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Alerta de Género en SLP: Sí hay dinero… pero no resultados
San Luis Potosí es el cuarto estado con más dinero para atender la Alerta de Género por cada municipio; pese al recurso, no se ha logrado resultados
Por: Ana Dora y Roberto Rocha
San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor presupuesto promedio para sus municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Pese a eso, la violencia contra las mujeres en el estado no se ha podido detener, pues entre enero y julio de este año se registraron 16 feminicidios en el estado, y hubo además 8 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso. A esos hay que sumar los crímenes de ese tipo ocurridos durante agosto.
El estado recibió 6 millones 189 mil 239 pesos con 44 centavos para siete proyectos, aprobados por la Conavim. Eso quiere decir que en promedio, cada uno de los seis municipios potosinos con Alerta de Género: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí; recibieron un millón 31 mil pesos, mientras que el promedio nacional es de menos de la mitad, con 416 mil pesos por cada municipio con Alerta de Género.
Solo Quintana Roo, que obtuvo 3 millones 103 mil pesos para cada uno de sus tres municipios en alerta; Campeche, con un millón 758 millones y ocho municipios; y Michoacán, con un millón 71 mil pesos y 14 municipios en alerta, tienen mejores promedios que San Luis Potosí.
En cambio, otros 14 estado tienen menos que un millón de pesos para atender la Alerta de Género en cada municipio, siendo Zacatecas, con 132 mil pesos para cada uno de sus 58 municipios y Puebla, con solo 43 mil pesos para cada uno de los 50 municipios, son las entidades con peor presupuesto a repartir del subsidio de Conavim.
Este año, entre las acciones para implementar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, se contemplan mesas de trabajo sobre la NOM-046, con el acompañamiento de MEXFAM, asociación civil dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población.
La Norma en cuestión establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria; lo anterior se desprende del acta de la Sesión de Trabajo del 19 de junio 2019, donde se conformó también el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento.
El gobierno estatal informó que los recursos federales asignados ascienden a los seis millones de pesos; sin embargo, en el documento oficial federal solo se señalan poco más de tres millones para San Luis Potosí, lo que podría ser tan sólo un error de transcripción.
Dentro de los componentes para cumplir están:
El Protocolo para Identificar y Atender situaciones de violencia de género en las escuelas de educación básica, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y la organización MEXFAM
El Programa para atender violencia en el Transporte Público, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública
Un Taller de reeducación a jóvenes sobre erradicación de conductas violentas hacia las mujeres, a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado
El Protocolo especializado para la tramitación, cumplimiento y seguimiento de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, cuya coordinación es por parte del Centro de Justicia para Mujeres
Campaña publicitaria para la prevención de la violencia en el noviazgo, a cargo de la Secretaría de Salud
Un programa de capacitación a las personas servidoras públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Además, en la Sesión de Trabajo mencionada al inicio de la nota, también se aprobó el Primer Dictamen del Cumplimiento de las Medidas de la Declaratoria, con esto la comisionada nacional de CONAVIM, Candelaria Ochoa Ávalos, avaló en parte el desempeño de las autoridades potosinas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En 2018 se cumplió con la Alerta… dice el gobierno
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Centro de Justicia para las Mujeres, gestionó ante la Secretaría de Gobernación Federal, 20 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) en la capital potosina, según informó en un comunicado de prensa.
En entrevista para La Orquesta , Julieta Méndez Salas, directora del CJM, informó que el recurso fue asignado después de cumplir con los lineamientos de la convocatoria nacional emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Méndez Salas consideró que se cumplieron las metas señaladas en el año 2018: “Cumplimos, no hubo observaciones, es por eso que nos asignaron nuevamente recursos”, y añadió que durante la visita de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, en el mes de junio, no hubo observaciones negativas.
La titular del CJM, informó que en este año se han albergado a setenta y dos familias en los centros de Rioverde, Matlapa y San Luis, y que “algunas se canalizaron a refugios, otras se les brindó un plan de atención”.
Mendez Salas también adelantó que un nuevo inmueble “se construirá en el espacio que el gobierno del estado asignó para las instituciones de acceso a la justicia”, ubicado en el Boulevard Rocha Cordero muy cerca de la Feria Nacional Potosina.
Asimismo, indicó que una de las necesidades del CJM es aumentar la plantilla de personal, puesto que actualmente funciona con trabajadores comisionados de otras instituciones, lo que genera que la atención al público sea limitada los fines de semana, situación que posiblemente provoque que mujeres violentadas en sábados o domingos tengan que acudir a otras instancias fuera de sus posibilidades.
“La limitante de abrir fines de semana es por el personal. El presupuesto asignado contempla la operatividad de todos los centros de justicia del estado, y dada nuestra carencia, el Congreso aprobó un aumento”.
