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Bicicletas de NextBike ponen en peligro a peatones de SLP
La falta de regulación sobre dónde estacionar estos vehículos obstaculiza las aceras, cruces y calles de la capital
Por: Ana G Silva
En septiembre del 2020, Xavier Nava, en ese entonces presidente municipal de la capital potosina, dio arranque al nuevo sistema de bicicletas compartidas de la empresa NextBike, las cuales permiten que ciclistas puedan transitar por la zona que comprende la avenida Venustiano Carranza, Himno Nacional y la Calzada de Guadalupe; sin embargo, la empresa ha generado desorden en las calles ya que permite a sus usuarios dejar los vehículos en cualquier sitio, con lo que en muchas ocasiones obstaculizan los pasos peatonales, ponen en peligro a la ciudadanía y constituyen una violación al Reglamento de Tránsito Municipal.
La Orquesta realizó un recorrido por estas zonas y muchas de estas bicicletas son abandonadas fuera de las bahías y estacionamientos designados e invaden aceras, calles y cruces. Al respecto el Reglamento de Tránsito Municipal establece: En el artículo 18, apartado V define como “zona peatonal el área delimitada y reservada única y exclusivamente para el tránsito de peatones, para permitir el desplazamiento libre y autónomo de las personas”; por lo que observamos que estas bicicletas no cumplen con dicha función, pues obstaculizan el libre tránsito, provocando que los transeúntes tengan que bajar de las banquetas.
NextBike y sus usuarios también cometen una falta al artículo 19 que menciona: “El usuario de la vía pública no deberá realizar ningún acto que obstaculice el libre tránsito de peatones, y vehículos, que ponga en peligro a las personas o cause daños a las propiedades públicas y privadas”.
Por su parte en el artículo 23, apartado I señala que queda prohibido “abandonar vehículos sobre las aceras”; mientras que el artículo 44 se especifica que “la acera o banqueta de la vía pública está destinada al tránsito del peatón y la Dirección tomará las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el tránsito seguro de los peatones”, acciones que no se han tomado, pues ni las autoridades de tránsito ni la dirección de Comercio han intervenido para liberar las banquetas de estas bicicletas.
Las bicicletas deberían de aparcar en las cicloestaciones que, de acuerdo con el artículo 92, “son los sitios de depósito y recolección de bicicletas en transporte intermodal, en las ubicaciones aprobadas por las autoridades competentes”.
Por otra parte, algunos peatones han reportado que los ciclistas que utilizan este sistema de transporte suelen transitar encima banquetas de la avenida Venustiano Carranza y no por el carril confinado de ciclovía; sin embargo, describen que en muchas ocasiones esto es a consecuencia de la obstrucción de obras públicas, no obstante, el artículo 94, en su apartado II indica que las bicicletas: “No deberá transitar sobre aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones, salvo que sea de Seguridad Pública y se encuentre en funciones de vigilancia”.
Un problema parecido sucedió en la Ciudad de México, pues empresas de bicicletas compartidas como MoBike y VBike tenían un reglamento parecido, por lo que en 2018, personas cansadas de estos hechos comenzaron a exponer en redes sociales la obstrucción en las calles de la ciudad. Por lo que la diputada Gabriela Salido llamó a Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al Secretario de Movilidad y al titular del Instituto de Verificación Administrativa a dar seguimiento a la operación de estas empresas particulares y evitar que obstruyan el tránsito peatonal y/o limiten el espacio público.
No fue hasta que en febrero de 2019, cuando la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México modificó los lineamientos para obligar a los usuarios de estas empresas de bicicletas compartidas a estacionarlas en las cicloestaciones.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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