agosto 18, 2026

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Buscan fortalecer acciones de prevención a la violencia contra las mujeres

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Para enfocar los esfuerzos institucionales en el respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y evitar la revictimización por parte autoridades, la diputada Patricia Silva Celis presentó una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

Esta modificación establece como funciones del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se integran diversas dependencias como la Fiscalía General del Estado, el Instituto de las Mujeres del Estado; el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y el Centro de Atención Integral a Víctimas, el promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres, enfatizando la sensibilización a favor de las mujeres indígenas y del campo, las víctimas de violencia, con alguna discapacidad y migrantes

Detalla la diputada en su exposición de motivos, que se requiere reforzar las acciones de protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia para que se evite la revictimización de ellas por parte de las autoridades y todas las personas involucradas en su proceso de atención, con especial énfasis en las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes, quienes la mayoría de las veces pasan desapercibidas debido a su condición y son simplemente olvidadas y sin derecho alguno.

Agrega que de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, invariablemente las mujeres indígenas son objeto de mayor discriminación, vejaciones y violencia de todo tipo, razón por la que en este instrumento internacional se plasman diversos compromisos en materia de difusión, protección y tutela de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Señala que este aspecto de protección debe insertarse de manera literal en nuestra legislación, a efecto de dar cumplimiento a dichos compromisos contraídos por nuestro país en materia de derechos humanos, tanto de las mujeres en el ámbito indígena y en el sector
rural.

“Las mujeres del campo requieren especial atención pues a la vez que las mujeres indígenas son objeto de rezago, discriminación y de prácticas machistas, lo que las aleja de los beneficios de los programas gubernamentales, mejoras en la calidad de vida y por ende mejora en
sus condiciones de vida en general”.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género para su análisis.

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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.

Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección

, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.

Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.

Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.

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Estructura de Galindo: Comités Ciudadanos cubren 97 % del municipio

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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.

Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.

Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.

Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.

El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.

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Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema

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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto

Por: Haniel Valdés Velázquez

Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.

Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”

Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.

Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.

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