El contralor del ayuntamiento de este municipio, aseguró que hay varias inconsistencias

Por: Redacción

El contralor Interno del Ayuntamiento de Villa de Reyes, Rubén Morales Arellano, señaló que la obra vial del puente “Ferrocarril”, que originalmente realizó la administración 2015-2018, se encuentra bajo investigación, toda vez que, al surgir una serie de vicios ocultos, se deberán deslindar las responsabilidades correspondientes.

Al respecto, Morales Arellano afirmó que una obra vial, realizada en un cauce natural del agua, debe incluir un cárcamo de drenaje, “Al estar ubicada en una zona baja de una vertiente que suele conducir agua de lluvia, los proyectos necesariamente requieren incluir infraestructura y equipo de re bombeo, para drenar los escurrimientos y mantener despejada la vía, lo cual esta obra no tiene” y, por lo tanto, no debió realizarse de esa manera.

El funcionario añadió que también se detectaron otras irregularidades, como el hecho de que a pesar de ser una obra de alto costo, que no corresponde a lo que se construyó, esta se asignó de manera directa, lo cual contraviene las leyes de Obra Pública y de Compras: “Es parte de una constante que se ha encontrado en esa administración municipal, las obras siempre se asignaban de manera directa a una empresa que presuntamente tiene relación con varios de los funcionarios de ese ayuntamiento, a costos alzados, en perjuicio del erario del municipio”

Agregó también, que posteriormente y dada la baja calidad de esa obra, el Gobierno Federal, a través de la empresa ferroviaria Kansas City Southern, tuvo que repavimentar todo el tramo, “lo que habla de una construcción original deficiente”, aunque la falta del cárcamo de la obra que realizó el ayuntamiento anterior, aún afecta la vialidad en tiempo de lluvias.

Por ello, el contralor dijo que ya se integra la carpeta de investigación correspondiente, que una vez concluida en su primera etapa, se entregará a la Auditoría Superior del Estado, la cual debe determinar si se da vista a la Fiscalía Estatal, a la Fiscalía Federal (si se utilizaron recursos federales), o se sanciona desde el propio Ayuntamiento, “una vez que se desahogue el proceso, lo que debemos buscar es que el daño causado a las arcas públicas, se reponga, sea quien sea o sean, los responsables”, concluyó.

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