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Antorcha Campesina “secuestró” una prepa en Mexquitic
En la comunidad más pobre de Mexquitic, la organización se quedó con el terreno, cambió maestros y cobra cuotas
Por Jorge Saldaña
Son 50 alumnos y alumnas de la comunidad San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic, los que desde el 30 de septiembre tienen que tomar sus clases en un salón de usos múltiples por el que pagan, entre todos, una renta de 100 pesos diarios sin derecho a los sanitarios y en condiciones por demás precarias.
Al Centro de Bachillerato Comunitario Damián Carmona, al que antes iban, ya no pudieron acudir porque el grupo Antorcha Popular despojó del terreno a la sociedad de padres, rompió candados, cambió de nombre a la institución, retiró al director a cambio de una “concesión” para dar clases en otra escuela y empezaron a realizar cobro de cuotas.
Las autoridades municipales están enteradas del abuso, sin embargo el presidente municipal de Mexquitic, Rafael Pérez Rojas, de extracción priista, no solamente ha ignorado el asunto, sino que ha protegido a la organización al grado de mantener vigilados a los padres de familia inconformes.
“En una reunión nos dio a entender (el presidente municipal) que el compromiso era con Antorcha y con el nuevo maestro, y que se habían comprometido a un techo y a recibir apoyo de uniformes pero siempre y cuando la escuela la manejaran ellos…”
Así se queja la señora Mercedes Camarillo, que temerosa aceptó la entrevista de este medio, aún con las amenazas y hostigamientos de las que ha sido víctima por tratar de recuperar la escuela que, además, está en un terreno adquirido por la asociación de padres de familia, quienes se sienten despojados del inmueble.
“Nos dimos cuenta que cambiaron a los maestros, que los muchachos constantemente no tenían clases, y que en lugar de recibir formación bachiller, les daban el día o simplemente el profesor les contaba anécdotas de sus novias veganas…”
Fue hasta que los padres de familia, el 23 de septiembre pasado, fueron llamados a una reunión en la que les informaron que el ex director, Octaviano Patiño Cuevas ya no iba a regresar porque lo habían mandado a comisión por parte de Antorcha a otra escuela.
También les dijeron que el bachillerato se llamaría ahora “Instituto Ponciano Arriaga” y que formaría parte de las escuelas que maneja la organización social de golpeteo. Las cuotas subieron y los maestros fueron sustituidos, pues a los anteriores les habían ofrecido apenas 35 pesos por hora clase.
“Nosotros no estuvimos de acuerdo, y entre todos y los de la sociedad nos pusimos de acuerdo para poner un candado y una cadena porque al final de cuentas nosotros tenemos escrituras de la donación del terreno y somos los representantes legales de la misma, pero al día siguiente rompieron las cadenas y se apropiaron de la escuela… ya no nos dejaron entrar”.
La preparatoria, como se pudo constatar, está cerrada con candado y custodiada por tres perros. Nadie salió a responder al llamado del medio aunque atrás se veían algunas personas que, según dicen los padres de familia, están ahí todo el día para cuidar el inmueble.
Por parte de la autoridad estatal, la Secretaría de Educación tiene conocimiento del atropello, sin embargo, Gilberto Ávila Juache, responsable del Departamento de Educación Superior, ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones, ha dado largas y la sumisión llegó al grado de que, el director impuesto por Antorcha, lo reta telefónicamente a suspenderlo.
“Tu sabes que hay un protocolo para que me destituyas y nada puedes hacer”, aseguran que es como humilla el representante de Antorcha al representante de la SEGE.
Entretanto, los alumnos inconformes tienen que tomar clase en un salón de usos múltiples que rentan, no tienen acceso al baño y las condiciones son paupérrimas; mientras que la sociedad de padres de familia, en la indefensión, exige a las autoridades que tomen cartas en el asunto para recuperar un terreno que les fue despojado y puedan regresar a las instalaciones de una escuela que fue prácticamente tomada por una organización que los amenaza y los chantajea.
Historias respecto a que los alumnos son hostigados y amenazados con retirarles apoyos sociales o hasta de medicinas para sus familiares enfermos son el común denominador en San Marcos y la autoridad parece sometida a los intereses de Antorcha.
Seguiremos informando.
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Ricardo Gallardo y Omar García Harfuch acordaron más presencia operativa en carreteras, zonas estratégicas y puntos prioritarios del Estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que con esta coordinación se busca mantener a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros del país, durante la reunión de trabajo que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, en la que acordaron ampliar los operativos conjuntos en el Estado, con mayor presencia en carreteras principales, caminos estatales y zonas estratégicas, además de más fuerzas de reacción de la Guardia Nacional, Defensa, corporaciones estatales y fiscalías.
Durante el encuentro, el mandatario Estatal destacó que la coordinación con la Federación es la ruta correcta para mantener a San Luis Potosí a la baja en delitos de alto impacto, preservar la paz social y garantizar mayor seguridad para las familias potosinas en las cuatro regiones del Estado.
Ricardo Gallardo Cardona señaló que San Luis Potosí mantiene comunicación directa con las autoridades federales para dar seguimiento a operativos, objetivos prioritarios y acciones de vigilancia
El gobernador afirmó que el trabajo conjunto con Omar García Harfuch y las instituciones federales confirma que San Luis Potosí avanza con una estrategia seria, operativa y de resultados, basada en inteligencia, coordinación y capacidad de reacción para proteger a la ciudadanía.
Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno continuará trabajando de la mano con la Federación para ampliar la presencia de seguridad, mejorar la respuesta institucional y mantener la disminución de delitos de alto impacto en beneficio de las familias potosinas.
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Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
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Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
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