Teresa Carrizales ampliará la demanda contra el Ayuntamiento capitalino, pues el acuerdo que legitima su despido, aunque tiene fecha de enero, fue publicado en agosto

Por: Redacción

El alcalde Xavier Nava Palacios, en colusión con Sebastián Pérez, secretario general de su gobierno, habría fabricado un acuerdo administrativo delegatorio para legitimar el despido de Teresa Carrizales Hernández, hasta hace dos meses, titular de la oficialía 11 del Registro Civil en San Luis Potosí.

Lo anterior fue denunciado por la propia Teresa Carrizales, quien optó por ampliar la demanda penal que promueve ante la justicia local en contra de ambos funcionarios, pues descubrió que dicho documento fue agregado a la gaceta municipal apenas en agosto, pero con fecha de enero, lo que, además, este medio pudo comprobar.

La exoficial denunció que, durante el domingo pasado, revisando la gaceta municipal, se halló con que un documento, supuestamente surgido de una sesión extraordinaria de la que no hay rastro, fue recientemente agregado y que en él se reconoce como facultad del presidente municipal “delegar en sus subordinados aquellas de sus facultades que sean necesarias para el ejercicio de las funciones que queden a cargo de los mismos”.

Posteriormente, el documento reconoce que el secretario general “aún y cuando orgánicamente es el superior inmediato, no cuenta reglamentariamente con atribuciones que la faculten para llevar a cabo la supervisión en la prestación de los servicios que (las oficialías del Registro Civil) ofrecen a la ciudadanía, a fin de verificar que se desarrolle de manera eficaz y en los términos de la ley de la materia”.

Es decir, Sebastián Pérez García no tenía las atribuciones para ordenar el despido de Teresa Carrizales y, mucho menos, para hacer uso de la fuerza pública y desalojarla con violencia de las instalaciones donde prestaba sus servicios.

Más adelante, según el documento que ahora aparece en la gaceta, el presidente acuerda delegar “a la Secretaría General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, las facultades y atribuciones, que se establecen en la fracción XIX del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, consistentes en coadyuvar en la inspección, vigilancia, atención de las quejas

También dice que Sebastián Pérez, por dicho acuerdo “tendrá a su cargo la obligación de aplicar y vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33 y demás inherentes de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí en cuanto competan a este Municipio”; y además, dice “La citada Secretaría General a efecto de dar cumplimiento, se auxiliará de las diferentes áreas de la Administración Municipal”.

Hacia el final del documento, este aparece solamente firmado por el alcalde Nava Palacios y Sebastián Pérez García; además de que, según la portadilla, se realizó en enero de este año aunque la dirección electrónica del mismo evidencia que no fue sino hasta agosto, es decir, después del desalojo de Teresa Carrizales, que se realizó y se agregó a la gaceta municipal.

Lo anterior podría demostrar, no solo que Sebastián Pérez García no tenía atribuciones para ordenar el despido y desalojo de Teresa Carrizales, sino que el documento que ahora se las otorga, fue fabricado posterior al evento para legitimar el acto ilegal y evadir los procesos jurídicos que hoy buscan procesarlo penalmente y retirarle su cargo como secretario general del gobierno navista.

Sobre la posibilidad de que su gobierno haya incurrido, además, en falsificación de pruebas, el alcalde Xavier Nava Palacios evitó emitir un posicionamiento y respondió a los medios que en su administración “nosotros solo estamos trabajando”.

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