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Congreso y Poder Judicial de San Luis Potosí no tienen RFC

Diputados y jueces potosinos violan el Código Fiscal, poniendo en riesgo las finanzas públicas y la transparencia al facturar a nombre de un tercer: el gobierno del estado
Por: Redacción
En San Luis Potosí ni el Congreso local ni el Poder Judicial cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Así lo expuso la página Redes Quinto Poder en una investigación sobre la desigualdad fiscal entre los ciudadanos y los ministros o diputados.
En la lista de incumplimiento fiscal, el Poder Judicial de nuestro estado acompaña a otras entidades como Baja California, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, que en total obtuvieron 31 mil 87 millones de pesos en conjunto, durante los últimos cinco años.
Por su parte, el Congreso del Estado comparte el mismo grupo con el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, cuyos legislativos manejaron un presupuesto total de 21 mil 797 millones pesos en los últimos cinco años.
La investigación de Redes Quinto Poder explica que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial del estado facturan a nombre de un tercero, en este caso, el gobierno d el estado de San Luis Potosí .
Esta omisión de las autoridades ante sus obligaciones fiscales, tiene consecuencias evidentes como la falta de transparencia y otras profundas como la desigualdad entre el ciudadano que incurre en un delito si declara con facturas ajenas, en contraposición con el funcionario que ya lo hace, pero no se le sanciona, explica la investigación.
Ambos poderes de San Luis Potosí han evadido con esta falta el artículo 27 del Código Fiscal, el cual obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades en las que se desempeñen y solicitar un RFC para lo mismo.
Los organismos públicos también se rigen por estos códigos, pero su carencia de RFC propio genera sospechas respecto a cómo manejan sus recursos.
Las consecuencias directas de no tener el registro fiscal necesario se reflejarían en las sanciones administrativas por parte de un organismo fiscalizador que logre detectar irregularidades no subsanadas, entonces los auditores se darían cuenta de que los entes no tienen las facturas a su nombre, señala la investigación de Redes Quinto Poder.
Especialistas contactados por esa plataforma mencionaron que dichas prácticas vulneran la transparencia y afectan el gasto público.
Confirma Fiscalía el hallazgo de una mujer sin vida en Soledad
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Violadores de estudiante de Derecho enfrentarían hasta 20 años de prisión
La Fiscalía General del Estado busca a los otros dos implicados; uno de ellos es menor de edad.
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Santiago “N”, uno de los tres jóvenes señalados por la violación agravada de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El delito que se le imputa —violación específica agravada— contempla una pena de entre 8 y 20 años de prisión, que extenderse debido a las agravantes establecidas en el Código Penal del Estado, como el estado de vulnerabilidad de la víctima y la participación de más de una persona en el ataque.
La fiscal detalló que los hechos ocurrieron el 17 de octubre, entre las 16:00 y 16:30 horas, dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, donde la víctima —una joven de 18 años— convivía con tres hombres: dos estudiantes de la UASLP y un civil externo. De acuerdo con la denuncia, la estudiante fue agredida sexualmente sin su consentimiento.
Una alumna que presenció parte del incidente alertó a las autoridades universitarias, quienes acudieron al lugar y auxiliaron a la víctima. Posteriormente, fue trasladada junto con dos de los implicados ante los directivos del plantel.
La víctima presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer el 18 de octubre, un día después de los hechos. Desde entonces se le otorgaron medidas de protección, y se inició una investigación con perspectiva de género.
“El hecho de que la víctima se encontrara en un estado vulnerable constituye un agravante. Se trata de una violación específica agravada”, explicó García Cázares.
La fiscal confirmó que ya fue detenido uno de los implicados, mientras que otros dos continúan prófugos. El tercer señalado, es menor de edad.
La audiencia inicial de formulación de imputación se llevó a cabo este lunes al mediodía, donde el juez de control determinará la situación jurídica del detenido: “La Fiscalía no dejará este hecho impune. Continuaremos con la búsqueda de los demás intervinientes hasta presentarlos ante la justicia”, subrayó García Cázares.
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Detienen a Santiago “N”, presunto implicado en caso de violación en Derecho
La detención fue dada a conocer por el gobernador Ricardo Gallardo a través de sus redes sociales
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a uno de los presuntos responsables de la violación denunciada por una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hecho que provocó una ola de manifestaciones estudiantiles en los últimos días.
A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer que el detenido fue identificado como Santiago “N”, y señaló que las autoridades ya tienen plenamente identificados a los demás involucrados en el caso.
“Me acaba de informar la Fiscalía General del Estado que ya fue detenido Santiago “N”, un presunto involucrado en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital y que están plenamente identificados los otros acusados”, publicó Gallardo en su cuenta oficial de Facebook.
El gobernador agradeció a la Fiscalía “por actuar rápido y con determinación”, y reiteró que su administración mantiene respaldo total a la víctima, su familia y la comunidad universitaria.
“Nuestro compromiso como Gobierno es claro: respaldo total a la persona denunciante, a su familia y a toda nuestra comunidad universitaria. No están solos. En San Luis Potosí: cero tolerancia a la violencia de género”, añadió.
El caso, que salió a la luz pública esta semana, desató protestas masivas de estudiantes y colectivas feministas que exigieron justicia.
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11 maestros han sido cesados por distintas faltas en escuelas de SLP: SEGE
Torres Cedillo también pidió una ley que defienda a los docentes ante denuncias injustas
Por: Redacción
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, hizo un llamado a “recuperar el equilibrio” entre la protección de los estudiantes y los derechos de los docentes, al advertir que muchos profesores hoy temen perder su empleo por simples malentendidos dentro del aula.
El funcionario expuso que, en lo que va de la administración, 11 trabajadores de la educación han sido separados definitivamente del cargo y 33 casos en total han recibido algún tipo de sanción por conductas relacionadas con abuso de autoridad, discriminación o acoso. Sin embargo, aclaró que no todos los casos derivan en despido, ya que algunos se resolvieron con medidas correctivas tras una revisión jurídica.
Torres Cedillo aseguró que desde marzo de 2022, cuando asumió el cargo, la dependencia mantiene una política de “cero tolerancia” hacia cualquier forma de violencia en el entorno escolar. A la par, se han impulsado capacitaciones, pláticas y actualizaciones normativas para prevenir abusos.
Pese a ello, reconoció que existe un clima de inseguridad laboral entre los maestros , quienes han optado por moderar su trato con los alumnos ante el temor de ser señalados injustamente.
“El avance en la protección infantil es positivo, pero también ha generado miedo en el magisterio. Hoy un maestro prefiere no corregir por temor a una denuncia”, señaló.
Como ejemplo, mencionó el caso de un profesor denunciado por discriminación luego de llamar “chaparrito” a un estudiante durante una dinámica recreativa: “Son situaciones que no tienen una intención negativa, pero que podrían terminar con la carrera de un docente”, dijo.
El titular de la SEGE adelantó que se trabaja con la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México, en una iniciativa de ley que garantice la defensa del profesionalismo docente, sin que ello signifique relajar las sanciones a quienes cometan abusos reales.
“Necesitamos una ley que defienda a los maestros sin poner en riesgo la protección de los alumnos”, concluyó.
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