mayo 1, 2026

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Se agravan los casos de abuso sexual en escuelas de SLP

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Tan solo en un plantel de la entidad se registraron 9 denuncias en contra de un asistente educativo de nivel preescolar

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí indicó que durante el ciclo escolar 2022-2023 emitió tres recomendaciones a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) derivado de denuncias de abuso sexual o violación de menores de edad; a esto se le debe sumar un caso de autoridades educativas que encubrieron a un presunto abusador sexual, que habría atacado al menos a nueve menores del Centro de Atención Infantil (CAI).

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cuenta con nueve denuncias por abuso sexual a menores de preescolar, presuntamente cometido por un asistente educativo en el Centro de Atención Infantil (CAI) “Guadalupe Rodea de Jonguitud”, ubicado en la colonia ISSSTE.

Los padres de familia habrían notado comportamientos extraños de sus hijos, quienes al cuestionarlos descubrieron que el sujeto, que responde al nombre de Arturo “N”, habría estado abusando sexualmente de ellos. Las autoridades del plantel fueron notificadas, sin embargo, Gabriela “N”, directora del CAI 1, así como Ángeles “N”, la jefa de Departamento, decidieron hacer caso omiso y pidieron a los afectados “prudencia” en tocar el tema o no darlo a conocer.

Los padres de los menores mostraron su indignación, pues la dirección del Centro de Atención Infantil le otorgó al asistente señalado un permiso por seis meses sin goce de sueldo desde el pasado 1 de julio; no fue hasta que Juan Carlos Torres Cedillo, titular de (SEGE), recibió el caso y canceló el permiso otorgado a Arturo “N”, además de cesarlo. El señalado continúa en libertad,

pues se le concedió un amparo.

En cuanto a las recomendaciones de la CEDH, se trata de tres documentos: el primero por un hecho suscitado en marzo de 2019, en el que un profesor habría abusado sexualmente de nueve alumnos del jardín de niños “Josefina R. Acosta”, localizado en el municipio de Matlapa; otro fue del presunto abuso sexual por parte de un intendente a un alumno en octubre del 222 en el jardín de niños Simón Bolívar, en Soledad de Graciano Sánchez; además del caso de una alumna en una escuela en el municipio de Tamazunchale que fue violada en reiteradas ocasiones por un profesor y su hermano en 2022.

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Caso del perrito Hachi en Valles: lo sometieron de forma violenta y entregaron el cuerpo degollado

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El alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar del personal de Protección Civil, aseguró que “la intervención se realizó conforme a protocolo”

Por: Redacción

La muerte de “Hachi”, un perro de raza labrador, ha generado indignación en Ciudad Valles, luego de que su familia denunciara un sometimiento violento por parte de elementos de Protección Civil municipal, así como la entrega del cuerpo degollado, lo que que calificaron como indignantes.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el animal se encontraba bajo el cuidado de un tercero cuando, durante un paseo, reaccionó tras presunta agresión por parte de menores, lo que derivó en el reporte a autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes procedieron a asegurar al perro. Sin embargo, testigos y familiares señalan que el procedimiento incluyó uso excesivo de la fuerza, con inmovilización del animal mediante sujeción física que le impidió moverse, lo que —afirman— le provocó lesiones.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro sujeto contra una estructura, con el cuerpo restringido y sin posibilidad de movimiento, mientras era ahorcado por varios elementos con cuerdas y sogas.

Horas después, de acuerdo a información de C4 Jiménez, la familia denunció que el cuerpo de Hachi fue devuelto sin vida, dentro de una bolsa plástica y en condiciones que evidenciaban un manejo inadecuado y falta de respeto, pues el animal estaba degollado, en bolsas de plástico y otras partes del cuerpo cortadas.

Pese a estos señalamientos, el alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar de su personal, asegurando que la intervención se realizó conforme a protocolo.

En la misma línea, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que el procedimiento fue correcto.

Ante ello, ciudadanos y organizaciones han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

El caso de Hachi ha colocado en el centro del debate no solo la actuación de las autoridades, sino también los límites del llamado “protocolo” frente al respeto y protección de la vida animal.

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Tigrillo muere tras ser atropellado en autopista de la Huasteca

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Una usuaria de Facebook dijo que se dio aviso a Selva Teenek Ecopark y a Eco Huellas TMZ; denunció la falta de pasos de fauna en la zona

Por: Redacción

Un tigrillo fue encontrado agonizando tras ser atropellado en la autopista rumbo a San Luis Potosí, cerca de la entrada al municipio de Tamasopo, de acuerdo con el reporte realizado por una usuaria en redes sociales.

Según el testimonio difundido, el felino aún presentaba signos de vida al momento de ser localizado; sin embargo, su estado era crítico. Ante la situación, las personas que se encontraban en el lugar únicamente pudieron orillarlo fuera de la vialidad para evitar que otros vehículos lo arrollaran nuevamente.

Asimismo, se dio aviso a organizaciones dedicadas a la protección de fauna, entre ellas Selva Teenek Ecopark y Eco Huellas TMZ, con el fin de que pudieran intervenir en el caso.

De acuerdo con lo señalado en la publicación, la ausencia de pasos de fauna en esta zona contribuye a que estos incidentes ocurran con frecuencia.

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Buscan visibilizar a menores en orfandad tras feminicidios con nuevo registro

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La Ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, participó en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio

Por: Redacción

“Atender la orfandad derivada del feminicidio hace un imperativo contar con un marco jurídico integral, capaz de articular, de manera coherente, las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas, protección de la niñez, prevención y erradicación de la violencia, asistencia social y actuación procesal penal”, aseguró la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Durante su intervención en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio, la Ministra reconoció que se trata de una decisión clave para la atención de infancias y adolescencias con esta problemática.

Esquivel Mossa explicó que más allá de un padrón, este registro tiene mayores implicaciones: “hablamos de la realidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes quienes, tras el feminicidio de sus madres, quedan en situación de orfandad y enfrentan una ruptura que afecta tanto su dignidad como su estabilidad emocional, y las perspectivas de una vida que garantice sus derechos y los satisfactores que requieren para un desarrollo integral”.

Por ello, el registro nacional de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio es un instrumento que permitirá visibilizar de manera inmediata a las víctimas indirectas,

asegurar su incorporación oportuna a los mecanismos de protección y reparación previstos en la ley y coordinar la actuación de todas las instituciones involucradas.

Finalmente, la Ministra Esquivel se solidarizó con quienes hacen posible este esfuerzo, reiterando que en ella tienen una aliada, siempre a favor de las mujeres víctimas de violencia y las víctimas indirectas.

Esta actividad, convocada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, contó además con la presencia de Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias; Maribel Borjorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; así como Javier Valseca, director de Tecnologías de la Información del SNDIF.

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