Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra

Por: Redacción

A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.

La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.

En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.

“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.

Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.

“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.

Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.

“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.

Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales.

“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.

Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.

Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.

“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.

Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.

“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.

Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.

La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.

Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.

“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.

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