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Buscan prohibir urbanización en la Sierra de San Miguelito; ¿cómo?
A pesar de que empresarios potosinos pretenden urbanizar en la Sierra de San Miguelito, una agrupación alistó varias medidas para prohibir tal acción
Por: Redacción
A través de un comunicado, la agrupación Guardianes de la Sierra de San Miguelito dio a conocer que se ha reforzado la participación ciudadana en la Consulta Publica del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, y Desarrollo Urbano, así como el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí.
“Por una parte seguimos defendiendo a los comuneros que se niegan a asociarse con empresarios sin escrúpulos. Pero también estamos llamando a la ciudadanía a que se involucré en el debate del agua y las potenciales inundaciones“, señalaron.
Explicaron que el área que se pretende urbanizar tiene un doble estatus de protección, pues es una zona de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga AN –PREE, pero también es parte del AN-PCH. Es decir una superficie de Protección de Acuífero que abastece la Ciudad de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Respeto a la tenencia de la tierra
La organización señaló en su comunicado que, de acuerdo con el planteamiento del gobierno federal para la declaratoria de Área Natural Protegida, deberá establecerse el área de estudio que incluya el polígono que describe el Proyecto Cañadas, y. por lo tanto prohibirse la urbanización.
Se pretende fortalacer la propuesta de declaratoria de ANP tomando en cuenta el planteamiento generado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de mayo de 2019, y de esa manera prevalecer las tierras que corresponden a las zonas de recarga del acuífero, áreas de amortiguamiento y políticas de conservación, preservación, restauración y equilibrio del ecosistema.
¿Cómo es posible que se pretenda entregar a los desarrolladores una tercera parte del agua que distribuye el Realito?
Guardianes de la Sierra de San Miguelito señaló que empresario presentaron ante el Implan un proyecto en el que buscan adueñarse de 2069 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, como señala la CEA en su oficio No. CA/DG/2017/938 fechado el 3 de Noviembre del 2017, donde la Comisión Estatal del Agua le dice al empresario Carlos López Medina que tiene a su disposición dos de los seis tanques de almacenamiento denominados Tanque el Aguaje y Tanque Cordillera.
“Estamos organizando colonias, juntas de mejoras y comunidades, no vamos a dejarnos impresionar por los grupos de poder económico, ni con sus millonarias campañas mediáticas. La ciudadanía repudia esto. Ya no son los viejos tiempos de control y manipulación. Los empresarios están en la lona y no los vamos a dejar levantarse”, explicaron.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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