La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años

Por: Redacción

El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.

La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.

Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.

El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.

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Es necesario fortalecer la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle o abandono: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira

Por: Redacción

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en relación a la creación de Centros de Recuperación y albergues de protección animal en los municipios del estado.

Señala que en la mayoría de los municipios del Estado, los Centros de Recuperación y los albergues previstos por la ley, no existen o funcionan de manera insuficiente, debido principalmente a la ausencia de asignaciones presupuestales permanentes y a la falta de incorporación expresa de estas funciones dentro de la estructura competencial de los Municipios.

El principal obstáculo para la ejecución efectiva de las políticas públicas de bienestar animal no radica en la inexistencia de obligaciones legales, sino en la falta de armonización entre la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ya que mientras la legislación especial impone obligaciones específicas a los municipios, la legislación orgánica no incorpora de manera expresa dichas atribuciones dentro de las competencias municipales, situación que dificulta su ejecución.

Por ello, la iniciativa propone establecer como facultad de los ayuntamientos, el implementar o mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, sus C entros de Recuperación Animal para la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales

en situación de calle o abandono conforme a la Ley de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí.

Se indica que todos los municipios en el Estado, podrán realizar el “Programa Animal Comunitario” mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, y de manera permanente y con el fin de garantizar el bienestar de los animales en situación de calle o abandono.

La legisladora señala que de aprobarse esta reforma, se contribuirá a reducir progresivamente la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante métodos éticos de control poblacional; disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas, mordeduras y accidentes relacionados con animales abandonados; fortalecer la salud pública y mejorará las condiciones de convivencia comunitaria.

Asimismo, permitirá que la protección animal deje de depender de decisiones administrativas aisladas para convertirse en una obligación institucional permanente, susceptible de planeación, evaluación y fiscalización.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Régimen Interno y Asuntos Electorales.

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A partir del cuarto grado escolar los dispositivos pueden comenzar a utilizarse de manera provechosa como herramientas de consulta y acceso rápido a información, siempre bajo regulación y con fines educativos

Por: Redacción

El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, se pronunció a favor de regular el uso de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de educación primaria, para evitar que su utilización interfiera en el aprendizaje de las niñas y los niños.

Recordó que desde el Congreso del Estado se impulsó una iniciativa que derivó en el Decreto 457, mediante el cual se plantea regular el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles educativos, bajo el criterio de que estas herramientas pueden ser aprovechadas con fines académicos conforme avanza el desarrollo escolar de los estudiantes.

Explicó que su propuesta contempla que, en los primeros grados de educación primaria y hasta preescolar, no se permita el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las escuelas, debido a que las niñas y los niños aún se encuentran en una etapa en la que deben desarrollar habilidades fundamentales.

El diputado Pérez López consideró que a partir del cuarto grado escolar los dispositivos pueden comenzar a utilizarse de manera provechosa como herramientas de consulta y acceso rápido a información, siempre bajo regulación y con fines educativos.

El legislador indicó que “no estamos en la situación de la prohibición total, porque es una herramienta

que puede ser muy útil; nos da una posibilidad de información rápida, de consulta rápida, pero debemos entender que para los niños que todavía no pueden captar lo que son las operaciones fundamentales, esos medios pueden generar otros problemas”.

Manifestó su preocupación por los posibles efectos de un uso excesivo de dispositivos y redes sociales en niñas y niños, particularmente por situaciones relacionadas con dependencia o adicción a este tipo de tecnologías.

En este sentido, destacó que a nivel nacional se analiza la regulación del uso de dispositivos electrónicos en las escuelas, por lo que se prevé que durante los cursos y actividades de capacitación que iniciarán el próximo 24 de agosto, se lleve a cabo una consulta con maestras y maestros para recoger propuestas sobre la manera en que estas herramientas deben incorporarse al proceso educativo.

El legislador Pérez López reiteró que la intención no es eliminar la tecnología de las aulas, sino establecer condiciones que permitan aprovechar sus beneficios sin afectar el desarrollo académico de los estudiantes.

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