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¿La gentrificación debe preocupar a San Luis Potosí?
El fenómeno que ha generado manifestaciones para exigir el derecho a la vivienda digna parece ser desconocido para los políticos potosinos
Por: Bernardo Vera
La gentrificación es un fenómeno urbano y social, producido por la apropiación de bienes inmuebles en zonas de nivel socioeconómico bajo, que son adquiridas e intervenidas por desarrolladores urbanos para ofrecer vivienda con una mayor plusvalía, ampliamente influenciada por las condiciones del mercado para su compra, y casi siempre persigue un fin lucrativo, lo que acaba por desplazar a los pobladores originales, para quienes se vuelve incosteable la vida en esos espacios. Aunque esta situación preocupa en casi todo el mundo y ha comenzado a acentuarse en sitios como la Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara, en San Luis Potosí las autoridades parecen ignorar por completo su existencia, a pesar de que ya hay señales claras de su presencia en la capital.
Este fenómeno ha marcado una brecha social amplia, pues encarece los precios del mercado inmobiliario y no otorga las condiciones equitativas para la población en el ejercicio de su derecho a una vivienda digna, establecido por el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las plataformas digitales que ofrecen vivienda temporal y hospedaje, como Airbnb, se han valido de este fenómeno, dado que las personas adquieren una propiedad, y la ofrecen al público mediante este servicio a costos fuera de proporción, lo que repercute en todo el polígono que rodea a esas viviendas.
Guadalajara es una de las ciudades que padece este fenómeno, donde se ha impulsado un movimiento denominado #ViviendaDigna, bajo la consigna: “Vivienda no es negocio, es un derecho”. Colectivos y asociaciones civiles denuncian a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y a Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, como los responsables de un proyecto denominado ”Repoblamiento del Centro Histórico”, al señalarlo como una iniciativa que beneficia el interés inmobiliario de particulares.
La manifestación realizada el 30 de noviembre de 2022 pretendía visibilizar las mismas características del problema de gentrificación, pero también hicieron referencia al uso de plataformas digitales y el negocio que el gobierno de Jalisco podría obtener, como ha ocurrido en la Ciudad de México. “Como ya se está viendo en otras ciudades, como en Ciudad de México, hay intenciones de que esto detrás sea únicamente para rentas de plataformas digitales como lo es Airbnb”, señaló uno de los manifestantes.
EL CASO DE SAN LUIS
San Luis Potosí es una ciudad que no ha escapado del problema, y a pesar de ello, no existe conocimiento del mismo entre funcionarios gubernamentales de la entidad potosina, o un apartado en la agenda pública dedicado a controlar o frenar este fenómeno, aun cuando existen visos generales de la gentrificación y el incremento de viviendas bajo sistemas como los de Airbnb. No obstante, lo abordan como competencia desleal de estas plataformas contra el sector hotelero 
José Antonio Lorca Valle, diputado local por Morena del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado a mediados de diciembre de 2022, misma que fue aprobada el 30 de enero de este año. En ella, se establece que los prestadores de servicio de hospedaje, a través de Airbnb, deberán atender las indicaciones que indique Protección Civil Estatal y Municipal.
El impulsor de esta reforma aseguró que en la actualidad existen más de 300 alojamientos de este tipo en San Luis Potosí, cada uno con capacidad para varios huéspedes. “Es para que todos los establecimientos -casas, hoteles, moteles- cuenten con las mismas regulaciones y las mismas medidas de seguridad y que a su vez compitan de manera leal en el mercado. Esto mete a todos los Airbnbs a que cuenten con las medidas que Protección Civil señala en sus leyes y reglamentos para evitar cualquier accidente o atender cualquier emergencia”, señaló Lorca Valle.
La reforma del morenista no va orientada a atender el fenómeno que el sobreuso del hospedaje que la aplicación ha causado, sino a “generar condiciones de piso parejo entre ambas modalidades”.
