abril 1, 2026

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Congreso del Estado

Comisión pide implementar acciones para disminuir contaminación de ladrilleras

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La Comisión de Ecología y Medio Ambiente indicó que en otras ciudades se otorgan incentivos con material que no contamina

Por: Redacción

La mala calidad del aire en San Luis Potosí, no solamente se debe a la contaminación que provocan las empresas que fabrican ladrillos en la mancha urbana sino a otras situaciones que hoy afectan evidentemente la salud de las y los potosinos, se informó en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Hay que analizar el problema, entrarle a la solución de raíz, para que el rubro de la construcción aplique nuevas medidas como lo son los “ladrillos verdes” que permiten tener acceso a certificaciones y beneficios fiscales, en un esquema que funciona de manera excelente en otras entidades.

Se trata de un material que no contamina y se usa en todo tipo de construcción porque su calidad ha sido probada, de tal manera que en San Luis Potosí se puede empezar a trabajar en ese proyecto con los alrededor de 70 productores de ladrillos que trabajan en la capital del estado, a fin de que abandonen los métodos que usan actualmente.

Es muy grave que se utilicen plásticos, equipo de cómputo, llantas y demás material contaminante para encender los hornos donde se fabrican los ladrillos

, por eso es necesario y urgente trabajar con el secretario de Ecología y Gestión Ambiental para buscar soluciones de fondo en el corto plazo.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente se pronunció por la implementación del proyecto verde, que permite incentivos a quienes construyan con material que no contamina, con bloques o ladrillos certificados, lo que además permitiría ayudar al sector empresarial que ha sido muy afectado por las consecuencias económicas de la pandemia.

Se tienen detectadas ladrilleras que operan de manera clandestina, principalmente durante las noches y la madrugada y a quienes trabajan de manera legal, se les debe incentivar para que migren a las nuevas tecnologías, contando con el respaldo de las autoridades que están preocupadas por la preservación del medio ambiente.

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Congreso del Estado

Congreso busca sancionar pesca ilícita y combatir contaminación

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En la Zona Huasteca es escenario de métodos depredatorios de pesca y el río Axtla sufre de contaminación indiscriminada

Por: Redacción

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado a fin de dotar al Estado de instrumentos penales específicos y reforzados para combatir la contaminación, la modificación ilícita de cauces y la pesca ilícita en ríos y cuerpos de agua interiores, con énfasis en la Huasteca potosina y en particular en la cuenca del río Axtla, sin perder de vista el conjunto de ríos y sistemas acuáticos que bañan a los municipios de la región.

Con esta reforma, se busca desalentar el uso de métodos de pesca depredatorios, promover el respeto a las vedas establecidas para especies como la acamaya, proteger la biodiversidad acuática y garantizar la continuidad de actividades económicas y culturales vinculadas al agua, en beneficio de las generaciones presentes y futuras del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social manifestó que la región huasteca es reconocida a nivel nacional e internacional por sus ríos de aguas claras, cascadas y atractivos ecoturísticos, entre los que sobresalen los sistemas de los ríos Axtla, Tampaón, Gallinas y Moctezuma, que constituyen un patrimonio natural fundamental para el Estado y para el país.

Dentro de este sistema hídrico, la cuenca del río Axtla se ha convertido en un caso emblemático por la creciente presión que enfrenta, no solo por descargas y contaminación, sino también por prácticas de pesca indiscriminada y métodos depredatorios empleados por particulares en sus márgenes y afluentes. Diversas notas periodísticas y reportes ciudadanos recientes han documentado mortandad de peces, deterioro de la calidad del agua y preocupación social  por las afectaciones al río Axtla, lo que ha motivado incluso la instalación de comités de cuenca e intervenciones de autoridades ambientales para atender la problemática.

La iniciativa contempla incorporar un tipo penal de pesca ilícita dentro del Capítulo relativo a los delitos contra el ambiente, como artículo 295 Bis, a continuación del actual artículo 295 que ya tutela cuerpos de agua, humedales y cauces. Asimismo, se propone una reforma al artículo 295 para visibilizar de forma expresa la protección reforzada que merecen los ríos, lagunas, humedales y cuerpos de agua de la región Huasteca Potosina, sin alterar el catálogo de conductas punibles ya previstas en dicho artículo.

Las sanciones propuestas en el nuevo artículo 295 Bisuno a cuatro años de prisión y trescientos a dos mil días multa en su tipo básico; tres a ocho años de prisión y mil quinientos a cuatro mil días multa en los supuestos agravados— guardan proporcionalidad con el resto de los delitos ambientales previstos en el Código Penal estatal y con el estándar federal para delitos contra la biodiversidad.

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Congreso del Estado

Congreso y Tecnológico de Valles firman convenio de colaboración

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Esto permitirá impulsar intercambio de información, la generación de publicaciones y la implementación de esquemas de educación dual

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la vinculación interinstitucional y sentar las bases para el desarrollo de programas académicos y tecnológicos; y  proyectos de investigación conjunta, el Congreso del Estado llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles.

 

Esto permitirá impulsar proyectos de interés común, intercambio de información especializada, la generación de publicaciones conjuntas y la implementación de esquemas de educación dual, en beneficio del fortalecimiento institucional.

 

En representación del Congreso del Estado, el diputado Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), señaló que este acuerdo permitirá impulsar acciones de investigación y conocimiento para fortalecer la formación académica de las y los jóvenes.

 

“Hoy no solo firmamos un convenio, sino que damos un paso firme hacia la construcción de un mejor San Luis Potosí. Este acuerdo representa la suma de voluntades entre el ámbito legislativo y el académico, con el objetivo de fortalecer la formación de las y los jóvenes, impulsar el conocimiento y traducirlo en soluciones reales para nuestra sociedad”, expresó.

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Congreso del Estado

Multas y suspensiones: así castigarán la violencia en eventos deportivos en SLP

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Las multas irán desde los mil a 5 mil UMA, mientras que la suspensiones de 1 a 5 años para organizar eventos

Por: Redacción

A propuesta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la violencia en eventos deportivos.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de los organizadores de eventos deportivos o de espectáculos, para evitar la violencia y salvaguardar la seguridad en general, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que resulten, generará multas de 1000 a 5000 unidades de medida de actualización vigente que corresponda al momento de cometer la infracción, así como suspensión de uno a cinco años en la organización de eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.

La violencia se puede ver reflejada en cualquier evento deportivo, entre jugadores, aficionados, directivos, según sea la situación, que inicia desde un simple insulto verbal, hasta el lanzamiento de objetos y a una agresión física seria o causar la muerte.

Afirma que los sucesos violentos en eventos deportivos y de espectáculo disminuyen la confianza de los asistentes, por lo que se busca brindar solución a esta problemática con una suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y otras sanciones administrativas para las personas involucradas de forma directa en actos de violencia y sancionar a quienes organizan.

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