México
Cofece multó al Aeropuerto de Cancún por monopolizar servicios de taxis
Por: Redacción
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 72 millones 540 mil pesos al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), tras resolver que cometió una práctica monopólica al impedir que nuevos participantes entraran al mercado de autotransporte federal de pasajeros (taxi).
La Cofece recordó que las prácticas monopólicas relativas consisten en el “abuso del poder de mercado por parte de uno o varios agentes económicos para desplazar indebidamente, impedir la entrada al mercado analizado o establecer ventajas en favor de uno o varios agentes económicos”.
El Pleno de la Comisión determinó que el Aeropuerto tiene dicho poder, ya que en su condición de concesionario del aeródromo de Cancún es el único que puede arrendar los espacios y conceder los derechos de acceso al uso de la infraestructura aeroportuaria a los concesionarios de taxis para que ofrezcan sus servicios, por ejemplo, la venta de boletos en los módulos, o el espacio que utiliza la flotilla para esperar y ser enviado a la zona de ascenso y descenso de pasajeros.
Para poder prestar el servicio de taxi en el AIC, los concesionarios deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que destacan: obtener de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el permiso federal, que tiene como requisito previo recibir una opinión favorable del Aeropuerto, y celebrar con el Aeropuerto un contrato de prestación de servicio y otro correspondiente al arrendamiento de espacios.
En la resolución del Pleno se explica que el Aeropuerto tiene incentivos para impedir la entrada de nuevos oferentes, pues las tarifas que cobra a los permisionarios para el acceso al AIC para la prestación del servicio representan del 10 al 12 por ciento de los ingresos de cada viaje.
Es decir, con la entrada de más oferentes al mercado se incrementaría la competencia y el precio por viaje disminuiría, en consecuencia, se reduciría el pago en pesos que cada taxi hace al Aeropuerto, pudiéndole ocasionar una reducción en los ingresos que obtiene por este concepto.
Según estimaciones de la Comisión, esta conducta generó un daño al mercado calculado en más de 98 millones de pesos, resultado de un sobreprecio promedio estimado de 8 por ciento y que afectó varios millones de viajes.
Por lo anterior, el Pleno de la Cofece impuso al Aeropuerto una multa de 72 millones 540 mil pesos, que se calculó conforme a la gravedad de la práctica, el tamaño del mercado afectado, el daño causado, la intencionalidad y capacidad económica del agente económico sancionado.
Adicionalmente, con base en la Ley Federal de Competencia Económica, se le ordenó corregir y suprimir la conducta anticompetitiva.
El organismo regulador precisó que una vez que se ha notificado la resolución al Aeropuerto, el agente económico tiene el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la actuación de la Comisión, a través de un juicio de amparo indirecto.
Con información de Animal Político.
Entregarán obras de infraestructura educativa y urbana en Villa Hidalgo y Armadillo
México
La Cámara de Diputados avala la reforma constitucional para unificar el delito de feminicidio
El dictamen faculta al Congreso de la Unión para estandarizar las sanciones y protocolos de investigación en las 32 entidades
Por Roberto Mendoza
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 466 votos la minuta proveniente del Senado que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política para crear una ley general en materia de feminicidio, que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción.
El análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales advierte que la diversidad de redacciones en los códigos penales estatales produce tratamientos judiciales desiguales para crímenes de la misma naturaleza. La expedición de la nueva normativa centralizada buscará homologar la acreditación de razones de género e integrar en los procesos ministeriales el reconocimiento de violencias sistémicas previas
, tales como la agresión familiar, sexual, económica, digital y psicológica.La modificación constitucional otorga al Poder Legislativo federal la atribución de diseñar los estándares operativos y procedimentales para este delito a nivel nacional. Este cambio jurisdiccional tiene como fin eliminar las discrepancias en las entidades federativas y dotar a las autoridades de un marco legal único que evite vacíos técnicos durante la judicialización de las carpetas de investigación.
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México
SCJN busca que no haya impunidad en crímenes de odio
El Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad relativa a discursos de odio y discriminación
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron una porción normativa del artículo 189 fracción I del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que sanciona con pena de prisión y multa a quien apoye a difundir expresiones de odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto por considerar que esta parte de la norma resulta demasiado amplia y ambigua e, inclusive, tiene un efecto inhibidor en la libertad de expresión, sobre todo de las personas dedicadas al periodismo.
Señaló que la difusión en medios electrónicos, impresos o digitales de actos realizados por otras personas que pudieran resultar discriminatorios podría ubicar a esos profesionales de la comunicación en el riesgo de incurrir en la conducta que tipifica y sanciona penalmente la norma.
“En este caso los verbos “provocar” o “incitar” se refieren a las personas que alientan a otras a adherirse a sus mensajes o discursos de odio, así como a llevar a cabo actos discriminatorios, así como participar en actos con resultados violentos, ya sea en perjuicio de una persona en particular o de un grupo humano determinado, particularmente de la comunidad LGTBIQ+, la cual sufre discriminación estructural, violencia sistemática y exclusión social, que fue uno de los motivos por los que el legislador local justificó la aprobación de la norma”, detalló la Ministra.
México
Jucopo recibe listas de finalistas al INE
La Cámara de Diputados definirá a tres consejeros electorales mediante votación de mayoría calificada o insaculación
Por: Roberto Mendoza
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibió las tres quintetas de finalistas para ocupar las vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y delineó el proceso parlamentario: “ Vamos a desahogar las dos sesiones de martes y miércoles… Seguramente mañana, (hoy) por la tarde, estaremos ya votando”.
Entre los aspirantes seleccionados figuran Bernardo Valle Monroy y Arturo Manuel Chávez, director de Talleres Gráficos de México, quienes obtuvieron calificaciones de 99 sobre 100 aciertos en sus evaluaciones. Sobre Valle Monroy y Armando Ambriz, el coordinador de Morena reconoció vínculos previos: “Conozco a Armando Ambriz… es un joven inteligente, para mí, brillante… Bernardo Valle también es un experto en materia electoral, lo conozco a él, es un hombre sobrio, honesto”. Respecto al desempeño del órgano evaluador, el legislador respaldó las listas: “El Comité de Evaluación cumplió con su trabajo; creo que actuó de manera profesional, no le veo ningún sesgo”.
Elías Lixa, coordinador del PAN, denunció la depuración del listado y la distribución de aspirantes vinculados al gobierno federal: “Este Comité se reunió de manera nocturna, casi clandestina porque nadie lo sabía, a rasurar a los 100 integrantes… Casualmente hay uno en cada quinteta, o sea, no están compitiendo entre sí”.
Por su parte, el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, anunció que su bancada presentó un escrito de revisión al órgano evaluador: “Nosotros estamos en contra de lo que se vaya a realizar porque no estamos conformes con el proceso… Los nombres que están allá, pues que los voten aquellos que vayan siguiendo el mismo proceso. Nosotros no”.
La normativa de la Cámara de Diputados establece que la designación requiere los votos de las dos terceras partes del pleno, escenario que obliga a un consenso político. De no alcanzar el sufragio aprobatorio, el procedimiento de selección pasará a una etapa de sorteo dentro del recinto legislativo: “Si no logramos el acuerdo… entonces nos iríamos hasta el 28 al proceso de insaculación para que tres de estos 15 sean los consejeros”.
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