Ciudad
¿Cómo apareció un acuerdo que legitima el desalojo de Tere Carrizales?
Teresa Carrizales ampliará la demanda contra el Ayuntamiento capitalino, pues el acuerdo que legitima su despido, aunque tiene fecha de enero, fue publicado en agosto
Por: Redacción
El alcalde Xavier Nava Palacios, en colusión con Sebastián Pérez, secretario general de su gobierno, habría fabricado un acuerdo administrativo delegatorio para legitimar el despido de Teresa Carrizales Hernández, hasta hace dos meses, titular de la oficialía 11 del Registro Civil en San Luis Potosí.
Lo anterior fue denunciado por la propia Teresa Carrizales, quien optó por ampliar la demanda penal que promueve ante la justicia local en contra de ambos funcionarios, pues descubrió que dicho documento fue agregado a la gaceta municipal apenas en agosto, pero con fecha de enero, lo que, además, este medio pudo comprobar.
La exoficial denunció que, durante el domingo pasado, revisando la gaceta municipal, se halló con que un documento, supuestamente surgido de una sesión extraordinaria de la que no hay rastro, fue recientemente agregado y que en él se reconoce como facultad del presidente municipal “delegar en sus subordinados aquellas de sus facultades que sean necesarias para el ejercicio de las funciones que queden a cargo de los mismos”.
Posteriormente, el documento reconoce que el secretario general “aún y cuando orgánicamente es el superior inmediato, no cuenta reglamentariamente con atribuciones que la faculten para llevar a cabo la supervisión en la prestación de los servicios que (las oficialías del Registro Civil) ofrecen a la ciudadanía, a fin de verificar que se desarrolle de manera eficaz y en los términos de la ley de la materia”.
Es decir, Sebastián Pérez García no tenía las atribuciones para ordenar el despido de Teresa Carrizales y, mucho menos, para hacer uso de la fuerza pública y desalojarla con violencia de las instalaciones donde prestaba sus servicios.
Más adelante, según el documento que ahora aparece en la gaceta, el presidente acuerda delegar “a la Secretaría General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, las facultades y atribuciones, que se establecen en la fracción XIX del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, consistentes en coadyuvar en la inspección, vigilancia, atención de las quejas , entre otros, que se presenten derivado de los servicios que ofrecen las Oficialías del Registro Civil del Municipio de San Luis Potosí”.
También dice que Sebastián Pérez, por dicho acuerdo “tendrá a su cargo la obligación de aplicar y vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33 y demás inherentes de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí en cuanto competan a este Municipio”; y además, dice “La citada Secretaría General a efecto de dar cumplimiento, se auxiliará de las diferentes áreas de la Administración Municipal”.
Hacia el final del documento, este aparece solamente firmado por el alcalde Nava Palacios y Sebastián Pérez García; además de que, según la portadilla, se realizó en enero de este año aunque la dirección electrónica del mismo evidencia que no fue sino hasta agosto, es decir, después del desalojo de Teresa Carrizales, que se realizó y se agregó a la gaceta municipal.
Lo anterior podría demostrar, no solo que Sebastián Pérez García no tenía atribuciones para ordenar el despido y desalojo de Teresa Carrizales, sino que el documento que ahora se las otorga, fue fabricado posterior al evento para legitimar el acto ilegal y evadir los procesos jurídicos que hoy buscan procesarlo penalmente y retirarle su cargo como secretario general del gobierno navista.
Sobre la posibilidad de que su gobierno haya incurrido, además, en falsificación de pruebas, el alcalde Xavier Nava Palacios evitó emitir un posicionamiento y respondió a los medios que en su administración “nosotros solo estamos trabajando”.
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Ayuntamiento de SLP
Botones de pánico en Zona Universitaria están activos: SSPC
El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Ciudad
SEGE ordena a escuelas permitir pants y ropa abrigadora en invierno
Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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Ciudad
No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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