Congreso del Estado
Congreso se posicionó en contra del Proyecto Monterrey VI
Los legisladores comentaron que pueden explotarse otras alternativas que cuesten menos a la nación y no pongan en riesgo el equilibrio ecológico
Por: Redacción
El Congreso del Estado informó que mantendrá su posicionamiento público y político en contra del Proyecto Monterrey VI que implica llevar agua de la zona huasteca potosina al estado de Nuevo León y hará todo lo que esté a su alcance para que la Federación tome en consideración los grandes riesgos que implica una medida de esta naturaleza para el equilibrio ecológico.
Diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios señalaron que han establecido el posicionamiento frente a esta situación de acuerdo a lo que reclaman los habitantes de San Luis Potosí.
Los legisladores manifestaron que las clases de derecho constitucional sobre la tutela de las aguas nacionales por parte de algunos especialistas, son innecesarias ya que le debate no está en definir de quien es el agua, de eso no hay duda, sino en dejar claro que los potosinos no están de acuerdo en este proyecto, bajo ninguna circunstancia.
La gente de la región exige que los recursos naturales se mantengan de forma adecuada ante la sensación de que generaría un impacto ambiental negativo en la región.
Se ha dicho que pueden explorarse otras alternativas que cuesten menos a la Nación y no pongan en riesgo el equilibrio ecológico, mientras tanto, los legisladores mantendrán su posición y los mensajes de que no están de acuerdo sobre este proyecto, por todas las razones que han sido expuestas en diversos foros.
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Congreso del Estado
Congreso amplía qué se considera “razones de género” en feminicidio
El Pleno aprobó la reforma al artículo 135 del Código Penal sin cambiar la pena de 40 a 60 años de prisión
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí, el que define el delito de feminicidio. La reforma incorpora características que ayudan a investigar estos crímenes, evitar su impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
El dictamen lo presentó la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández. Amplía los ámbitos de violencia previa y de las relaciones entre personas que permiten acreditar las “razones de género”, es decir, el elemento que debe demostrarse para que la muerte de una mujer se considere feminicidio.
La reforma no cambia la pena ni crea un delito abierto o impreciso, para no violar el principio de legalidad, que exige que los delitos estén descritos con claridad en la ley.
Qué se agrega
Habrá razones de género cuando exista una relación de subordinación o superioridad, formal o de hecho: institucional, laboral, docente, religiosa, de servicio o de cualquier otro tipo.
También cuando la víctima estuviera en indefensión o desprotección real, por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, o por dificultad para pedir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por un impedimento físico o material.
Otra característica es que la víctima haya sido reportada como desaparecida o buscada por familiares, particulares o autoridades antes de localizar su cuerpo o restos, o que el cuerpo haya sido expuesto, arrojado, enterrado u ocultado en un lugar público o privado.
Cuál es la pena
El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión y una multa de 4 mil a 6 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de referencia que se usa para calcular multas y otros pagos. La pena aumenta hasta en una tercera parte cuando hay varios autores, cuando el delito ocurre en contextos de trata de personas o explotación sexual, o cuando se comete frente a personas con vínculo de parentesco, afectivo o de confianza con la víctima, o si ésta es niña o adolescente.
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Congreso del Estado
Congreso aprueba programa del Parlamento Juvenil 2026 con 28 jóvenes
Discapacidad, pueblos indígenas y comunidad LGBT serán los temas de esta edición
Por: Redacción
La Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado aprobó el programa del Parlamento Juvenil 2026, denominado “Ideas de Hoy para un Mejor Mañana”, que se realizará el 25 y 26 de noviembre. Participarán 28 jóvenes, 14 mujeres y 14 hombres, seleccionados de entre 78 propuestas.
La diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la comisión, informó que la selección se realizó con criterios de equidad de género y de representación de las cuatro regiones del estado, para garantizar una participación plural e incluyente.
Entre los temas de esta edición se encuentran la discapacidad, los pueblos indígenas y la comunidad LGBT, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas y fortalecer la participación de las juventudes potosinas.
Las actividades comenzarán el miércoles 25 de noviembre con la recepción de los participantes en el edificio Ponciano Arriaga Leija
, en Jardín Hidalgo 19, frente a Plaza de Armas. Después habrá un ensayo general en el Salón de Plenos, un recorrido guiado por el Museo Nacional de la Máscara y una conferencia de la psicóloga Olivia Hernández sobre salud mental y prevención del suicidio.El jueves 26 de noviembre, a las 10:00 horas, se realizará la Sesión del Parlamento Juvenil 2026 en el Salón de Plenos. Al término, las y los integrantes de la LXIV Legislatura entregarán reconocimientos a las y los participantes.
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Congreso del Estado
Proponen campañas para prevenir abusos al patrimonio de adultos mayores
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso en sesión ordinaria una iniciativa para reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado. Busca que las personas adultas mayores, sus familias y cuidadores cuenten con herramientas para prevenir riesgos a sus bienes, ingresos o patrimonio.
Qué propone
La iniciativa plantea que las campañas informativas del DIF Estatal y los DIF Municipales, junto con el INAPAM, incluyan información accesible sobre señales de alerta de posibles abusos, en particular los que afecten sus bienes, ingresos o patrimonio. También sobre las vías para solicitar orientación, presentar denuncias y acceder a los mecanismos institucionales de protección y atención.
Exposición de motivos
Lara Rocha señala que las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, y a recibir protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o discriminación. Afirmó que esa protección incluye también la preservación de sus bienes, ingresos y patrimonio. Por eso, dijo, la iniciativa busca que las campañas de prevención no se limiten a mensajes generales, sino que den información para identificar riesgos y conocer las alternativas institucionales.
Alcance
El legislador agregó que la medida tiene carácter preventivo y de sensibilización, sin crear nuevas categorías de violencia ni duplicar las disposiciones que ya regulan la protección patrimonial. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
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