AVG: presupuesto mal concursado y botín político
Pese a los esfuerzos, se han levantado voces que, del todo, no aprueban los resultados de la AVGM en el estado, entre ellos la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien señaló que “el estado no tiene capacidad para bajar un presupuesto sólido para cumplir las medidas de la declaratoria”, puesto que “en este año la cifra fue menor en relación con otros estados”.
La investigadora recordó que en dos años consecutivos la Conavim ha concursado presupuesto entre los estados y que el proyecto de San Luis Potosí “no ha integrado a los municipios para que estos cuenten con recursos extraordinarios para atender el problema”.
Consideró que “el presupuesto de la alerta ha sido muy poco”, por lo que las instituciones “han tenido que aportar de su dinero para cubrir las medidas de la declaratoria” y acusó que los recursos federales llegan directamente a la Secretaría General de Gobierno sin incluir a los municipios para solicitar recursos extras.
“La secretaría general no ha integrado proyectos del municipio para que este acceda a presupuesto extraordinario y garantice acciones encaminadas a la seguridad, como alumbrado, mayor presencia de cuerpos policiales, etc”.
Por su parte, la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo acusó que las autoridades estatales “no dieron los resultados” y añadió que el gobierno estatal debe informar sobre el destino del recurso federal de cuatro millones de pesos que se otorgó el año pasado, en 2018, “cuál fue el destino y si su uso ha contribuido para el objetivo”.
Almaguer Pardo también comentó que el tema de la violencia hacia la mujer es utilizado por actores políticos: “es el ingrediente más mezquino que se utiliza, porque se señalan unos a otros y hacen responsable de feminicidios a las administraciones o partidos políticos, sin que exista una preocupación genuina”.
También lee: Pese a mandato de paridad, eligieron a un hombre para presidir el CJE en SLP
#4 Tiempos
El 2027 se escribe con B | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público: El “plan B” es el antídoto al hubiera; es la versión adulta de cruzar los dedos; es pedir un deseo a una fuente pero guardar otra moneda.
En la política potosina de cara al 2027, los planes B proliferan como salpullido después de cortar elotes.
En el gallardismo, en la oposición, en Morena, en los pasillos federales y hasta en Washington (aunque ese último, como veremos, tiene poco de expediente y mucho de SPEI desde un Banorte capitalino) la segunda carta es un seguro que mas vale tener para no tener que usar.
Antes del análisis va un no negociable del proyecto en turno en el poder local: el movimiento gallardista tiene un gran y único plan. Uno sin letra que es el techo de toda la estrategia: ganar la siguiente gubernatura y garantizar la continuidad.
Para que eso ocurra se necesita un perfil que garantice lealtad, fidelidad, absoluta confianza, acceso ilimitado y acuerdos no limitativos. (Recuerde este párrafo por favor)
Ahora si, vamos de uno por uno:
Como todos lo creemos (por que así se ha hecho creer) la senadora Ruth González es el plan A a la vista. Cumple con todos los requisitos descritos aquí arriba. Sí, también es la esposa del gobernador, pero también una persona única, con decisiones propias, derechos políticos completos, y aprobación popular ganada, no heredada.
Para como están las cosas hoy, los caminos de participación de la senadora son dos: competir solo con el Verde con previsibles resultados ganadores (todas las encuestas coinciden) pero rompería la alianza — no tanto con Morena sino con la presidenta- y eso no es poca cosa.
La otra opción es Ruth con Morena y Verde juntos, una combinación imparable que volvería la elección un trámite, no obstante eso implicaría que Sheinbaum haga una excepción a su postura contra lo que ella llama nepotismo.
Entonces, para el caso San Luis, (que debes ser el asunto como 249 o más de la lista a resolver por la presidenta) hay cartas sobre el escritorio: hacer la excepción potosina, asegurar un estado ganador para la 4T sin arriesgarse a perder más, pero pagar un costo político altísimo por contradecir su propia postura.
O ir juntos… pero no con Ruth.
Aquí entonces entra el plan B presidencial: que no sea Ruth, a cambio de que Ricardo lleve mano para elegir abanderado o abanderada.
En este contexto, el perfil que proponga el gobernador se convertiría muy seguramente en el próximo mandatario o mandataria.
Entonces, si no es Ruth, aquí el plan B de Gallardo (que conociéndolo quizás siempre fue su plan A): escoger entre Ignacio Segura, Guadalupe Torres, Juan Manuel Navarro o Juan Carlos Valladares.
La ventaja de todos es que ninguno es la esposa de Ricardo. La desventaja: ninguno es mujer, ni se asume como tal. Los cuatro no se pueden descartar en el escenario de alianza completa, y cumplen lo Ricardo necesita en su sucesor: confianza absoluta, lealtad al proyecto y disposición de tomar el timón de un barco donde el siga siendo el capitán.
