El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio del colapso de Ueno Bank, pero el Senado decidió continuar con el proceso de destitución y rechazó darle 72 horas para preparar su defensa. Tres millones de ahorradores resultaron afectados
Por: Redacción
La crisis bancaria que sacude a Paraguay colocó al presidente Santiago Peña al borde de la destitución. El mandatario presentó su renuncia en medio de las acusaciones de presuntas irregularidades y conflicto de intereses relacionadas con Ueno Bank, pero el Congreso decidió continuar con el juicio político en su contra.
El proceso avanzó después de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa señala presuntas irregularidades vinculadas con la entidad financiera, sometida a un procedimiento de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).
Aunque Peña presentó su renuncia el jueves, esta no pudo ser votada por falta de quórum en el Senado, por lo que los legisladores mantuvieron el procedimiento de destitución.
Este viernes, la Cámara Alta rechazó conceder al presidente una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, al no reunir los votos necesarios para aprobar la solicitud. Con esta decisión, el juicio político pudo continuar durante la misma jornada.
“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”, expresó Peña en su cuenta de X, al justificar su petición de tiempo para elegir un abogado y preparar su defensa.
El origen de la crisis se encuentra en el cierre de Ueno Bank, anunciado el martes por el Banco Central de Paraguay, luego de detectar un deterioro severo de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido.
La caída de la institución dejó a aproximadamente tres millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus cuentas o realizar operaciones, en un país con una población cercana a los 6.5 millones de habitantes.
La situación provocó protestas en distintas ciudades, principalmente en Asunción, donde manifestantes exigieron que el presidente rindiera cuentas por las afectaciones a los ahorradores. También se registraron enfrentamientos entre policías y personas inconformes con las restricciones a sus recursos.
Desde la oposición, el presidente y otros funcionarios fueron señalados por presuntamente favorecer a la institución financiera mediante decisiones regulatorias y depósitos previsionales.
Durante el debate legislativo, el diputado opositor Pastor Vera Bejarano exigió que, además de las responsabilidades políticas, se investigue el destino de los recursos de los clientes afectados.
“No basta con el juicio político, no es suficiente, queremos saber dónde está la plata, que se devuelva la plata de los ahorristas, de miles de paraguayos sacrificados”, declaró.
La crisis también provocó la salida de integrantes del gabinete de Peña. La Presidencia informó sobre las renuncias del ministro del Interior, Enrique Riera Escudero; del secretario general y jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez García de Zúñiga; y del ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez.
Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, había exigido previamente la renuncia de Peña y advertido que respaldaría el juicio político si el mandatario no dejaba el cargo.
“Reclamamos la renuncia del presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, escribió el legislador.
Mientras avanza el proceso político, el Ministerio Público de Paraguay abrió tres investigaciones penales relacionadas con las denuncias contra Peña y otros funcionarios.
Además, durante la madrugada de este viernes, fiscales y policías realizaron allanamientos en oficinas corporativas vinculadas con Ueno Bank, en Asunción, donde aseguraron computadoras, discos duros, teléfonos celulares y documentos.
Las autoridades también retiraron nueve vehículos de lujo de la residencia de Miguel Vázquez, exdirector ejecutivo de la institución financiera, quien permanece detenido y enfrenta cargos que incluyen abuso de confianza y tentativa de estafa, según informó la Fiscalía.
En caso de ser declarado culpable durante el juicio político, Peña perdería la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, condición que la Constitución paraguaya contempla para los expresidentes, así como la inmunidad parlamentaria correspondiente.
Esto permitiría que pudiera enfrentar procesos en el ámbito penal, luego de la apertura de investigaciones que incluyen denuncias en su contra y contra otros integrantes de su administración.
El futuro político y judicial del mandatario dependerá ahora de las decisiones del Senado, mientras continúan las investigaciones sobre el colapso financiero que dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros.
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