El fenómeno que ha generado manifestaciones para exigir el derecho a la vivienda digna parece ser desconocido para los políticos potosinos

Por: Bernardo Vera

La gentrificación es un fenómeno urbano y social, producido por la apropiación de bienes inmuebles en zonas de nivel socioeconómico bajo, que son adquiridas e intervenidas por desarrolladores urbanos para ofrecer vivienda con una mayor plusvalía, ampliamente influenciada por las condiciones del mercado para su compra, y casi siempre persigue un fin lucrativo, lo que acaba por desplazar a los pobladores originales, para quienes se vuelve incosteable la vida en esos espacios. Aunque esta situación preocupa en casi todo el mundo y ha comenzado a acentuarse en sitios como la Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara, en San Luis Potosí las autoridades parecen ignorar por completo su existencia, a pesar de que ya hay señales claras de su presencia en la capital.

Este fenómeno ha marcado una brecha social amplia, pues encarece los precios del mercado inmobiliario y no otorga las condiciones equitativas para la población en el ejercicio de su derecho a una vivienda digna, establecido por el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las plataformas digitales que ofrecen vivienda temporal y hospedaje, como Airbnb, se han valido de este fenómeno, dado que las personas adquieren una propiedad, y la ofrecen al público mediante este servicio a costos fuera de proporción, lo que repercute en todo el polígono que rodea a esas viviendas.

Guadalajara es una de las ciudades que padece este fenómeno, donde se ha impulsado un movimiento denominado #ViviendaDigna, bajo la consigna: “Vivienda no es negocio, es un derecho”. Colectivos y asociaciones civiles denuncian a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y a Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, como los responsables de un proyecto denominado ”Repoblamiento del Centro Histórico”, al señalarlo como una iniciativa que beneficia el interés inmobiliario de particulares.

La manifestación realizada el 30 de noviembre de 2022 pretendía visibilizar las mismas características del problema de gentrificación, pero también hicieron referencia al uso de plataformas digitales y el negocio que el gobierno de Jalisco podría obtener, como ha ocurrido en la Ciudad de México. “Como ya se está viendo en otras ciudades, como en Ciudad de México, hay intenciones de que esto detrás sea únicamente para rentas de plataformas digitales como lo es Airbnb”, señaló uno de los manifestantes.

 

EL CASO DE SAN LUIS

San Luis Potosí es una ciudad que no ha escapado del problema, y a pesar de ello, no existe conocimiento del mismo entre funcionarios gubernamentales de la entidad potosina, o un apartado en la agenda pública dedicado a controlar o frenar este fenómeno, aun cuando existen visos generales de la gentrificación y el incremento de viviendas bajo sistemas como los de Airbnb. No obstante, lo abordan como competencia desleal de estas plataformas contra el sector hotelero

y no como un problema social.

José Antonio Lorca Valle, diputado local por Morena del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado a mediados de diciembre de 2022, misma que fue aprobada el 30 de enero de este año. En ella, se establece que los prestadores de servicio de hospedaje, a través de Airbnb, deberán atender las indicaciones que indique Protección Civil Estatal y Municipal.

El impulsor de esta reforma aseguró que en la actualidad existen más de 300 alojamientos de este tipo en San Luis Potosí, cada uno con capacidad para varios huéspedes. “Es para que todos los establecimientos -casas, hoteles, moteles- cuenten con las mismas regulaciones y las mismas medidas de seguridad y que a su vez compitan de manera leal en el mercado. Esto mete a todos los Airbnbs a que cuenten con las medidas que Protección Civil señala en sus leyes y reglamentos para evitar cualquier accidente o atender cualquier emergencia”, señaló Lorca Valle.

La reforma del morenista no va orientada a atender el fenómeno que el sobreuso del hospedaje que la aplicación ha causado, sino a “generar condiciones de piso parejo entre ambas modalidades”.

Aurora Mancilla, titular de la secretaría de Turismo del estado, refirió que en cuanto a la problemática de sobreexplotación de viviendas bajo el esquema de Airbnb, solicitó el apoyo de la ciudadanía para hacer de conocimiento a las dependencias encargadas. Señaló que Turismo ha realizado trabajos con la consejería jurídica de la Secretaría General de Gobierno, para hacer un cobro de impuesto sobre hospedaje y agregó que no solamente se trata de Airbnb, sino que otras seis plataformas que ofrecen este servicio, tales como “Booking”, “Expedia”, entre otras.

“Nos vamos a reunir con los corporativos de estas empresas que se dedican a rentar hospedaje, y no pasa de este año. En otros estados tienen muy definidos los impuestos que se están cobrando. Nosotros íbamos únicamente por Airbnb, pero ahora resulta que en otros estados también se están cobrando seis plataformas. Estamos siguiendo los modelos de Chiapas, que cobran seis plataformas y sobre ello, es el parámetro que nosotros estamos considerando para hacer este cobro y que sea ‘piso parejo’ para todos”, expuso la secretaria de turismo estatal.

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