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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
También lee: Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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