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Carolina Santiago: de defensora del bordado tének a Potosina del Año
La ganadora es la representante de la Huasteca en el galardón de este año
Por: Karina González
Carolina Santiago Bautista, originaria de San Antonio, San Luis Potosí en la región Huasteca, recibió el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el galardón de Potosina del Año 2022 por su labor para preservar el bordado tének en punta de cruz.
La galardonada es actualmente directora de Asuntos Indígenas en el municipio de San Antonio y tiene una licenciatura en derecho con maestría en Derechos Humanos, además es artesana en el Comité de Autoridades de su comunidad e integrante de las asociaciones civiles Yankuikej Siuamej y la Comunidad Tecomate.
Santiago Bautista es maestra artesana fundadora del grupo de bordado Pulik it’s, donde junto a su madre trabajan en el rescate de la identidad tének y el sentido de colectividad de la comunidad a través del bordado con punto de cruz, hecho que la hizo ser candidata al galardón en la categoría Cultural.
Cabe destacar que toda la trayectoria de Diana Carolina siempre se ha mantenido en el trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres indígenas, los derechos sexuales y reproductivos ; “es feminista y trabaja en común con colectivas, busca abrir puertas a otras mujeres indígenas”, dijo su postulante Hildegarda Ramírez Reyes.
“Representa muchísimo este premio porque es el reconocimiento de las mujeres indígenas tének y las compañeras náhuatl; no solo es un premio para mí, sino para las compañeras a las que estoy representando. Abramos puertas a otras mujeres porque a veces tenemos oportunidad de hacerlo y ese camino debemos seguir, no decaigamos, sigamos impulsando los derechos de las demás compañeras y abriendo puertas para las demás”, puntualizó.
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Destacadas
Hondureños en SLP enfrentan retos para formalizar su residencia
Las denuncias por violaciones a derechos humanos de migrantes hondureños en SLP han disminuido, afirmó el cónsul Juan Carlos Hernández
Por: Redacción
Juan Carlos Hernández, cónsul de Honduras en San Luis Potosí, informó que las denuncias por violaciones a derechos humanos de connacionales han disminuido en el estado, aunque aseguró que cada caso sigue siendo atendido de manera individualizada. Aun con cifras bajas, insistió en la necesidad de mantener la vigilancia y el respeto irrestricto a los derechos de las personas migrantes.
“Nos preocupa sobremanera cuando no se respetan los derechos humanos integrales de nuestros connacionales, aunque actualmente las denuncias son pocas, cada una recibe seguimiento permanente”, señaló.
El diplomático también abordó las dificultades que enfrentan los hondureños para obtener documentos que les permitan formalizar su situación legal en México, como cartas de residencia o trámites para obtener credenciales oficiales como el INE. En ese sentido, invitó a la comunidad hondureña a acercarse al consulado para recibir orientación y acompañamiento.
“Sabemos que los trámites estatales no son simples y toman tiempo, pero hemos encontrado una buena disposición por parte de las autoridades mexicanas, lo cual agradecemos profundamente”, indicó.
Uno de los retos más comunes para las personas migrantes, explicó Hernández, es acreditar una residencia permanent e, ya que muchas personas viven en condiciones de movilidad o enfrentan dificultades para alquilar una vivienda, lo que también ha afectado incluso al personal consular.
Sobre la población hondureña que trabaja en San Luis Potosí, el cónsul admitió que no hay una cifra oficial debido a la naturaleza cambiante de los flujos migratorios. No obstante, destacó que muchos connacionales ya tienen familia en el estado y buscan integrarse formalmente a la vida laboral.
Finalmente, reconoció el respaldo que ha brindado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado en los procesos de formalización laboral: “La tendencia es hacia la simplificación y el acompañamiento. Hay voluntad para que los hondureños puedan integrarse a un empleo formal, cumpliendo todos los requisitos legales”.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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