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Bicicletas de NextBike ponen en peligro a peatones de SLP
La falta de regulación sobre dónde estacionar estos vehículos obstaculiza las aceras, cruces y calles de la capital
Por: Ana G Silva
En septiembre del 2020, Xavier Nava, en ese entonces presidente municipal de la capital potosina, dio arranque al nuevo sistema de bicicletas compartidas de la empresa NextBike, las cuales permiten que ciclistas puedan transitar por la zona que comprende la avenida Venustiano Carranza, Himno Nacional y la Calzada de Guadalupe; sin embargo, la empresa ha generado desorden en las calles ya que permite a sus usuarios dejar los vehículos en cualquier sitio, con lo que en muchas ocasiones obstaculizan los pasos peatonales, ponen en peligro a la ciudadanía y constituyen una violación al Reglamento de Tránsito Municipal.
La Orquesta realizó un recorrido por estas zonas y muchas de estas bicicletas son abandonadas fuera de las bahías y estacionamientos designados e invaden aceras, calles y cruces. Al respecto el Reglamento de Tránsito Municipal establece: En el artículo 18, apartado V define como “zona peatonal el área delimitada y reservada única y exclusivamente para el tránsito de peatones, para permitir el desplazamiento libre y autónomo de las personas”; por lo que observamos que estas bicicletas no cumplen con dicha función, pues obstaculizan el libre tránsito, provocando que los transeúntes tengan que bajar de las banquetas.
NextBike y sus usuarios también cometen una falta al artículo 19 que menciona: “El usuario de la vía pública no deberá realizar ningún acto que obstaculice el libre tránsito de peatones, y vehículos, que ponga en peligro a las personas o cause daños a las propiedades públicas y privadas”.
Por su parte en el artículo 23, apartado I señala que queda prohibido “abandonar vehículos sobre las aceras”; mientras que el artículo 44 se especifica que “la acera o banqueta de la vía pública está destinada al tránsito del peatón y la Dirección tomará las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el tránsito seguro de los peatones”, acciones que no se han tomado, pues ni las autoridades de tránsito ni la dirección de Comercio han intervenido para liberar las banquetas de estas bicicletas.
Las bicicletas deberían de aparcar en las cicloestaciones que, de acuerdo con el artículo 92, “son los sitios de depósito y recolección de bicicletas en transporte intermodal, en las ubicaciones aprobadas por las autoridades competentes”.
Por otra parte, algunos peatones han reportado que los ciclistas que utilizan este sistema de transporte suelen transitar encima banquetas de la avenida Venustiano Carranza y no por el carril confinado de ciclovía; sin embargo, describen que en muchas ocasiones esto es a consecuencia de la obstrucción de obras públicas, no obstante, el artículo 94, en su apartado II indica que las bicicletas: “No deberá transitar sobre aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones, salvo que sea de Seguridad Pública y se encuentre en funciones de vigilancia”.
Un problema parecido sucedió en la Ciudad de México, pues empresas de bicicletas compartidas como MoBike y VBike tenían un reglamento parecido, por lo que en 2018, personas cansadas de estos hechos comenzaron a exponer en redes sociales la obstrucción en las calles de la ciudad. Por lo que la diputada Gabriela Salido llamó a Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al Secretario de Movilidad y al titular del Instituto de Verificación Administrativa a dar seguimiento a la operación de estas empresas particulares y evitar que obstruyan el tránsito peatonal y/o limiten el espacio público.
No fue hasta que en febrero de 2019, cuando la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México modificó los lineamientos para obligar a los usuarios de estas empresas de bicicletas compartidas a estacionarlas en las cicloestaciones.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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