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Abogadas criticaron el nombramiento de la nueva titular de la Fiscalía de Feminicidios
Aseguraron que se debió abrir una convocatoria a la sociedad civil para postular a perfiles más capaces
Por: Ana G Silva
El miércoles 18 de enero, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general de San Luis Potosí, anunció que la titular de la recién creada Fiscalía Especializada en Feminicidios será Sandra Verónica Sánchez Urrutia, quien hasta ahora encabezaba la Unidad Especializada en Feminicidios. Luego de esto, Fátima Alvizo, abogada del Centro De Derechos Humanos, Luminas AC; y Arely Torres Miranda, abogada y activista feminista, cuestionaron los terminos en que se creó este nuevo órgano, así como el perfil de su titular.
“Que decepción, como dicen ‘no esperaba nada y aun así logran decepcionarnos’ y que terrible situación, me parece totalmente anunciado que seguirá la misma inoperancia y pasividad ante la gran problemática que tenemos en el estado”, apuntó Torres Miranda.
Arely Torres dijo que el que se haya nombrado a la titular de la Unidad Especializada de Feminicidios como la nueva fiscal es “terrible”, pues afirmó que estará encabezada por la misma gente que estaba obstaculizando y que detuvo los progresos de las investigaciones dentro de dicha unidad:
“Me preocupa porque habrá que ver, porque no avanzó esta Unidad de Feminicidios. no fue fortalecida y la cabeza no tenía un liderazgo que realmente llevara buen puerto la investigación y el seguimiento, la muestra está en que hay familias de víctimas de feminicidio que están exigiendo justicia después de haber detenido el presunto y que ni siquiera han sido llevadas a juicio, en que cada vez que ocurre un feminicidio tenemos que acompañar a estas familias, porque la Fiscalía siempre sale a demeritar, a culpar a la víctima, a desestimar y que se ha hecho un común, como en el caso de Chuyita (una menor de 14 años originaria del municipio Villa de Arista, quien en 2022 fue encontrada muerta con signos de asfixia y violencia sexual), en que la familia tenga que ir prácticamente a patearle la puerta a la Fiscalía para que les hagan caso”.
Las abogadas coincidieron que “lo más digno y correcto” era lanzar una convocatoria pública, donde las personas, preferentemente mujeres, que se consideraran con el perfil se presentaran al cargo, para hacer una terna y de ella saliera la designación de la fiscal.
Alvizo dijo que para el resto del personal se requiere a personas capacitadas, personal ministerial judicializador e investigador con las aptitudes adecuadas respecto al nuevo Sistema Penal de Justicia y sobre todo en derechos humanos de las mujeres, con perspectiva de género.
En cuanto al personal pericial, requieren tener una alta experticia porque las diligencias que se tienen para acreditar un feminicidio son complejas al tratarse de un delito multi lesivo. Además, de contar con una unidad de análisis y contexto que pueda ayudar y entender los fenómenos delictivos que coadyuvan en las muertes violentas de mujeres para tener esclarecimiento de las víctimas:
“Con eso quiero decir que se requiere personal altamente especializado, que haya pasado las pruebas satisfactoriamente y entienda y tenga empatía suficiente con el reto que se les pone en las manos; reto que también es para el Congreso del Estado y al gobernador Ricardo Gallardo, porque requiere que se les dote de presupuesto suficiente para atender la problemática que la sociedad reclama, no bastan las buenas voluntades, no bastan las declaratorias. Necesitan presupuesto real, personal capacitado y un titular que acompañe a las víctimas”.
Fátima Alvizo destacó que lo que debe diferenciar a la nueva Fiscalía de la Unidad Especializada en Feminicidios son las capacidades operativas, para ello se necesita mayor capacitación, personal experto y un titular que conozca a las víctimas, que tenga su confianza y que pueda accionar de mejor manera los canales institucionales para lograr el esclarecimiento de los hechos.
La abogada del Centro De Derechos Humanos, Luminas AC, comentó que no es una fiscalia nueva en su tipo en el país, pues hay otras como la de Chiapas, de Ciudad de México y Chiapas; agregó que se debe recordar que no es una dádiva del estado en turno, sino que ha sido la exigencia de diferentes colectivos y colectivas, así como de defensoras y académicas que llevan un tiempo el tema de los feminicidios en San Luis Potosí, además que esto ha sido impulsado por las familias.
“Tengo muchas esperanzas, he sido terca con tenerla (la Fiscalía), que esta vez lo harán como tiene que ser, espero que sea un primer paso, par que las decenas de madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos que esperan justicia por las suyas, por aquellas mujeres que murieron de formas violentas y terribles, derecho a la verdad y esclarecimiento de los hechos. Espero que pronto veamos resultados, en San Luis Potosí, hasta hace poco, yo no había escuchado sentencias que llegarán a la máxima y espero que este primer paso que está dando la Fiscalía sea un compromiso que pueda adoptar el Poder Judicial y castigue a quien tiene que castigarse con sentencias ejemplares”.
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Nueve municipios no han subido el sueldo a sus policías: Gallardo
Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
del funcionario responsable.El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC
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SLP, quinto lugar nacional en robos y asaltos contra negocios
Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
por negocio. El promedio nacional fue de 44 mil 560 pesos.Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
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Conagua clausura tres pozos de Tecmol: “No le puede robar a la gente”
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
, de las que derivaron más de 45 procedimientos de clausura de sitios de extracción irregular, cifra que coloca a San Luis Potosí en el primer lugar nacional en inspecciones y clausuras.Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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