octubre 15, 2026

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Alerta de Género en SLP: Sí hay dinero… pero no resultados

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Alerta de Género

San Luis Potosí es el cuarto estado con más dinero para atender la Alerta de Género por cada municipio; pese al recurso, no se ha logrado resultados 

Por: Ana Dora y Roberto Rocha

San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor presupuesto promedio para sus municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Pese a eso, la violencia contra las mujeres en el estado no se ha podido detener, pues entre enero y julio de este año se registraron 16 feminicidios en el estado, y hubo además 8 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso. A esos hay que sumar los crímenes de ese tipo ocurridos durante agosto. 

El estado recibió 6 millones 189 mil 239 pesos con 44 centavos para siete proyectos, aprobados por la Conavim. Eso quiere decir que en promedio, cada uno de los seis municipios potosinos con Alerta de Género: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí; recibieron un millón 31 mil pesos, mientras que el promedio nacional es de menos de la mitad, con 416 mil pesos por cada municipio con Alerta de Género.

Solo Quintana Roo, que obtuvo 3 millones 103 mil pesos para cada uno de sus tres municipios en alerta; Campeche, con un millón 758 millones y ocho municipios; y Michoacán, con un millón 71 mil pesos y 14 municipios en alerta, tienen mejores promedios que San Luis Potosí.

En cambio, otros 14 estado tienen menos que un millón de pesos para atender la Alerta de Género en cada municipio, siendo Zacatecas, con 132 mil pesos para cada uno de sus 58 municipios y Puebla, con solo 43 mil pesos para cada uno de los 50 municipios, son las entidades con peor presupuesto a repartir del subsidio de Conavim.

Este año, entre las acciones para implementar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, se contemplan mesas de trabajo sobre la NOM-046, con el acompañamiento de MEXFAM, asociación civil dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. 

La Norma en cuestión establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria; lo anterior se desprende del acta de la Sesión de Trabajo del 19 de junio 2019, donde se conformó también el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento.

El gobierno estatal informó que los recursos federales asignados ascienden a los seis millones de pesos; sin embargo, en el documento oficial federal solo se señalan poco más de tres millones para San Luis Potosí, lo que podría ser tan sólo un error de transcripción.

Dentro de los componentes para cumplir están: 

El Protocolo para Identificar y Atender situaciones de violencia de género en las escuelas de educación básica, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y la organización MEXFAM

El Programa para atender violencia en el Transporte Público, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública

Un Taller de reeducación a jóvenes sobre erradicación de conductas violentas hacia las mujeres, a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado

El Protocolo especializado para la tramitación, cumplimiento y seguimiento de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, cuya coordinación es por parte del Centro de Justicia para Mujeres

Campaña publicitaria para la prevención de la violencia en el noviazgo, a cargo de la Secretaría de Salud

Un programa de capacitación a las personas servidoras públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

Además, en la Sesión de Trabajo mencionada al inicio de la nota, también se aprobó el Primer Dictamen del Cumplimiento de las Medidas de la Declaratoria, con esto la comisionada nacional de CONAVIM, Candelaria Ochoa Ávalos, avaló en parte el desempeño de las autoridades potosinas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En 2018 se cumplió con la Alerta… dice el gobierno

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Centro de Justicia para las Mujeres, gestionó ante la Secretaría de Gobernación Federal, 20 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) en la capital potosina, según informó en un comunicado de prensa. 

En entrevista para La Orquesta

, Julieta Méndez Salas, directora del CJM, informó que el recurso fue asignado después de cumplir con los lineamientos de la convocatoria nacional emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Méndez Salas consideró que se cumplieron las metas señaladas en el año 2018: “Cumplimos, no hubo observaciones, es por eso que nos asignaron nuevamente recursos”, y añadió que durante la visita de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, en el mes de junio, no hubo observaciones negativas.

