octubre 15, 2025

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Ciudad

“Chato” López tardará al menos dos años más en apropiarse de San Juan

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Comuneros afines al empresario inmobiliario demandaron a la Procuradora Agraria, lo que retrasa el proceso hasta que el tribunal lo defina

Por Roberto Rocha

La aportación de 2 mil 64 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe podrá atrasarse unos dos o tres años más, debido a que la Procuraduría Agraria solo podrá asistir a la Asamblea comunal para definir ese asunto después que el Tribunal Agrario se lo ordene, luego de una demanda que comuneros afines al empresario Carlos “El Chato” López Medina pusieron en contra de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola.

El magistrado del Tribunal Agrario, Rodolfo Lara Orozco, convocó ayer a una reunión a ambos grupos de comuneros. El grupo contrario a la cesión fue integrado por siete personas, entre los que estaban Aniceto Jasso, Noel de la Rosa, Dolores Quintero López y Juan Estrada; mientras que el grupo afín al “Chato” López estuvo representado por doce comuneros, encabezados por Juan Fidel Cruz Campos, a quien identifican como cacique histórico de esa zona de la ciudad; Margarito Jasso Menchaca, Anastacio Esquivel Jasso, Rogelio Ambrosio Carrizales y el comisariado actual, Rodolfo Valdez García.

En la reunión, a la que solo entraron los comuneros, sin sus asesores legales, también se presentó la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola.
El grupo afín a “El Chato” López demandó a Plascencia Pañola ante el Tribunal Agrario, para que la Procuraduría Agraria fuera obligada a asistir a la asamblea para definir la cesión de más de 2 mil hectáreas, aunque no existiera opinión de esa dependencia federal.

Según se supo, el grupo que busca vender los terrenos a López Medina demandó a Plascencia Pañola por daños y perjuicios por “los miles de millones de pesos que los comuneros dejarán de recibir”.

Sin embargo, al judicializarse el asunto, la Procuraduría Agraria solo podrá asistir a asambleas cuando el Tribunal Agrario lo ordene, lo que según fuentes cercanas al proceso, podría llevarse de dos a tres años.

Un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe entregaron ayer una carta al magistrado del Tribunal Agrario, Rodolfo Lara Orozco, en la que señalan que es inadmisible que se pretenda imponer la incorporación forzosa de comuneros a la cesión de terrenos en favor del proyecto inmobiliario de la empresa Reserva San Luis SA de CV, propiedad de Carlos “El Chato” López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.

Los comuneros contrarios a ceder 2 mil 64 hectáreas de San Juan de Guadalupe pidieron al magistrado Lara Orozco que no se obligue a quien no quiera ser parte de este proyecto, del que además, mencionaron en la carta “ni usted ni nosotros conocemos el proyecto y sería absurdo acordar sobre documentos que no se conocen, como: Manifiesto y/o estudio de impacto ambiental; El estudio técnico, administrativo, jurídico y financiero; El proyecto del acta constitutiva de la Sociedad; La información financiera de los inversionistas de las Empresas “Espacios en el Horizonte SA de CV  y/o Cañada de Lobos”, así como el convenio privado entre las mismas; Copia del avalúo; Copia del cambio de uso de suelo y/o resumen del Plan Parcial del Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí de acuerdo al Acta de Cabildo del día 28 de febrero del año 2013.

La carta que entregaron comuneros contrarios a la cesión de terrenos al magistrado del Tribunal Agrario menciona: “A efecto de realizar pláticas conciliatorias en relación al tema de la pretendida asamblea de aportación de tierras de uso común de nuestra comunidad, manifestamos estar de acuerdo en dialogar. No estamos de acuerdo en vetar la presencia de comuneros”.

“La discusión sobre esta asamblea es un tema de legalidad y de trascendencia histórica para nuestra comunidad, pues no se trata de una determinación cualquiera. Nunca en la historia de México se ha constituido una inmobiliaria en una comunidad. En México sólo se formaron 21 y todas en ejidos”, dice la carta.

Aniceto Jasso relató que el debate entre ambos grupos de comuneros fue intenso y sirvió para fijar claramente el estatus jurídico del conflicto.

Los grupos afines al proyecto inmobiliario dijeron al magistrado Lara Orozco que ya se cumplieron los requisitos para integrar el expediente de opinión, pues presumen que ya se cumplió con el tema del cambio de uso de suelo, el proyecto de escritura social, el avalúo y la autorización de la asamblea para pedir la opinión. Los comuneros afines a López Medina dijeron que estas prevenciones les fueron notificadas el 11 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola, los desmintió ante la presencia del magistrado Rodolfo Lara Orozco, pues manifestó que se les habían dado quince días para subsanar las inconsistencias y que nunca presentaron la documentación relativa al cambio de uso de suelo y al avalúo, conforme a la normativa aplicable.

Plascencia Pañola además señaló que los comuneros que solicitaron la opinión de la Procuraduría Agraria se escondieron para no recibir la notificación de dos documentos: el relativo a la no asistencia de esa dependencia federal a la asamblea comunal convocada para el pasado 13 de enero, pues las oficinas centrales de la Procuraduría, en la Ciudad de México, informaron que su opinión sobre la cesión de las tierras era necesaria para su asistencia.

