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Acusan a juez de despojo y corrupción a días de elección judicial en SLP
Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra
Por: Redacción
A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.
La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.
En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.
Nuevo documento(27)“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.
Nuevo documento(29)Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.
“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.
Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.
“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.
Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales. 
“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.
Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.
Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.
“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.
Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.
“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.
Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.
La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.
Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.
“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.
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A pesar de los riesgos, la administración municipal de Xavier Nava Palacios, autorizó la construcción de un fraccionamiento encima de una falla geológica
Al detectar el peligro se prohibió la venta de las casas y hoy el gobierno municipal tendrá que indemnizar al constructor
Por: Redacción
La Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado resolvió que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, deberá indemnizar por más de 44 millones de pesos a la empresa constructora Corporativo Proyecto Platino.
Esta resolución se emitió al detectarse que la administración 2018-2021 –presidida en su momento por Xavier Nava Palacios– autorizó la construcción de 45 viviendas en un predio donde se construiría el fraccionamiento Nueva Aurora, sitio donde se encuentra una falla geológica.
Tras detectar esta anomalía, pero sin dar marcha atrás a su autorización original, la autoridad municipal de Nava Palacios impidió la conclusión y comercialización de las viviendas, lo que generó una denuncia en contra por parte del desarrollador.
El tribunal determinó que estas acciones constituyeron una actividad irregular del órgano público y que generaron daños materiales, objetivos y morales a la empresa constructora, por lo que ahora el gobierno capitalino deberá pagar una suma de 44 millones 641 mil 607 pesos con 91 centavos, por concepto de daños materiales.
Sobre este tema, el alcalde Galindo Ceballos precisó que este conflicto tuvo su origen en una administración municipal anterior a la suya
El alcalde capitalino remarcó que existían fundamentos para que la resolución fuera emitida a favor del Ayuntamiento capitalino, pues se documentó que la licencia especificaba una falla geológica, misma que no fue respetada por la empresa que construyó a pesar de los riesgos implícitos.
“En la licencia de construcción se advierte con puntualidad que hay una falla geológica y que hay reglas. No es que no se pueda construir, sino que no puede hacerlo sobre la falla; la falla tiene una serie de amortiguamientos y puedes construir en los perímetros. El desarrollador lo ignoró y construyó encima de la falla”.
Galindo Ceballos manifestó que se revisará el estatus jurídico del asunto y el razonamiento de la sentencia, pues dicho desarrollo inmobiliario incumplió lo marcado por la licencia irresponsablemente otorgada por pasada administración municipal.
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El gobernador potosino respondió públicamente a la solicitud del arzobispo de cancelar la presentación de Marilyn Manson
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona respondió este lunes a las solicitudes y críticas del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe sobre la presentación de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).
El líder católico hizo saber públicamente que envió una carta al Ejecutivo estatal externando su inconformidad por ese artista en específico, sin embargo Gallardo llamó a respetar la diversidad en un estado que, aseguró, respetuoso de todas las creencias religiosas, que es laico y plural.
“Yo al arzobispo lo aprecio, es una persona que está queriendo reivindicar a la Iglesia católica, sobre todo en los pendientes que tiene esa institución. Pero estamos en un estado laico, ya no estamos en la Santa Inquisición y hay que respetar”, afirmó el mandatario.
Gallardo subrayó que así como nadie está obligado a asistir a la Procesión del Silencio, tampoco lo está para ir a un concierto de rock. “Va quien quiere. Y quien no quiera, pues no va y ya, punto. ¿Para qué hacer tanta polémica? ¿Para qué enviar cartas?”, cuestionó.
El gobernador reconoció que había preferido no hacer pública la carta enviada por el arzobispo, pero señaló que al ser mencionada por el propio líder católico, decidió emitir su postura. “Yo no la voy a leer, creo que ni los potosinos merecen que lea la carta porque enfurecería a mucha sociedad potosina”, dijo.
Gallardo llamó a no dividir a la sociedad potosina y reiteró su compromiso con una visión incluyente: “Estamos en un cambio revolucionario de mente. Si alguien se viste todo de negro, pues qué bueno. No tenemos por qué satanizar a nadie. Este es el nuevo San Luis Potosí, sin límites”.
Asimismo, el gobernador recordó que su administración ha apoyado proyectos turísticos religiosos, pero insistió en que se debe respetar a todos: “Cada quien es responsable de su actitud, de su comportamiento y de su fe. Cada quien”.
La polémica se desató tras el anuncio de que el cantante Marilyn Manson formará parte del cartel artístico de la Fenapo 2025. El arzobispo Jorge Alberto Cavazos expresó que un evento de ese tipo “no aporta hermandad ni alegría”, e hizo un llamado a reconsiderar su presentación.
Cabe recordar que en en la década de los 80, la Iglesia potosina junto a grupos conservadores se opusieron a la presentación de la banda Black Sabbath en la capital potosina, evento que finalmente no se llevó a cabo y desató protestas y caos en la ciudad.
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El Ceepac finalizó el conteo de votos; se destacó la participación en la zona Altiplano y más de la mitad e cargos para muejres en el STJE
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) culminó el conteo de votos de la elección al Poder Judicial en el estado de San Ljuis Potosí, en el que ser eligieron 87 cargos para la entidad potosina.
En la sesión que se llevó a cabo el domingo 15 de junio, en la que se realizaron los cómputos distritales y estatales de las elecciones judiciales, se aprobó el acuerdo que concentra la totalidad de votos emitidos por la ciudadanía por distrito judicial, y para las elecciones de ámbito estatal, para la totalidad de los cargos que integran el poder judicial
Paloma Blanco López, presidenta del Ceepac, destacó que esta elección arrojó una participación notoria en la región Altiplano, además de que los puestos del Poder Judicial favorecieron el principio de paridad de género.
Así mismo, se dio a conocer que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE) estará conformado por 8 mujeres y 7 hombres. Mientras que, en conjunto con el resto de los cargos públicos, se garantizó la paridad con un total de 52.9 por ciento de cargos para mujeres y el resto para hombres.
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