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Aborto en casa en SLP: Misoprosol la pastilla fácil de conseguir
La Orquesta buscó a activistas dedicadas a brindar el acompañamiento legal, médico y psicológico para conocer cómo es este proceso
Por: Ana G Silva
A modo de poder orientar a mujeres que desean interrumpir su embarazo, activistas potosinas comentaron a La Orquesta cuál es el proceso para poder llevar a cabo la interrupción del embarazo en casa con Misoprostol. Cabe mencionar que esta práctica no es legal en San Luis Potosí, a pesar que desde hace 10 años grupos feministas han luchado para que sea aprobada
*CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LAS IDENTIDADES DE LAS ENTREVISTAS, SUS NOMBRES FUERON MODIFICADOS.
Andrea, quien solía pertenecer a un grupo de acompañamiento seguro a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, comentó que existe un medicamento que produce el aborto llamado Misoprostol, el cual se encuentra avalado por la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 20 años.
“Este medicamento de hecho lo recomendaron para países como el nuestro donde aún se sigue criminalizando el aborto”.
Detalló que el Misoprostol se consigue con facilidad, además de que su consumo no suele dar complicaciones: “Cuando hay repercusiones es porque se ingirió de forma incorrecta como la dosis, vía sublingual o si la mujer que la ingirió tenía alguna alergia. El Misoprostol no tiene consecuencias físicas de ningún tipo, no te deja infertil, no te causa cáncer, no deja vulnerable el sistema reproductivo, solo hay casos de duelos o estrés”.
Aclaró que estas prácticas son más seguras si se llevan a cabo con previa información: “Desde 2014 y hastaprincipios de 2020 que colaboré como acompañante solo tres mujeres tuvieron alguna complicación y ninguna de ellas fue mortal”.
Andrea dijo que en las acompañantes realizan un proceso antes de que una mujer decida abortar:
“Primero les preguntamos si quieren abortar y se les canaliza con una psicóloga; todo es voluntario y si necesitan patrocinio con el dinero que se saca de los pañuelos que se venden, se recomienda los medicamentos que Oscilan en precio, les contamos del Misoprostol, los medicamentos se recomiendan hasta la semana 10, les informamos que en que en la Ciudad de México es legal el aborto hasta los 12 semanas y de eso dependen de las condiciones de la mujer, el tiempo de embarazo, las posibilidades económicas y las condiciones de tiempo laborales. Después de que ella elije, se desarrolla un método el acompañamiento que varía desde si decide ir a Ciudad de México para ver lo del hospedaje, hasta si eligió una clínica segura; y si es en casa les brindamos información vía remota o física, les dan información del medicamento, y una vez que se logró la interrupción dan un curso muy breve para verificar que se encuentre sana y de ser necesario se le asigna una psicóloga”.
Por su parte, Sandra quien apoya el tema del aborto, y además es abogada en derechos político electorales detalló que hay riesgos para que una mujer si pudiera realizarse el aborto estando a solas.
“El temor de las mujeres que están embarazadas y quieren abortar lo hacen con otros métodos como el Misoprostol, esta medicina va encaminada a aliviar malestares gastrointestinales, se debe tomar en las primeras semanas de embarazo, sino podrían poner en riesgo la vida de las mujeres”.
Sandra detalló que los casos de abortos que ha conocido han sido con dicho medicamento: “las recetas te las venden en internet y ahí mismo te enseñan cómo utilizarlas, sin embargo el cuerpo es muy diferente y muchas mujeres han muerto por usar estas pastillas, porque no tienen siquiera el acompañamiento”.
Sin embargo, no es la única manera por la cual se puede practicar el aborto en casa. Sandra comentó que existen mujeres en comunidades rurales que pudieran tener acceso a servicios de salud y por miedo a ser juzgadas no acuden y utilizan plantas como la “ruda” o la “gobernadora” para provocarse abortos.
“La gobernadora en la antigüedad se utilizaba para destapar cañerías entonces imagínate lo que le hace eso al cuerpo de una mujer, tenemos casos de mujeres que mueren desangrada
s, que les vino una hemorragia o que utilizaron algo que no era debido, que no era para eso”.
La activista dijo que también hay mujeres que no tienen educación sexual y que terminan provocándose el aborto a base de golpes, introduciéndose vidrio molido, picándose con ganchos o cosas punzocortantes.
