un manejo inadecuado y falta de respeto, pues el animal estaba degollado, en bolsas de plástico y otras partes del cuerpo cortadas.
Pese a estos señalamientos, el alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar de su personal, asegurando que la intervención se realizó conforme a protocolo.
En la misma línea, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que el procedimiento fue correcto.
Ante ello, ciudadanos y organizaciones han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El caso de Hachi ha colocado en el centro del debate no solo la actuación de las autoridades, sino también los límites del llamado “protocolo” frente al respeto y protección de la vida animal.
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Tigrillo muere tras ser atropellado en autopista de la Huasteca
Una usuaria de Facebook dijo que se dio aviso a Selva Teenek Ecopark y a Eco Huellas TMZ; denunció la falta de pasos de fauna en la zona
Por: Redacción
Un tigrillo fue encontrado agonizando tras ser atropellado en la autopista rumbo a San Luis Potosí, cerca de la entrada al municipio de Tamasopo, de acuerdo con el reporte realizado por una usuaria en redes sociales.
Según el testimonio difundido, el felino aún presentaba signos de vida al momento de ser localizado; sin embargo, su estado era crítico. Ante la situación, las personas que se encontraban en el lugar únicamente pudieron orillarlo fuera de la vialidad para evitar que otros vehículos lo arrollaran nuevamente.
Asimismo, se dio aviso a organizaciones dedicadas a la protección de fauna, entre ellas Selva Teenek Ecopark y Eco Huellas TMZ, con el fin de que pudieran intervenir en el caso.
De acuerdo con lo señalado en la publicación, la ausencia de pasos de fauna en esta zona contribuye a que estos incidentes ocurran con frecuencia.
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Buscan visibilizar a menores en orfandad tras feminicidios con nuevo registro
La Ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, participó en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio
Por: Redacción
“Atender la orfandad derivada del feminicidio hace un imperativo contar con un marco jurídico integral, capaz de articular, de manera coherente, las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas, protección de la niñez, prevención y erradicación de la violencia, asistencia social y actuación procesal penal”, aseguró la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
Durante su intervención en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio, la Ministra reconoció que se trata de una decisión clave para la atención de infancias y adolescencias con esta problemática.
Esquivel Mossa explicó que más allá de un padrón, este registro tiene mayores implicaciones: “hablamos de la realidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes quienes, tras el feminicidio de sus madres, quedan en situación de orfandad y enfrentan una ruptura que afecta tanto su dignidad como su estabilidad emocional, y las perspectivas de una vida que garantice sus derechos y los satisfactores que requieren para un desarrollo integral”.
Por ello, el registro nacional de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio es un instrumento que permitirá visibilizar de manera inmediata a las víctimas indirectas, asegurar su incorporación oportuna a los mecanismos de protección y reparación previstos en la ley y coordinar la actuación de todas las instituciones involucradas.
Finalmente, la Ministra Esquivel se solidarizó con quienes hacen posible este esfuerzo, reiterando que en ella tienen una aliada, siempre a favor de las mujeres víctimas de violencia y las víctimas indirectas.
Esta actividad, convocada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, contó además con la presencia de Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias; Maribel Borjorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; así como Javier Valseca, director de Tecnologías de la Información del SNDIF.
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