El diputado admite que la violencia en Sinaloa es visible y no puede negarse

Por: Roberto Mendoza

El diputado federal Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la reforma electoral en preparación incluye la posibilidad de ampliar la revocación de mandato y la consulta popular para que puedan realizarse no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal. Indicó que la iniciativa se encuentra en etapa de redacción y que febrero marca el límite para su presentación formal ante el Congreso.

Monreal descartó un rompimiento entre Morena, PT y PVEM durante las negociaciones y afirmó que, aunque existen diferencias, no hay señales de una ruptura. Señaló además que los temas centrales de la reforma siguen en discusión, por lo que aún no es posible definir su alcance final.

Al referirse a la inseguridad en Sinaloa, el legislador reconoció que la violencia es un hecho que no puede ocultarse y expresó su confianza en que la estrategia de seguridad del gobierno federal permitirá recuperar la tranquilidad en la entidad.

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La mujer fue localizada en Oaxaca tras permanecer prófuga más de un mes

Por: Redacción

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Gaby “N”, una enfermera de 43 años señalada por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista, ocurrida el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa.

El caso se remonta a la noche del 3 de enero, cuando un motociclista identificado como Roberto Hernández de 52 años, fue arrollado por un automóvil Honda City Azul en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Según las investigaciones, tras el impacto el cuerpo de la víctima quedó enganchado con el vehículo y fue arrastrado por al menos 2 kilómetros, lo que le provocó la muerte. Después del hecho, la conductora huyó del lugar.

Tras su captura, la mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio calificado vinculado con el atropellamiento mortal.

Según registros oficiales publicados en medios, Gaby “N” es una trabajadora del sector salud, con formación como licenciada en Enfermería Obstétrica y una maestría en Administración de Hospitales. Antes de los hechos se desempeñaba en instituciones de salud, incluyendo el Hospital Juárez de México.

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La iniciativa busca reducir la desventaja operativa de las corporaciones civiles frente al armamento empleado por el crimen organizado

​Por Roberto Mendoza

​El diputado Ricardo Monreal Ávila y legisladores del Congreso de Chiapas presentaron en San Lázaro, una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El proyecto, aprobado previamente por la legislatura chiapaneca el 5 de febrero, plantea que las corporaciones de seguridad estatales utilicen armamento que actualmente es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El planteamiento surge tras la propuesta original del gobernador Eduardo Ramírez para dotar a los elementos locales de mejores herramientas tácticas frente a la delincuencia organizada en la frontera sur.

​El objetivo técnico de la propuesta es eliminar la brecha operativa entre las fuerzas de seguridad pública y el crimen organizado, que emplea armas de grueso calibre como el fusil Barrett o calibre .50. Dentro de este esquema de fortalecimiento institucional, el diputado local Mario Francisco Guillén Guillén destacó la labor del grupo de reacción inmediata PAKAL, una unidad especializada en Chiapas que opera bajo un modelo de capacitación técnica y mayores recursos económicos. La reforma permitiría a unidades similares portar armamento de mayor potencia bajo una regulación federal excepcional para enfrentar contextos de riesgo donde las capacidades actuales de las policías municipales y estatales resultan insuficientes.

​La justificación oficial de la medida señala que la Secretaría de la Defensa Nacional conservará el control total sobre la supervisión, licencias, permisos y resguardos del equipo autorizado a fin de evitar la militarización de las corporaciones civiles. Ricardo Monreal precisó que la iniciativa responde a la necesidad de adaptar la estrategia de seguridad a la realidad delictiva del territorio nacional sin renunciar a los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. El documento fue remitido a la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para su análisis técnico y posterior dictaminación legislativa.

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