La titular del CJM, informó que en este año se han albergado a setenta y dos familias en los centros de Rioverde, Matlapa y San Luis, y que “algunas se canalizaron a refugios, otras se les brindó un plan de atención”.

Mendez Salas también adelantó que un nuevo inmueble “se construirá en el espacio que el gobierno del estado asignó para las instituciones de acceso a la justicia”, ubicado en el Boulevard Rocha Cordero muy cerca de la Feria Nacional Potosina. 

Asimismo, indicó que una de las necesidades del CJM es aumentar la plantilla de personal, puesto que actualmente funciona con trabajadores comisionados de otras instituciones, lo que genera que la atención al público sea limitada los fines de semana, situación que posiblemente provoque que mujeres violentadas en sábados o domingos tengan que acudir a otras instancias fuera de sus posibilidades.

“La limitante de abrir fines de semana es por el personal. El presupuesto asignado contempla la operatividad de todos los centros de justicia del estado, y dada nuestra carencia, el Congreso aprobó un aumento”. 

AVG: presupuesto mal concursado y botín político

Pese a los esfuerzos, se han levantado voces que, del todo, no aprueban los resultados de la AVGM en el estado, entre ellos la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien señaló que “el estado no tiene capacidad para bajar un presupuesto sólido para cumplir las medidas de la declaratoria”, puesto que “en este año la cifra fue menor en relación con otros estados”. 

La investigadora recordó que en dos años consecutivos la Conavim ha concursado presupuesto entre los estados y que el proyecto de San Luis Potosí “no ha integrado a los municipios para que estos cuenten con recursos extraordinarios para atender el problema”. 

Consideró que “el presupuesto de la alerta ha sido muy poco”, por lo que las instituciones “han tenido que aportar de su dinero para cubrir las medidas de la declaratoria” y acusó que los recursos federales llegan directamente a la Secretaría General de Gobierno sin incluir a los municipios para solicitar recursos extras.

“La secretaría general no ha integrado proyectos del municipio para que este acceda a presupuesto extraordinario y garantice acciones encaminadas a la seguridad, como alumbrado, mayor presencia de cuerpos policiales, etc”.

Por su parte, la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo acusó que las autoridades estatales “no dieron los resultados” y añadió que el gobierno estatal debe informar sobre el destino del recurso federal de cuatro millones de pesos que se otorgó el año pasado, en 2018, “cuál fue el destino y si su uso ha contribuido para el objetivo”.

Almaguer Pardo también comentó que el tema de la violencia hacia la mujer es utilizado por actores políticos: “es el ingrediente más mezquino que se utiliza, porque se señalan unos a otros y hacen responsable de feminicidios a las administraciones o partidos políticos, sin que exista una preocupación genuina”.

También lee: Pese a mandato de paridad, eligieron a un hombre para presidir el CJE en SLP

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La casual visita de Mario Delgado | Apuntes de Jorge Saldaña

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Culto Público, hijos de la escasez de Gomina:

Las casualidades en política son como cuando el cumpleañero se hace el que no sabía de la fiesta sorpresa y aplica alguna variante del “cómo creen… no se hubieran molestado”.

Este jueves para la hora en que me despierte, ya llevará un buen rato en San Luis Potosí el secretario de Educación, Mario Delgado.

La fiesta sorpresa a la que vino (perdón, quise decir “la agenda oficial que lo trae al territorio potosino”) es la de encabezar un foro sobre el uso de los celulares en las escuelas.

El tema es relevante, necesario, polémico y multiarístico para que quede claro. No se demerita en absoluto el ejercicio de escucha plural de un asunto al que por cierto ya vamos tarde.

La cosa es que, paralelamente habrá otro foco de atención que no tiene que ver precisamente con los celulares, sino más bien con los contactos guardados y le explico si me lo permite:

¿En dónde está el “sorpreeeesaaaa” y el lanzamiento de serpentinas predecibles?

En que este mismo día, el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno -y de Morena- rendirá su segundo informe legislativo. Fíjate qué coincidencia y “qué sorpresas da la vida encontrarte en plena calle” escribió inspirado Hernáldo Zúñiga.

