Titular de la Sefin afirma que el aval del Legislativo permitirá al Gobierno estatal seguir transformando de manera positiva a San Luis Potosí

Por: Redacción

El presupuesto de egresos para el 2026, aprobado este día por el Congreso del Estado con 25 votos a favor y una abstención, se diseñó en base a las necesidades reales de las y los potosinos, prioriza áreas claves para el desarrollo y busca reducir las brechas de desigualdad y oportunidades entre las cuatro zonas de San Luis Potosí.

Lo anterior lo afirmó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado, quien reconoció el aval que los legisladores otorgaron al aprobar la iniciativa de egresos, de tras de la cual no existe otro interés que el de seguir transformando de manera positiva a San Luis Potosí, como ha venido ocurriendo en cada uno de los años de la actual administración estatal.

Reiteró que la propuesta de egresos por parte del Ejecutivo y la aprobación por parte del Congreso obedecen a las prioridades y necesidades del Estado, no a intereses de particulares que inútilmente pretenden influir a favor de ciertos sectores.

Declaró que la propuesta ya aprobada plantea piso parejo para todos los sectores, por lo que nunca hubo necesidad de cabilderos que abogaran por más recursos para un sector determinado. 

Precisó que, para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo las estrategias fundamentales que permitan mantener los avances que San Luis Potosí registra en materia de infraestructura, seguridad, desarrollo económico y social, los cuales han sido acreditados por organismos nacionales, tanto públicos como privados.

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El gobernador mencionó que la STPS realizará operativos en SLP para verificar que las empresas cumplan

Por: Redacción

Tras el anuncio nacional del incremento al salario mínimo a 315.04 pesos diarios para 2025, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que en San Luis Potosí “casi nadie gana el salario mínimo”, al destacar que la mayoría de las empresas ofrecen sueldos por encima de esa base.

El mandatario señaló que será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la encargada de realizar operativos para garantizar que el aumento obligatorio se respete en todo el estado. Sin embargo, sostuvo que en la entidad el salario mínimo “ya es obsoleto” y funciona prácticamente sólo como referencia para multas.

“La Secretaría del Trabajo va a estar haciendo operativos para respetar el salario mínimo, pero en San Luis Potosí ya casi nadie gana el mínimo. Esa es la realidad. Ya no se usa el mínimo más que para cobrar multas. Cualquier compañía que te contrata ya no te ofrece el mínimo porque ya es obsoleto”, dijo.

Gallardo afirmó que la población potosina ya no puede vivir con un salario mínimo y que por ello el mercado laboral local tiende, según dijo, a ofrecer ingresos “arriba del mínimo”, aunque sin precisar cifras, sectores o regiones donde esto ocurra.

El incremento al salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y será obligatorio para todas las empresas y centros de trabajo del país.

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La Legislatura mantuvo intacto el Paquete Económico, excepto en el rubro universitario y el aumento al Ceepac

La aportación estatal baja de 506 MDP que propuso el ejecutivo a 320 millones y reaviva el choque político con la Máxima Casa de Estudios

Por: Jorge Saldaña

El Congreso del Estado aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos 2026 con una modificación de alto impacto: un recorte de 186 millones de pesos a la partida destinada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a que el Ejecutivo había solicitado asignar 506 millones para cumplir con el convenio federal–estatal de financiamiento universitario del siguiente año.

La Legislatura mantuvo sin cambios el resto del Paquete Económico, a excepción de un incremento al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por 20 millones de pesos, y en contra parte redujo la aportación universitaria a 320 millones, apenas 20 millones más que lo aprobado para 2025, un monto que demostró ser insuficiente y que dejó a la institución al borde.

El ajuste se vota en el punto más tenso de la relación entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y los diputados, luego de semanas de desencuentros públicos e invitaciones de ida y vuelta entre el poder legislativo y la máxima casa de estudios.

En ese contexto, el dictamen de la Comisión de Hacienda argumentó que el recorte obedece a la falta de información suficiente sobre la aplicación del gasto universitario. Pero en los hechos, la decisión se interpreta como una respuesta política a lo que los legisladores consideran desplantes de la institución.

Un error que se repite.

En 2024, el Congreso aprobó en diciembre solo 300 millones para la UASLP, pero el Gobierno estatal firmó en enero un acuerdo con la Federación por 506 millones, diferencia que generó un conflicto que escaló en todos los niveles.

La tensión terminó con un pago tardío —y políticamente costoso— tanto para el Ejecutivo como para la UASLP.

Ahora, para 2026, el escenario se repite, pero sin que exista un adeudo pendiente que obligue al Gobierno a intervenir: el Congreso dejó la aportación en 320 millones, muy por debajo de lo requerido para operar con estabilidad.

Diputadas como Gabriela López Torres advirtieron que el ajuste “repite el error del año pasado”, pero la Comisión no abrió deliberación y procedió directamente con la votación.

De mantenerse la cifra aprobada, la UASLP enfrentaría en 2026 un déficit similar o peor al vivido este año, cuando la falta de recursos amenazó con paros generalizados al no contar con los recursos para el pago de nóminas y prestaciones. La diferencia para el próximo año es que la institución no tiene una compensación federal garantizada para cubrir el faltante.

La aprobación del paquete económico 2026 entrará en vigor tras su publicación, pero deja sembrada una nueva batalla política: la Universidad busca instalarse en la narrativa de víctima frente al poder, mientras el Congreso presume el recorte como una medida de “responsabilidad” ante la supuesta falta de transparencia universitaria.

En medio, una comunidad de más de 30 mil estudiantes y trabajadores espera que la pugna no vuelva a traducirse en incertidumbre financiera y un constante enfrentamiento político.

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