Aurora Mancilla, titular de la secretaría de Turismo del estado, refirió que en cuanto a la problemática de sobreexplotación de viviendas bajo el esquema de Airbnb, solicitó el apoyo de la ciudadanía para hacer de conocimiento a las dependencias encargadas. Señaló que Turismo ha realizado trabajos con la consejería jurídica de la Secretaría General de Gobierno, para hacer un cobro de impuesto sobre hospedaje y agregó que no solamente se trata de Airbnb, sino que otras seis plataformas que ofrecen este servicio, tales como “Booking”, “Expedia”, entre otras.
“Nos vamos a reunir con los corporativos de estas empresas que se dedican a rentar hospedaje, y no pasa de este año. En otros estados tienen muy definidos los impuestos que se están cobrando. Nosotros íbamos únicamente por Airbnb, pero ahora resulta que en otros estados también se están cobrando seis plataformas. Estamos siguiendo los modelos de Chiapas, que cobran seis plataformas y sobre ello, es el parámetro que nosotros estamos considerando para hacer este cobro y que sea ‘piso parejo’ para todos”, expuso la secretaria de turismo estatal.
También lee: SLP endurece las medidas de seguridad para AirBnb
Citlalli Hernández informó que en las otras 16 gubernaturas la coalición de la 4T sí incluye a sus aliados.
Elí Cervantes, coordinador estatal, fue designado sin haberse inscrito y sin encuesta pública
Por: Redacción
San Luis Potosí será la única de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 donde Morena irá sin sus aliados, el PVEM y el PT, informó su secretaria general, Citlalli Hernández Mora, al presentar este lunes a Elí César Eduardo Cervantes Rojas como coordinador estatal del partido.
En las otras 16 entidades, la coalición de la 4T sí contempla a sus partidos aliados.
El PVEM ya había descartado la alianza. La senadora Ruth González Silva respondió “con Morena, seguramente no” cuando se le preguntó por una posible coalición. Sobre el PT, dijo que ese partido aún debe definir su postura.
En el reparto nacional de coordinaciones, el PVEM obtuvo dos: Jasmine Bugarín Rodríguez, senadora, en Nayarit, y Manuel Cota Cárdenas, diputado federal, en Baja California Sur. El PT se quedó sin nombramiento propio. En Nayarit, el espacio correspondió al Verde como parte del ajuste de paridad, pese a que Héctor Santana había obtenido el primer lugar en la encuesta.
El proceso electoral 2027 en San Luis Potosí comenzará el 15 de noviembre. Ese mismo día, el PVEM prevé iniciar la negociación de alianzas parciales para diputaciones y ayuntamientos.
Cervantes, designado sin inscripción ni encuesta pública
Cervantes Rojas, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en San Luis Potosí, fue designado por consenso por la Comisión Nacional de Elecciones y coordinará los trabajos del partido rumbo a la elección.
El ex senador no fue parte del registro original de aspirantes, sin embargo, la dirigencia argumentó que la comisión tiene facultades para valorar perfiles distintos a los inscritos.
No obstante, la dirigencia no presentó resultados, porcentajes ni metodología de las encuestas que no tuvieron ninguna utilidad, pues la comisión canceló la encuesta porque ninguno de los 28 inscritos alcanzó el umbral mínimo de 10 por ciento.
La decisión ya provocó inconformidades. Aid Ávila Covarrubias cuestionó que no se mostraran datos, cobertura ni metodología, y acusó a la dirigencia de no respetar sus propios procesos internos. El exdiputado local José Antonio Lorca Valle señaló que la convocatoria original no contemplaba la figura de coordinador estatal en los términos en que fue utilizada.
Ante los reclamos, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se comprometió a presentar “detalladamente, una por una” las encuestas de las 17 coordinaciones estatales cuando concluyan las designaciones.
Lenia Batres sostuvo que la resolución retira la obligación a alternar el género entre elecciones 2027 y siguientes
Aún queda pendiente resolver la impugnación que redujo precampañas de 40 a 20 días
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la alternancia obligatoria de género para las candidaturas a la gubernatura de San Luis Potosí, con lo que quedó sin efecto el mecanismo que habría condicionado la postulación de cada partido en 2033 al género de su candidatura en 2027.
