Esta ley contempla que el Ministerio Público investigue de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, se establece una pena de 40 a 70 años de prisión, se constituyen nueve razones de género y 21 agravantes

Por: Redacciones

En el marco de las acciones por el Día Internacional de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará al Senado de la República, la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio con el objetivo de erradicar este delito y acabar con la impunidad.

“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Entonces, es muy importante esta Ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta Ley, porque es Ley General”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, entre los cambios sustantivos de esta iniciativa de ley, destacan que el Ministerio Público está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Asimismo, se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo, esta es la ley que se presenta ahora”, destacó.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que para atender la violencia feminicida se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución; esto facultará al Congreso de la Unión para expedir la Ley y que este delito se clasifica como tipo penal homologado. Se reconocerán nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder. Se establece una pena de 40 a 70 años de prisión; se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de una multa de mil a dos mil UMAS.

Además, se constituyen 21 agravantes, entre ellas: que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos, o que sea miembros de los pueblos originarios, afrodescendi entes

, entre otros.

Explicó que se busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio e incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso

. Agregó que este delito se investigará y perseguirá de oficio, la acción penal, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles. Adicionalmente, la persona responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad de hijos e hijas, así como la tutela, curatela, guarda y custodia, y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Además, se dispone que ante este delito deberá de haber continuidad procesal, se deben contar con unidades o Fiscalía especializadas de conocimiento, investigación y persecución del delito.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, detalló que la Ley General articula todos los derechos de las víctimas y sus familias, como: acceso a la verdad y la justicia; atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas; asistencia jurídica especializada y gratuita; seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad; restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, así como servicios de traducción e interpretación. Además, se mandata que en plataformas digitales no puede haber imágenes de las víctimas.

Sobre las políticas de prevención y atención a la violencia feminicida, señaló que se brinda atención especializada a las mujeres que viven violencia a través de mediciones oportunas, medidas de protección, acceso a espacios de refugio y la plataforma de apoyo del Gobierno de México con los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia para las mujeres, la línea de Mujeres al 079, opción 1.

Mientras que, para los familiares, se creará una Comisión Especial y el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las Mujeres para implementar campañas de concientización e información, creación de grupos de apoyo técnico e impulsar la elaboración de un registro de feminicidios a nivel nacional. Y junto al DIF se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

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La diputada lamentó que las personas tengan que recurrir a la iniciativa privada para acceder a los medicamentos

Por: Redacción

La diputada local Frinné Azuara Yarzábal aseguró que “es cruel” la situación de la salud pública en México, señalando que es inaceptable que las personas tengan que adquirir medicinas mediante la iniciativa privada ante la falta de suministro en los centros públicos.

La congresista lamentó la falta de presupuesto que tienen las instituciones de salud en México, indicando que ni en IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE se ha podido alcanzar un 80% del abasto de medicamentos.

Comentó que las personas están gastando alrededor del 41% de sus ingresos en la compra de estos insumos en la iniciativa privada, siendo que éstos se deberían cubrir con el pago de los impuestos.

Ante esta situación, declaró que el Congreso aprobó la semana pasada el “esquema de reembolso”,

mediante el cual, los potosinos tienen derecho a que la institución les regrese el dinero que se hayan gastado en la compra de estos “kits médicos”.

Azuara Yarzábal también se manifestó en contra del proceso con el que el IMSS asumirá la titularidad de seis centros médicos en el estado que eran administrados por IMMS-Bienestar,

recalcando que si el instituto no tenía dinero antes, será muy complicado que pueda cubrir los gastos de estos centros médicos.

Además, resaltó que la situación de estas unidades serán doblemente difíciles, pues no solo se deberá prestar servicio a los derechohabientes, sino también a la población en general a la que no pueden dejar sin atención.

Finalmente, volvió a cargar contra la estrategia del gobierno en esta materia, declarando que solo les interesa buscar la manera de reelegirse, siendo que lo mínimo que deberían hacer es garantizar el acceso a la salud.

Cuestionó cómo se planea cubrir este asunto si no hay ni presupuesto ni crecimiento económico, asegurando que “ya usaron la tarjeta de crédito” para poder cubrir con los programas sociales.

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El joven ingresó armado a su escuela y fue detenido; el caso desata alarma por violencia y redes sociales

Por: Redacción

Circulan en redes sociales videos e información sobre un adolescente que asesinó a dos maestras con un arma larga dentro de la preparatoria “Anton Makárenko”, ubicada en la zona Centro de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con los reportes, el menor —identificado como Osmar “N”— fue sometido por trabajadores del plantel y algunos estudiantes, quienes lograron contenerlo hasta entregarlo a las autoridades.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionan cómo el joven logró ingresar al plantel con un arma larga, cuyo tamaño haría difícil ocultarla.

Horas antes del ataque, el adolescente habría compartido en su cuenta de Instagram videos en los que aparece portando el arma frente a un espejo, así como publicaciones con referencias a contenidos violentos.

Entre los elementos señalados por usuarios se encuentran menciones a comunidades en línea asociadas a discursos de odio, como los llamados “incels”, término utilizado para describir a grupos que, en algunos casos, promueven narrativas violentas, particularmente contra las mujeres.

Incels, célibes involuntarios, es un término acuñado en los 90s con el que se define a una comunidad de hombres violentos que culpan a las mujeres de su fracaso sexual, se auto perciben incapaces de poder tener una relación y en muchos casos cometen actos de violencia, como feminicidios y violación.

La difusión de estos contenidos previo al ataque ha abierto cuestionamientos sobre la supervisión en redes sociales, el papel del entorno cercano del menor y la posibilidad de detectar señales de alerta antes de hechos de esta naturaleza.

El caso también ha puesto sobre la mesa el acceso de menores a armas de alto calibre y las condiciones de seguridad en entornos escolares, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de manera oficial el móvil del ataque.

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