Entonces, ¿es alguno de ellos realmente el caballo negro, el plan B de los planes B, la carta mejor guardada para responder al “tu esposa no” de la presidenta?
No. No son ninguno de ellos. La respuesta es: Aranza Puente Bustindui.
¿Suena a disparate? A mí también al principio. Pero respiremos hondo y volvamos al quinto párrafo: de los requisitos los cumple todos.
Tiene el género correcto. Y muchos valores agregados: expediente y pasado a prueba de balas.
No es Nacho Segura, al que más vale tener siempre a un lado. No es Guadalupe Torres, cuya opinión a veces se interpreta como discrepancia. No es Juan Manuel Navarro, eficiente y leal pero sin la pericia política para improvisar y salir a salvo.
Tampoco es Juan Carlos Valladares — aunque hay que detenerse aquí, porque Juan Carlos merece párrafo aparte.
Valladares sería un candidato rockstar. Hasta presidenciable si se anota el triunfo — y no lo digo yo, así lo leen en CDMX.
Su problema es que no es marinero: es capitán. Y en el barco 2027-2033 no puede haber dos con el mismo grado por más que compartan mapa.
Además, Morena lo tiene muy bien medido, lo ven muy bien, y eso — paradójicamente — le juega en contra para la gubernatura. Es el “si no es Ruth, entonces no es Juan Carlos presidenta”.
Por eso Valladares es claramente el plan A del tablero del gobernador para la capital potosina y un factor de empuje invaluable para ganar la gubernatura.
Si por alguna razón extraordinaria el diputado Valladares no se decide, el plan B capitalino apunta a Mario García — al que todavía le late el corazoncito —, Nacho Segura, o a algún perfil de Morena (la capital como ficha de cambio) que aunque vaya apoyado por el Verde, iría de sacrificio. Lo digo para que ni se apunten Cuauhtli y Arreola.
Ok. Cambiemos de lado el casette (y levante la mano quien tuvo uno de esos Sony cafés con etiqueta a escrita a mano que decía “calmaditas en inglés” jaja bueno ya, al tema)
En este mes es casi un hecho que se firme un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el IFSE. Los términos implican alcances y facultades para el órgano fiscalizador estatal de tal magnitud que el IFSE accedió sin pensarlo a la única petición de la federación: no tocar al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.
¿Por qué la ASF (léase instrucción de Rosa Icela Rodríguez) estaría interesada en un blindaje de ese grado al oftalmólogo?
Pues resulta que desde el escritorio de Juan Ramiro Robledo allá en México
, se ha presupuestado una agenda de placeo federal del líder universitario con funcionarios, magistrados, diputados, senadores y operadores partidistas de Morena.El impulso lo opera el propio Juan Ramiro, pero lo ejecutan las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres. La idea sembrada a Gobernación: que el plan B de Morena jugando solos al gobierno potosino sea Alejandro Zermeño, el “factor sorpresa”, el contraste natural al proyecto actual, con una comunidad universitaria que, asume JRR, se desdoblaría para darle el triunfo al doctor.
En este posible — pero nada probable — escenario, el rector no tendría que bajar de la estación espacial internacional donde dijo que habitaría un año para no ser candidato a alcalde.
Solo tendría que decir que sí a una candidatura que (solo esa) le parece merecida para su estatura.
Lo bueno es que soñar no cuesta nada. Ser consciente de la realidad, levantar la mano con valor, con decisión y causa, eso sí. Por lo demás, el escenario Verde contra Morena todavía late, pero casi no oxigena.
Del lado de la oposición: hasta el viernes pasado a la una pe eme, la única candidata lista para registrarse por el PAN a la gubernatura era la senadora Verónica Rodríguez —muy a su pesar.
Pero pasados 104 minutos (maso) el plan A blanquiazul rescató al plan B: Enrique Galindo aceptó inscribirse. El plan A galindista no muere, solo queda en “estenbai”: lograr la alianza PRI-PAN aunque sea solo en San Luis Potosí, segundos antes de la hora. Posible, sí. Probable, mmm -no lo se.
Eso sí, Vero va firme a la alcaldía capitalina, dejará en su escaño en el senado a la maestra Estela Arriaga y dejará la dirigencia para concentrarse en la elección.
El combo hoy son entonces Galindo y Vero (los espacios para hombres en las 17 gubernaturas en juego para el PAN son tan reducidos que Enrique o aceptaba el viernes o se quedaba sin estar en la boleta).
El 21 de junio sabremos el nombre del perfil femenino inscrito por el PAN a la gubernatura (obligatorio) y si finalmente a la alcaldía se apuntan para medirse contra Vero, Marcelito de los Santitos Anayita, Davidito Azuarita, Rubén Guajardo, el empresario Fernando Díaz de León, el abogado José Mario de la Garza o el empresario Miguel Maya Romero.
