Ciudad
“Chato” López tardará al menos dos años más en apropiarse de San Juan
Comuneros afines al empresario inmobiliario demandaron a la Procuradora Agraria, lo que retrasa el proceso hasta que el tribunal lo defina
Por Roberto Rocha
La aportación de 2 mil 64 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe podrá atrasarse unos dos o tres años más, debido a que la Procuraduría Agraria solo podrá asistir a la Asamblea comunal para definir ese asunto después que el Tribunal Agrario se lo ordene, luego de una demanda que comuneros afines al empresario Carlos “El Chato” López Medina pusieron en contra de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola.
El magistrado del Tribunal Agrario, Rodolfo Lara Orozco, convocó ayer a una reunión a ambos grupos de comuneros. El grupo contrario a la cesión fue integrado por siete personas, entre los que estaban Aniceto Jasso, Noel de la Rosa, Dolores Quintero López y Juan Estrada; mientras que el grupo afín al “Chato” López estuvo representado por doce comuneros, encabezados por Juan Fidel Cruz Campos, a quien identifican como cacique histórico de esa zona de la ciudad; Margarito Jasso Menchaca, Anastacio Esquivel Jasso, Rogelio Ambrosio Carrizales y el comisariado actual, Rodolfo Valdez García.
En la reunión, a la que solo entraron los comuneros, sin sus asesores legales, también se presentó la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola.
El grupo afín a “El Chato” López demandó a Plascencia Pañola ante el Tribunal Agrario, para que la Procuraduría Agraria fuera obligada a asistir a la asamblea para definir la cesión de más de 2 mil hectáreas, aunque no existiera opinión de esa dependencia federal.
Según se supo, el grupo que busca vender los terrenos a López Medina demandó a Plascencia Pañola por daños y perjuicios por “los miles de millones de pesos que los comuneros dejarán de recibir”.
Sin embargo, al judicializarse el asunto, la Procuraduría Agraria solo podrá asistir a asambleas cuando el Tribunal Agrario lo ordene, lo que según fuentes cercanas al proceso, podría llevarse de dos a tres años.
Un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe entregaron ayer una carta al magistrado del Tribunal Agrario, Rodolfo Lara Orozco, en la que señalan que es inadmisible que se pretenda imponer la incorporación forzosa de comuneros a la cesión de terrenos en favor del proyecto inmobiliario de la empresa Reserva San Luis SA de CV, propiedad de Carlos “El Chato” López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
Los comuneros contrarios a ceder 2 mil 64 hectáreas de San Juan de Guadalupe pidieron al magistrado Lara Orozco que no se obligue a quien no quiera ser parte de este proyecto, del que además, mencionaron en la carta “ni usted ni nosotros conocemos el proyecto y sería absurdo acordar sobre documentos que no se conocen, como: Manifiesto y/o estudio de impacto ambiental; El estudio técnico, administrativo, jurídico y financiero; El proyecto del acta constitutiva de la Sociedad; La información financiera de los inversionistas de las Empresas “Espacios en el Horizonte SA de CV y/o Cañada de Lobos”, así como el convenio privado entre las mismas; Copia del avalúo; Copia del cambio de uso de suelo y/o resumen del Plan Parcial del Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí de acuerdo al Acta de Cabildo del día 28 de febrero del año 2013.
La carta que entregaron comuneros contrarios a la cesión de terrenos al magistrado del Tribunal Agrario menciona: “A efecto de realizar pláticas conciliatorias en relación al tema de la pretendida asamblea de aportación de tierras de uso común de nuestra comunidad, manifestamos estar de acuerdo en dialogar. No estamos de acuerdo en vetar la presencia de comuneros”.
“La discusión sobre esta asamblea es un tema de legalidad y de trascendencia histórica para nuestra comunidad, pues no se trata de una determinación cualquiera. Nunca en la historia de México se ha constituido una inmobiliaria en una comunidad. En México sólo se formaron 21 y todas en ejidos”, dice la carta.
Aniceto Jasso relató que el debate entre ambos grupos de comuneros fue intenso y sirvió para fijar claramente el estatus jurídico del conflicto.
Los grupos afines al proyecto inmobiliario dijeron al magistrado Lara Orozco que ya se cumplieron los requisitos para integrar el expediente de opinión, pues presumen que ya se cumplió con el tema del cambio de uso de suelo, el proyecto de escritura social, el avalúo y la autorización de la asamblea para pedir la opinión. Los comuneros afines a López Medina dijeron que estas prevenciones les fueron notificadas el 11 de diciembre del año pasado.
Sin embargo, la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola, los desmintió ante la presencia del magistrado Rodolfo Lara Orozco, pues manifestó que se les habían dado quince días para subsanar las inconsistencias y que nunca presentaron la documentación relativa al cambio de uso de suelo y al avalúo, conforme a la normativa aplicable.
Plascencia Pañola además señaló que los comuneros que solicitaron la opinión de la Procuraduría Agraria se escondieron para no recibir la notificación de dos documentos: el relativo a la no asistencia de esa dependencia federal a la asamblea comunal convocada para el pasado 13 de enero, pues las oficinas centrales de la Procuraduría, en la Ciudad de México, informaron que su opinión sobre la cesión de las tierras era necesaria para su asistencia.
En el segundo oficio de la Procuraduría Agraria informaron al Comisariado de Bienes Comunales que no cumplieron con el requisito de la opinión, el 17 de enero de 2018.
En la reunión convocada por Lara Orozco, los comuneros se enfrascaron en un debate respecto al derecho a decidir la aportación. Pues por un lado acordaron no se puede obligar a los comuneros a una cesión que no les conviene, pero también sostienen que la aportación será pareja, pues la asamblea decidirá de acuerdo a la determinación colectiva y quienes no estén de acuerdo deberán acatar los acuerdos de aportación.
