Estado
Aprueba Congreso, autonomía de Fiscalía Anticorrupción
Al tratarse de una reforma constitucional, deberá turnarse a los ayuntamientos para su aprobación y posteriormente, entrar en vigor
Por: Redacción
Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, que preside el diputado José Antonio Zapata Meraz, aprobaron la reforma a la Constitución Política del Estado, en sus artículos 122 Bis y 122 Ter, para dotar de personalidad jurídica; patrimonio propio; autonomía presupuestal, técnica y de gestión a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Las iniciativas fueron presentadas por la diputada María Isabel González Tovar y Rolando Hervert Lara, mismas que fueron analizadas al interior de las comisiones respectivas.
Se indicó que el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, al igual que el Fiscal General, durará en su encargo 7 años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que la Constitución exige para ser Magistrado.
En la exposición de motivos, se señaló que es indispensable contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción autónoma que se encargue de la investigación y persecución de los delitos, dando cumplimiento a lo previsto en la reforma constitucional y los tratados y recomendaciones internacionales y no sea susceptible a conflictos o influencias por depender económica y jerárquicamente de otros órganos.
Afirmaron que requiere atender el tema del combate a la corrupción, que es un problema que debilita a las instituciones del Estado, violando los derechos humanos, debilitando la infraestructura de las instituciones y fomentando la ingobernabilidad.
Agregaron que la independencia de la autoridad investigadora de delitos por hechos de corrupción es un tema pendiente en la procuración de justicia, por lo que es indispensable contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción autónoma que se encargue de la investigación y persecución de los delitos, dando cumplimiento a lo previsto en la reforma constitucional y los tratados y recomendaciones internacionales citados previamente y no sea susceptible a conflictos o influencias por depender económica y jerárquicamente de otros órganos.
El diputado José Antonio Zapata manifestó que el dictamen respectivo debe seguir una ruta crítica, ya que se prevé presentar al pleno para su votación en sesión extraordinaria que se propone realizar el próximo 20 de agosto.
Agregó que, para su entrada en vigor, al tratarse de una reforma constitucional, deberá turnarse a los ayuntamientos para su aprobación y posteriormente, entrar en vigor.
En este sentido, se buscará que la elección del próximo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción pueda llevarse bajo los parámetros de esta reforma constitucional.
“No necesariamente se tiene que estar sesionando el 27 para poder estar votando el tema de la terna, sino antes haber terminado el proceso para esta reforma constitucional”, señaló.
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Estado
IFSE va contra proveedores de gobierno implicados en corrupción
Podrían estar involucrados en delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o uso indebido de recursos públicos
Por: Redacción
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) anunció que continúa el proceso de auditorías a las Cuentas Públicas 2025, donde se encargan de evaluar resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de objetivos, dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas no graves y promover denuncias e imposición de sanciones administrativas y penales en caso de faltas graves
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del Estado, detalló que los auditores siguen en los municipios y dependencias del estado, ejecutando el primer momento de los procedimientos de auditoría de campo a la obra pública, confrontando la información que proporcionan los entes públicos, con la que se requiere a terceros y proveedores, para verificar que todo coincida conforme a las leyes.
El procedimiento también integra la revisión por pares con cruce de datos, para la ejecución de las auditorías 2026. En este sentido, el titular del IFSE señaló que los auditores tienen la facultad de requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, para realizar las investigaciones que se estimen necesarias.
Al respecto, Rodrigo Lecourtois puntualizó que es la autoridad judicial la responsable de imponer las sanciones correspondientes. “Las penas pueden ser económicas, pero también abarcan castigos como inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios al patrimonio público; suspensión de actividades; y disolución de la sociedad en caso de tratarse de personas morales”.
Finalmente, el titular del IFSE llamó a los funcionarios públicos y particulares relacionados contractualmente con los entes obligados, a brindar las facilidades y accesos necesarios al personal del organismo fiscalizador para que efectúen las inspecciones en el lugar, recolecten evidencias y verifiquen el cumplimiento puntual de procesos y normas.
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Ciudad
Villa de Pozos clausura granja avícola
La clausura fue por una denuncia ciudadana y la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo
Por: Redacción
Villa de Pozos realizó la clausura parcial de las fosas de disposición final de residuos de una granja avícola ubicada en el municipio, tras detectarse la operación sin dictamen de ecología ni autorizaciones ambientales para el manejo de residuos.
El titular de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa explicó que, esta clausura derivó de un procedimiento administrativo iniciado el pasado 04 de mayo del presente año; las instalaciones operan desde hace varios años en un predio cercano a la planta de tratamiento de Tanque Tenorio, situación que representa un riesgo potencial de contaminación en caso de un manejo inadecuado de residuos avícolas, por lo que se actuó de manera preventiva y conforme a la normatividad ambiental vigente.
Detalló que la clausura fue resultado de una denuncia ciudadana y de la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo, entre ella la licencia de funcionamiento, licencia de uso de suelo, dictamen de ecología y manifestación de impacto ambiental, documentos que no fueron presentados dentro del plazo establecido por la ley.
Estado
Ricardo Gallardo participa en toma de protesta del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar
El gobernador añadió que, con la llegada del nuevo comandante, se continuará impulsando una agenda de trabajo conjunta
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, participó en la ceremonia de toma de protesta, protesta de Bandera y posesión del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, con quien refrendó el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con las fuerzas federales para garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias potosinas.
Ricardo Gallardo destacó que, con la colaboración entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, se mantienen los resultados positivos en seguridad pública en las cuatro regiones de la entidad, aunado al reforzamiento de los operativos permanentes que se desarrollan, principalmente, en los límites con los demás estados.
El gobernador añadió que, con la llegada del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí,
se continuará impulsando una agenda de trabajo conjunta que permita reforzar las acciones de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia en beneficio de la tranquilidad y la paz social de cada rincón del estado potosino.De igual forma, reiteró que San Luis Potosí continúa posicionándose entre las cuatro entidades más seguras del país, resultado de la estrategia integral de seguridad y del trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales, lo que ha fortalecido la vigilancia y la protección de la ciudadanía, transportistas, trabajadores y turistas que transitan diariamente por territorio potosino.
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