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Acusan a juez de despojo y corrupción a días de elección judicial en SLP
Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra
Por: Redacción
A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.
La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.
En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.
Nuevo documento(27)“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.
Nuevo documento(29)Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.
“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.
Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.
“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.
Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales. 
“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.
Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.
Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.
“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.
Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.
“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.
Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.
La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.
Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.
“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.
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El Ayuntamiento busca atraer turistas que viajen a Monterrey o CDMX para que hagan escala en la ciudad
Por: Redacción
A poco más de dos meses del arranque del Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ayuntamiento de San Luis Potosí busca posicionar a la capital como punto estratégico para visitantes, con una estrategia que mezcla turismo, movilidad y activación social durante el torneo.
Como parte de este plan, el alcalde Enrique Galindo Ceballos
La apuesta es clara: convertir a San Luis en una parada intermedia para aficionados que viajen a los partidos: “Que la gente que venga, por ejemplo, de Ciudad de México o Monterrey, pase por San Luis, que se quede uno o dos días, que duerma aquí y luego se traslade a los partidos”, explicó el edil.
El esquema también contempla coordinación en materia de seguridad y movilidad para facilitar los tras lados hacia las sedes mundialistas,
A nivel local, la estrategia busca convertir el Mundial en una experiencia colectiva. El Ayuntamiento anunció la transmisión gratuita de los partidos en espacios públicos como la Plaza de Fundadores, con el objetivo de generar convivencia social y atraer a la ciudadanía.
“Vamos a transmitir prácticamente todo el Mundial en plazas públicas, será totalmente gratuito”, señaló Galindo.
Además, se organizarán torneos deportivos para niñas, niños y jóvenes, así como actividades comunitarias que acompañen la justa internacional.
Entre ellas destaca un torneo municipal de futbol urbano, inspirado en las tradicionales “cascaritas”, donde equipos en formato reducido competirán en distintas zonas de la ciudad.
A esto se suma la incursión en los deportes electrónicos, con la organización del primer torneo municipal del videojuego EA Sports FC 26, dirigido a jóvenes, quienes podrán competir por una bolsa de premios.
“Queremos que sea una gran fiesta, no solo ver los partidos, sino generar actividades deportivas y sociales para toda la población”, concluyó el alcalde.
Con esta estrategia, San Luis Potosí busca no quedarse fuera del fenómeno mundialista, apostando por capitalizar el flujo turístico y convertir el torneo en un detonante económico y social para la ciudad.
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La SSPC aclaró que quienes busquen protección durante el proceso electoral deberán solicitarla formalmente ante el INE o autoridades electorales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la asignación de seguridad a candidatos durante el proceso electoral de 2027 no será automática, ya que deberá ser solicitada formalmente ante las autoridades electorales correspondientes.
El funcionario explicó que, en estos casos, son los propios aspirantes quienes deben presentar su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o ante instancias locales, las cuales realizan un análisis de riesgo antes de determinar si procede la protección.
“En estos tiempos electorales la petición debe realizarse por los mismos candidatos y se tiene que hacer ante el INE o las autoridades electorales; ya ellos, bajo un análisis, podrán hacer llegar la petición”, señaló.
Precisó que, en la mayoría de los casos, este tipo de solicitudes son canalizadas a instancias federales, más que a corporaciones locales o estatales.
En cuanto al panorama de seguridad rumbo a la elección de 2027, Juárez Hernández consideró que San Luis Potosí ha mostrado avances importantes en la materia durante la actual administración,
“Hemos ido avanzando paso a paso, mejorando la seguridad en todo el estado… ahora tenemos un San Luis diferente al del inicio”, aseguró.
No obstante, subrayó que las corporaciones de seguridad mantendrán operativos y vigilancia constante, especialmente en eventos de alta concentración como los que se desarrollan durante la temporada de Semana Santa.
Por otro lado, el titular de la SSPC reconoció que existen factores estructurales que también inciden en la seguridad, como la falta de servicios básicos en algunas colonias de la capital potosina.
Indicó que, a través del programa “Enchilame la colonia”, se recaban de manera directa las necesidades de la población, que van desde problemas de seguridad hasta carencias como alumbrado público, agua potable o drenaje.
“Nos dicen: no tenemos luz, no tenemos agua, el drenaje está colapsado… y nosotros lo canalizamos a las instituciones correspondientes”, explicó.
Finalmente, señaló que la estrategia de seguridad no solo se centra en operativos policiales, sino también en la coordinación interinstitucional para atender problemáticas que afectan el entorno social y, en consecuencia, la seguridad pública.
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Sindicato exige aumento salarial del 15%, mencionaron que la empresa no ha aceptado revisión contractual 2026
Por: Redacción
La planta de General Motors Company en Villa de Reyes podría entrar en huelga este jueves a las 6:00 de la mañana, luego de que el sindicato advirtiera que no se han alcanzado acuerdos en materia de salarios y prestaciones.
De acuerdo con la representación sindical conocida como “Carlos Leone”, la empresa se ha negado a avanzar en la revisión contractual 2026, lo que ha generado un punto de quiebre en las negociaciones.
Entre las principales demandas se encuentra un incremento del 15 por ciento al salario integrado, así como la actualización de diversas condiciones laborales. El sindicato aseguró que existen elementos suficientes para estallar la huelga en caso de no obtener respuesta favorable en las próximas horas.
De concretarse el paro, la afectación sería directa en la planta ubicada en Villa de Reyes, donde actualmente se ensamblan modelos como la GMC Terrain y la Chevrolet Equinox, destinados principalmente a exportación hacia Estados Unidos y otros mercados.
El posible estallido de huelga dejaría sin actividad a aproximadamente 7 mil 200 trabajadores de distintos niveles, áreas y turnos dentro de la planta.
Hasta el momento, las negociaciones continúan, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro inmediato de una de las industrias más relevantes del estado.
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