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AMLO: ¿qué opinan políticos y activistas potosinos del 1er año de gobierno?
Activistas y funcionarios hicieron un balance sobre el primer año de gobierno de AMLO: destaca la lucha contra la corrupción, pero también el poco desarrollo económico
Por: Redacción
Rumbo al primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este 1 de septiembre, ante el Congreso de la Unión, diversas voces en San Luis Potosí han expresado su opinión sobre el desempeño del nuevo gobierno federal, en su primer año.
PRI, PAN y hasta el PES: Salud, la deuda de AMLO
La diputada Sonia Mendoza Díaz, de Acción Nacional, declaró que “definitivamente estamos atorados en temas de Seguridad; hay incertidumbre económica, el tema de Salud ni se diga, yo no veo avances, más bien yo veo un retroceso”.
Al preguntársele a la diputada panista si considera que hay tópicos a favor del gobierno de López Obrador, atajó: “eso pregúntaselo a los “morenos” que son los únicos que los ven, definitivamente yo no veo avance en este país, solo veo un país estancado“.
Por su parte, el diputado por el Partido Encuentro Social, Mario Lárraga Delgado consideró loable el esfuerzo del gobierno de la República en temas como la lucha contra la corrupción, la educación y la seguridad.
Sobre los problemas que ha tenido la administración lopezobradorista, refirió que se debe a “cargas que arrastra el país desde hace mucho tiempo”, y mencionó que el hecho de que no se presentara un aumento a los impuestos, representa una promesa de campaña cumplida por el presidente, quien terminaría de cumplir con sus promesas de cambio a la mitad de su gobierno’.
Lárraga Delgado reconoció que ‘ha fallado la rapidez en la compra de los insumos en el sector salud’, y que en la Huasteca, su región de origen, “ha estado para llorar […] ha habido veces en que no tenemos ni sales para la deshidratación, ya ni hablemos de los 40 medicamentos del cuadro básico”.
Una visión distinta es la de Martín Juárez Córdova, diputado por el PRI, quien consideró “necesario valorar la política social, más parece que en lugar de generar condiciones de desarrollo, estamos hablando de condiciones de asistencialismo, donde te asisto, y no genero mejores condiciones a futuro’.
Juárez Córdova insistió en el tema de las deficiencias que se han visto en el sector Salud: “si no llega un medicamento, puede ser fatal, pero aquí se detuvo una dinámica hospitalaria, ¿y qué le estás apostando si cancelas una política pública tan importante como la salud?’.
El diputado priista dijo que otro rubro en que ha descuidado la administración federal, es el del deporte, donde se han detenido los programas casi al grado de la inacción, lo que, a su vez, dijo, frena el desarrollo.
Activistas potosinos: a favor de AMLO, la lucha anticorrupción, pero…
La activista feminista y en pro de los derechos de la mujer, Arely Torres Miranda, al respecto del primer año en funciones del gobierno federal, opinó que “el mayor embate que sufrimos como grupo fue la cancelación de los programas sociales, que fue una cancelación sin ningún fundamento’.
Torres Miranda comentó que el cierre de estancias infantiles y los refugios para víctimas de violencia 
Lamentó que estás decisiones se hayan tomado con una visión sesgada y afirmó que “es claro que la mujer no ha sido la prioridad en este gobierno”; y, de igual forma, refiriéndose al sector salud, comentó: “que el gobierno diga que conseguir un medicamento no es urgente, es francamente preocupante”.
Arely Torres también consideró que el gobierno federal seguirá bajo el escrutinio por parte de la sociedad y que “todavía tiene de tolerancia “el año de gracia”, pero en cuanto ese año acabe, la exigencia será mayor, sobre todo de organismos internacionales que están muy al pendiente de su trabajo”.
Por su parte, el presidente de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, opinó a favor del gobierno federal que “de alguna forma hay buenos mensajes como el de combatir la corrupción y el de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”, son cosas que nosotros siempre hemos dicho’.
Comentó que es igual de importante la manera en que se han tratado de eliminar los grandes vicios políticos como los millonarios sueldos y la burocracia generalizada, y reconoció que “algo nunca antes visto es la manera en que este gobierno se ha acercado al pueblo. Este acercamiento, por ejemplo, no se había intentado en el gobierno de Peña Nieto”.
El activista también enumeró los aspectos negativos del gobierno morenista: “hoy en día todo trata sobre López Obrador, sea bueno o malo. Mucha gente no estaba preparada para los puestos que se les asignaron y otros todavía tenían la cola muy larga. tampoco se están cumpliendo con las compras transparentes y algunas de las licitaciones incluso favorecen a personas cercanas al gobierno”.
Dijo que “se ha dejado ver un gobierno claramente intolerante a la crítica. A pesar de lo dicho, se ha denunciado corrupción dentro de algunos de sus programas sociales y lo peor es que se ha polarizado demasiado la sociedad entre “chairos” y “fifís”‘.
Para concluir, el vocero de Ciudadanos Observando, sentención que “no se debe acabar con los programas sociales si encuentras corrupción en ellos, debes encarcelar al corrupto, y es algo que no ha hecho está administración”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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