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Ciudad
Policía de la capital despliega dispositivo por miércoles de ceniza
Participarán las direcciones de policía vial, guardia municipal y tecnologías para dar cobertura en iglesias y templos de la ciudad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital pondrá en marcha un operativo especial con motivo del Miércoles de Ceniza, jornada religiosa que congrega a un número considerable de personas en templos del Centro Histórico y en diversas colonias de la ciudad. El objetivo principal es salvaguardar la integridad de las y los asistentes, así como mantener el orden público durante las celebraciones.
En estas acciones participarán elementos de Guardia Municipal, Policía Vial y del área de Tecnologías e Inteligencia Social, quienes trabajarán de manera coordinada para brindar vigilancia preventiva y atención oportuna. El despliegue contempla presencia prioritaria en las iglesias ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, además de recorridos estratégicos en otros puntos donde se prevé afluencia de feligreses.
Como parte del dispositivo, personal operativo de la Guardia Municipal realizará recorridos a pie en los alrededores de templos y zonas de mayor afluencia de feligreses. De igual manera, se reforzará la vigilancia con las unidades policiales extendiendo la cobertura a distintos sectores de la Capital para fortalecer la prevención.
En materia de movilidad, la Policía Vial implementará medidas para ordenar y agilizar la circulación vehicular y peatonal, especialmente en calles como Juan Sarabia, Constitución, Manuel José Othón, Morelos, Galeana, Damián Carmona donde podrían aplicarse cierres parciales en caso de incremento significativo en la afluencia. Asimismo, se brindará apoyo vial en las inmediaciones de iglesias emblemáticas del Centro Histórico, garantizando cruces seguros para las y los peatones.
A través del sistema de videovigilancia del C4 Municipal, el personal de la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social dará seguimiento en tiempo real a cualquier situación que requiera intervención, facilitando la atención a reportes ciudadanos.
La Policía de la Capital exhorta a la población a planificar su asistencia considerando recomendaciones básicas de seguridad, prestar especial atención a menores y personas adultas mayores, y acercarse a las y los elementos municipales ante cualquier eventualidad. Con estas acciones, la corporación refrenda su compromiso de brindar un entorno seguro y ordenado durante esta fecha significativa.
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Ciudad
Alerta Temazcalli sobre inicio de consumo de drogas desde nivel primaria
La metanfetamina desplaza a la marihuana y la cocaína como la principal sustancia de consumo entre los jóvenes potosinos
Por: Redacción
El director del Instituto Temazcalli, René Contreras Flores, advirtió que el consumo de sustancias comienza a manifestarse en etapas cada vez más tempranas, específicamente entre el quinto y sexto grado de primaria.
Según el funcionario, el contexto escolar y los alrededores de los planteles se han convertido en puntos críticos donde los menores tienen su primer contacto con el tabaco y el alcohol, lo que suele ser la puerta de entrada a sustancias más peligrosas.
Contreras Flores señaló que la transición a la secundaria es el momento de mayor vulnerabilidad, pues es cuando compañeros o personas externas ofrecen sustancias a los estudiantes. Asimismo, destacó que la realidad social actual, donde ambos padres deben salir a trabajar, ha reducido el tiempo de supervisión, por lo que hizo un llamado urgente a no descuidar la comunicación con los hijos.
“Les pido a los padres de familia que tengan mucho cuidado. Estén al tanto de sus hijos desde primaria hasta bachillerato; si los ven inquietos, desesperados o demasiado serios, busquen ayuda”, enfatizó el director.
El titular del Instituto Temazcalli explicó la evolución en el tipo de sustancias que se consumen en la entidad, confirmó que se ha registrado un alza significativa en el uso de metanfetamina (cristal), la cual ha desplazado considerablemente a drogas que anteriormente eran más comunes, como la cocaína y la marihuana.
Finalmente, recordó a la ciudadanía que el Instituto Temazcalli mantiene sus puertas abiertas para brindar atención y orientación profesional, con un horario de servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche, para cualquier familia que detecte señales de alerta en sus jóvenes.
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Ciudad
Confirma TEPJF multas superiores a los 800 mil pesos contra el PRI en SLP
Sanciones por servicios de consultoría y pantallas LED elevan la deuda del partido ante la autoridad electoral
Por: Redacción
De acuerdo con la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por unanimidad una serie de sanciones financieras contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Las multas, que suman un total de 816 mil 411.89 pesos, derivan de diversas irregularidades detectadas en la fiscalización de sus recursos y fueron confirmadas bajo el expediente SM-RAP-1/2026.
La resolución, basada en el proyecto del magistrado Sergio Díaz Rendón, validó el acuerdo previo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque el partido intentó impugnar las sanciones argumentando que no existía una relación contractual con ciertos gastos y que se trataba de comprobantes fiscales emitidos por terceros, la autoridad judicial determinó que el instituto político efectivamente recibió los servicios y omitió reportarlos. La existencia de pólizas internas en la contabilidad del PRI que coincidían con dichas facturas fue una prueba determinante para desestimar los argumentos de desconocimiento del partido.
La sanción económica más cuantiosa asciende a 581 mil 187.87 pesos, motivada por la omisión de reporte de gastos relacionados con la empresa Consultivo Jiti S.A. de C.V. por un monto superior a los 387 mil pesos. A esta cifra se suma una segunda multa de 235 mil 224.02 pesos por la recepción de aportaciones consideradas ilegales, consistentes en equipos de audio y pantallas LED utilizados en su sede estatal. Al no haber liquidado dicho adeudo, la legislación electoral lo interpreta como una donación prohibida, lo que derivó en la ratificación del castigo financiero.
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