El Ple no resolvió este lunes las acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y su acumulada 86/2026
La mayoría de seis ministros invalidó los segundos párrafos de los artículos 36 y 72 de la Constitución estatal, así como las disposiciones de alternancia contenidas en los artículos 9 y 265 de la Ley Electoral del Estado y el segundo transitorio del decreto. En el caso de la regla para candidaturas independientes, la invalidez fue aprobada por siete votos.
La regla que desaparece
La reforma que llegó a la Corte ya no obligaba a los partidos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027.
Ese planteamiento formaba parte de la propuesta original. El Ceepac presentó la iniciativa el 11 de diciembre de 2025 y el Congreso la aprobó inicialmente con la obligación de que los partidos postularan mujeres en 2027.
Sin embargo, después de las observaciones del gobernador, el Congreso modificó el esquema y el 27 de mayo de 2026 eliminó esa obligación. La versión finalmente publicada permitió que en 2027 los partidos registraran a una persona de cualquier género y trasladó la alternancia a la elección de 2033.
El mecanismo establecía que cada partido debía postular en 2033 a una persona de género distinto al de su candidatura de 2027. Existía, además, una excepción: si en 2027 había postulado a una mujer, podía volver a registrar a una mujer en 2033.
Por ello, la resolución de la SCJN no determina si en 2027 San Luis Potosí tendrá un candidato o una candidata a la gubernatura
¿Qué argumentó la Corte?
El proyecto estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien sostuvo que la paridad de género establecida en la Constitución federal no equivale a imponer una alternancia automática entre elecciones para un cargo unipersonal.
La mayoría consideró que el Congreso local excedió su margen de configuración legislativa al establecer anticipadamente el género que correspondería a futuras candidaturas y con ello restringir el derecho a ser votado.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de invalidar las disposiciones principales. Durante la discusión defendió la constitucionalidad del modelo potosino y anunció un voto particular. En contraste, siete ministros sí respaldaron invalidar la disposición relativa a candidaturas independientes.
La decisión no elimina el principio constitucional de paridad de género ni impide que se establezcan acciones afirmativas para favorecer la participación política de las mujeres. El efecto concreto es dejar sin vigencia la obligación de alternar automáticamente el género de la candidatura a la gubernatura con base en la elección anterior.
La reforma electoral de San Luis Potosí todavía tiene otros asuntos pendientes ante la Corte.
Entre ellos está el Decreto 0571, impugnado por Somos México y por el Ejecutivo federal, así como el Decreto 0586, cuya constitucionalidad fue cuestionada por Somos México el 10 de septiembre por reducir de 40 a 20 días el periodo de precampañas para la gubernatura y por la falta de consulta a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, de acuerdo con los planteamientos señalados en las impugnaciones.
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En Central de Abastos, la policía capitalina lleva más de 1,200 dosis decomisadas y 19 detenciones
Por: Haniel Valdés
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), Juan Antonio Villa Gutiérrez, fue cuestionado sobre el panorama de consumo de drogas entre jóvenes en la capital, luego de la muerte de un adolescente por esta causa la semana pasada, y respondió con cifras de detenciones y decomisos, sin abundar en ese caso en particular.
En un operativo en la Central de Abastos, la corporación reporta más de 19 detenciones y el decomiso de más de 1,200 dosis de droga; uno de los dos objetivos prioritarios señalados obtuvo su libertad a las 24 horas tras ser puesto a disposición de un juez. En el resto de la ciudad, la policía capitalina rinde un promedio semanal de 15 a 16 detenciones
Villa Gutiérrez dijo que menos del 3% de los aseguramientos por consumo corresponde a menores de edad, a quienes se canaliza mediante el programa de justicia cívica a talleres de rehabilitación, atención psicológica y terapias.
El funcionario identificó al cristal y la mariguana como las drogas que más se detectan en los decomisos, seguidas de la cocaína, y dijo que la SSPC no ha encontrado medicamentos controlados entre lo asegurado.
La corporación atiende el tema a través de su área de prevención, con pláticas diarias en escuelas sobre los riesgos del consumo de sustancias ilícitas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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