Último plan B, y que creo es el más importante de mi entrega:
El supuesto expediente de Washington contra el gobernador Gallardo que reveló el periodista Raymundo Riva Palacios no se generó en Washington. Se generó en un SPEI desde un Banorte de la capital potosina a un Santander de la CDMX.
Siempre queda un CEP generado por el Banco de México.
No hay semáforo consultable para saber si los expedientes de la FGR se abren o se cierran, tampoco los de la UIF.
Lo que sí hay es una investigación que todos sabemos está en curso sobre el escándalo del Huachicol, los almirantes, sus cómplices y sus lavadores.
El plan activo no es que Washington venga a atrapar al gobernador — sueño de sus detractores que omiten los procedimientos, el fuero, la soberanía y la resistencia estratégica de la presidenta frente a las presiones de intervención estadounidense planteadas en el discurso del 31 de mayo (Si no entendieron eso, pues no entendieron nada).
El plan activo es otro: encarcelar a la cabeza del entramado facturero del caso huachicol. Muchas cabezas han caído, y cuando caen cabezas primero caen las de abajo.
AMLO se blindó a él y a su hijo Andy con la carta a Trump. Andy puso tierra de por medio. Ellos no van a caer, pero si tienen que entregar una cabeza en bandeja de plata, pues la guillotina apunta a Tanquián.
Ese sí es un plan B: Morena sin Adán Augusto y sin Andy no tiene razón para proteger a Sánchez Zumaya. Y si Estados Unidos quiere un “abono” de buena voluntad, el nombre del Batman de Tanquián es primero en la lista.
Sí, así son los planes B Culto Público, son no deseados pero necesarios, son el tercer portero en la banca, se ruega porque no se ocupen, pero se ocupan si es inevitable.
¿Sabían que no hay razón lógica por la que la “A” sea la primera letra del alfabeto? Es un convencionalismo de cuatro mil años, inventado por comerciantes semíticos que dibujaban cabezas de vaca y casas en tablillas.
Entonces, para leer el alfabeto electoral, no es necesario comenzar con la A.
Hagamos equipos de tres y lo discutimos después del mundial ¿va?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Alcohol y drogas, principales causas de las riñas en SLP: SSPC
Jesús Juárez informó que se realizan cerca de 30 detenciones diarias por narcomenudeo
Por: Redacción
El consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales detonantes de las riñas que se registran en San Luis Potosí, algunas de las cuales han derivado incluso en homicidios, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).
Al ser cuestionado sobre el incremento de hechos violentos relacionados con enfrentamientos entre particulares, el funcionario descartó que exista un crecimiento de grupos pandilleriles o de organizaciones dedicadas a generar conflictos en colonias y comunidades.
Juárez Hernández señaló que, de acuerdo con los análisis realizados por las autoridades de seguridad, la mayoría de estos casos tienen como origen el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y, en segundo término, el uso de sustancias ilícitas.
“El problema es el consumo de alcohol en primer lugar y en segundo lugar el consumo de drogas”, afirmó.
Ante esta situación, explicó que la SSPC mantiene operativos coordinados con las policías municipales para combatir el narcomenudeo y reducir factores que propician la violencia. Entre las estrategias mencionó los operativos Convoy, Cazador y Boomi, enfocados en la detección de delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.
El secretario destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con mayor actividad en el combate al narcomenudeo, al registrar en promedio alrededor de 30 detenciones diarias por este delito, realizadas de manera conjunta entre la Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales.
Según explicó, estas acciones han contribuido a contener delitos de alto impacto vinculados con grupos criminales, aunque reconoció que persisten problemas de violencia derivados de conflictos entre particulares bajo los efectos del alcohol o las drogas.
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CEDH reporta mayor demanda de atención en la región Huasteca
La presidenta del organismo explicó que muchas de las quejas están relacionadas con servicios públicos, educación y seguridad
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha identificado que la mayor parte de las quejas y solicitudes de atención que recibe provienen de la región Huasteca, informó su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
La ombudsperson explicó que los asuntos más recurrentes están relacionados con temas educativos, de seguridad pública y dificultades en la realización de trámites ante diversas instituciones, aunque aclaró que existe una amplia variedad de casos: “Donde hemos recibido más es sobre todo en la zona Huasteca”, señaló.
Argüelles Moreno destacó que una de las prioridades de la actual gestión ha sido fortalecer los mecanismos para restituir derechos de manera inmediata , incluso antes de que concluya formalmente el proceso de queja.
La presidenta de la CEDH explicó que, gracias a la coordinación con dependencias estatales y otras instituciones públicas, en diversos casos se ha logrado resolver la problemática planteada por los ciudadanos durante el desarrollo de la investigación.
“Hay muchas maneras de poder realizar el trámite para que las personas sientan satisfacción, y una de ellas es que se resuelva durante el trámite”, indicó.
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