En el segundo oficio de la Procuraduría Agraria informaron al Comisariado de Bienes Comunales que no cumplieron con el requisito de la opinión, el 17 de enero de 2018.
En la reunión convocada por Lara Orozco, los comuneros se enfrascaron en un debate respecto al derecho a decidir la aportación. Pues por un lado acordaron no se puede obligar a los comuneros a una cesión que no les conviene, pero también sostienen que la aportación será pareja, pues la asamblea decidirá de acuerdo a la determinación colectiva y quienes no estén de acuerdo deberán acatar los acuerdos de aportación.

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Ayuntamiento de SLP

Enrique Galindo entrega nuevas vialidades en Plan de Ayala

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El alcalde destacó que estas obras no sólo mejoran la movilidad en la zona, sino que representan un paso más hacia una ciudad más ordenada 

Por: Redacción 

Como parte del compromiso del Gobierno de la Capital de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos, el alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó formalmente la rehabilitación de un circuito vial, con la pavimentación de las calles Pedernal y Granzón, en la colonia Plan de Ayala El Arenal.

 

Durante el acto de entrega, el alcalde capitalino destacó que estas obras no sólo mejoran la movilidad y conectividad en la zona, sino que representan un paso más hacia una ciudad más ordenada y segura; añadió: “Hoy entregamos dos vialidades completamente renovadas, con trabajos de calidad que beneficiarán directamente a las familias que por años habían solicitado esta intervención”, expresó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos ante vecinas y vecinos.

 

Los trabajos realizados incluyeron pavimentación integral, renovación de la red hidráulica y sanitaria, construcción de banquetas, rampas de acceso universal, pasos peatonales y señalética, conforme a los lineamientos técnicos del programa Vialidades Potosinas.

 

Vecinas y vecinos agradecieron la intervención, asegurando que con estas mejoras se reducen los riesgos por baches e inundaciones, además de que se dignifica su entorno habitacional. Con estas entregas, el programa Capital al 100 alcanzó su edición 378, consolidándose como una de las acciones más visibles del actual Gobierno Municipal, con resultados concretos en infraestructura.

 

 

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Ciudad

STPS busca contar con al menos una sala de lactancia en todas las empresas de zona industrial

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En colaboración con el DIF, busca garantizar espacios dignos y seguros para la lactancia en los 57 municipios

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, reafirmó el apoyo a la instalación de salas de lactancia, con el objetivo de que la “brecha de género sea cada vez más baja y que cada empresa pueda contar con al menos una sala de lactancia.”

Sánchez Lara informó que la STPS está colaborando con la directora general del DIF, Virginia Zúñiga Maldonado, y las 57 presidentas del DIF municipales. El propósito es que cada uno de los municipios disponga de estos espacios, garantizando que las madres tengan un lugar seguro y cómodo donde lactar a sus hijos.

“ Yo vivo en la Huasteca. Cuando veo a las señoras de las comunidades de los ejidos, que bajan al comercio, que bajan a los eventos tipo cívicos sociales y culturales y ahí en los propios eventos, en la propia calle, en la propia plaza, están amamantando a su niño o a sus niños. Cuando podemos entregarles un espacio seguro y en condiciones como lo son los lactarios.”

Para finalizar afirmó que actualmente se cuenta con una cantidad de entre 35 y 50 lactarios instalados. Sin embargo, la dependencia busca alcanzar la meta de al uno en cada empresa de la ciudad.

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Ciudad

SeMujeres fortalecen el apoyo psicológico y legal a mujeres víctimas de violencia

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Se busca que las mujeres adultas que viven violencia a soliciten el inicio de un proceso penal

Por: Angel Bravo

Gloria Serrato Sánchez titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí (Semujeres) comentó que el servicio de atención a mujeres se enfoca primordialmente en la atención psicológica, seguida de la orientación jurídica, donde las usuarias buscan resolver dudas sobre la posibilidad de que sus parejas, especialmente si son padres de sus hijos, puedan enfrentar acciones legales, incluso prisión, por la violencia que ejercen.

La titular busca incentivar la denuncia. Para ello, se cuenta con un programa de apoyo con la federación, a través de las “abogadas de las mujeres”, lo que brinda mayor tranquilidad y seguridad a las usuarias. Actualmente, se ofrece acompañamiento a fiscalía y representación jurídica, llevando 20 asuntos bajo esta figura, facultada por decreto.

Se estima que se brindan entre 120 y 180 atenciones por semana, aunque no todas están relacionadas con situaciones de violencia activa, sino también como parte de un proceso de reflexión previo a la presentación de una queja.

La titular afirmó que el rango de edad de las usuarias es amplio, abarcando de 19 hasta 80 años. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres atendidas se encuentran en edad productiva, entre 19 y 35 años.

Gloria Serrato dio a conocer que un problema común es que la atención a mujeres mayores resulta más difícil, ya que no están tan abiertas a compartir sus situaciones. Ya que la mayoría de los casos, son violentadas por sus propios hijos y/o familiares, en estas situaciones es crucial la red familiar de apoyo, aunque es complicado que las madres denuncien a sus hijos.

Para abordar las dificultades con las adultas mayores y sus familias, se están implementando varias estrategias como la distribución de la cartilla de derechos humanos ya que se usa  para sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos, dándoles un nuevo enfoque sobre su realidad. Además de grupos y talleres de manualidades (velas, mosaicos, jabones aromáticos) que les sirven para mantenerse activas). Estos grupos ya están consolidados en municipios como Río Verde, Ciudad Ferraz Hernández, Gil Lila y en la capital (El Chaucito, La Pila).

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Opinión

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