Política contradictoria en planeación urbana

El Ayuntamiento, de frente, llama a la participación para planear la ciudad; por detrás, sigue firme en vender propiedad pública sin preguntar a nadie

Por: Jorge Saldaña

El Ayuntamiento de la capital potosina quedó en evidencia de ejecutar políticas contradictorias en materia de planeación y ordenamiento urbano al presentar hoy la “Alianza por la ciudad”, que es apenas un proyecto de consulta ciudadana en decisiones de planeación urbana, sin embargo, al mismo tiempo su gobierno avanza un paso más en su intención de vender propiedad municipal sin consultar a nadie.

Como se había revelado con anterioridad, el municipio capitalino, a través de su sindicatura, promovió desde el pasado 5 de marzo un recurso de controversia constitucional recibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mismo día y turnado al magistrado en turno con el número de expediente 109/2019.

Este recurso se registró en contra del Poder Legislativo del estado de San Luis Potosí y tiene por objeto que los diputados no intervengan en un procedimiento de venta de bienes públicos municipales.

Aunque el presidente municipal, Xavier Nava, y su equipo dijeron en principio desconocer el asunto, revelaciones periodísticas con los documentos que lo avalan, confirmaron la intención de su administración de sacar a subasta propiedades públicas, que incluyen terrenos, áreas de donación y polígonos de áreas verdes, para obtener un beneficio económico de 600 millones de pesos sin tener que informar al congreso del estado.

Con documentos oficiales del Poder Judicial de la Federación, cuya copia obtuvo este medio de comunicación, se pudo comprobar que el recurso 109/2019 no solamente sigue firme, sino que avanza impulsado por el gobierno municipal, al grado de que la legislatura ya fue emplazada a responder a la demanda interpuesta por Xavier Nava y su equipo jurídico en contra de los diputados, con una fecha límite de 30 días para ejercer su derechos.

En contraste, la administración capitalina convocó hoy a un selecto grupo de cámaras empresariales y comerciales, colegios de profesionistas e instituciones seleccionadas, con el fin de firmar un convenio que denominaron “Alianza por la ciudad” cuyo objetivo principal de acuerdo al documento es:

“….establecer compromisos entre autoridades y ciudadanos para que, cada uno, desde su ámbito de competencia, tenga un Proyecto de Ciudad para San Luis Potosí. Que tengamos certeza de la ciudad que queremos y podemos tener en 2050. Que actuemos de manera decisiva, integrada y coordinada a nivel local, regional, nacional, en la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible”

Dentro del documento llaman la atención algunos de sus fines e intenciones, sobre todo en lo que respecta a la “alianza” entre desarrolladores inmobiliarios y la propia autoridad y la ambigua interpretación que se le podría dar a la redacción del convenio.

Por ejemplo, en el apartado denominado “Lo que nos mueve: una responsabilidad compartida” en su numeral 17, se asegura que se busca “Mantener asegurados los derechos de las personas por construir y preservar su espacio urbano” y más adelante, en el numeral 24 se adelanta a “Integrar un fondo para el financiamiento de estudios y proyectos de desarrollo urbano” sin que en ninguno de los casos se especifique la normatividad y las formas en que dichos propósitos se llevarían a cabo.

En cuanto al apartado del “Desarrollo urbano responsable”, el documento que firmarán la mañana de hoy, reza: “Mayor asociación del sector empresarial con las instituciones de educación superior y los centros de investigación para consolidar la empleabilidad urbana, disminuir la movilidad y generar ventajas. Establecer los límites de la ciudad para densificar y mantener un continuo urbano, y así crecer con rumbo, certeza y estrategia”.

En resumen, el documento desde su planteamiento y antecedentes imprime su velada intención: legitimar la firma de un cercano nuevo Plan de Centro de Población Metropolitano y con ello la aprobación de la “responsabilidad compartida” para que la autoridad dé luz verde al cambio de uso de suelo de miles de hectáreas en favor de desarrolladores inmobiliarios.

Esta política por incluir a la sociedad civil, colegios de profesionistas, cámaras empresariales e instituciones de educación superior, queda muy lejos de la política unilateral con la que el gobierno municipal emprendió un recurso legal contra el congreso del estado para vender propiedad pública sin preguntar a nadie.

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