La presencia de Mario Delgado está calculada y para Badillo Moreno es un mensaje muy claro. Hay que recordar que el diputado es, no de ahora, la apuesta del secretario de educación para la alcaldía capitalina.

No sé cuánta gente lo sepa, pero el exdirigente de Morena tiene comunicación constante y multitemática con el diputado responsable de la escasez de Gomina de la extrafuerte en SLP.

Además, Delgado no es cualquier visitante: también es amigo cercano del gobernador y funge, ha fungido y fungirá, como uno de los puentes de comunicación más sólidos entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo…Nada más.

Por lo tanto, en ese tablero, Cuauhtli no es que aspire a una boleta, está mejor dicho que aspira a que los acuerdos sean firmes como el gel de su peinado, y por lo tanto juega a que el amigo de su mentor ubicado en la pista nacional, lo considere seriamente para ir junto al Verde por nuestra ajardinada capital, cuna de las crónicas del padre Montejano.

Para ser directos: Ricardo Gallardo tendrá que negociar si concede o no a su amigo e interlocutor presidencial esa posición y apoyarlo con el Verde.

Nada fácil la decisión, pero es clave. Existen muchos factores alrededor tan delicados en esa postulación, que el caso se tiene que hilvanar tan fino como neurólogo pediátrico de neonatos para no dejar cicatrices abiertas y asegurarse -sobre todo- que no se caigan las puntadas.

Solo imagine, Culto Público, el aprieto del candidato jugando en la capital por Morena y Verde mientras a la gubernatura van por separado. ¿A cuál de las dos candidatas al gobierno deberá apoyar y reunir votos el candidato a alcalde?

Es bien sabido que lo que más les gusta hacer a los escenarios es cambiar, pero si así se dieran las cosas en este momento, me encantará ver la forma en que se apoye a una, a otra, o a las dos candidatas al poder ejecutivo:

-A la bio

-A la bao

-A la bim-bom-ba

“ERRE, ERRE” RA, RA, RA…

Me carcajeo de antemano. Ya veremos.

Antes del punto final, le comparto que de acuerdo a personas que siguieron el proceso personalmente, Rita Ozalia ya estaba elegida como coordinadora por SLP, sin embargo una llamada le hizo ver que dejar la dirección del partido antes de que vencieran las fechas fatales para convenios de coalición y definición de candidaturas, no era conveniente.

Prevista la circunstancia, seguía en orden al nombramiento Carlos Arreola, que lo tuvo a milímetros.

Sabemos todos que de último momento el boleto terminó en manos de César Elí Cervantes, que ni enterado estaba de que lo subirían al carrusel como “pieza útil” (le dicen más feo pero yo sí respeto) de contención, al grado que unos lo ven hasta como guardalugares.

Arreola buscaba la posición más que por ambición por estrategia, la coordinación, aun siendo temporal, le permite a cualquiera fortalecer estructura, sin embargo, a Carlos le pasaron factura sus lances y banderillas bien puestas al rector de la UASLP y un par de gracejadas públicas.

Premio no tiene (en realidad nadie) pero sí lo quiere, con o sin nombramiento, puede buscar que las cuentas le alcancen para levantar la mano a una diputación federal, o después del despacho de las candidaturas, ir a resguardar el partido.

Por todo eso viene Mario. Porque esas cosas no se tratan por el celular, y de aquí en adelante no se vale el “me equivoqué de chat”.

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez

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El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo

Por: Haniel Valdés

El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.

El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.

El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.

“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.

En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.

Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales

, y señaló que, si no ha renunciado, “eso sí es un delito”.

La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.

Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.

Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.

Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.

La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.

En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.

También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva

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Rosas Montiel busca que los municipios presupuesten dinero para bomberos

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El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos

Por: Haniel Valdés

El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.

Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.

Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.

Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.

El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.

El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.

Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.

También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan

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