Diputada Jáuregui Mendoza: no está justificado un incremento en la tarifa, no se ha visto mejoría

Por: Redacción

La diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, señaló que la tarifa del transporte urbano para 2026 no debe incrementarse de manera que afecte el bolsillo de los usuarios.

“La propuesta de los permisionarios para que suba a 15 pesos –actualmente es de 12.50- pareciera que no afecta a la economía pero hay estudiantes y personas de bajos ingresos que no la pueden costear”. 

Reconoció que los permisionarios “duraron dos años sin ningún tipo de aumento, y se vieron impedidos de darle mantenimiento a las unidades, situación que presentan como una de las justificaciones para plantear el aumento a la tarifa sin que hayan sustituido las unidades obsoletas”. 

“Esperamos que se llegue a un buen acuerdo, que no se les olvide la gente, que se verá un poco afectada si realmente se realiza este aumento”, señaló. La diputada Jáuregui Mendoza añadió que “no está justificado un incremento elevado en la tarifa, no se ha visto mejoría en el servicio”. 

En todo caso, expuso, la titular de la SCT seguramente dará una amplia explicación sobre los argumentos y criterios utilizados cuando se determine el ajuste tarifario.

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La iniciativa propone reformas constitucionales y a la Ley Ambiental del Estado

Por: Redacción

Con el objetivo de fomentar la captación y reutilización de aguas pluviales en el estado, el diputado José Roberto García Castillo propuso una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones normativas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y de la Ley Ambiental del Estado.

La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, a fin de establecer que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su respectiva competencia y conforme a su capacidad presupuestal, deberán implementar sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales.

Esta disposición contempla como prioridad aquellas zonas que carecen de infraestructura hidráulica, presentan altos índices de marginación económica o pobreza urbana, así como los edificios públicos y centros educativos públicos.

La propuesta se sustenta en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 28 de julio de 2010, mediante la cual se reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, lo que obliga a los Estados a adoptar medidas que garanticen el acceso al agua mediante tecnologías adecuadas.

Elevar esta obligación a rango constitucional permitirá avanzar en el cumplimiento de estos compromisos, al tiempo que se abona al combate de la escasez del recurso hídrico y se fortalece la sostenibilidad ambiental.

Propone además, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Ambiental del Estado

El planteamiento establece como punto de partida la instalación de estos sistemas en edificios públicos y centros educativos estatales y municipales, sin limitar la posibilidad de que, conforme se avance en la implementación del programa, se amplíe su aplicación a otros espacios como unidades habitacionales, parques y centros comunitarios.

Se indica que la SEGAM será la encargada de la promoción, implementación y regulación de sistemas para la captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento integral de aguas pluviales, fomentando su uso eficiente en actividades domésticas, agrícolas, industriales y urbanas.

La iniciativa que se encuentra en análisis en las Comisiones de Puntos Constitucionales; y Hacienda del Estado busca fomentar la capacitación y reutilización de aguas pluviales en el estado. 

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El diputado señaló que de acuerdo con información recibida, se registraron alrededor de 10 casos de robo en escuelas

Por: Redacción

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputado Crisógono Pérez López, lamentó que durante el reciente periodo vacacional se hayan registrado robos en planteles educativos, aunque reconoció que la incidencia fue menor en comparación con años anteriores.

Señaló que de acuerdo con información recibida, se registraron alrededor de 10 casos de robo en escuelas, cifra que si bien puede parecer baja, representa un daño significativo para cada uno de los planteles afectados.

“Es muy lamentable que se sigan presentando este tipo de situaciones, porque detrás de cada escuela hay un esfuerzo grande de la sociedad, de los padres de familia, de los alumnos y del propio gobierno para mejorar las condiciones educativas”, expresó.

El diputado Pérez López explicó que los daños no solo implican la pérdida de materiales, como el cableado eléctrico, sino también elevados costos de reparación, al tener que cubrir mano de obra y la reposición de la infraestructura dañada.

Añadió que, en muchos casos, lo robado es vendido por una cantidad mínima, mientras que el perjuicio económico para la escuela es considerable.