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Antorcha Campesina “secuestró” una prepa en Mexquitic
En la comunidad más pobre de Mexquitic, la organización se quedó con el terreno, cambió maestros y cobra cuotas
Por Jorge Saldaña
Son 50 alumnos y alumnas de la comunidad San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic, los que desde el 30 de septiembre tienen que tomar sus clases en un salón de usos múltiples por el que pagan, entre todos, una renta de 100 pesos diarios sin derecho a los sanitarios y en condiciones por demás precarias.
Al Centro de Bachillerato Comunitario Damián Carmona, al que antes iban, ya no pudieron acudir porque el grupo Antorcha Popular despojó del terreno a la sociedad de padres, rompió candados, cambió de nombre a la institución, retiró al director a cambio de una “concesión” para dar clases en otra escuela y empezaron a realizar cobro de cuotas.
Las autoridades municipales están enteradas del abuso, sin embargo el presidente municipal de Mexquitic, Rafael Pérez Rojas, de extracción priista, no solamente ha ignorado el asunto, sino que ha protegido a la organización al grado de mantener vigilados a los padres de familia inconformes.
“En una reunión nos dio a entender (el presidente municipal) que el compromiso era con Antorcha y con el nuevo maestro, y que se habían comprometido a un techo y a recibir apoyo de uniformes pero siempre y cuando la escuela la manejaran ellos…”
Así se queja la señora Mercedes Camarillo, que temerosa aceptó la entrevista de este medio, aún con las amenazas y hostigamientos de las que ha sido víctima por tratar de recuperar la escuela que, además, está en un terreno adquirido por la asociación de padres de familia, quienes se sienten despojados del inmueble.
“Nos dimos cuenta que cambiaron a los maestros, que los muchachos constantemente no tenían clases, y que en lugar de recibir formación bachiller, les daban el día o simplemente el profesor les contaba anécdotas de sus novias veganas…”
Fue hasta que los padres de familia, el 23 de septiembre pasado, fueron llamados a una reunión en la que les informaron que el ex director, Octaviano Patiño Cuevas ya no iba a regresar porque lo habían mandado a comisión por parte de Antorcha a otra escuela.
También les dijeron que el bachillerato se llamaría ahora “Instituto Ponciano Arriaga” y que formaría parte de las escuelas que maneja la organización social de golpeteo. Las cuotas subieron y los maestros fueron sustituidos, pues a los anteriores les habían ofrecido apenas 35 pesos por hora clase.
“Nosotros no estuvimos de acuerdo, y entre todos y los de la sociedad nos pusimos de acuerdo para poner un candado y una cadena porque al final de cuentas nosotros tenemos escrituras de la donación del terreno y somos los representantes legales de la misma, pero al día siguiente rompieron las cadenas y se apropiaron de la escuela… ya no nos dejaron entrar”.
La preparatoria, como se pudo constatar, está cerrada con candado y custodiada por tres perros. Nadie salió a responder al llamado del medio aunque atrás se veían algunas personas que, según dicen los padres de familia, están ahí todo el día para cuidar el inmueble.
Por parte de la autoridad estatal, la Secretaría de Educación tiene conocimiento del atropello, sin embargo, Gilberto Ávila Juache, responsable del Departamento de Educación Superior, ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones, ha dado largas y la sumisión llegó al grado de que, el director impuesto por Antorcha, lo reta telefónicamente a suspenderlo.
“Tu sabes que hay un protocolo para que me destituyas y nada puedes hacer”, aseguran que es como humilla el representante de Antorcha al representante de la SEGE.
Entretanto, los alumnos inconformes tienen que tomar clase en un salón de usos múltiples que rentan, no tienen acceso al baño y las condiciones son paupérrimas; mientras que la sociedad de padres de familia, en la indefensión, exige a las autoridades que tomen cartas en el asunto para recuperar un terreno que les fue despojado y puedan regresar a las instalaciones de una escuela que fue prácticamente tomada por una organización que los amenaza y los chantajea.
Historias respecto a que los alumnos son hostigados y amenazados con retirarles apoyos sociales o hasta de medicinas para sus familiares enfermos son el común denominador en San Marcos y la autoridad parece sometida a los intereses de Antorcha.
Seguiremos informando.
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Guadalupe Torres afirmó que ya se reanudaron trabajos en algunos tramos tras las suspensiones legales
Por: Redacción
El Gobierno del Estado entregará a finales de este año la obra de Río Santiago, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado por el quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Torres Sánchez dijo que la obra estuvo suspendida por «acciones legaloides» de integrantes de la «herencia maldita», que según afirmó han buscado paralizar obras durante casi todo el sexenio. Señaló que en algunos tramos los trabajos ya se reanudaron y dijo estar seguro de que se terminará en tiempo.
Como otro ejemplo mencionó la zona de San Miguelito, que según dijo estuvo detenida más de un año porque quisieron impedir la rehabilitación de sus calles. «Finalmente lo logramos», señaló. Afirmó que han tenido la razón en todos los asuntos legales y que quienes los promovieron «no han ganado ni un solo asunto
La ampliación del bulevar Río Santiago estuvo detenida desde 2025 por amparos. Un juzgado federal concedió a la asociación civil Cambio de Ruta una suspensión por la tala y remoción de vegetación del trazo sin estudio de impacto ambiental aprobado, medida que obligó a evitar talar o remover árboles urbanos. Gallardo Cardona confirmó el 23 de agosto que los amparos ya se resolvieron.