“Esto es una endemia que sigue matando mujeres, la mortalidad materna es un problema no solo social, sino de salud pública, y uno de las causas de ella es el aborto, una estadística dice que hay de 100 a 500 veces más peligro de morir de un aborto clandestino que cuando tienes las condiciones para hacerlo”.
Andrea dijo que los embarazos van a seguir ocurriendo “con o sin el apoyo del estado, con o sin las acompañantes, incluso ahora hay una mujer en algún lugar buscando interrumpir un embarazo”.
Sandra respondió que la razón por la cual se oculta el tema es porque las mujeres que deciden abortar “sufren desigualdades estructurales que hacen que tengan inacceso a los derechos humanos. El estado es quien debe garantizar derechos pero no está sucediendo”.
“Y a pesar de no garantizar derechos se les penaliza y se les criminaliza: se les penaliza porque está prohibido abortar, pueden ir a dar a la cárcel; y las criminalizan porque se habla de la construcción social del criminal, son estereotipos, la mujer es una delincuente, mala madre o asesina”.
Sandra indicó que lo que se penaliza y criminaliza no es a una mujer que desea abortar si no “se estigmatiza la pobreza”, porque hay mujeres que se realizan los abortos en clínicas en condiciones higiénicas, que pueden viajar a un lugar donde se puedan practicar el aborto o tienen una estima social o elite, lo que las mujeres pobres no pueden hacer.
“Los que toman las decisiones son de una clase política integrada por personas privilegiadas, que tienen todos los derechos y hasta pueden acceder a los derechos políticos y si alguien de ellos quisiera realizarse un aborto tendrían lo necesario para hacerlo. Estas personas tienen acceso a todo tipo de cosas”.
La abogada apuntó que cuando se presentó las iniciativas en el Congreso del Estado para legalizar el aborto asistió con un grupo de mujeres con pañuelos verdes a escuchar y observarla, también llegaron personas que se autodenominan “Próvida y que nosotras las denominamos antiderechos, ya que entre ellos la mayoría son hombres y mujeres adultas mayores. No les impacta a los hombres porque no son mujeres y las mujeres ya habían terminado su etapa reproductiva”.
Sandra dijo que otra opción sería acudir al poder judicial, sin embargo no se acaba de juzgar en México con perspectiva de género: “Muchos de los jueces pasaron por las facultadas y no había libros de teorías feministas, perspectiva de género, de cómo juzgar con perspectiva de género ni de facultad de derechos humanos”.
Andrea explicó que hay un profundo grado de egoísmo y pared para los derechos humanos y no ven que existan muchos factores que amenazan a las mujeres. Por lo que una consecuencia de esto es que “las organizaciones de acompañamiento han tenido un incremento considerable en el número de demandas de mujeres que desean abortar, el estado de San Luis Potosí no está respondiendo ante una demanda social, responden con una mano puesta en el corazón católico, hay mujeres que están siendo obligadas a ser madres y sin considerar que en SLP hay una alta marginación social”.
Sandra detalló que el patriarcado en el estado es tal que las mujeres no temen a morir por abortar, si no por ser asesinadas por sus seres queridos.
“Una mujer en Santa María del Río en una plática, se acercó a una trabajadora social que me acompañaba, al final la mujer comentó es que su marido es un hombre violento y que la golpea, pero ese no era su problema, el problema era que un día cuando fue a buscar leña en el monte y dos hombres que pasaban por el lugar la violaron, para que su marido no se enojara ni la golpeara ella no dijo nada, pero quedó embarazada y para que no se le notara se fajaba con ropa. Nos enseñó su estómago comprimido y le dijimos que se estaba haciendo daño, pero ella contestó que si no se moría de eso, su esposo la mataría a golpes ya que no tenía relaciones con el desde hace tiempo y hasta la comunidad porque está mal visto que una mujer que quede embarazada de alguien que no es su esposo, es un delito”.
Sandra concluyó, “valido las manifestaciones y las pintas, no es por ir a dañar el patrimonio de la ciudad, sino que manifiesta la ira de mujeres que han visto a mujeres morir a causa de abortos clandestinos porque las criminalizan, van a manifestarse por las que murieron o las que no quieren morir o no quieren ir a la cárcel porque no quieren estar embarazadas”.
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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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Ciudad
Estructura de Galindo: Comités Ciudadanos cubren 97 % del municipio
El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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