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“Aquí vivíamos nosotros”: Gentrificación, la amenaza silenciosa sobre SLP
El problema del encarecimiento del costo de vida y el desplazamiento humano parece ser una situación que aunque ya ocurre a los gobernantes potosinos les parece distante
Por: Karina González y Bernardo Vera
La zona metropolitana de San Luis Potosí, así como los municipios aledaños, poco a poco comienzan a incrementar el número de personas foráneas que llegan a instalarse aquí, esto ante la atracción de inversiones importantes y la llegada de nómadas digitales (extranjeros que trabajan a distancia y migran a países más baratos que el suyo). Esto ha provocado que sitios, principalmente del Centro Histórico, comiencen a padecer el fenómeno de la gentrificación, el cual se refiere a la apropiación de bienes inmuebles en zonas de nivel socioeconómico bajo, que son adquiridas e intervenidas por desarrolladores urbanos para ofrecer vivienda con una mayor plusvalía, ampliamente influenciada por las condiciones del mercado para su compra, y casi siempre persigue un fin lucrativo, lo que acaba por desplazar a los pobladores originales, para quienes se vuelve incosteable la vida en esos espacios, esto acarrea problemas como el desarraigo social, inseguridad y encarecimiento excesivo del mercado inmobiliario.
A pesar de que los efectos de esta problemática ya comienzan a asomarse, como la subida de hasta un 15% en las rentas del Barrio de Tlaxcala a partir del anuncio de que obtendrá la denominación de “Barrio Mágico” por parte del gobierno federal, se habla poco de la situación que incluso parece completamente desconocida para los gobiernos de San Luis Potosí.
Leon García Lam, doctor en antropología y colaborador de La Orquesta, consideró que la gentrificación podría catalogarse como una “neocolonización”, y se refiere a este fenómeno como un método invasivo de adopción de un espacio, comparándolo con las plagas, en la que una especie ventajosa (hongo, virus, bacteria, insecto, planta, etcétera) invade a un organismo o ecosistema debilitado:
“Tiene tres fases: la primera es la degradación y empobrecimiento de un lugar habitado, (proceso mediante el cual, el espacio pierde plusvalía); la segunda es el abandono y arruinamiento del lugar; la tercera es la reocupación del lugar por establecimientos y personas ajenas a su historia”, señaló el especialista.
García Lam mencionó que los principales actores afectados son las familias originarias del lugar gentrificado, ya que sufren y presencian las consecuencias de los cambios desde distintos lugares: padecen el empobrecimiento y estigmatización del lugar, luego el desplazamiento y finalmente observan cómo otros se apropian de sus viviendas y las convierten en negocios. León sintetizó la situación en una frase constante entre las familias desplazadas: “Aquí vivíamos nosotros”.
¿QUÉ DICEN GALINDO Y GALLARDO?
La Orquesta cuestionó a Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, sobre el fenómeno, sin embargo, ambos manifestaron estar poco enterados al respecto y lo ven como un problema a futuro.
El alcalde capitalino, después de preguntar qué significa la palabra “gentrificación”, consideró que el verdadero problema de la capital potosina es que no hay vivienda nueva, por lo que afirmó que desde el Cabildo se impulsó que las Leyes de Ingresos contemplen estímulos para la creación de vivienda popular y media:
“Nosotros, desde el ayuntamiento, somos palanca para que, con incentivos fiscales y ajustes, pueda desarrollarse vivienda de hasta un millón 800 mil pesos, que es la vivienda popular, incluso arriba de lo popular”, afirmó.
El alcalde sostuvo que este tipo de vivienda es suficiente para que las familias puedan vivir de manera digna, incluso dijo que están por encima de la vivienda popular y la calificó como “vivienda media”; misma que agregó, se puede desarrollar en partes de la ciudad que aún no se han considerado para el crecimiento; pues señaló que hay una reserva territorial suficiente y que, además, también se mantiene la opción de construir vivienda vertical.
El mandatario capitalino evitó hablar sobre el encarecimiento de la vida en la capital, el desplazamiento humano y la creación de burbujas inmobiliarias; en su lugar se refirió a las opciones que considera viables para solventar el problema, que él percibe como una falta de opciones de vivienda:
“Tenemos que desarrollar si queremos seguir siendo una ciudad horizontal u optamos por una vertical es uno de los debates que hay que resolver en la visión que queramos. Yo mandé a hacer un estudio que nos diga hacia dónde vamos, para que el alcalde que venga y los alcaldes que vengan, tengan un marco de referencia técnico y científico de hacia dónde debe ir la ciudad”, detalló.
Ricardo Gallardo Cardona mencionó que el incremento en el costo de la vivienda es una consecuencia de la rehabilitación de algunas zonas de la ciudad, “es la plusvalía” resaltó y mencionó que los propietarios de los inmuebles tienen derecho a ganar más:
“Tienen sus motivos, tienen derecho a ganar. Porque, por ejemplo, ahorita está el tema de la vía alterna y si se hace, los terrenos que ya están urbanizados van a subir diez veces su valor, ¿nada más unos se pueden hacer ricos y los pobres en los barrios no se pueden hacer ricos? No se vale, hay que respetar también”, dijo en justificación del incremento.
Gallardo Cardona mencionó que una manera de contener el incremento acelerado en los costos, puede ser aplicando un impuesto a la plusvalía; para así, intentar poner un freno a los elevados precios; sin embargo, dijo que no considerar que se pueda volver un problema a futuro, esto a pesar de que en estados como Jalisco o la Ciudad de México, el fenómeno ya ocupa la agenda de sus gobierno, pues la situación es cada vez más complicada y ha dado lugar al surgimiento de movimientos sociales como el de Vivienda Digna en la zona metropolitana de Guadalajara, que ha criticado fuertemente la postura de la administración de Pablo Lemus.
León Garcia compartió que la postura que han tomado los gobierno en San Luis es arcaica y fue vigente 50 años atrás. Además, señaló que a nivel local existen tres responsables de la gentrificación de la ciudad: el Ayuntamiento Capitalino, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura estatal.
“El primero ha coadyuvado con omisiones e intervenciones muy dañinas, permitiendo la especulación inmobiliaria y favoreciendo a ciertos empresarios constructores; el segundo no ha sido capaz de incorporar una política dinámica y eficaz de protección del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad; y el tercero no ha sido capaz, durante décadas de proponer a la ciudadanía un catálogo o inventario de bienes culturales que supuestamente constituyen el patrimonio cultural de la humanidad, por situarnos en El Camino Real de Tierra Adentro”.
El antropólogo añadió que el desplazamiento provocado por la gentrificación, al igual que el generado por cualquier otro fenómeno, genera nuevos y más complejos problemas: al principio, desarraigo, pérdida de identidad y produce rencores y sentimientos negativos que a su vez se convierten en conflictos más sofisticados como los relacionados con el crimen organizado.
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Asaltan en carretera 57 a parte del equipo de Sheinbaum
El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal
Por: Redacción
Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.
El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.
Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.
Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.
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Ciudad
Drenajes colapsados y fugas impulsan posible separación de Interapas
Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación
Por: Redacción
Patricia Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.
La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica , particularmente en drenajes colapsados y fugas de agua, han generado una problemática constante para la población.
Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.
Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.
Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.
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Destacadas
Gobernador reprocha sueldos de 80 pesos diarios en Villa Juárez
Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.
Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.
Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.
Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez , en la que se acusa al gobierno municipal de pagar sueldos diarios de entre 80 y 200 pesos, muy por debajo del salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios.
De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.
El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.
Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.
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