La obra, de alrededor de 10 kilómetros, arrancó en marzo de 2024 con una inversión estimada por el Gobierno del Estado en 925 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) prevé entregarla por etapas, kilómetro por kilómetro desde Circuito Potosí.
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El secretario de Seguridad municipal señaló que más de una veintena de personas han sido detenidas por presunta venta de drogas en la zona
Por: Redacción
Las más de 20 personas detenidas por presunto narcomenudeo en la zona del Centro de Abastos de San Luis Potosí no necesariamente son trabajadores del lugar, pues algunas presuntamente se hacen pasar por diableros o cargadores para pasar desapercibidas, afirmó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento capitalino.
El funcionario explicó que las detenciones se han realizado en la vía pública y que, hasta ahora, ninguno de los presuntos vendedores de droga ha sido sorprendido al interior de una bodega o establecimiento, por lo que consideró que no se puede asegurar que formen parte de la plantilla laboral del mercado.
“Simplemente ayer o antier se detuvo a otros dos jóvenes, disfrazados de diableros, de las personas que apoyan a la gente para llevar sus productos en los diablitos, pero realmente su actividad principal era la venta de la droga”, declaró.
Villa Gutiérrez destacó que los operativos han contado con la colaboración de los propios bodegueros
El secretario señaló que las detenciones que se han registrado en los últimos días son resultado de un trabajo de inteligencia iniciado desde hace años para identificar la presunta red de narcomenudeo que opera en la zona.
Añadió que la información obtenida durante cada intervención permite avanzar en las investigaciones y ubicar a otros posibles responsables, por lo que sostuvo que los resultados recientes forman parte de un proceso de seguimiento y recopilación de datos, más que de acciones aisladas.
Villa Gutiérrez aseguró que las intervenciones y detenciones se han mantenido de manera constante en el Centro de Abastos.
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El alcalde adelantó que solicitará un nuevo incremento presupuestal para mantener la inversión en patrullas, tecnología e infraestructura policial
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que solicitará un nuevo incremento al presupuesto de seguridad pública municipal para 2027, con el objetivo de mantener la inversión en patrullas, motocicletas, tecnología e infraestructura para la corporación.
El edil aseguró que durante los últimos cinco años su administración ha destinado recursos de manera consecutiva al fortalecimiento policial y sostuvo que existen condiciones financieras para continuar con esta estrategia el próximo año.
“En 2027, en el presupuesto, yo estoy pidiendo que se incremente otra vez el presupuesto. Podemos hacerlo, tenemos recursos para hacerlo”, declaró.
Galindo explicó que la renovación del equipamiento debe mantenerse de manera permanente, incluso cuando se hayan adquirido unidades durante el ejercicio anterior. Como ejemplo, señaló que las patrullas necesitan renovarse periódicamente y que también se requiere inversión en tecnología e infraestructura.
El alcalde no especificó el porcentaje ni el monto adicional que solicitará para 2027.
Al referirse al crecimiento del equipamiento policial, Galindo afirmó que al inicio de su administración el Ayuntamiento contaba con 14 patrullas, luego de que se retiraran unidades que habían sido arrendadas durante el gobierno anterior.
En contraste, aseguró que actualmente la corporación dispone de alrededor de 180 unidades, cifra que describió como cercana a los 200 equipos policiales.
El presidente municipal defendió el esquema de arrendamiento utilizado durante los primeros tres años de su gestión, al señalar que la diferencia respecto de otros contratos fue que las patrullas quedaron en posesión del Ayuntamiento al concluir el arrendamiento.
Además de las unidades policiales, destacó la incorporación de motocicletas, ambulancias, equipo para Protección Civil y torres de vigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad.
En materia de recursos humanos, Galindo informó que 140 cadetes se encuentran en proceso de formación y podrían graduarse dentro de aproximadamente tres meses. Al mismo tiempo, señaló que 91 policías están próximos a jubilarse.
De acuerdo con el alcalde, el proceso de reclutamiento ya comenzó y la incorporación de nuevos elementos se coordinará con las jubilaciones para evitar que las salidas de personal afecten la capacidad de la corporación.
“Cuando jubilemos a los compañeros, pues simplemente vamos a tener incluso un saldo a favor”, sostuvo.
El edil afirmó que el proceso está previsto desde ahora, aunque no precisó cuántos de los nuevos cadetes se incorporarán efectivamente a las labores operativas ni cuál será el estado de fuerza municipal después de las jubilaciones.
Galindo también explicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal concentra actualmente distintas áreas, entre ellas la Policía Municipal, Protección Civil, Movilidad y Tránsito, Gerencia Policial, participación ciudadana y Bienestar Animal.
Indicó que esta estructura permite reunir más funciones que las que tenía la antigua Dirección de Seguridad, con áreas dedicadas tanto a la operación como al diseño de programas de fortalecimiento policial.
El incremento presupuestal para 2027, las condiciones de la flota vehicular y el relevo de elementos serán algunos de los aspectos que permitirán conocer el alcance de la estrategia de seguridad municipal para el siguiente ejercicio.
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